La Universidad Central de Chile, al igual que el resto de las instituciones de educación superior, sigue cobrando de manera injustificada las cuotas de aranceles a sus estudiantes, como si se tratara de un año normal.
Sábado 13 de junio de 2020
Decenas de carreras de distintas facultades de la UCEN han decidido paralizar sus actividades académicas. Esto por la decisión institucional de seguir cobrando los aranceles de forma normal, aunque, evidentemente, la situación de crisis sanitaria ha obligado a que los contenidos de mallas se adapten a la fuerza a la modalidad online, con el fin de justificar el pago de las cuotas y buscar la sostenibilidad del año académico.
Las y los estudiantes denuncian que la institución no se hace cargo de la situación de su estudiantado, intentando llevar a cabo el año académico de la forma más “normal” posible, y a demás cobrando los aranceles sin considerar que miles de familias se ven golpeadas por la cesantía, las suspensiones de contrato y la falta de ingresos. Por otro lado, adaptar forzadamente los contenidos a la modalidad online, sin la correcta planificación y preparación, ha afectado profundamente la formación profesional, esto sin contar que muchas de las mallas incluyen ramos prácticos.
En la UCEN, exigen que se modifique de inmediato el cobro irrisorio de aranceles. Esta situación no es muy diversa al resto de las instituciones educativas del país, que, avaladas por el Consejo de Rectores de la Universidad de Chile, han tomado ese mismo camino, obligar a la docencia a realizar clases online sin una preparación previa, y continuar el cobro de aranceles.
¿Cómo afecta esto a las y los estudiantes y profesores?
Según indica una columna de CIPER Chile, respecto a la modalidad online “de emergencia”: “El estudiante adquiere un rol protagónico y los esfuerzos se centran en él, mientras el docente asume solo un rol de facilitador y de acompañamiento. Si bien, gran parte de las universidades han adoptado este enfoque en sus modelos educativos, dichas transformaciones no siempre se realizan con la celeridad necesaria”.
La columna también indica que “es posible que el hecho de escuchar al docente de manera ininterrumpida por largos periodos, sin mayor interacción y sobre la base de contenidos disponibles en diversos medios pueda ser percibido como una pérdida de tiempo”.
También los autores expresan que “el docente hace preguntas y nadie contesta, no ve gestos, no sabe si sus estudiantes están escuchando, o si siquiera están. No hay nada en la corporalidad del otro que ayude a la comunicación. En las entrevistas realizadas los y las docentes dicen ’siento angustia’, ’es agotador’, ’es frustrante’”.
Esto muestra las consecuencias de llevar a cabo de manera forzada esta modalidad, que ha afectado también la salud emocional de muchos estudiantes. Estar en casa, las tareas domésticas, los familiares enfermos, los hijos, el encierro, entre otros factores, hacen que el aprendizaje online se vea aún más difícil.
Por su parte, el CRUCH, en otra muestra de sus intereses monetarios, se negó a entregar excedentes del Fondo de Solidaridad para poder ayudar a las instituciones educativas a paliar la crisis económica.
¿Qué hacemos?
La crisis sanitaria, económica y social por la pandemia del COVID-19, sumada a las leyes del gobierno criminal de Sebastián Piñera, está mostrando su peor cara con los niveles de despidos, suspensiones, hambre y un sistema de salud colapsado.
La segunda edición del “Estudio Longitudinal Empleo-Covid19: Datos de empleo en tiempo real” elaborado por la Universidad Católica, indica que en mayo la tasa de desempleo nacional alcanzó ya los dos dígitos y se situó en 11,2%, lo que significa una cifra que bordea los 2 millones de desempleados y desempleadas. Por otro lado, el estudio del banco de inversiones JPMorgan, indica que esta cifra es mayor aún, rayando el umbral del 20%. A esta situación de desempleo, se le suman las suspensiones, que ya superan las 600 mil, degradando las condiciones de vida de millones por el recorte de ingresos.
En este contexto, es irracional que se cobren los aranceles como si el año académico esté en su funcionamiento, además, cuando no se utiliza la infraestructura y las herramientas en los establecimientos educativos.
Es necesario fortalecer las instancias de organización estudiantil para discutir como enfrentarse a la intransigencia de las instituciones educativas, pues a los decanatos y rectorías no les importan las vidas de quienes, con su endeudamiento, costean sus sueldos y puestos de poder. Es urgente que organismos como la CONFECH convoquen ya a un paro nacional en todos los lugares de estudio, la situación es insostenible.
Esta pelea por el no pago de aranceles, sin acumulación de deuda, mientras dure la pandemia, deja al descubierto las contradicciones del modelo educacional de mercado, que endeuda a millones mientras unos pocos (como los integrantes del CRUCH) se enriquecen. Por eso, esta demanda por la situación particular de pandemia y crisis económica debe ponerse en perspectiva de la lucha por una educación gratuita universal, de acceso irrestricto, laica y no sexista, para que esta sea un derecho social al servicio de las mayorías del pueblo trabajador, y no un mercado de consumo para formar profesionales al servicio de los más ricos de este país.
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Javier Ilabaca
Estudiante de Periodismo, Universidad Central de Chile