El 27-28 de febrero se cumplieron 50 años del golpe provincial, perpetrado por el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Antonio Navarro, que depuso al entonces gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice Atilio López. En los hechos impuso un estado de sitio, garantizado por la policía con el auxilio de grupos armados civiles, comandados por la Juventud Sindical Peronista [1]. Durante el transcurso del golpe, la Confederación General del Trabajo (CGT) regional Córdoba realizó un plenario “normalizador”, excluyendo a los sindicatos opositores, a partir del cual las tendencias sindicales ligadas al peronismo “ortodoxo” lograron recuperar totalmente las cúpulas del poder sindical. Esa unidad de trabajadores, jóvenes y sectores populares de la provincia que había constituido en las calles la estocada mortal de la dictadura de Onganía, cinco años después recibía una dura derrota. Cabe preguntarse cómo pudo suceder el anticordobazo o el contracordobazo –como se lo denominó– en pleno gobierno de Perón y qué rol jugó el entonces presidente del país.

El aumento de la conflictividad y la amenaza al orden capitalista

En los años cincuenta y sesenta, Córdoba fue el epicentro del conflicto social, la ciudad de la revuelta urbana elevada a la condición de modelo –el "cordobazo"–, de la irrupción del sindicalismo clasista, de la mayor aproximación de la izquierda peronista a la que se reconocía socialista, de las tentativas incipientes de control obrero, de la democratización de los sindicatos fabriles, del acercamiento y hasta fusión de los estudiantes con el movimiento obrero, de la radicalización de los jóvenes católicos… [2].

En los años previos al Cordobazo, la dictadura militar de Onganía había querido realizar un intento bonapartista, fortalecer un nuevo dominio de fuerza y riqueza a favor de las clases dominantes, y de neocolonización a favor del imperialismo norteamericano. Similar, se puede decir, al intento del gobierno actual, sus primeras medidas fueron la devaluación del 40 % de la moneda nacional, la puesta en marcha de la liberación total del mercado cambiario y la reducción de la protección aduanera, entre otras. Apuntó a su vez al aumento de la productividad, a un mercado laboral flexible y a eliminar el poder de las organizaciones del movimiento obrero, estableciendo la prohibición del derecho a la huelga y las paritarias salariales. De esta forma, en junio de 1966, se abría paso la autodenominada “Revolución Argentina” que reunió tras de sí a los sectores más concentrados de la burguesía. Concitó también el apoyo de la CGT, liderada por Augusto Vandor, y el del propio Perón, que ordenó “desensillar hasta que aclare”, apostando a que el nuevo gobierno de facto lograra una salida a la crisis nacional y estabilizara la situación política y social, como declararon en ese momento [3]. Los programas de racionalización del Estado provocaron despidos y cierres de industrias enteras del sector público, pero también afectaron al sector privado. El clima general creado por la dictadura contra las conquistas laborales animó a las empresas a atacar, reduciendo el personal, con incrementos en los ritmos de trabajo y el deterioro de las condiciones de trabajo, en particular, en las fábricas automotrices concentradas en Córdoba [4]. La dictadura también arremetió contra la autonomía universitaria, y la noche del 29 de julio de 1966, tropas de la Policía Federal ocuparon por la fuerza la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Reprimieron a autoridades, docentes, graduados y estudiantes, que resistían a la intervención decretada por la “Revolución Argentina” –hecho que pasó a la historia como “La Noche de los Bastones Largos”.

En los sectores más afectados por los planes de la dictadura, como azucareros, ferroviarios, portuarios, se desarrollaron conflictos y luchas duras que alimentaron el descontento, y a veces el enfrentamiento directo con las direcciones sindicales por su responsabilidad en la derrota y colaboración con la dictadura. La política conciliadora y su táctica sindical de “presionar para negociar”, incapaces de defender las conquistas básicas, provocaron en la CGT una grave crisis. Y, en 1968, se divide en tres partes, una abiertamente colaboracionista con la dictadura, otra conciliadora, en la que permaneció Vandor y el grueso de las 62 organizaciones, y una tercera opositora al gremio, la CGT de los Argentinos. Viendo la necesidad de apoyar un nuevo dique de contención por izquierda, Perón, recién ahí, retira su apoyo a Vandor y apoya a esta última.

Sobre esta base de la lucha de clases argentina, signada por un régimen represivo que suprimió todas formas de participación popular y la proscripción no solo del peronismo sino del régimen de partidos en su totalidad, la situación internacional enmarcada por hechos de gran impacto como fueron la Revolución china, la Revolución cubana hasta el Mayo francés, arraigaron en el imaginario de algunos sectores de la sociedad la necesidad de la “liberación nacional”, para la cual la vía revolucionaria –con sus diferentes variantes– aparecía como un corolario lógico por los objetivos elevados que se perseguían [5]. Variantes de izquierda que por cierto encerraban programas y estrategias muy disimiles, incluso opuestos, que iban desde estrategias basadas en el foco guerrillero hasta aquellas que apuntaban a la huelga general insurreccional y políticas que iban desde la colaboración de clases con sectores de la burguesía hasta la independencia de clase. Para algunos historiadores explica también la heterogeneidad política “De manera que, luego de 1973, los marcos culturales no enfrentaban a peronistas ortodoxos contra peronistas combativos, sino a sujetos identificados con la derecha contra aquellos que se reconocían de izquierda; tanto dentro como fuera de los márgenes del partido justicialista” [6]. Todos estos factores colaboraron también para que a partir del “Cordobazo” se construyera una mística revolucionaria representada por la alianza entre obreros y estudiantes en las calles, y de florecer de agrupaciones y partidos de izquierda –entre los que tuvo una expresión importante el peronismo de izquierda–, que se acentuó en los años siguientes.

Después del levantamiento popular, Córdoba no volvió a ser la misma ni tampoco el resto del país. En palabras de la historiadora Mónica Gordillo, a partir de ese momento se expandió el ciclo de protesta social, que pasó de la resistencia a la confrontación. Otros historiadores, consideran que se inició un período de movilización social ofensiva contra la dictadura, debido a que las reivindicaciones excedían lo sectorial… Para Portantiero el significado del “Cordobazo” tiene que ver con haber puesto de manifiesto la esencia social de la crisis orgánica de nuestro país, demostrando una “situación revolucionaria” en sentido leninista [7].

Después de la caída de la dictadura militar mediada por el Gran Acuerdo Nacional convocando a elecciones, la asunción al gobierno de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, lejos de poner freno, alentó a que las movilizaciones más significativas en el país fueran protagonizadas por la clase obrera. Ajustando viejas cuentas con las patronales (por el control de los ritmos de producción, las categorías, las condiciones de trabajo, etc.) se generalizaron las ocupaciones fabriles, que superaban los intentos de sus dirigentes gremiales. “Con su confianza y sensación de poder alentadas por la victoria de Cámpora, trabajadores y activistas de base realizaron unas 176 ocupaciones fabriles en los primeros 20 días del nuevo gobierno con el fin de desalojar a las dirigencias sindicales enquistadas en sus puestos… Así las condiciones en la base fabril y la representación sindical efectiva o ‘democracia sindical’, como se la llamaría a menudo más adelante, sirvieron como catalizador del descontento de las bases”, afirma Brennan [8].

En Córdoba, los cambios políticos alimentaron una militancia obrera que siguió siendo desafiante, expresión de una sociedad movilizada que vivía los efectos de una intensa radicalización ideológica y política por la situación nacional abierta en 1969. En la provincia mediterránea, asumió Obregón Cano, peronista de trayectoria y simpatizante de la Tendencia revolucionaria, como gobernador, y Atilio López como vicegobernador, secretario general de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y uno de los dirigentes del Cordobazo, electos en segunda vuelta con más del 50% de los votos. Fue la única provincia donde el vice no pudo ser impuesto por el sector sindical ortodoxo de la UOM, por la derrota de su candidatura [9]. No obstante, apenas asumió, el gobierno llamó al diálogo a los poderes reales de la provincia, elogió a las fuerzas policiales, a la Iglesia y, también, a las entidades empresarias. Pero como veremos “todas esas convocatorias estaban destinadas a morir en la impotencia: en los meses siguientes, el Gobierno encontraría allí a algunos de sus más feroces enemigos” [10].

A mediados de julio de 1973, el general Perón retiró su apoyo a Cámpora, y eligió en su reemplazo al yerno de José “El brujo” López Rega, Raúl Lastiri, dando una señal clara del giro a la derecha del gobierno peronista.

El clásico rol del peronismo como partido del orden y la contención

Ese estado de guerra que se nos impone no puede ser eludido y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes [11].

A comienzos de febrero de 1973, el secretario general de la CGT y ahijado político de Perón llegó de verlo en Madrid con un mensaje grabado, dirigido a sus simpatizantes de la clase obrera que, para defender el verticalismo, centraba sus críticas hacia el movimiento obrero cordobés. “Las palabras de Perón eran ominosas. Córdoba sería uno de los primeros blancos en caso de que el peronismo recreara sus prioridades conservadoras y los legalistas se verían paralizados en cualquier enfrentamiento futuro entre su movimiento y los sindicatos izquierdistas de la ciudad. Los ortodoxos podían contar con la bendición de Perón y tal vez con su estímulo activo en cualquier purga de las facciones disidentes del movimiento obrero cordobés” [12]. Perón antes de asumir denunciaba la anarquía del país y culpaba a la izquierda como responsable, del mismo modo que frente a la masacre de Ezeiza –al momento de su arribo definitivo al país– a pesar de las pruebas elocuentes que apuntaban como los responsables –13 muertos y una cantidad indeterminada de heridos– a los sectores derechistas del peronismo.

Como ya hemos escrito en notas anteriores, el regreso de Perón tuvo el objetivo de cerrar la situación abierta con el Cordobazo y devolver la normalidad capitalista, poner fin a la confrontación de clases. Sobre la base del prestigio de masas que tenía y la confianza depositada en el General, el peronismo en el poder estaba llamado a contener y poner orden, combatiendo la radicalización de amplios sectores de vanguardia.

La política por excelencia de Perón para contener el descontento fue el Pacto Social, acuerdo firmado entre las cámaras empresarias y la CGT, que establecía fundamentalmente el congelamiento de precios y salarios. Un pilar fundamental para el triunfo de esa política era devolver la autoridad a las direcciones de la CGT y las confederaciones, para sofocar los ánimos caldeados de la clase obrera en lucha contra las patronales. El gobierno actuó rápidamente con diferentes medidas contra la insubordinación en las filas de la clase obrera, perseguía el control de un movimiento obrero unificado por la CGT que pudiera neutralizar a la izquierda y asegurar la paz social. Por un lado, un cúmulo de leyes –como las reformas a las ley de Asociaciones Profesionales y del Código Penal– apuntó a minar el poder de las comisiones internas y cuerpos de delegados democráticos, prolongar el mandato de las cúpulas sindicales, penalizando también los métodos combativos de la clase trabajadora. Si bien las patotas sindicales de la CGT y las agrupaciones de ultraderecha peronista se encargaban de perseguir y atacar a dirigentes y activistas, atentar contra los sindicatos y comisiones internas antiburocráticas, complementariamente por recomendación de Perón, Rucci, creó la Juventud Sindical Peronista con el mismo objetivo. No contento con ello, después de su asesinato –se cree que por un atentado de los Montoneros, signado como uno los responsables de la masacre de Ezeiza– Perón y su mano derecha José López Rega, pusieron en pie la Triple A, desde el Ministerio de Bienestar Social y la Policía Federal, convocando a sus principales cabecillas mediante decretos con su propia rúbrica. Después de convocar a una reunión de la cúpula del peronismo y repartir el Documento reservado, la banda paraestatal hizo su aparición tres semanas después, asesinando entre 1.500 y 2.000 dirigentes sindicales, de la izquierda política y defensores de derechos humanos durante su gobierno, y el de su esposa Isabel Martínez.

La democracia y la independencia de las organizaciones: crónica del anticordobazo para domar a la clase obrera argentina

En estos momentos, lo que hay en Córdoba, ustedes, saben, es un foco de infección. Se están produciendo algunas fuerzas que son tan enemigas de las 62 como del gobernador y entonces ¿qué ocurrirá si el gobernador y las 62 se pelean? El que toma ventaja es el enemigo y nosotros no lo tenemos que dejar [13].

Córdoba seguía siendo el crisol del movimiento sindical combativo. Al interior del peronismo y hacia el resto de la sociedad, era la representación de la legitimación de la avanzada de la clase obrera como actor decisivo en el proceso político y sindical. El movimiento obrero cordobés estaba conformado por cuatro tendencias gremiales de importancia: los ortodoxos, los legalistas, los independientes, los clasistas [14] y los neoclasistas [15]. Las direcciones burocráticas locales de los gremios seguían desplazadas en gremios fundamentales de la industria cordobesa por una camada de nuevos dirigentes, que habían desarrollado nuevas formas de acción gremial, combativas y vinculadas a la participación directa de las bases. Una tradición clasista, democrática y combativa que se extendía incluso más allá de su peso en la dirección de los sindicatos.

La política de Perón tenía que empezar por lograr que el control total de la CGT cordobesa estuviera en manos del peronismo verticalista. Sin duda el conflicto por el control de la regional Córdoba implicaba también un conflicto para el gobierno provincial, cuya fórmula ejecutiva estaba compartida por un representante del movimiento obrero. De hecho, el secretario general de la CGT-Córdoba, Roberto Tapia, afirmaba que el "verdadero significado" del copamiento de la sede gremial era “preparar el terreno para una intervención al gobierno de Córdoba y un copamiento de la CGT regional” [16].

Esta reorganización comenzó a ser planificada por la CGT central desde julio de 1973, avalada por el gobierno nacional que envió al Ministro de Trabajo Otero para fiscalizar el proceso. Para ello lanzaron una operación de desprestigio y provocación apoyada por una serie de leyes, como dijimos anteriormente, que avanzaban en la centralización y control de las delegaciones más rebeldes y cuestionadoras [17]. La palabra “intervención” se instaló tempranamente en el espacio político cordobés como variable de presión y desestabilización: “Hay infiltrados en el gobierno”, “el marxismo asalta los sindicatos desde la Casa de Gobierno”, “López y Obregón están entregados a los zurdos”, fueron las expresiones que sustentaban las acusaciones contra el gobierno provincial [18].

La política de Perón y el ministro Otero apuntó a la presión sobre Atilio López y los peronistas combativos para que se deshicieran de la izquierda sindical. López en reuniones con Rucci y Perón se había comprometido a cooperar con los ortodoxos. El viraje definitivo a favor de estos lo lograron cuando López, en la Convención Nacional de las 62 Organizaciones, reunida en julio, comprometió su acuerdo por la reunificación peronista de ortodoxos y legalistas: “Una capitulación que en los hechos implicaba compartir las metas manifiestas de recuperación de la CGT cordobesa y la purga de los independientes y clasistas” [19].

En un clima político cada vez más enrarecido y en un ambiente laboral que, de las acusaciones de traición a los “bolches”, “zurdos” y “trotskos”, del hostigamiento de los ortodoxos y las patotas, pasó a una hostilidad abierta, varios episodios vinieron a fortalecer aún más el plan para recuperar la CGT y el gobierno provincial. Un grupo perteneciente a la JSP tomó el edificio de la CGT, a lo que se sumaron atentados a los locales de Luz y Fuerza y del SMATA; un nuevo ataque contra la sede de la CGT dejó varios heridos y provocó un paro general cinco días más tarde, apoyado por todos los sindicatos cordobeses salvo los ortodoxos; a fin de año, un atentado fallido contra la vida de Salamanca y el asesinato del trabajador de IKA Renault y activista del PCR Arnaldo Rojas inició una campaña de terror que se cobrará decenas de víctimas en Córdoba durante los seis meses siguientes. El 22 de octubre el Comité Ejecutivo del Partido Justicialista y las 62 organizaciones condenaron públicamente al gobernador Obregón Cano por permitir que Córdoba fuera supuestamente utilizada como base de una agitación antigubernamental. Unas semanas antes, Perón había cuestionado personalmente el vicegobernador en el Congreso de los gobiernos provinciales peronistas.

Dos nuevas situaciones conflictivas complicaron aún más el panorama de la lucha política cordobesa. En diciembre, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista designó a Luis Longui como delegado interventor del Partido Justicialista de Córdoba, anunciando apenas asume que no admitirá ningún tipo de desviación ni infiltración en el peronismo. A la ofensiva partidaria se sumó el conflicto del transporte urbano de Córdoba, entre la UTA y la Federación del transporte automotor de pasajeros. Y si bien Obregón Cano negó haber vulnerado el Pacto Social, recibió la condena de Perón, que se pronuncia contra la “demagogia barata” de algunos agentes gubernamentales y de algunos dirigentes gremiales, en "contradicción con la política del gobierno y la dirección de las grandes centrales sindicales".

En los primeros meses de 1974 las debilidades del plan económico del gobierno eran evidentes y la incapacidad de las jerarquías sindicales para controlar los sindicatos disidentes y las movilizaciones de las bases más manifiesta. Atizado por la inflación, el mercado negro y el aumento de precios, el Pacto Social empezó a crujir por izquierda y por derecha. Los delegados y activistas rebeldes que movilizaron a los trabajadores en las huelgas de esos meses miraban a Córdoba, y no a la CGT nacional, en busca de inspiración. El movimiento obrero cordobés siguió siendo el baluarte de la oposición sindical dispuesto y capaz de mantener a raya los ataques de Buenos Aires [20]. También era ampliamente sabido que los sindicatos ortodoxos negociaban con el gobierno una medida contra la CGT cordobesa, solicitando incluso la expulsión del gobierno provincial [21]. Incluso también se sabía desde hacía tiempo de las reuniones de Navarro con dirigentes peronistas opositores al gobierno provincial y dirigentes de las 62 organizaciones ortodoxas. La posición antiobregonista había crecido alimentada por los desaciertos de una política gubernamental que no lograba resolver las presiones contradictorias que lo afectaban. Cada conflicto en ciernes hacía resurgir la posibilidad de la intervención federal.

No obstante, los acuerdos entre López y la derecha peronista, la izquierda obrera cordobesa no le quitó el apoyo al gobierno provincial, considerando que cualquier ataque a este estaba dirigido en realidad a la Córdoba combativa. La orientación conciliadora del gobierno de Obregón con el empresariado y los sectores reaccionarios de la provincia, y el acuerdo de López con la derecha peronista, en 1973, habían paralizado a los legalistas a punto tal que les va a impedir reunir apoyo suficiente a la hora de salvar su propio gobierno. En el marco del conflicto de la UTA, López formalizó el acuerdo de unificación con los ortodoxos y la ruptura entre los legalistas y la izquierda. Inmediatamente, los ortodoxos le exigieron que disolviera la CGT y llamara a unas elecciones que proscribieran a los sindicatos no peronistas.

En febrero del 74, el presidente Perón, frente a integrantes de la Mesa Directiva de las 62 organizaciones nacionales y del secretario general de la CGT, calificó a Córdoba como un foco de infección, dando luz verde para que los sectores de la derecha peronista y sindical iniciarán definitivamente la avanzada sobre el gobierno provincial. El día 19 de febrero la cámara de empresarios del transporte declaró un paro patronal por tiempo indeterminado, oponiéndose al aumento salarial a los trabajadores del transporte que el gobierno provincial había aceptado en diciembre. El lock out creó una situación de caos en la capital cordobesa.

La circunstancia del golpe estuvo derivada de una denuncia realizada por el exsubjefe de Policía, Julián Andrés Chiappe, acusando a Navarro de organizar una sedición. Obregón Cano tardó once días en decidir la separación del jefe de policía, o sea, el 27 de febrero. Navarro no obedeció la orden e inició un motín policial en el Cabildo, acuartelándose, bloqueando las calles céntricas. Grupos parapoliciales, de la burocracia sindical y la derecha peronista local, en apoyo a los golpistas, armaron barricadas en diversas partes de la ciudad, utilizando los micros detenidos por el lock out de los transportistas. Las calles céntricas de la ciudad comenzaron a ser custodiadas por grupos armados identificados con brazaletes celestes y blancos, comandados por la Juventud Sindical Peronista [22]. Esa noche un comando policial tomó la casa de gobierno, deteniendo a Obregón Cano, a Atilio López y a unas 70 personas que se encontraban en la gobernación. Coparon las principales radios de la capital y empezaron a transmitir comunicados policiales, exigiendo la renuncia del gobernador y sus colaboradores.

El plenario normalizador de la CGT regional Córdoba, realizado en Alta Gracia el 28 de febrero de 1974, el mismo día del “Navarrazo”, coronó a los ortodoxos como dirección exclusiva [23], un punto de inflexión que marcó el pasaje de la hegemonía sindical combativa, clasista y democrática en reaccionaria. El plenario fue presidido por el secretario adjunto de la CGT nacional Raúl Ravitti y el ministro de Trabajo Ricardo Otero, quien declaró al finalizar: “Hoy le diré al General Perón que la CGT de Córdoba está en manos de auténticos peronistas”. La connivencia entre este nuevo secretariado y el gobierno nacional quedó clara cuando, entre sus primeras declaraciones, los sindicalistas pidieron la intervención federal a Córdoba para acabar con el “foco Infeccioso” y alcanzar la “comunidad organizada” [24].

En la misma sintonía se emitían las declaraciones de la “nueva” CGT cordobesa y “las 62”, que decretaron un paro por tiempo indeterminado desde las cero horas del mismo 28 de febrero, en apoyo a la “actitud valiente y patriótica” del jefe de Policía. A su vez, durante esa misma madrugada, fueron detenidos en sus domicilios la mayoría de las comisiones directivas, delegados y activistas de reconocida trayectoria en las filas del peronismo y la izquierda.

Algunas conclusiones

Como escribe el historiador Sergio Bufano, sería imposible creer que el presidente de la Nación desconociera que en la provincia mediterránea se gestaba un golpe de Estado. Nadie podía pasar por encima de su autoridad que, no solo contaba con el 62 por ciento de los votos, sino que se trataba ni más ni menos que del general Juan Domingo Perón. Un hombre a quien no le temblaba el pulso para apelar “a todos los recursos que dispusiera el Estado” para combatir la “infiltración marxista”. Si lo que quería era reemplazar al gobernador, le hubiera bastado apenas una sugerencia a Obregón Cano –un hombre leal al presidente– y él hubiera renunciado a su cargo. Pero el General optó por una campaña aleccionadora de meses y después el aval al golpe para que fuera explícito su disposición a recurrir a todos los métodos necesarios. De hecho, fueron inútiles los numerosos pedidos de las fuerzas democráticas para que Perón restituyera a las autoridades legítimamente constituidas. No solo convalidó el atentado de Córdoba, “tiempo después Navarro, acusado de sedición, privación calificada de la libertad, usurpación de propiedad y usurpación de autoridad, fue premiado con un cargo en el consulado argentino en Barcelona a través de un decreto reservado” [25].

Perón, en su retorno a la Argentina en 1973, remarcó la ausencia de una “Comunidad Organizada” conformada a partir de las “organizaciones libres del pueblo” y puso esta conformación como eje del “Modelo Argentino”. Basado en el clásico precepto justicialista, el contenido que le daba Perón a estos eufemismos era ordenar nuevamente la sociedad desde la defensa acérrima del Estado capitalista, en el cual las corporaciones serían las voces intermediarias entre el Estado y la sociedad. Estamos hablando de las corporaciones empresarias, las corporaciones sindicales y las fuerzas represivas estatales, convencionales y paraestatales, puestas en juego y articuladas toda vez que a dicha comunidad le faltara dicha “organización”.

El “Navarrazo” fue el preludio para derrotar a la clase trabajadora y los sectores populares que pronto pusieron sobre el tapete el desgaste del Pacto Social, y la imposibilidad del control burocrático de las organizaciones de masas para su éxito. Perón no dudó en apuntalar a una burocracia sindical gansteril y en hacer “tronar el escarmiento” contra los referentes más combativos y revolucionarios, creando la Triple A. El peronismo mostró en estos acontecimientos el claro rol de partido del orden que, un año después, ejercerá abiertamente durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

El “Navarrazo” significó precisamente la recuperación absoluta del control de las instituciones de poder estatal y sindical por parte del bloque social dominante. Aunque no podemos abordar aquí en profundidad el balance sobre las causas ante la falta de respuesta de las organizaciones combativas de la clase obrera al momento del golpe [26], una de las razones que la explican estuvo vinculada a la confianza en el gobierno de Obregón Cano-Atilio López, considerado el “gobierno popular”. Como afirmó el Partido Socialista de Trabajadores, “Esto es especialmente lamentable con referencia a las direcciones de la CGT cordobesa. Durante los meses que precedieron al golpe, tuvieron en sus manos la clave para impedir esta derrota, para aplastar cualquier intento de ‘anticordobazo’. Pero la política que se dieron fue suicida: no movilizar por ninguna circunstancia para ‘no hacerle el juego a la derecha’. El Pacto Social y la congelación de salarios fueron cuestionados de palabra, pero aceptados de hecho (…) Si los trabajadores estaban desmovilizados hace meses, ¿cómo iban a responder a un golpe?” [27].

Bajo estas circunstancias, es posible comprobar cómo las políticas capituladoras de los legalistas, a favor de la derecha peronista y de Perón, fueron paralizando a sus propias fuerzas y aislando a la izquierda obrera y popular de Córdoba. Su negativa a convocar a un frente único de todas las organizaciones constituyó un freno para el combate a las fuerzas que amenazaban con la intervención de la provincia y al permanente ataque de los ortodoxos a las organizaciones combativas de la clase obrera. Advertencias no faltaron, faltó una dirección que se preparara para enfrentarlo y derrotarlo.