Mientras tanto Reporteros Sin Fronteras (RSF) denuncia que el ejercicio del periodismo es "bloqueado" en más de 130 países
Miércoles 21 de abril de 2021
Agresiones a periodistas y fotógrafos, obstáculos para acceder a información pública relacionada al manejo de la crisis sanitaria, precarización y despidos masivos en diversos medios de comunicación, son algunas de las advertencias que se expresaron en el último informe anual de un organismo de la OEA, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que dedicaron a este Chile empresarial el capítulo más extenso y con mayor cantidad de casos, según consigna una nota de Interferencia.cl. A lo anterior es necesario sumar los ya conocidos casos de violencia, persecución y espionaje que se dieron durante el estallido social de 2019, y posteriores casos como hostigamiento a periodistas, como el caso de Mauricio Weibel, que recientemente se destapó el caso de espionaje por parte del ejercito, por su denuncia del conocido Milicogate, sumado a hostigamiento a fiscales, como la fiscal Rutherford y la fiscal Chong.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión opera dentro del marco jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el informe anual que publicaron corresponde a 2020, da cuenta de la situación en el continente.
Tras recopilar una serie de eventos, casos y antecedentes, dentro del informe el capítulo más extenso está dedicado al caso chileno y que contiene el mayor número de incidentes de todos los países nombrados en el informe.
Este informe evidencia lo que ya se venía denunciando, apartir de todas las situaciones que se hicieron patente desde la rebelión de octubre, y el rol que jugó la prensa y la prensa independiente, y la brutal acción policial en contra de reporteros, periodistas y fotógrafos/as, en el que se suman a casos de mutilación ocular.
Según indica Interferencia, se da en el contexto de una reciente misiva solicitando una visita en terreno al país, redactada el Lunes 19, a raíz de los constantes ataques y hostigamiento a la prensa. Todo esto sumado a la pataleta de las FFAA, respaldada por el gobierno del multimillonario Piñera, por el programa "Políticamente Incorrecto" del canal La Red, en el cuál se hizo un sketch parodiando a los milicos, con casos conocidos de abuso dentro de sus filas, en la formación, por los casos de desfalco al estado, como el milicogate, los gastos ridículos que hacen en comidas, casinos, etc.
Respecto a la intervención del gobierno en medio de las manifestaciones el informe consigna, “Se conocieron presuntas reuniones secretas entre directivos de medios con funcionarios de gobierno, incluido el presidente Piñera y ministros, en las que se llegó a acuerdos sobre cómo cubrir las manifestaciones. A los periodistas les tenían prohibido decir ‘Plaza Dignidad’”
En uno de los apartados, con el subtítulo ‘Protesta social’, registra casi 30 casos de abusos hacia la prensa y limitaciones de la libertad de expresión. Se mencionan los ataques que sufrieron distintos camarógrafos y fotoperiodistas, que vieron comprometida su integridad y sus equipos de trabajo, incluyendo profesionales que terminaron con heridas oculares. Se refieren a la detención arbitraria de periodistas, fotógrafos y camarógrafos por parte de Carabineros, aún contando con salvoconductos para poder realizar su oficio. El informe nombra incluso a representantes de medios internacionales como Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP) y Reuters, que también se vieron envueltos en estas situaciones.
También se hace mención a las declaraciones del Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien habría justificado en Radio Cooperativa la actuación de Carabineros durante las manifestaciones del 1 de mayo en contra de la prensa. El funcionario habría dicho “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. Por estas afirmaciones el Colegio de Periodistas de Chile envió una carta el 8 de mayo a la ministra vocera del gobierno en la que le exigía aclarar “cuál es la postura del ejecutivo frente al rol y el ejercicio de la prensa”.
En el apartado ‘Responsabilidades ulteriores’, el informe indica que “La Relatoría Especial recibió con preocupación la información sobre el proceso penal iniciado en contra del grupo artístico LasTesis, que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.
Respecto a "Libertad de expresión y covid-19" el informe muestra su preocupación por los despidos masivos, cierre de ediciones impresas y acusa la dificultad para la obtención de información pública respecto a la situación sanitaria, limitaciones para las preguntas en ruedas de prensa, entre otras denuncias. Esto sumado a denuncias que han recibido por el excesivo control de circulación a reporteros y hostigamiento en los procedimientos, afectando mayormente a quienes trabajan de manera independiente.
También es mencionado, en el ítem "censura", el caso de Delight Lab, cuando el 19 de mayo, mientras proyectaban la palabra “Humanidad” apareció un camión con focos blancos, el cual se vio protegido por Carabineros, mientras iluminaban el lugar de la proyección para evitar que se viera el mensaje. Además, a este mismo grupo, Delight Lab, les habrían hackeado y eliminado su cuenta en instagram, recibiendo amenazas en sus cuentas personales, lo que quedó consignado en un apartado del informe sobre "Internet y libertad de expresión "
Por otra parte, en ‘Otras situaciones relevantes’, advierten episodios como que “un año después del estallido social se conocieron presuntas reuniones secretas entre directivos de medios con funcionarios de Gobierno, incluido el presidente Piñera y Ministros, en las que supuestamente se llegó a acuerdos sobre cómo cubrir las manifestaciones de 2019. A los periodistas presuntamente se les había retirado de las calles y tenían prohibido decir “Plaza Dignidad”, entre otras disposiciones. También en octubre denunciaron al menos cinco reuniones a puerta cerrada entre directivos de canales de televisión y medios impresos con el general director de Carabineros, Mario Rozas Córdova, que habrían tenido lugar en julio de 2020”.
Lo que se suma a denuncias de casos, de parte del mismo colegio de periodistas, en los que existen prohibiciones, incluso, para acercarse a plaza dignidad.
Según indica Interferencia, el reporte termina con una serie de recomendaciones “a partir de lo observado en Chile durante 2020, que incluye, entre otros hechos, ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”.
