Universidad de Buenos Aires. Vuelta a clases en la UBA: que no decidan por nosotrxs

El 2021 comenzó con el Ministro de Educación, Nicolás Trotta fomentando la “vuelta a las escuelas” de los niveles inicial, primario y secundario, a tono con las presiones del arco empresarial por un “retorno a la normalidad”, aún con pandemia. Como era de esperar, el debate sobre las condiciones para la vuelta a clases se abre también en las Universidades.

El Consejo Interuniversitario Nacional (que nuclea a todas las universidades públicas del país), emitió hace pocos días una declaración, llamando a garantizar el dictado de clases del 2021. Si bien en la mayoría de los casos el primer cuatrimestre será virtual, la perspectiva que proponen es ir avanzando hacia retomar el dictado de clases de forma presencial, apelando al “compromiso del Ministerio de Salud para priorizar la vacunación de docentes y no docentes”. Asimismo insta a los Rectores a comenzar a trabajar en los protocolos necesarios.

En universidades como la UBA, el primer cuatrimestre sera principalmente virtual, aunque ya se comenzó a dar algunas clases prácticas y exámenes en forma presencial. Pero, ¿cuáles deben ser los protocolos? ¿Se cumplen? ¿Hay condiciones para la presencialidad? ¿Y para la virtualidad? ¿En qué momento se debatirán estas decisiones con los docentes, estudiantes y trabajadores “no docentes”?

Virtualidad no puede ser sinónimo de ajuste, precarización y exclusión

Frente a los anuncios del Ministerio de Educación, el CIN y el Rectorado de la UBA, queda claro que nos encaminamos hacia un nuevo cuatrimestre de virtualidad forzosa. Otra vez la decisión se realiza en forma inconsulta hacia los trabajadores de la educación y los estudiantes, y se repite la falta de presupuesto, por lo cual no hay ninguna garantía de que la virtualidad se realice en las condiciones mínimas necesarias.

Debemos prepararnos para este escenario. Ya contamos con la experiencia del año 2020, donde fuimos testigos de las múltiples medidas improvisadas por parte del Rectorado y los decanos, sin una hoja de ruta ni medidas de emergencia como becas, acceso a herramientas para garantizar la conexión tanto de docentes como estudiantes, salarios acordes para docentes y “ad-honorem”, incorporación de personal, reformas edilicias, entre otras.

La virtualización forzada implicó mayor sobrecarga para las y los docentes, muchos de ellos se encuentran trabajando ad-honorem (es decir gratis) y son quienes en gran parte sostienen la universidad pública. Mientras la inflación cerró el año en un 36,1%, las y los docentes solo recibieron un 7% de aumento salarial, sin ningún bono (como hubo con otros sectores estatales) ni reconocimiento de los gastos de conectividad.

Las múltiples dificultades en relación al acceso a conectividad y dispositivos adecuados, se evidenció tanto en docentes como en estudiantes, impidiendo muchas veces la posibilidad de acceder a las cursadas.

Y si bien la Universidad no ha realizado un relevamiento serio, es evidente que el contexto de crisis económica y social ha afectado a muchos estudiantes que no han podido sostener la cursada durante el cuatrimestre. Todo esto sin contar la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior. Es que son los jóvenes quienes poseen los trabajos más precarios, mientras en Argentina el 2020 cerró con 2,25 millones de desempleados. Problemáticas como el acceso a la alimentación, a la vivienda, y a la posibilidad de conexión a internet son emergentes en un país donde el índice de pobreza trepó al 44,2 % según datos de la UCA.

Los Centros de Estudiantes deben ponerse al frente de organizar a los estudiantes frente a la posible deserción y por el pleno acceso a la educación, peleando por mayor presupuesto.

El presupuesto 2021 para las Universidades Públicas, votado en el Congreso tanto por sectores del Frente de Todos y Juntos por el cambio, prevé unrecorte real del 9% respecto al anterior. Mientras se destinan millones al pago de los acreedores del FMI, la educación pública viene sufriendo un desfinanciamiento sistemático.

Los Centros de Estudiantes deben ponerse al frente de exigir que las autoridades publiquen los números de la deserción y de cursada, y de organizar a los estudiantes frente a la posible deserción y por el pleno acceso a la educación, peleando por mayor presupuesto para dispositivos como computadoras, conectividad y becas integrales para quienes lo necesiten, en base al no pago de la deuda. Necesitamos que se garantice el acceso y permanencia para todxs.

Durante el mes de abril entrará en vigencia la Ley de Teletrabajo, y aunque plantea medidas mínimas de cuidados hacia los trabajadores, los docentes universitarios no están contemplados: asistiremos a una profundización de precarización y sobrecarga de las tareas docentes. Los gremios docentes deben organizar la pelea para revertir este empeoramiento de las condiciones salariales y de trabajo.

Junto con eso, es urgente la pelea por una recomposición salarial docente: salario testigo igual a la canasta familiar e indexación automática para protegerse frente a la inflación.

Es necesario que los centros y los sindicatos impulsen un relevamiento de estudiantes y docentes sobre las necesidades reales de cargos docentes para cubrir la demanda educativa. Sabemos que están muy por detrás de lo que hoy existe, con cátedras sostenidas por ejércitos de -mal llamados- “ad-honorem”. Frente a la mayor sobrecarga que implicará una eventual modalidad “mixta” es necesario discutir la incorporación de mayor personal docente y no docente, y renta y cargo para los miles de docentes “ad-honorem”.

Presencialidad y modalidades “mixtas”: ¿en qué condiciones?

Además de continuar la “virtualidad”, las autoridades proponen empezar a probar una gradual vuelta a la presencialidad, comenzando por algunas clases prácticas y en otras facultades con las instancias de exámenes finales. ¿Están las condiciones para ello?

En primer lugar, la comunidad aún no accedió a la vacunación para covid. Recientemente se ha anunciado que el personal docente y no docente de educación superior fueron asignados al plan “prioritario” de vacunación por COVID-19 (aunque últimos en ese listado). Pero aún no está claro cuándo ni cómo implementarán esta medida, lo cual no sorprende frente a la incertidumbre general sobre el plan sanitario del Gobierno nacional.

Lejos de mermar el ritmo de contagio del virus, este continúa en alta circulación, a lo cual se suma la existencia de circulación comunitaria en nuestro país de nuevas variantes mucho más contagiosas y con resistencia a la inmunización. El anuncio de la llegada de las vacunas Sputnik, parece ser el “caballito de batalla” por parte de un gobierno que manejó la pandemia según las necesidades de la economía capitalista y no de enfrentar realmente al Covid (lo que implicaría afectar las ganancias empresarias).

Pero con la llegada de las vacunas esperadas y las ya aplicadas se alcanzaría, con suerte, a vacunar (y no se sabe con qué plazos) a casi un millón de habitantes, en un país de cuarenta y cinco millones. El ritmo de vacunación, se encuentra así muy por debajo del ritmo de propagación y sin certezas de su efectividad ante las nuevas cepas. Todo esto se inscribe en el “nacionalismo de vacunas”, la “guerra” entre países por el acceso a la vacuna, en el cual la irracionalidad de la propiedad privada de las patentes impide una rápida producción y distribución a escala mundial.

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Empujar a una “vuelta a la normalidad” con mayor apertura en los lugares de trabajo y entre ellos el planteo del “retorno a las escuelas o universidades” sin un plan serio e integral, repercutirá negativamente en la salud y la vida de miles de trabajadores, trabajadoras y jóvenes.

Debemos exigir que se realicen en forma frecuente test a los docentes, no docentes y estudiantes.

En segundo lugar, es necesario acompañar la vacunación con un aumento del nivel de testeos (siendo incluso Argentina uno de los países productores de test -financiados por el Estado y en manos empresarias). En aquellas Facultades donde han comenzando algunas prácticas profesionales debemos exigir que se realicen en forma frecuente test a los docentes, no docentes y estudiantes.

Se debe respetar también, las licencias por población de riesgo hacia mayores de 60 años, así como la incorporación del Covid-19 a enfermedades laborales con plena cobertura de las Obras Sociales.

En tercer lugar, hay un importante déficit edilicio en las facultades. En el 2020 se desaprovechó la carrera de velocidades para invertir en infraestructura y adecuarlas. Basta ver las condiciones en que se encuentran: desde baños sin agua, donde no hay jabón ni papel higiénico, hasta aulas en las que no hay sillas y les estudiantes se ven obligados a sentarse en el piso, o escuchar los teóricos desde el pasillo y con la puerta abierta por la sobrecarga de alumnos. En Filosofía y Letras hemos visto caerse techos y ventanas, aulas pequeñas sin ventilación, o en Psicología cuyo edificio lleva más de una década “en construcción”.

Por todo ello, los sindicatos docentes y no docentes y los Centros de Estudiantes deben ser los primeros en impulsar Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad para un relevamiento de los protocolos vigentes en las facultades que ya están dictando clases, para el debate y la creación de nuevos protocolos y un control de su implementación. Así como relevar si están dadas o no las condiciones de infraestructura, insumos y los elementos de higiene para la prevención. Debe garantizarse que quienes se encuentran realizando tareas de higiene y limpieza cuenten con elementos de protección adecuados y realizarse su pase a planta permanente para terminar con la tercerización en el Estado y las modalidades precarias de contratación.

Estudiantes, docentes y trabajadores de la UBA queremos debatir y decidir

Somos los primeros interesados en discutir cómo se llevará adelante el acceso a la educación superior este año. Sin embargo, nuevamente ni desde el Rectorado a cargo de Barbieri y tampoco desde los distintos decanatos de las 13 facultades que componen la UBA, hemos sido convocados para esto.

Necesitamos la más amplia participación de quienes formamos parte de la gran mayoría de la universidad: docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y de maestranza de la universidad.

Exigimos que la modalidad se resuelva en base a asambleas Interclaustros.

Para esto es necesario que los gremios docentes, no docentes y los Centros de Estudiantes (que hicieron la plancha en el contexto de una crisis sanitaria y económica histórica) tomen un rol activo, empezando porque convoquen YA a los estudiantes a debatir en asambleas. Conocemos que muchos integran o apoyan el gobierno actual, pero tienen la responsabilidad de ponerse al frente en el marco de esta situación.

¿O acaso quienes conducen los Centros de Estudiantes no saben de las dificultades existentes? Todxs hemos visto a compañerxs, dejar sus cursadas, así como a nuestrxs docentes repensando constantemente como garantizar las clases para todxs. Muchos de nosotros nos hemos quedado sin trabajo durante la pandemia. ¿Piensan que la precarización laboral es gratuita? ¿Saben realmente esas Conducciones cuales son las necesidades más urgentes de nuestros compañerxs?

No puede ser que estas decisiones sean tomadas por un organismo que no eligió nadie. Vale recordar que el CIN decide por él más de millón y medio de universitarios del país, los docentes y las trabajadoras de las universidades, se trata de uno de los organismos más antidemocráticos ya que está basado en la decisión de rectores del país, la mayoría de los cuales se elige mediante voto calificado o ponderado.

El caso de la UBA es bastante gráfico: un grupo de docentes que están nombrados como profesores están sobrerepresentados en las decisiones del funcionamiento de la Universidad, por sobre la inmensa mayoría de estudiantes y docentes. Los trabajadores “no docentes”, en la UBA, directamente no tienen ningún tipo de representación en los consejos directivos de las facultades, ni en el Consejo Superior que dirige Barbieri junto con la UCR, el PRO y el peronismo/kirchnerismo.

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Al día de hoy la conducción de Feduba (gremial docente conducida por el kirchnerismo) no ha emitido comunicado sobre su opinión respecto a la vuelta a clases sin un plan adecuado. os mismos que se escandalizan con la “vuelta a la escuela” que propone Acuña y Larreta, callan en la universidad. Sin embargo gremios docentes como Conadu-Histórica, y AGD-UBA si bien plantearon que “la presencialidad es el eje vertebrador de la educación, asumiendo que la virtualidad debía ser vista como una necesidad de emergencia”, ya han adelantado su posición en relación a la “vuelta a la presencialidad”: las condiciones no están dadas para ello sin las medidas necesarias. Asimismo, fueron estos gremios los que durante el 2020 han realizado asambleas para problematizar las consecuencias de la “virtualidad”, convocando a medidas de acción para enfrentar los planes unilaterales de las autoridades. Es importante retomarlas urgente ante esta situación.

Nuestra pelea por poder decidir sobre la modalidad de estudio está enmarcada en la lucha junto a los trabajadores por sus puestos de trabajo, contra la precarización y la desocupación

Por su parte, las distintas variantes de las conducciones de los Centros de Estudiantes, hoy en manos de corrientes políticas afines al peronismo o al radicalismo, así como la conducción de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) se han esforzado sistemáticamente porque la universidad no sea un espacio de debate y organización, frente a las problemáticas que nos atraviesan.

En Facultades donde los Centros de Estudiantes son conducidos por la Franja Morada-UCR (como en Medicina, Fadu, Psicología, etc.) alientan a la vuelta a la presencialidad sin ningún tipo de protocolo claro, en consonancia con Larreta y Acuña. En otras donde los Centros son conducidos por variantes del Frente de Todos (Filo, Sociales, etc), parece que la “vuelta a clases” es solo un problema de la CABA, desconociendo cómo es impulsado por el Gobierno Nacional,

Ante el recorte presupuestario y las consecuencias que hemos visto, tanto en virtualidad como en la presencialidad, necesitamos discutir el presupuesto asignado a las Universidades en general, y la UBA en particular, así como el presupuesto en salud. Nuestra salud y el derecho a la educación no pueden ser variables de “ajuste” frente a los intereses del FMI y el pago sistemático de una deuda ilegítima.

Frente a la posibilidad del retorno presencial a las Facultades

Por último, es necesario advertir sobre la posibilidad de que el conjunto de las facultades avancen hacia el segundo cuatrimestre con mayor cantidad de clases presenciales y/o en modalidades “mixtas”. Frente a ello, es necesario poner en pie Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad por Facultad para debatir las condiciones de estudio y de trabajo, qué protocolos son los más adecuados y qué medidas sanitarias son necesarias para no exponer la salud de la comunidad educativa, así como velar porque se cumplan esos protocolos. Es imposible plantear una vuelta a clases masiva sin la aplicación del plan de vacunación acompañado de los testeos masivos y condiciones edilicias, o nos estaremos exponiendo a acudir a nuevos focos de contagio.

¿No es necesario empezar a organizarse para evitar otro año donde las autoridades decidan por nosotros? Es hora de romper la “falsa normalidad”. A la vez que se profundiza la deserción en un sector de los estudiantes y avanza la precarización docente, los hijos de trabajadores y de los desocupados, empobrecidos, cada vez están más lejos de acceder la la universidad, y esta brecha se agudiza al compás de la crisis económica.

Nuestra pelea por poder decidir sobre la modalidad de estudio, porque el gobierno destine más recursos para becas y mejores condiciones de trabajo, está enmarcada en la lucha junto a los trabajadores por sus puestos de trabajo, contra la precarización y la desocupación, para que la salud valga más que sus ganancias, crisis la paguen los capitalistas y porque, de una vez los hijos de los trabajadores puedan entrar a las universidades.