PUNITIVISMO. Vaticano: coloquio de juezas y procuradoras sobre trata de personas y crimen organizado

Foto oficial de la Cumbre de Juezas y Procuradoras sobre trata de personas y crimen organizado, convocada por el Vaticano. Fuente: Infobae

La delegación nacional contó con Gils Carbó y Servini de Cubría, la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa y la presidenta de la Asociación de Magistrados, María Lilia Díaz Cordero.

Al finalizar el coloquio se firmó un documento donde se propone impulsar 27 puntos para combatir la trata de personas, entre ellos concluyeron que "la aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para acabar con la intolerable vulneración de los derechos humanos. La justicia penal esta intrínsecamente ligada a la justicia social".

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Luego, sostiene que "perpetuar la explotación es perpetuar la violencia y la desigualdad. La trata instituye un sistema de compra venta de seres humanos en el que son tan responsables los que venden a las mujeres, hombres, niños y niñas, como quienes los compran, esos que todavía mal llamamos ’clientes’. Hay que penalizar la compra de cualquier acto sexual".

“Hay que condenar con las penas más severas, adecuadas a crímenes de lesa humanidad, por la violación de sus derechos humanos, a los traficantes y sus colaboradores, a los proxenetas y sus colaboradores y también a los clientes y consumidores, que son la causa principal del tráfico mismo”, señaló el documento firmado.

Sin embargo, la violencia hacia las mujeres no se reduce a una cuestión penal, sino que es una problemática profundamente social. Reducir la violencia a su aspecto "criminal" implica abstraerlo del entramado social donde encuentra su origen: relaciones de propiedad, trabajo domestico no remunerado, la falta de presupuesto destinado a las problemáticas de género, ausencia de contendidos de Educación Sexual en las escuelas, la visión estereotipada de las mujeres que trasmiten los medios de comunicación, etc.

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Desde la perspectiva del documento firmado en el Vaticano, la violencia patriarcal se aísla el fenómeno de la opresión sobre nuestro género, del sistema de explotación en el que se desarrolla esa opresión y de las instituciones del régimen social y político que la legitiman y reproducen.

Al mismo tiempo, la prostitución es un negocio enormemente rentable para los explotadores donde las redes de trata que actúan con la complicidad, la participación directa y/o la impunidad de funcionarios políticos, judiciales y fuerzas represivas del Estado.

El documento firmado en el Vaticano hace mención ante este hecho, diciendo que “cualquier complicidad del Estado, del Sistema Judicial y de las fuerzas de seguridad en la trata de personas, denunciada por muchos en diversas partes del mundo, significa la corrupción absoluta de los Poderes estatales" y agrega "se ha comprobado también complicidad de los poderes fácticos y de otros estamentos de los poderes públicos por el predominio del creciente tráfico internacional de personas con fines de explotación sexual o laboral llevado adelante por el narcotráfico".

De esta manera, cuando son los mismos Gobiernos, funcionarios políticos, legisladores y jueces los que niegan libertades y derechos elementales a las mujeres la respuesta no puede ser otorgarle mayor poder para establecer penas más severas. Son los mismo que se apoyan de manera oportunista en la bronca social que generan los hechos de violencia para fortalecer el aparato punitivo del Estado.