A las denuncias por los aprietes en la relocalización que vienen haciendo los habitantes del Barrio Mugica, se suma la intención del ejecutivo porteño de vender deuda y desalojar a familias que se atrasen en más de 3 cuotas, además de otras cuestionables medidas. Las vecinas denunciaron el pasado jueves que esas viviendas sufren inundaciones, entre otras falencias estructurales.
Viernes 24 de julio de 2020 16:11
El miércoles 22, la Mesa Urbanización Participativa Villa 31 – 31 Bis difundió un comunicado en el que denuncia que la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad, que depende del cuestionado Diego Fernández, está impulsando una escritura que permitiría el desalojo de aquellas familias que no puedan cumplir con más de tres cuotas de las viviendas, además de la posibilidad de vender deuda a instituciones como bancos privados.
En el texto exigen que se modifiquen o eliminen “artículos de la escritura que ponen en riesgo nuestro arraigo” y nombran los tres puntos más controversiales: “la persistencia de las letras hipotecarias que permiten la cesión de créditos a privados”, ”la posibilidad de remate de las viviendas a través de subasta pública” y “la ejecución hipotecaria ante el no pago de 3 cuotas de la vivienda”.
Según denuncia la misma Mesa de Urbanización en dicho comunicado, también buscan “avanzar en la discusión de la formalización de servicios que aún no garantizan” y exigen que “se completen las obras para la provisión de servicios de calidad”, ya que “son de público conocimiento los problemas que siguen azotando al barrio en materia de servicios aún cuatro años después de que comenzó la urbanización: la falta de agua disparó los casos de coronavirus en nuestro barrio y la luz se sigue cortando una y otra vez en pleno invierno, generando pérdidas materiales e incluso incendios”.
Para ejemplificar, el pasado jueves La Poderosa dio a conocer un informe de la situación que están viviendo en villas de CABA y el resto del país por los cortes de luz, el cual publicamos en La Izquierda Diario. Los números son impresionantes. En la Villa 31, son alrededor de 15 cortes semanales.
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Por si todo esto fuera poco, el jueves también las vecinas dieron a conocer un video donde se ve como se inundan las viviendas. La diputada por el PTS en el Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, publicó en su cuenta de Twitter y se hizo eco de la denuncia:
Villa 31: Las nuevas viviendas que tanto elogiaron funcionarios de #larreta me mandan las vecinas para que denuncie están inundadas. Fueron desalojados forzosamente de sus viviendas de material para pasar a esto, hechas con durlock pic.twitter.com/gVsS2Ew1qj
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) July 23, 2020
A esta situación que varios especialistas como Santiago Benitez, Doctor en Biología del Conicet y entrevistado por el programa “Alerta Spoiler” de La Izquierda Diario MM, definen como “crimen social”, se suman las muchas denuncias por los aprietes a los que son sometidas las familias para que se muden a estas viviendas, que además son de pésima calidad.
Según contó a La Izquierda Diario Lesly, una de las vecinas denunciantes: “nosotros estamos en un sector donde se va a construir un espacio de comercio y áreas verdes. Pero en ese proyecto decía que nos iban a dar viviendas iguales o mejores que las que teníamos, e íbamos a participar del proyecto. Pero incumplieron. Nos ofrecen casas de chapas y durlock. Entonces nos empezaron a hostigar. Esto parece una escena de la guerra de Siria”.
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“Hace un año empezamos a tener demoliciones. Como los vecinos no se quisieron ir, empezaron a traer topadoras, no hicieron la desinfección, las ratas eran del tamaño de un gato pequeño. Hicimos denuncias y la Defensoría N° 3 los obligó a hacer el saneamiento. Pero siguieron demoliendo y el saneamiento del lugar es lento”, manifiesta Lesly, y continúa: “Las casas nuevas, a un año de estrenarse, tienen filtraciones, rajaduras. En épocas de pandemia no tendrían que estar demoliendo”.
De esta situación son responsables directos los gobiernos y las empresas de servicios (que mientras tanto tienen ganancias multimillonarias), como Aysa, cuya directora es Malena Galmarini, esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y miembro del Frente de Todos, la coalición gobernante.
En las últimas conferencias de prensa, tuvimos que escuchar al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, decir que la situación en los barrios estaba “controlada” y que “completaron el proceso en los barrios populares”. La situación aquí descripta completa un combo que lejos está de permitir tal diagnóstico. Más bien estos barrios siguen siendo lugares de extrema vulnerabilidad, sobre todo mientras los números de contagiados por Covid siguen creciendo exponencialmente.
Es necesaria un plan de viviendas y urbanización de las villas que atienda las necesidades de los sectores más vulnerables, además de un plan de obras públicas para que todos los vecinos puedan tener acceso a los servicios básicos y que dejen de ser un lujo para pasar a ser un derecho para todas y todos por igual.
