Cintia, embarazada de 8 meses, y Ezequiel, perdieron su vida cuando se derrumbó su precaria casa emplazada sobre la barranca. No es catástrofe natural, es un crimen social.
Miércoles 14 de noviembre de 2018 09:43
Una vez más, las fuertes tormentas trajeron graves consecuencias para el pueblo trabajador. Nos quieren hacer creer que fue producto de cuestiones naturales. Ahora que alguien diga: ¿es natural que en el 2018 se pierda la vida de una pareja de jóvenes por una tormenta? Hoy escuchamos al intendente Berti en todos los medios echando culpas a las inclemencias del tiempo y diciendo, cínicamente, que hasta ahora no había terminado en tragedia porque “dios estaba sentado en la barranca”.
Sin embargo, lo sucedido en Villa Constitución en las últimas horas no ha hecho más que poner al desnudo la terrible situación que sufren cientos de personas a lo largo de toda la provincia. Una situación que se perpetúa con años, el pueblo trabajador sufre las consecuencias de las políticas del gobierno nacional, provincial y municipal, esta vez con resultados fatales.
Como suele pasar, los que la pagan son siempre los más humildes, los trabajadores y los jóvenes precarizados, que además de dejar la vida en los laburos, dejan la vida en sus casas. Pero hay responsables y sabemos quiénes son: Miguel Lifschitz del Partido Socialista y Jorge Berti del Frente para la Victoria/PJ. Ellos gobiernan para los ricos, los empresarios y los especuladores sojeros. Son los mismos que permiten la instalación de la zona franca con exorbitantes ganancias para las multinacionales, y los que nos traen el veneno de Nitron a la ya contaminada Villa Constitución, mientras que las altas tasas de desocupación engrosan las cifras de casas precarias como las que ayer perecieron en el derrumbe de la barranca. Para garantizar esos planes, intendente y gobernador inundaron las calles de gendarmería para perseguir a la juventud y estigmatizar la pobreza.
Es necesario que se implemente un inmediato plan de obras públicas bajo el control de los trabajadores, pobladores y organizaciones especializadas, que se financie en base a la implementación de impuestos a las grandes fortunas en la región, para terminar con estos verdaderos crímenes sociales. En una ciudad donde está instalada Acindar, fábrica que produce 130 mil toneladas mensuales de acero, en su mayoría para la construcción, no existe ningún plan de vivienda e infraestructura inmediato que evite que ante las próximas tormentas se produzcan consecuencias de este calibre.
Esta situación no es aislada ni es nueva. La vida de los trabajadores y la juventud viene siendo atacada por los planes de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. Ellos están llenos de guita, la vienen” juntando en pala” hace décadas, pero se dan el lujo de definir pagar miles de millones a una deuda ilegal, a costa de nuestras condiciones de vida, nuestras viviendas, nuestra educación y nuestra salud. No lo tenemos que permitir, porque son ellos o somos nosotros.
