Manifiesto. Un programa socialista de la clase trabajadora para hacer frente a los grandes capitalistas que dominan el país

I

Introducción

Un mundo convulsionado

El capitalismo internacional no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora, a los pueblos oprimidos, a las mujeres ni a la juventud. Hoy atraviesa un peligroso interregno: un momento de desorden en el cual retornan cada vez más tendencias a la guerra.

Estados Unidos -la potencia imperialista hegemónica mundial- está en decadencia, aunque su poderío militar y financiero todavía le da un rol protagónico en la configuración del orden internacional. Pero ya nada es como antes: en las puertas de Europa, Rusia, que es una potencia regional, con la invasión a Ucrania cuestiona el ordenamiento de la OTAN. Y así como, por un lado, Estados Unidos, en alianza con las principales potencias europeas como Francia y Alemania, intervienen en la guerra ruso-ucraniana, con recursos militares y financieros contra Rusia; por otro lado, China -el principal competidor de Estados Unidos- respalda a Rusia, al menos en el terreno diplomático. Esto sucede al mismo tiempo que, en Oriente Medio, el genocidio perpretado contra el pueblo palestino, con más de 40 mil asesinados y más de dos millones de desplazados; abre una serie de tensiones con Irán y milicias afines que actúan en la zona, donde Israel avanza en escalar el conflicto contra los pueblos de la zona, como se vio en la escalada en ataques a civiles en el Líbano.

Las disputas entre potencias que se expresan en lo recién señalado sólo se agudizan e impactarán directamente en países como Chile, enormemente dependientes de la economía internacional y sus vaivenes, a la vez que dependiente tanto de Estados Unidos como de China en términos comerciales. El trasfondo de estas tendencias es la crisis financiera internacional que se abrió en 2008, cuyas contradicciones no se han resuelto.

En este contexto se producen crisis orgánicas -políticas, económicas y sociales-, en países centrales y periféricos; y -luego de varias revueltas y luchas parciales derrotadas o desviadas- se abre espacio para fenómenos de extremaderecha en Europa y que Trump vuelva a ser competitivo en las presidenciales. Pero también emergen procesos de lucha de clases, como la lucha de la juventud de universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas contra del genocidio del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina.

Estamos viviendo una crisis de carácter histórica en el capitalismo mundial. En este momento, este sistema de explotación y miseria sólo ofrece guerras y genocidios, como los que desata el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino y que quiere extender al conjunto del Medio Oriente. Ante ese escenario decimos: ¡Alto a la intervención militar y al genocidio que comete el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino! ¡Fuera el imperialismo de Medio Oriente y de América Latina! Defendemos el derecho a la resistencia del pueblo palestino, y su derecho a la autodeterminación como nación. Exigimos la ruptura total de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares con el Estado de Israel.

En el continente las grandes mayorías han visto empeorar severamente sus condiciones de vida, lo que está directamente relacionado al aumento del saqueo imperialista. Ante eso planteamos anular las deudas públicas externas con los Estados imperialistas y los organismos del capital financiero internacional, lo que incluye en lo inmediato el desconocimiento soberano de estas deudas por parte de los países dependientes. ¡Abajo el FMI y las instituciones globales al servicio del capital financiero internacional!

Chile a cinco años de la revuelta popular de octubre. La crisis orgánica que se profundiza

Los principales grupos económicos están concentrados en la necesidad de retomar una dinámica de crecimiento económico y un clima favorable a las inversiones -por ejemplo en nichos como el litio-, para lo cual serían imprescindibles, tanto, una certeza jurídica, como una normativa electoral que favorezca una política de acuerdos versus la fragmentación política actual. Ven una importante crisis.

Figuras políticas del establishment de la derecha, como el senador Juan Antonio Coloma, alegan que los problemas se vienen arrastrando desde Bachelet II, a raíz de sus reformas tributaria y política. Gonzalo Said, vicepresidente de la SOFOFA, habla de un escenario internacional de populismo, fragmentación, polarización, poca transparencia. Para él un sistema político como el chileno, aunque imperfecto, es el mejor. Hace 5 años, la revuelta en Chile habría puesto en peligro ese sistema, cuando la “violencia se apoderó de las calles”. Una consecuencia de aquello es, que en la actualidad, “no existe un amplio consenso social sobre cómo nos organizamos”. Para este representante de la burguesía “hay dispersión política que hace muy difícil gobernar y consensuar las condiciones básicas sobre las cuales nos regimos”.

Este deseo nostálgico de los empresarios y de los políticos del régimen de volver a la “política de los acuerdos” ocurre en un mundo muy distinto al de la década de 1990, cuando esa política predominaba y el neoliberalismo encontraba su segundo aliento internacional. El escenario del país está marcado además por las demandas sociales irresueltas que dejó la revuelta y por un crecimiento económico más bien débil. Al mismo tiempo, las fuerzas con más peso en el régimen político se ven salpicadas por escándalos que sólo siembran las desconfianza masiva: si el año que pasó fue el caso convenios que salpicó al oficialismo, este año estalló el caso Hermosilla -vinculado a importantes figuras de derecha- y estalló también el escándalo del sueldo de 17 millones de pesos al mes de Marcela Cubillos en la USS.

La conjugación de todos estos elementos da por resultado una crisis orgánica, una situación en la cual no se resuelven duraderamente ni las contradicciones económicas, tampoco las sociales ni la crisis de hegemonía -en el sentido de que no hay una fuerza política-social capaz de generar adhesión en torno a un proyecto de país de largo aliento. Pero, en esta crisis orgánica, tampoco se activan tendencias a acciones de la lucha de clases capaces de torcer el curso en favor de las y los trabajadores y los sectores populares. Más bien, surgen nuevos fenómenos políticos de derecha, muchas veces aberrantes, como los nuevos partidos de extrema derecha -los republicanos de Kast o los socialcristianos-, o figuras que hacen de lo securitario su principal bandera.Surgen iniciativas de jueces en contra de figuras políticas de la izquierda reformista como sucede con Daniel Jadue del PC. Pese a crisis como las de Hermosilla o Cubillos, la derecha tradicional continúa aspirando al sillón presidencial con Matthei. A cinco años de la revuelta es necesario preguntarnos cómo llegamos a este punto.

La revuelta había cuestionado el Chile de los “30 años” en los cuales se consolidó la herencia de la dictadura pinochetista. Millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y pobladores, en una acción histórica sin precedentes en décadas, salieron a las calles con el deseo de echar abajo el sistema de AFP, los bajos sueldos, la educación y la salud neoliberal, entre otros pilares del neoliberalismo y el capitalismo en Chile. Creció el odio a carabineros -que cometió brutales actos de represión- y al entonces presidente S. Piñera. El paro del 12 de noviembre amenazó con el ingreso de la clase trabajadora al proceso de rebelión, lo cuál podría haber alentado tendencias revolucionarias de mayor calibre en el escenario social y político. De norte a sur se desarrollaron asambleas territoriales o comités.

Sin embargo la burocracia sindical con capacidad de prolongar el paro y convocar a una huelga general -la CUT, el Colegio de Profesores o los grandes sindicatos de ramas estratégicas como la minería-, depusieron la acción. En conjunto con las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo por la paz el 15 de noviembre y el PC; se encargaron de desactivar todas estas tendencias y de encauzar la revuelta en los marcos de un proceso constitucional. Sabemos lo que vino después.

La crisis orgánica es producto de que las crisis que abrió la revuelta no se han resuelto, al mismo tiempo que los grupos capitalistas buscan volver a una democracia de los acuerdos sobre el terreno de una situación internacional y nacional radicalmente distinta a la de 1990, cuando se instaló la denominada “democracia de los acuerdos”, cuando gobernó la Concertación. Una farsa. Lo de fondo es que los pilares del capitalismo neoliberal chileno se han mantenido intactos, aunque varios fueron cuestionados en la revuelta. Estos grupos pretenden que esos pilares se respalden en acuerdos políticos sólidos, al estilo de la década de 1990. Pero la magnitud de la crisis de hegemonía y de las contradicciones irresueltas pos revuelta, abre un escenario propicio para fenómenos políticos aberrantes y para que la derecha capitalice. Aunque algunas figuras políticas tradicionales como Matthei o Bachelet continúan trayendo réditos a sus conglomerados, por todos lados, especialmente en la derecha, surgen aspirantes a presidenciables: desde R. Carter -alcalde de La Florida- hasta J. Kaiser. Sin nombrar a J.A. Kast.

El capitalismo en Chile

En ese concierto internacional convulsivo y nacional de crisis orgánica, Chile se conserva como un país semicolonial y dependiente, sometido al dominio de los grandes grupos económicos nacionales que se han enriquecido inmensamente, como lo son los Luksic, Angelini, Matte, Solari, Piñera y Yarur, grupos a su vez ligados íntimamente al gran capital imperialista norteamericano, europeo y últimamente también a la gran empresa china, que tienen presencia en diversos rubros estratégicos de la economía como la minería y la energía.

Grandes monopolios y empresas nacionales y transnacionales gobiernan desde las sombras, donde destacan las AFP saqueando las pensiones, las empresas de energía como Enel y CGE, las Isapres y las clínicas privadas o las grandes empresas del cobre, forestales y pesqueras y que utilizan a su servicio a los partidos políticos tradicionales, a altos funcionarios públicos y a operadores político-judiciales para controlar el Estado y gobernar a la sociedad de conjunto, cómo se ha visto con el caso Hermosilla.

Este dominio del capital en el país está basado en el saqueo a manos llenas de los recursos naturales con la consecuente destrucción del medioambiente, a la explotación a destajo de la fuerza de trabajo de las grandes mayorías, a la precarización del trabajo y la vida, al saqueo de los bienes comunes, a la opresión al pueblo mapuche y a la privatización de los derechos más básicos como la educación, la salud o las pensiones.

Es un orden que no surgió espontáneamente, sino que se construyó en base a la derrota contrarrevolucionaria del golpe de Estado (1973) y los 17 años de la dictadura pinochetista, que refundó el capitalismo chileno, dando la hegemonía a nuevos sectores más vinculados al capital financiero y al saqueo de los bienes comunes naturales y la transformación neoliberal del patrón de acumulación capitalista. Este orden fue conservado, profundizado y disfrazado por los posteriores gobiernos de transición de la ex Concertación y los dos gobiernos de Piñera. El gobierno de Boric no ha cambiado esa línea.

El resultado es que existen entonces dos Chile: uno de los capitalistas, que han gobernado el país durante prácticamente toda su existencia, aunque subordinados al capital financiero y a los grandes grupos capitalistas de origen imperialista, que han agudizado ese dominio desde la dictadura a la fecha, viviendo vidas de magnates a costa del saqueo de ese segundo Chile, usando el Estado a su disposición al servicio de sus negocios, ya sea por vías “legales” o echando mano a la corrupción, los sobornos, trampas y pagos de favores a través de operadores políticos como Luis Hermosilla.

En contraste, está el país de las grandes mayorías populares y trabajadoras, donde los salarios y pensiones no alcanzan a fin de mes, el Chile de las alzas, de las filas de espera en la salud pública, donde la vivienda es cada vez más inaccesible.

Nos encontramos así con grandes empresarios y políticos empresariales como Marcela Cubillos con salarios de 17 millones de pesos mensuales en la Universidad San Sebastián, una verdadera caja pagadora de favores para Chile Vamos a costa de los dineros públicos que utiliza dicha universidad para financiarse, mientras las demandas de los profesores han sido eternamente postergadas, la gran mayoría de los estudiantes se ve obligado a endeudarse en la educación superior y la educación pública se cae a pedazos. Ese es el contraste del Chile capitalista heredado de la dictadura militar.

II

El programa de los grandes grupos capitalistas

Pasada la revuelta y la pandemia, los grandes grupos capitalistas del país están empeñados en restaurar un orden óptimo para sus negocios y en generar una reacción política que deje completamente en el olvido aspiraciones como terminar el sistema de AFP, la salud de mercantilizada, la educación desigual que se expresaron en la revuelta de 2019 y que se encuentran inconclusas. De lograr sus objetivos, será a costa de los intereses de las grandes mayorías trabajadoras y sectores populares.

No están conformes con lo restaurado desde la primera trampa constitucional hasta el gobierno de Boric. Esto se expresa en su poca disposición a invertir. La CPC -que aglutina a parte importante de estos grupos- decía en abril a través de su presidente Ricardo Mewes: “nuestro crecimiento ha sido muy escaso y enfrentamos una pausa de proyectos de inversión de gran envergadura”.

Culpan de las pocas inversiones a la reforma tributaria de Bachelet (2014), y al cambio de sistema electoral (2015) que habría fragmentado al sistema político impidiendo grandes acuerdos proinversión y pro-crecimiento. Para explicar el escenario también dan cuenta de los efectos del “estallido social”, la pandemia y de la incertidumbre que generaron los dos procesos constitucionales fallidos; además las supuestas políticas “refundacionales” en el terreno tributario y de pensiones por parte de la Nueva Mayoría y del gobierno de Boric.

Para estos grupos, lo más importante es que exista un “buen clima de negocios”. Hablan de lo que consideran obstáculos para la actividad empresarial: supuestas “leyes laborales más restrictivas”; una “política nacional de litio que desincentivaría la inversión” como también lo hace “la tasa de criminalidad”. Ante esa “caída”, plantean su programa, el que expresa los intereses de los grupos capitalistas más concentrados: a) más seguridad a través del fortalecimiento de carabineros y las medidas represivas en general; b) Estado eficiente -que no sea productor, sino facilitador de negocios privados; c) certeza jurídica, para ellos, un relajamiento de exigencias ambientales -las que denominan “escollos” y de los derechos laborales; d) evitar alzas tributarias; e) educación enfocada en capital humano -es decir, con criterios de empresa; f) sistema político con gobernabilidad: un gobierno con capacidad de imponer autoridad, fortalecer los partidos políticos tradicionales, a la derecha y excluir cualquier expresión por izquierda a Boric.

Tiene especial relevancia la política energética y para la explotación del litio que plantea la CPC porque muestra cómo los grupos nucleados en esta confederación empresarial buscan preservar un patrón de acumulación neoliberal con pocas “regulaciones” lo cual va de la mano de facilitar el arribo de inversiones de países imperialistas, manteniendo el rol dependiente y semicolonial de Chile. En palabras de Ricardo Mewes, “contar con el litio, el hidrógeno verde, el cobre verde y las tierras raras representa una oportunidad histórica para transformar a Chile en uno de los principales exportadores de energía limpia a nivel global”. El punto es ¿quién va a controlar esa producción para la exportación?. Mewes responde directamente: “aprovechar las oportunidades dándole al sector privado el espacio necesario para desarrollar al máximo estas industrias”.

Lo que le interesa en realidad es presionar para reducir al mínimo el rol del Estado en la explotación de litio y para disminuir regulaciones ambientales y laborales a fin de incrementar las ganancias de los inversionistas en todos los rubros, especialmente los más dinámicos como la energía y la industria del litio. Esto, mientras siguen utilizando a ese mismo Estado como su centro de operación para sus propios negocios, como se ha visto con el caso de Luis Hermosilla que operaba al servicio de grandes capitalistas como el propio Sebastián Piñera, el grupo Patio o incluso donde estaba el grupo Larraín Vial, principal grupo financiero del país. Hermosilla lo hacía trenzando los intereses capitalistas entre los distintos poderes del Estado, en el Ejecutivo, la Corte Suprema y de Apelaciones, así como la política tradicional.

Por otro lado, el alza de un 40% para las cuentas de luz de las familias, muestra los resultados de esta entrega de los bienes comunes naturales a los capitalistas locales y trasnacionales, en este caso, de los recursos energéticos, en un acuerdo entre el Estado y el gran empresariado y que afecta directamente a las familias trabajadoras. En Chile tanto la generación como la transmisión y la distribución de energía, están en manos de grupos capitalistas, como la norteamericana AES Andes, la italiana Enel, la francesa Engie Energía, la chilena Colbún, la chino-canadiense Transelec, la china CGE, la canadiense SAESA. Son esos grupos los que ganarán con las alzas. Cuando Boric dice que hay que pagar lo que se debe, es para pagarle a esos grupos a costa de un nuevo aumento en los costes de la vida.

Estos sectores capitalistas poseen los mismos intereses que las AFP, las Isapres, los bancos y los grandes inversores que se apropian de los bienes naturales y medios necesarios para reproducir la vida (mineras, forestales, inmobiliarias, AFP, etc.). Para ellos se trata de conservar el programa neoliberal y toda la herencia económica, social y política de la dictadura. El llamado de la CPC para que el Estado no asuma un rol productor y la crítica de este mismo organismo a la política nacional del litio y la política tributaria, es expresión del deseo de los grupos económicos de apropiarse de las riquezas sociales sin ningún tipo de restricción y del deseo de entregar esas riquezas a las manos de grupos trasnacionales y a capitales de países imperialistas. Ahora en bloque defienden las alzas de la luz. No vaya a ser que se enojen los inversores italianos, chinos, estadounidenses, etc.

Pero a la hora de definir su política, estos grupos capitalistas no permanecen en un terreno puramente económico. Utilizando la crisis de inseguridad, llaman al gobierno a priorizar la protección de carabineros y todo tipo de medidas represivas, por ejemplo en la Araucanía. Buscan fortalecer el rol represivo del Estado para que el clima de negocios mejore.

Para realizar todo este programa, los grupos capitalistas dominantes, cuentan con aliados invaluables, empezando por la derecha.

La derecha: Chile Vamos y el Partido Republicano

Los partidos políticos de derecha, tanto los de Chile Vamos como el Partido Republicano, son los más consecuentes defensores del programa de los grandes grupos capitalistas. Buscan profundizar la restauración del orden cuestionado hace cinco años en la revuelta y continuar la aplicación de medidas neoliberales a como dé lugar.

Pero la derecha no es una fuerza cohesionada. El Partido Republicano, y otras figuras de su entorno, expresan un balance histórico crítico “por derecha” con la actuación de Chile Vamos. Defienden una línea de derecha más dura, a tono con los fenómenos de extrema derecha que han surgido a nivel internacional. A su vez, luego del fracaso del proceso constitucional liderado por los Republicanos, estos han tenido quiebres por derecha, apareciendo figuras como Johannes Kaiser o Rojo Edwards que le compiten a Kast.

Si bien Evelyn Matthei sigue encabezando las preferencias electorales de cara a la presidencial del 2025, estos nuevos sectores de extrema derecha se han ido fortaleciendo a la medida en que Chile Vamos profundiza su crisis a raíz del escándalo de Luis Hermosilla y la Universidad San Sebastián donde están algunos de sus principales referentes involucrados como el mismo Andrés Chadwick.

En parte, el programa de restauración del orden defendido por la derecha, se ha realizado después de la revuelta. En materia de seguridad han instalado con la complacencia del gobierno una agenda represiva anti popular que responde a los intereses de los grandes capitalistas. Y en relación a la política de continuar la aplicación de medidas neoliberales, se hace evidente en la defensa irrestricta de todas las fuerzas de derecha a las ISAPRES y en su intransigencia respecto al destino del 6% adicional para previsiones, que en su visión sí o sí debe ser para la cotización individual. Por supuesto, las AFP no se tocan.

La derecha tradicional aspira a volver a una democracia noventera “de los acuerdos” lo cual no es más que nostalgia reaccionaria pues la situación mundo -con guerras y tensiones- y la situación del país -con crisis orgánica- son muy distintas ahora respecto a la década de 1990. Su peso en buena medida se explica por la serie de traiciones de las fuerzas oficialistas del gobierno de Boric.

III

El rol del gobierno y las izquierdas: de la revuelta al gobierno de Boric

Mientras la derecha defiende más radical y autoritariamente el neoliberalismo chileno, la ex Concertación se quiere mostrar como el mejor administrador del mismo, y el Frente Amplio al llegar al gobierno con Boric ha decidido subirse al mismo carro levantando una Nueva Mayoría 2.0.

Hoy administran el país al servicio de los grandes capitalistas, proponiéndose tímidas reformas que no cambian la realidad actual de la mano con la ex Concertación. Han demostrado no ser una alternativa de transformación real, ya que de fondo, todos se han vuelto gobiernos de gestión del gran capital y de este sistema de saqueo.

Estos últimos años han sido gráficos al mostrar esa transformación del Frente Amplio, pero también del Partido Comunista, que buscaba mostrarse crítico, que no firmó el Acuerdo por la Paz del 2019, pero que se integró de lleno al régimen político, llevando todo al camino de la colaboración de clases.

El gobierno de Boric busca aparecer como una alternativa, tratando de reeditar una especie de Concertación “ampliada”, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, con bases económicas neoliberales, pero buscando entregar algunas concesiones menores.

Defienden como su mayor logro haber dado “estabilidad al país”, lo que en concreto significa asegurar la ganancia del gran empresariado, reprimir al pueblo mapuche, aumentar los grados de autoritarismo contra migrantes y contra quienes se movilicen y volverse uno más de los partidos políticos del régimen.

La crisis de este proyecto de izquierda es internacional. Referentes políticos del propio Frente Amplio, como el Podemos en España terminó cogobernando con los neoliberales del PSOE. Lo propio ocurrió con Syriza en Grecia, que llegaron como una coalición de izquierda al poder, pero que terminaron siendo los mejores administradores del ajuste neoliberal.

Estos fueron proyectos políticos que renunciaron a la clase trabajadora como sujeto revolucionario, renunciaron a la idea y al horizonte de la revolución, de la superación del capitalismo y que se dedicaron a buscar revivir una nueva social democracia, apostando por la conciliación de clases con partidos políticos empresariales, creyendo que era posible administrar el Estado capitalista para generar cambios favorables a las grandes mayorías, sin proponerse un horizonte mayor. Esa ilusión del Estado capitalista como herramienta de transformación social ha ido fracasando permanentemente y chocando contra el muro de la realidad.

Sectores de esas izquierdas consideran que a la derecha se le puede enfrentar con su discurso o con bonitas declaraciones y tomando aspectos de su agenda política, como ha hecho el propio gobierno de Gabriel Boric, que ha impulsado una agenda represiva, autoritaria y neoliberal, amparándose en el chantaje de que no tienen mayoría parlamentaria y que recibieron una dura derrota luego del plebiscito de la Convención Constitucional.

Aquí hay que ser categóricos: el avance de la derecha en Chile es consecuencia directa del desvío de la rebelión popular del 2019. Hagamos un poco de memoria.

El 15 de noviembre de ese año se firmó un acuerdo para iniciar un proceso constitucional, apoyado en el Parlamento por la derecha, la Concertación, el Frente Amplio y también con votos del Partido Comunista. Tenían un objetivo: desviar la movilización para abrir el camino de la institucionalidad, generando un proceso constitucional controlado y salvando a Piñera.

Con la Convención instalada y cada vez más alejada de las urgencias populares, sometida a los poderes ya constituídos y mientras la pandemia y la crisis económica golpeaba duramente a las familias trabajadoras, con un gobierno de Boric que sólo profundizó esa línea, la derecha fue aprovechando el descontento creciente, el renovado protagonismo de la institucionalidad e instalando su agenda securitaria y autoritaria.

A más de dos años del gobierno de Boric y a cinco de la revuelta, esta estrategia centrada en la alianza con sectores neoliberales, limitada a la gestión de migajas desde las instituciones capitalistas, solo ha fortalecido a los enemigos de la clase trabajadora y ha generado enormes desilusiones en las mayorías. El mal menor no es alternativa.

Es que la revuelta tiene que dejarnos grandes lecciones: de los estallidos, de las protestas o sólo desde las calles, por más fuerza, masividad y rabia que se exprese, no se conquistarán automáticamente nuestras demandas, no nacerán de manera natural nuevas expresiones políticas desde la izquierda ni tampoco se fortalecerán por conclusión “lógica” sectores de la izquierda. Es una pelea que hay que dar. Si la revuelta pudo ser desviada luego del pacto por la Paz, es porque era inorgánica, no estaba arraigada en lugares de trabajo y de estudio, y la burocracia no tenía un contrapeso en su dirección.

Después, con el gobierno de Boric, anunciaron un programa de transformaciones que ha devenido en un programa de mera gestión del neoliberalismo. El Frente Amplio y el Partido Comunista, tienen la estrategia de realizar su programa usando los mecanismos del Estado capitalista: no obstante, la apuesta por la Convención Constitucional y luego por el gobierno, no han implicado absolutamente ninguna conquista profunda para el pueblo trabajador.

Por el contrario, ese Chile de los grandes capitalistas, a pesar de estar en crisis de conjunto, se mantiene firme y en pie. Las AFP, los grandes grupos económicos, Enel, las Isapres, la gran minería del cobre, siguen gobernando y dominando a sus anchas en el país.

Pasar por la Convención y el gobierno de Boric ¿era el único camino posible? ¿era esa la única alternativa? Creemos firmemente que no.

Por eso vemos la necesidad de hoy dar la pelea por construir una organización política distinta, un partido de los trabajadores, con un programa socialista, anticapitalista, cuestión que se agudiza considerando el estado de la izquierda por fuera del gobierno al día de hoy, que siguen mirando con nostalgia la propuesta constitucional de la Convención Constitucional, particularmente aquellos sectores ligados a los Movimientos Sociales Constituyentes, los Ecologistas Populares o el nuevo partido Solidaridad, que parecen abogar por el retorno a un “Frente Amplio de los orígenes” y un partido de los movimientos sociales, insistiendo en una estrategia institucional/constitucional que mostró su fracaso. Por último, particularmente organizaciones “rojinegras” realizan una reivindicación de la revuelta, pero sin pensar el problema político de la construcción de una herramienta revolucionaria que busque hacer política, y sin ver los límites de la propia revuelta y la acción inorgánica de las masas.

Es necesario otro camino basado en la confianza en la movilización del pueblo trabajador y en levantar un programa político que, partiendo de las demandas más básicas y sentidas por las grandes mayorías, avance a cuestionar y derribar los pilares de este Chile neoliberal de los grandes capitalistas para la conquista de un gobierno de los trabajadores.

IV

Nuestro programa

Hoy aún no existe un proyecto alternativo a ese Chile capitalista. Todas los partidos políticos, con sus matices, han sido servidores de este sistema. Para poner en pie ese proyecto, es necesario plantear un programa político anticapitalista.

Para que los pensionados puedan vivir, las AFP deben morir. Fin del modelo de las AFP, por un sistema solidario de reparto, tripartito, controlado y gestionado por trabajadores y jubilados, quienes decidan dónde se invierten esos dineros, y que se garantice que la pensión mínima sea igual a 750 mil pesos mensuales.

No queremos que se siga dejando la vida en el trabajo. La reforma de las 40 horas del gobierno de Gabriel Boric es absolutamente insuficiente e introduce graves condiciones de flexibilidad laboral que benefician al empresariado. Ante este escenario decimos que los avances tecnológicos y técnicos pueden perfectamente ponerse a disposición de reducir drásticamente la jornada laboral, repartiendo esas horas entre las y los desempleados. Por eso decimos, reducción de la jornada laboral a treinta horas semanales, cinco días de la semana, repartiendo las horas de trabajo con las y los cesantes, sin rebaja de sueldo.

Al día de hoy, los grandes sindicatos o centrales sindicales han sido fuertemente atacados por el código laboral heredado de la dictadura, por los gobiernos de turno. Por su parte, la burocracia sindical, generalmente afín a partidos vinculados a la ex Concertación, al Partido Comunista o en menor medida al Frente Amplio, ha sido un verdadero freno para que existan organizaciones sindicales democráticas, con libertad de tendencias y que sirvan como verdaderas herramientas de lucha al servicio de las demandas obreras y populares.

Esto lo demostró claramente la burocracia sindical y su rol nefasto en la revuelta popular del 2019 donde terminaron avalando el Acuerdo por la Paz y desde la firma de ese infame pacto no convocaron nunca más a un paro nacional seriamente organizado.

Ante ese escenario, luchamos por la recuperación de los sindicatos de las manos de la burocracia sindical, por sindicatos democráticos, con delegados mandatados y revocables. Peleamos a su vez por la negociación por rama productiva para fortalecer la fuerza de la organización de los trabajadores.

Pero creemos que no basta con dar la pelea ciñéndonos a las formas de organización tradicionales, aceptadas por la normativa vigente: es necesario desarrollar la autoorganización, formar todo tipo de comités de trabajadoras y trabajadores en los lugares de trabajo, impulsar instancias de deliberación como asambleas, generar coordinación con más trabajadores y territorios para apoyarse en las luchas de cada sector. Es decir, impulsar la más amplia unidad de acción o el frente único de trabajadoras y trabajadores y alianzas con sectores oprimidos. Para esto hay que formar agrupaciones y construir partido revolucionario, en los lugares de trabajo, pues la burocracia sindical es una fuerza material que se encarga de dividir y de mantener a los trabajadores de base como receptores de decisiones que se toman por arriba. Para enfrentar a esa burocracia y luchar por la unidad de las filas de las y los trabajadores, se necesita una fuerza material alternativa, por supuesto.

La bestialidad del capitalismo donde el negocio prima por sobre la vida se ve también en la salud en Chile. Para terminar con las listas de espera, para que la salud pública no caiga a pedazos, vamos por un sistema único y universal de salud, de acceso oportuno, al servicio de las y los trabajadores y el pueblo, gestionado por sus funcionarios y usuarios. Fin a las Isapres y al traspaso de fondos públicos a los bolsillos de los privados que lucran con la salud. Esto debe incluir la expropiación y nacionalización de las clínicas privadas que se han financiado con dineros públicos.

En educación vamos por un sistema de educación público, gratuito, de calidad y no sexista en todos sus niveles. Por el acceso irrestricto a la educación superior y por la conquista del cogobierno triestamental en las universidades y el control democrático de las comunidades educativas en los liceos y colegios. La gratuidad en la educación puede y debe financiarse a través de aportes basales directos de parte del Estado que cubran la totalidad de las necesidades educativas. Esto en la perspectiva de que la educación y la universidad ya no estén al servicio del mercado, sino que el conocimiento, la ciencia, la investigación y el estudio se pongan al servicio del pueblo trabajador. No queremos que el Estado siga financiando a las universidades privadas como la Universidad San Sebastián, verdaderos nichos de negocio de grandes empresarios y políticos empresariales. Vamos por la estatización de todas las universidades que quiebren o que se demuestre que lucren, bajo cogobierno de estudiantes, funcionarias/os y docentes.

Peleamos por la expropiación de todos los capitalistas-rentistas que se enriquecen invirtiendo en viviendas, a los bancos y fondos de inversión que hacen de la vivienda un negocio; y poner esas viviendas a disposición de quienes las necesitan con urgencia. ¡No a los desalojos de campamentos! Por un plan de vivienda de obras públicas financiado 100% por el Estado y gestionado por comités de vivienda y trabajadores. Es necesario estatizar todos los suelos urbanos en manos de especuladores y rentistas, que sean trabajadores y comités de vecinos en conjunto con profesionales y expertos quienes decidan y planifiquen colectivamente el uso del suelo en la ciudad.

Por otro lado, el poder territorial y de transporte que necesita el crimen organizado solo se lo puede proveer fuerzas policiales, funcionarios públicos, jueces y fiscales. El elevado valor de las drogas tiene que ver con las políticas prohibicionistas, a la vez de la ganancia la obtienen al ingresar el dinero “negro” al circuito de la economía capitalistas, con lavado de dinero, financiando campañas de políticos, o abasteciendo a grandes empresarios. A su vez, las medidas represivas sólo profundizará la crisis de seguridad: Anulación de las leyes represivas, como la ley de gatillo fácil Naín Retamal, ley Antiterrorista y Anti Tomas.

Planteamos la necesidad de investigar las verdaderas estructuras de poder que sustentan a las bandas de crimen organizado, seguir la ruta del dinero y su vinculación con grandes empresarios. Investigar los puertos por donde entra la droga, los cuales están en manos de privados y avanzar en la legalización de las drogas para terminar con ese marcado que se beneficia de la prohibición del producto. Estatización bajo gestión de sus trabajadores de los puertos y de las empresas que se descubran vinculadas al crimen organizado.

Que el crimen organizado no robe más vidas de jóvenes populares. Planes de educación, vivienda, salud, deporte, impulsando planes urbanos, creación de espacios públicos y deportivos, gestionados por comunidades, sindicatos y organizaciones sociales.

Este clima de represión y autoritarismo se ha descargado especialmente contra las comunidades mapuche, sus organizaciones y el pueblo migrante. El gobierno de Boric batió el récord de mantención de un estado de excepción y militarización, encarcelando a dirigentes, para preservar las relaciones de propiedad que se configuraron durante la dictadura pinochetista con el predominio de la gran propiedad forestal.

Para derrotar a los grandes grupos económicos, a los latifundistas y a las fuerzas represivas del Estado hace falta forjar una gran alianza entre trabajadores y mapuche, con un programa que empiece por la liberación de los presos políticos mapuche, y por la devolución de tierras en base a la expropiación de las grandes forestales y la gestión de esas tierras por trabajadores y comunidades mapuche, convirtiendo su uso progresivamente en la medida que sea necesario en base a criterios ecológicos y sociales. Es necesario pelear por el derecho a la autodeterminación nacional del pueblo mapuche, que implica la posibilidad que los mapuche formen un Estado separado del Estado chileno o formas intermedias, si así lo considerasen necesario. Garantizar un derecho así es imposible mientras tengan el poder los capitalistas y sólo será posible bajo un gobierno de las y los trabajadores basado en la autoorganización.

En el caso de la migración, el gran empresariado y la política tradicional han criminalizado a los migrantes y los apuntan como responsables de la crisis social que se vive, para evitar asumir sus propias responsabilidades, buscando dividir a la clase trabajadora.

Es necesario impulsar un plan de acogida internacional, que mejore las condiciones de los migrantes y las localidades que los acogen, garantizar el derecho a residencia, a la salud, desarrollar planes de vivienda y urbanismo, donde busquemos mejorar la calidad de vida de toda la población trabajadora independiente si es nativa o si es extranjera. Asegurar el libre tránsito para que nadie quede abandonado a merced las redes de trata de personas. Derecho al trabajo para todos, nativos y extranjeros, sin discriminaciones de ningún tipo.

Por otro lado, la crisis además aumentó considerablemente los niveles de violencia machista contra las mujeres y la diversidad sexual. No más opresión a la diversidad sexual, no la intromisión de la Iglesia y la moral conservadora en la orientación sexual. Derecho a la educación sexual integral en todas las escuelas públicas.

Basta de justicia patriarcal que llena de privilegios a curas y abusadores como Macaya. Contra la casta judicial, elección popular de los jueces y juicios por jurado. A rearticular el movimiento de mujeres y de diversidades y disidencias sexogenéricas para la lucha por estas demandas, por un plan de emergencia para mujeres y niñes en situación de violencia y para retomar la lucha por el aborto legal, libre, seguro y gratuito en las calles para que no nos impongan la moral conservadora, por la separación de las iglesias y el Estado.

En América Latina el imperialismo ha aumentado sus niveles de saqueo y en Chile ese sometimiento se expresa en el saqueo de los recursos naturales de las empresas transnacionales, que degradan el medioambiente con la complacencia del Estado capitalista, construyendo zonas de sacrificio que destruyen el mar, los ríos, la tierra y a la población. Ese saqueo a destajo sólo ofrece un futuro de contaminación y sobre explotación a las grandes mayorías. Ante esto decimos: ¡No a las alzas en la luz! Nacionalización del sistema energético bajo gestión de trabajadores y comunidades.

Hay que terminar con el lucro capitalista de los servicios esenciales como la luz al servicio sólo de la gran industria minera. Es necesario nacionalizar el sistema energético y reconvertirlo, aumentando la capacidad de almacenamiento y subestaciones bajo el control de los trabajadores para garantizar la gratuidad de este servicio para la educación, salud y disminución de la carestía de la vida.

Vamos por la expropiación de las empresas estratégicas, de recursos naturales o energía en manos de transnacionales para que pasen a ser gestionadas y controladas por sus trabajadores y comunidades, poniendo su producción al servicio de las necesidades de las grandes mayorías populares.

También se hace necesario el monopolio estatal del comercio exterior, contra la lógica neoliberal de “dejar hacer” que es aprovechada por grupos capitalistas para hacer todo tipo de negocios lícitos e ilícitos con el exterior, lo que sólo beneficia al crimen organizado.

Ante el escándalo de Luis Hermosilla, alertamos que sectores de la política tradicional buscarán darle más poder a la propia justicia con medidas de cárcel, mayor represión o mano dura contra la corrupción en general. Esto sólo favorecerá a la casta judicial que ha sido puesta ahí por operadores como Hermosilla al servicio de los partidos políticos empresariales.

Por otro lado, una reforma al sistema de justicia en los marcos del sistema capitalista sólo será maquillar el problema de fondo: los altos cargos del Estado como jueces, parlamentarios o fiscales son una verdadera casta parasitaria alejada de la realidad popular, el Estado capitalista en su conjunto es un aparato burocrático que está al servicio de la dominación de los grandes empresarios, dueños del país.

Por eso planteamos que los jueces deben ser electos por votación popular, ganar igual que una profesora y ser revocables en sus cargos. Pero nada de esto se realizará íntegramente si no gobiernan las y los trabajadores, por eso creemos que la única salida de fondo, como señalamos, es derrotar al Estado capitalista y conquistar un gobierno de los trabajadores basado en sus organismos de autoorganización, donde las y los productores puedan decidir sobre el desarrollo de la política, la sociedad y la economía, eliminando la farsa de la separación de poderes y concentrando el poder legislativo y ejecutivo en una cámara única con delegados mandatados y revocables según unidades productivas, tal como desarrollaremos más adelante.

Nos reivindicamos parte de las luchas internacionalistas de la clase trabajadora, pero también somos continuidad de la tradición revolucionaria chilena, que tiene sus primeras grandes batallas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde se levantaron poderosas e históricas huelgas generales reprimidas a sangre y fuego, se enfrentaron verdaderas masacres del poder del capital y del Estado como fue la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, se levantaron partidos obreros como el Partido Obrero Socialista y surgieron al calor de la lucha instancias de autoorganización de tremendo potencial como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, la que trataron de reprimirla y de boicotearla.

Nos consideramos parte de esa tradición de lucha de clases del movimiento obrero y popular que continuó durante las décadas siguientes y que tuvo su punto cúlmine a comienzo de los 70’ donde la clase obrera desde abajo protagonizó el principal proceso revolucionario en Chile poniendo en pie gérmenes de organismos de autoorganización como los Cordones Industriales. Una tradición que se remonta a experiencias que alcanzaron escalas enormes, que marcaron la tradición internacional de la clase trabajadora, como la Comuna de París (1871) cuando por primera vez la clase trabajadora formó un Estado, con delegados mandatados desde abajo que ganaban como un trabajador calificado; o los consejos (soviets) de Rusia en 1905 y 1917, que se transformaron finalmente en los órganos de la insurrección y el poder estatal de la clase trabajadora, o los consejos de Turín (1919-1920), entre otras tantas experiencias. Es sentirnos parte de esta tradición de autoorganización lo que nos motoriza en la revuelta a desarrollar el Comité de Emergencia y Resguardo en la ciudad de Antofagasta, coordinando a sindicatos, docentes, estudiantes y poblaciones, el que permitió imponer el frente único a la burocracia sindical local y tener altos niveles de organización territorial en la comuna, por ejemplo, para protegerse de la represión.

Sin embargo, somos conscientes de que esta tradición política “socialista desde abajo”, ha sido constantemente silenciada y atacada, no sólo de parte de los capitalistas, también de las burocracias que ven en la creatividad e iniciativa de las y los explotados un peligro para sus privilegios. Es una tradición que no ha encontrado aún una expresión política acorde a su potencial. Eso conlleva a un ciclo repetido de luchas y desvíos o derrotas. Por esta razón es clave la construcción de un partido revolucionario que sea independiente de todas las variantes políticas de los capitalistas.

El proyecto socialista revolucionario se encuentra en una crisis de carácter histórico luego de décadas de dominio del neoliberalismo, también por el descrédito que sufrió luego de la experiencia del estalinismo y los gobiernos de burocracias que dominaron con mano de hierro a las clases trabajadoras mal usando el nombre del socialismo (sumemos el uso distorsionado de la palabra socialismo que hace el gobierno capitalista de Maduro en Venezuela). Es una tarea del presente reconstruir esa perspectiva, más ahora cuando la guerra, el genocidio, la crisis económica y la precarización de la vida junto a la mayor opresión de los pueblos son el único horizonte que el capitalismo ofrece. En ese escenario, se vuelve una tarea más relevante aún limpiar las banderas del socialismo y la lucha por una sociedad donde sean las grandes mayorías las que gobiernen su propio destino. La clase trabajadora internacional, que pone en movimiento de manera colaborativa los engranajes que mueven la sociedad, tiene la capacidad de llevar adelante esta pelea, uniéndose con oprimidas y oprimidos.

Nuestra disputa es por un programa socialista, es decir, por una sociedad en la cual los medios productivos y tecnológicos y el conocimiento estén al servicio de toda la sociedad y sean gestionados democráticamente por los productores asociados; y no estén controlados por grandes capitalistas que sólo piensan en enriquecerse a costa de la explotación y la destrucción de la naturaleza. Para avanzar en ese objetivo es necesario conquistar un gobierno de la clase trabajadora. Y para luchar por este programa, es necesaria una alternativa de la izquierda y de los trabajadores que enfrente al Chile de los capitalistas.

Poner en pie un partido revolucionario y una estrategia socialista

Esa tradición y este programa político revolucionario no tienen expresión política, y nuestra lucha es porque emerja una nueva tradición que rescate esas banderas y esas luchas.
Apostamos a la unidad revolucionaria en la acción y organización de los sectores oprimidos, mujeres, juventud, encabezada por la clase trabajadora, unificando cada una de sus demandas y exigencias. Las demandas de las mujeres son también las demandas de la clase trabajadora. Vamos por unificar las demandas de clase con las demandas de género, con las demandas de las diversidades sexuales o de los pueblos oprimidos. Apostamos por la hegemonía de la clase trabajadora sobre esos sectores en una alianza de lucha y organización, para enfrentar a los sectores reaccionarios y empresariales.

Cada una de esas demandas deben ser tomadas en las manos de la clase trabajadora, única capaz de darles una perspectiva mayor y llevarlas a un cuestionamiento de conjunto a este sistema. Por eso es necesario la construcción de partido revolucionario de la clase trabajadora que actúe en el seno de la clase, luchando por hacer avanzar las conciencias en esa perspectiva, que haga política activamente para llegar a cientos de miles con las ideas revolucionarias, buscando levantar tribunas al servicio de la lucha revolucionaria, ya sea al interior de los sindicatos, de los movimientos sociales, así como también en las elecciones del Estado capitalista para desde esa tribuna denunciar al conjunto del sistema y poner al servicio de la movilización las conquistas electorales obtenidas.

La clase obrera es la única clase capaz de derrotar la resistencia de los capitalistas golpeando en los engranajes de la economía y del capital, y también, por su ubicación estratégica en el entramado productivo, puede sentar las bases de una nueva sociedad.

La lucha por construir un partido de estas características es una batalla que damos cotidianamente desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Sabemos que el partido de la revolución no nacerá de nuestro crecimiento lento y evolutivo, sino que se conquistará con la fusión de sectores que avancen a la militancia revolucionaria en procesos álgidos de la lucha de clases.

En esa perspectiva es que peleamos diariamente para fortalecer esa perspectiva, apostando a fortalecer desde abajo las luchas y los movimientos como el movimiento estudiantil, la organización de los trabajadores en sindicatos y lugares de trabajo.

A su vez, buscamos levantar una voz política que debata con los partidos reformistas y de la burguesía, a través de nuestro medio La Izquierda Diario, de nuestros voceros como Natalia Sánchez, concejala de la ciudad de Antofagasta o Dauno Tótoro, buscando articular demandas sociales con un programa socialista, participando en elecciones del Estado capitalista para conquistar tribunos al servicio de la construcción de una organización revolucionaria y de la clase trabajadora.

Un gobierno de las mayorías trabajadoras y un partido socialista y revolucionario

Para enfrentar el dominio de los grandes grupos capitalistas y sus monopolios, vamos por un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo, donde los medios de producción sean socializados y colectivizados. Un gobierno obrero basado en organismos de autoorganización de la clase trabajadora en alianza con pobladores, pueblos originarios, movimiento de mujeres y sectores oprimidos. Esto es un socialismo desde abajo.

Las tendencias a la autoorganización desde abajo nacen durante cada proceso revolucionario, como los soviets en la revolución rusa de 1917, consejos obreros alemanes en las revoluciones de principio de siglo, en Irán el 79’ o Bolivia el 52’. En Chile hubo gérmenes de estas organizaciones como los Cordones Industriales en 1972, y que si bien no terminaron de desarrollarse, de definir su independencia política ante el gobierno de Allende y de aliarse con las experiencias de poder popular existente, tenían el potencial que convertirse en poderosas instancias de organización y lucha de la clase trabajadora.

No buscamos que la clase trabajadora reemplace a la actual clase dirigente en la administración del Estado capitalista, sino de la construcción desde abajo de un Estado nuevo, basado en el gobierno democrático de las grandes mayorías, basado en la socialización de los medios de producción y su gestión por los propios trabajadores.

Un gobierno donde decisiones legislativas y ejecutivas se concentren en los organismos de las mayorías trabajadoras, para unificar a los productores y a la política, donde todos sean sujetos políticos que decidan el rumbo de la economía, democratizando las decisiones productivas, organizando científicamente la producción, poniendo la ciencia, avances tecnológicos y el conocimiento al servicio de las necesidades de las grandes mayorías.

Para esa batalla la clase trabajadora necesita su propia organización política, un partido revolucionario, internacionalista y revolucionario. Estas luchas damos a nivel internacional. Formamos parte de la Fracción Trotskista por la Construcción de la Cuarta Internacional, levantamos la red de medios internacional La Izquierda Diario junto a nuestros camaradas en Argentina con Nico del Caño y Myriam Bregman, en Francia con Revolución Permanente de Anasse Kazib, en España, Estados Unidos, Alemania, Bolivia, Brasil, México y otros países, que internacionalmente buscan junto a nuestra organización levantar una organización que luche por un horizonte socialista, por una salida donde sean las grandes mayorías trabajadoras las que tomen su destino en sus manos, rompiendo con el capitalismo que muestra en esta crisis mundial que no tiene futuro alguno que ofrecernos más que las guerras, mayores tensiones geopolíticas y crisis económicas. Otro camino es posible de la mano de la clase trabajadora y su organización internacional. Ese es el desafío que queremos proponerles a quienes leen este manifiesto, a levantar estas banderas junto a nosotros y nosotras.