Entrevista. A 140 años de la Ley 1420: la educación pública en disputa, entre derechos, negocios y lucha de clases

Hay un sentido común que dice que la educación en Argentina es pública, gratuita y laica. Personajes como el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, se proponen desterrar definitivamente este consenso. Cuentan a su favor que, desde hace mucho tiempo, esta conquista es más ideológica que legal. La Ley 1.420 fue sepultada, de hecho, por la dictadura en 1978, cuando transfirió las escuelas a las distintas jurisdicciones. Proceso que terminó de completarse en 1992, cuando el menemismo sancionó la Ley Federal de Educación. El Congreso Nacional la derogó finalmente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

A 140 años de la sanción de la 1.420, conversamos con Virginia Pescarmona, docente y especialista en educación, referente de la Corriente Nacional 9 de abril, del PTS e independientes, y la Lista Bordó en Mendoza, para repensar este recorrido y la realidad de la educación en la actualidad, asediada por la ofensiva ajustadora del actual gobierno que, bajo el slogan de “servicio esencial”, busca impedir el legítimo derecho a la protesta. “Quieren amordazar la voz de quienes sostienen, transitan y se educan en la educación pública”, sostiene Pescarmona, “hablan de adoctrinamiento, etc. y esto tiene un por qué. Hay mucho que cuestionar y proponerse transformar radicalmente. Es una tarea fundamental organizarnos, defenderla y proponernos transformarla a favor de los intereses del pueblo trabajador.” Pasen y lean.

Se cumplen 140 años de la aprobación de la Ley 1.420, que establecía la obligatoriedad, gratuidad y el carácter laico de la educación en el país. ¿En qué marco y con qué objetivos se aprobó esta ley?

Virginia Pescarmona [VP]: La Ley 1.420 surgió de las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional de 1882. Se promulgó en 1884, el 8 de julio y unos días más tarde se sancionó. El gobierno de Julio Argentino Roca, y en su figura toda la oligarquía, estableció a través de esta legislación una instrucción primaria obligatoria, laica, graduada y gratuita.

Bajo el ideario liberal se llevó a cabo la modernización del Estado con un proceso de secularización. Había un interés: consolidar su integración al mercado mundial. Y en ese marco, al decir de Domingo Faustino Sarmiento en su obra Educación Popular: “La educación pública no debe tener otro fin que el aumentar esta fuerza de producción, de acción y de dirección, aumentando cada vez más el número de individuos que las posean”.

El ideario de Sarmiento se materializaba. Ya como superintendente general de Escuelas del Consejo Nacional de Educación, en su cruzada contra los “salvajes” y en pos de la civilización, planteó una necesidad: instruir en conocimientos técnicos y profesionales. Había que formar la mano de obra que requería el momento. La situación era compleja. El primer censo nacional, de 1869, reflejó que más del 70 % de la población era analfabeta y el desarrollo del modelo agroexportador requería ciertas nociones de conocimientos científicos aplicados a la producción, sobre comercialización y administración.

Pero también se expresó una abierta disputa con la Iglesia católica. Claramente el aspecto más debatido de la Ley 1.420 fue la inclusión o no de la enseñanza religiosa dentro de las escuelas estatales. A pesar de sus enormes limitaciones, fue un cambio importante, ya que estableció mediante su artículo 8 una laicidad (limitada): “La enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de clase”.

¿En qué medida se mantienen vigentes sus principios, considerando que la Ley de Educación Nacional de 2006 mantuvo la educación pública de gestión privada y el gobierno actual promueve criterios de mercado en la educación?

VP: Me parece que la gratuidad en el sistema educativo se ha preservado, no exento de enormes contradicciones y problemas respecto a los cambios que se fueron introduciendo bajo una concepción de educación como un servicio público, potable de ser gestionado también desde lo privado y con efectos en el desfinanciamiento.

Tal vez en el terreno de su laicidad sus cambios sean menos visibles pero no menores y tienen una larga historia. Una vez más volvemos a Roca, quien expulsó al nuncio papal Luis Mattera y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano. Pero con idas y vueltas, hubo revancha décadas más tarde. En 1943 el gobierno militar del general Pedro Ramírez introdujo la materia de “enseñanza moral”. En 1947 el general Juan Perón introdujo por decreto la educación religiosa obligatoria. Luego fue eliminada en el marco de los enfrentamientos con la Iglesia y restaurada por el golpe gorila de 1955. En 1958 Arturo Frondizi le entregó al clero el derecho a otorgar títulos habilitantes a las universidades privadas y religiosas, desatando un movimiento estudiantil de masas que rechazaba la medida, conocida por su consigna: Laica o Libre. Frondizi, quien se presentó como un representante del progresismo y contó con el apoyo de Perón desde el exilio, terminó de ser repudiado por la juventud que lo enfrentó en las calles.

En los años 90 se dieron las reformas educativas que, de la mano de la Ley Federal de Educación, profundizaron la descentralización iniciada con la Dictadura. Pero en los hechos, la 1.420 no había sido eliminada, porque no en todas las provincias la Reforma se aplicó en la misma magnitud, ni se habían reformado las leyes provinciales. En el 2006 se reemplaza la Ley Federal de Educación por la Ley Nacional de Educación. Recién en 2015, bajo el gobierno de Cristina Fernández, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico dispuso la derogación completa de la Ley 1.420 de Educación Común, incluido el artículo 8 que establecía la laicidad.

Las reformas obviaron el carácter laico de la educación, reemplazando este principio por el “respeto” de distintas idiosincrasias. Lo que no cambió en casi un siglo es la progresiva injerencia de la Iglesia en diversos aspectos de la educación. Por ejemplo, en Mendoza, la intromisión de la Iglesia católica en la educación pública está prohibida tanto por la Constitución provincial como por la ley de Educación provincial (art. 212). Allí se establece que la educación es laica, sin embargo desde festividades, hasta rituales e incluso contenidos se imponen en los hechos. Y sobre esto podemos hablar de Salta y otras provincias.

El problema es que con la “pesada herencia noventista”, sus reformas y sus continuidades en todos los gobiernos posteriores, o las cláusulas negociadas con los lobbies como las iglesias, que impusieron, por ejemplo, el artículo 5° a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), donde dice que “la comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”; estos personajes y los sectores a los que representan tienen de dónde agarrarse. Por ejemplo en la actualidad ese artículo es clave para que la ley no se implemente ni en todo el país, ni en todos los niveles, ni en todas las escuelas.

Algunos especialistas señalan que, al menos en la provincia de Buenos Aires, los sectores medios han emigrado a las escuelas de gestión privada, tanto en el nivel primario como secundario. ¿Compartís este criterio a nivel nacional? ¿Tiene efectos políticos y educativos?

VP: Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que la educación privada, como tal, prácticamente no existe, ya que lo que hay son enormes partidas que subsidian el negocio privado en la educación. En Argentina el 22 % de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73 % asiste a escuelas estatales y sólo el 5 % a escuelas privadas sin subvención. Si las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39 %), Córdoba (29 %) y Buenos Aires (26 %), otras provincias como Jujuy y Chubut sólo registran un 9 %.

A pesar de estos números, hay quienes se pasean por los medios, como Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, que asegura que los distintos gobiernos necesitan a la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias. Pero esto no tiene sustento. Entre 2018 y 2021, doce distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado. Incluso este gobierno, que arrancó diciendo que “no hay plata”, salió a dar subsidios a las familias para que sostengan la matrícula en las privadas. Los que migran son los recursos del Estado en detrimento de la calidad, los edificios y los salarios de la educación pública.

Ya que estamos pensando el contexto de sanción de la Ley 1.420, es importante reflexionar que el desarrollo del sistema educativo tuvo una funcionalidad política clara. Mientras la educación primaria tenía como objetivo la homogeneización cultural, la alfabetización inicial y la enseñanza de los cálculos rudimentarios a los hijos (migrantes o extranjeros) de la clase obrera, había otros circuitos para los sectores dominantes de la sociedad en lo que se formaron funcionarios y cuadros políticos funcionales al proyecto conservador. Es decir que desde los orígenes hubo sistemas y recorridos escolares duales, impulsado y sostenido por el propio Estado. Este es el debate que hay que dar.

La crisis del sistema educativo se hace evidente en múltiples aspectos… Se plantea que entre estos factores el modelo de la escuela que conocemos no va más. ¿Cómo ves este tema?

VP: La Ley de Educación Nacional de 2006 estableció en su artículo 9 que el presupuesto destinado a la educación no debe ser menor al 6 % del Producto Bruto Interno (PBI). Esta meta, que la ley preveía alcanzar en 2010, llegó a cumplirse recién en 2015. Sin embargo, todos los años siguientes tuvieron una constante reducción del presupuesto educativo, con la excepción del 2020 (vinculada a la fuerte caída del PBI, no al aumento de la inversión escolar). Esto muestra a las claras que lo que no va más es el ajuste permanente sobre la educación y el corrimiento de la responsabilidad del Estado de sostenerla. La inversión nacional en educación representa alrededor del 25 % del presupuesto educativo público; el restante 75 % corresponde a las provincias.

¿Esto vale para el actual gobierno?

VP: Sí, y no solo eso. El gobierno está intentando imponer la idea de “servicio esencial” sobre la educación. Un cinismo total. Lejos está de ser esencial la inversión, que se garanticen recursos, formación, asistencia, etc. Y el ajuste tiene números y consecuencias terribles. Desde escuelas que explotan, una y otra vez, hasta niveles de deserción y fracaso alarmantes. En Argentina sólo 22 de cada 100 chicos y chicas de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma.

¿Naturalizable? ¿Es casual que de los y las estudiantes de 9 años, uno de cada dos no entienden lo que leen? ¿Qué diría Sarmiento de estos lamentables datos? Otro dato alarmante, según las pruebas PISA de 2022, siete de cada diez estudiantes no logra niveles básicos en matemática. Fue una ley de 1884, como política de Estado, la que se propuso alfabetizar.

140 años después, resultado de políticas de Estado (en manos de distintos colores políticos) tenemos esta realidad. Realidad que algunos gobiernos quieren emparchar o esconder con reformas que no resuelven los regímenes de promoción, etc.

Por eso con la esencialidad, además de limitar en los hechos el derecho de huelga, quieren amordazar la voz de quienes sostienen, transitan, se educan en la educación pública. Hablan de “adoctrinamiento” y esto tiene un por qué. Hay mucho que cuestionar y proponerse transformar radicalmente. Nosotros y nosotras aspiramos a una educación que cuestione, que no naturalice la violencia, la desigualdad, la vida de miseria que nos quieren imponer. Y esto es lo que no quieren. Por eso la censura, la mordaza, el señalamiento a quien ose opinar distinto, cuestionar.

En este contexto de gran desigualdad social el impacto en las trayectorias educativas de los niños y niñas y adolescentes es enorme…

VP: Bajo el gobierno de Milei siete de cada diez niños en la Argentina viven en la pobreza. Según un informe de Unicef, son 8,6 millones de chicos menores de 18 años, que viven en hogares que no alcanzan el piso mínimo de ingresos monetarios o en entornos de privación de derechos (vivienda, salud, educación, entre otros). Pero la hipocresía de los voceros del Gobierno es inmensa: hablan de “derechos de la infancia” para justificar su intento de declarar la educación como servicio esencial.

¿Cuáles son a tu entender los principales problemas que afrontan los docentes en la actual situación política nacional?

VP: Hoy los y las docentes son trabajadoras pobres. Muchos y muchas trabajan dos, tres o cuatro cargos para llegar a fin de mes. Pero también son pobres las familias de los y las estudiantes que asisten a las escuelas. Son casi tres millones de chicos y chicas que reciben desayuno en la escuela, fundamental para su alimentación diaria. Esto implica recursos (que son escasos y deben distribuirse), tiempos y tareas extraescolares que realizan maestras y maestros. En ese contexto la defensa de una educación pública, gratuita y laica es una bandera más que vigente.

Al Gobierno parece molestarle el derecho a la libertad de expresión, de cátedra, de organización y reunión. El problema que tiene es que son derechos que exceden la Ley de Educación porque son constitucionales. No son nuevos los sectores conservadores que pretenden hacerse del contenido de la educación ni aquellos que ven jugosos negocios con la educación privada en todas sus formas, con la venta de programas, los negocios editoriales, plataformas y un largo etcétera.

Libre o laica, pública de gestión estatal o privada, hay varios debates que han sido hitos acerca del rol del Estado en relación a la educación, la injerencia de la Iglesia y otros actores, como las empresas o fundaciones en la elaboración de programas y diseños curriculares. Y en pleno Siglo XXI, con las reformas de los 90 mediante, que no fueron modificadas en muchos aspectos con la Ley de Educación de 2006, hay provincias en las que seguían dando religión en las escuelas públicas.

Pero la tradición de defensa de la educación pública en la Argentina también es larga y combativa. No menos cierto es que el desfinanciamiento persistente ha provocado una crisis muy profunda en las escuelas, que genera un extendido y genuino cuestionamiento. Pero las propuestas de ajuste, de voucher y de privatización han fracasado en todo el mundo. Fuimos testigos de las luchas en Chile contra esa herencia de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tenemos que pelear por más plata para educación, no más ajuste y de repensar y rediscutir, democráticamente, desde abajo qué educación queremos y necesitamos y qué necesitamos y queremos para conquistarla. Frente a los ideólogos de la motosierra, adalides de una neocruzada conservadora y antiderechos, tenemos que plantarnos, organizarnos y luchar para que decirles sobre el derecho a la educación, a la ESI y a los derechos laborales ¡No pasarán!

Acerca de la entrevistada

Virginia Pescarmona es docente, especialista en educación y referente de la Corriente Nacional 9 de abril, del PTS e independientes, y la Lista Bordó en Mendoza. Autora de diversas publicaciones sobre la cuestión educativa en La Izquierda Diario e Ideas de Izquierda.