Envalentonadas por el ajuste del gobierno, las patronales aprovechan las reformas laborales inconstitucionales del gobierno para atacar a quienes defienden los derechos de sus compañeros. Pero también hay resistencias. Apoyemos las luchas e impulsemos una gran campaña por la reincorporación y la anulación de esas leyes.
Jueves 16 de enero 18:15
Las grandes multinacionales arrancan el 2025 encabezando el listado de empresas que despiden discriminatoriamente, amparándose en la nueva “Ley Bases” que es una herramienta que les dió el gobierno para intentar validar los despidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos con la sola sanción de pagar una indemnización agravada.
Según el nuevo artículo 245 bis de la ley de Contrato de Trabajo, el trabajador discriminado sólo tendrá derecho a que se le pague un aumento de la indemnización del 50% de lo que le corresponde por despido. Pero “el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos”. O sea, el despido discriminatorio tendrá validez.
Este nuevo artículo de la ley de Contrato de Trabajo establece una grave discriminación a los trabajadores despojándolos de uno de los derechos humanos más elementales, el derecho a la igualdad, al quitarles la protección que la ley antidiscriminatoria establece para todas las personas: el derecho de la víctima a que cese la discriminación.
Pensemos un ejemplo: una empresa decide que no quiere ver más personas de una determinada religión en sus locales (o cualquier otro motivo como raza, religión, nacionalidad o caracteres físicos) y coloca un cartel que prohíbe el ingreso a estas personas al local; además despide a los empleados de su empresa por ese motivo. Los clientes tendrán derecho a acudir a un juez para que haga cesar el acto discriminatorio y retrotraiga la situación al momento anterior a esa prohibición ordenando al empresario permitirles el ingreso al local y pagarles una indemnización aplicándose la ley antidiscriminatoria 23.593. Mientras que los trabajadores despedidos no podrán reclamar que se deje sin efecto el despido discriminatorio, retrotrayéndose la situación al momento anterior al despido y que se los reincorpore en su trabajo. Sólo tendrán derecho a que se les pague un 50% más de indemnización.
Una verdadera afrenta al derecho constitucional a la igualdad impuesto con la corrupta Ley Bases y el escándalo del Senador Kueider.
Pero esto recién empieza. No está definido que una legislación que además de corrupta es inconstitucional pueda quedar firme e imponerse en la realidad, sobre todo si luchamos por la defensa de cada despedido y despedida y hacemos una gran campaña para anularla.
Las multinacionales vuelven a discriminar
Desde que se aprobó la ley ya tenemos varios casos. De ataques pero dónde ya se organiza la respuesta. Unos de los primeros despedidos “sin causa” fueron los de los ex delegados gremiales Javier Aparicio y Alfredo Vera de la transnacional alemana Volkswagen. Los trabajadores despedidos realizaron actos de reclamo en la puerta de la Planta Pacheco en común con organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, políticas y culturales. La empresa recibió un primer revés judicial cuando el Juzgado Nº 70 ordenó reinstalar a Javier Aparicio en su puesto de trabajo, aunque hasta el momento no lo ha cumplido.
Luego siguieron diez despidos trabajadores de Linde Praxair Pacheco incluyendo a los referentes de oposición, entre ellos Maximiliano Areco, uno de los trabajadores que fue despedido y reincorporado por la justicia laboral al declarar su despido nulo por discriminatorio. Ante el ataque, todos los obreros se declararon en “asamblea permanente” y paros que lograron la solidaridad de otras plantas logrando diez reinstalaciones pero la empresa insiste con aplicar despidos.
Durante el mes de enero en receso de la actividad por la feria judicial, la transnacional Pilkington Automotive habría dejado un listado en portería de 12 trabajadores/as impidiendo su ingreso al regreso de sus vacaciones, notificando el despido a algunos de ellos. Uno de los de la “lista negra” es Ruben Farias, que había sido despedido por la empresa y en el año 2018 la justicia declaró nulo el despido por considerarlo discriminatorio y ordenó su reincorporación. La empresa aceptó reinstalarlo pero le dio tareas en otro puesto fuera de la planta industrial. Con la nueva ley, la empresa querrá despedirlo “sin causa” con la esperanza de que un reclamo judicial de reinstalación no sea favorable al trabajador. Esta avanzada de Pilkington se suma a su negativa a cumplir la sentencia de la Cámara Laboral que la obliga a reincorporar al trabajador Jorge González, también despedido discriminatoriamente y del que se realizan actos en la puerta de la Planta de reclamo por su reincorporación y contra los despidos.
Ahora también se sumó la transnacional Shell, que acaba de despedir con el artículo 245, “sin causa”, a seis referentes de los trabajadores, tres de ellos ya habían sido echados en el año 2014, a los que la justicia laboral ordenó su reincorporación por haber sido despedidos discriminatoriamente. Está claro: Shell ataca a quienes defienden los derechos laborales, a los usuarios de las grandes empresas de servicios y apoyan a vecinos contra la contaminación ambiental. Entre los despedidos dos integran la gremial Naranja y dos integran la Lista gremial Rosa.
El objetivo está claro: las empresas utilizan este “beneficio” inconstitucional que les otorgó el gobierno de Milei para avanzar con los despidos de los referentes para luego imponer a todo el plantel los planes de mayor productividad y ritmos de trabajo con menor “costo” laboral. Es una forma de disciplinar a quienes quieren organizarse contra “el plan de ajuste más grande de la historia”, como dice Milei. De que no surjan reclamos encabezados por trabajadores de base, honestos, que defiendan los derechos obreros que no defienden las conducciones sindicales. Por eso la CGT dejó pasar el artículo y no está haciendo nada contra estos ataques.
Pero también está claro que ante estos intentos de dejar en la calle a quienes están del lado de sus compañeros y no de los empresarios, se empieza a dar pelea desde los sectores antiburocráticos. Así lo demuestran Volkswagen, Praxair, Pilkington y Shell, así como lo hicieron antes trabajadores y trabajadoras de la alimentación, subtes, neumáticos, comercio, aeronáuticos y de otras empresas. Lejos de engrandecer a nuestros enemigos, es importante ver esos ejemplos y cómo se pueden unir a quienes están siendo parte de la resistencia al plan de guerra de Milei, como vimos en docentes, estatales, los sitios de la memoria, hospitales, aceiteros, Aerolíneas, choferes, azucareros y muchos más.
Ya hay un primer fallo que significa un primer golpe para este artículo. Durante enero la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo le ordenó a la empresa FADEMI S.A reincorporar a los 25 trabajadores despedidos como represalia por haber participado de una huelga convocada por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (SPIQyP). En sus fundamentos plantea que "parecería introducir en el ámbito de operatividad de las normas tutelares de los derechos humanos una discriminación peyorativa -y exclusiva- en perjuicio de los trabajadores como sujetos de preferente tutela constitucional, por lo que sin que lo expuesto implique sentar posición definitiva sobre lo que hace al fondo del amparo, cabe dejar expuesta la dudosa constitucionalidad del art. [2] 245 bis LCT (conf. ley 27742) si se interpretara a tal norma aplicable o impeditiva del progreso de la reinstalación provisoria propuesta".
Se suma al dictado por la misma Camara el 14 de enero cuando, ante la amenaza de más de tres mil despidos en la AFIP y la ADUANA, otorgó una medida cautelar intimando al Gobierno de Javier Milei a que se abstengan de adoptar medidas que violenten la garantía de estabilidad de los trabajadores.
Hay que rodear de solidaridad a cada lucha de estos sectores atacados y cada trabajador y trabajadora discriminados, para que no queden en la calle. Con sus compañeros de trabajo, las organizaciones solidarias y reclamando a los gremios que no permitan estos ataques.
Una campaña contra este brutal avance en la discriminación
La vigencia del artículo 245 bis es un verdadero escándalo legal y democrático.
Destacados juristas, profesores de derecho, organismos de Derechos Humanos como Mario Elffman, Roberto Gargarella, Eduardo Tavani, Adolfo Matarrese, Matías Cremonte, Mariana Amartino, Mariana Katz, Maria Victoria Moyano Artigas, Alejandrina Barry, la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otros, han comenzado a alzar su voz contra esta aberrante situación en nuestro país impulsando un petitorio que te invitamos a firmar en este link.
La pelea porque se declare la inconstitucionalidad del artículo 245 bis recién empieza y tiene muchas tareas por delante. Tenemos que difundir en todos los lugares de trabajo, en las universidades, asociaciones de abogados y organizaciones de todo el mundo, que estamos ante una avanzada antisindical, autoritaria y antidemocrática que retrocede 100 años y no se puede permitir.
Y tenemos que poner en pie una gran campaña, nacional e internacional, que le muestre al gobierno y las patronales que vamos a enfrentar esta avanzada discriminatoria hasta derrotarla. Una campaña que sume a todos los que creen en los derechos laborales, la igualdad ante la ley y los derechos humanos. Una campaña de pronunciamientos, de solidaridad pero también de la más amplia movilización de trabajadores, estudiantes, asambleas populares, jubilados y todos y todas las que se vienen poniendo en pie contra Milei y los empresarios para tirar abajo el nefasto artículo 245 bis de la LCT y en perspectiva toda la ley Bases y los planes de ajuste del Gobierno de Milei.
