El 11 de diciembre de 2018, gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, Pedro Müller y Héctor Sibilla recibieron penas de diez y doce años de prisión por 24 casos de obreros secuestrados y torturados dentro del Quincho, el centro clandestino que la multinacional tenía en su predio de General Pacheco. A pesar de los graves delitos por los que fueron condenados, los empresarios continuaron en libertad.
Domingo 11 de diciembre de 2022 12:59
Pedro Müller y Héctor Sibilla durante el juicio oral y público
El caso de Ford es un emblema de lucha del movimiento obrero contra la dictadura genocida. El 11 de diciembre de 2018, hacen ya cuatro años, dos ex directivos de la multinacional automotriz eran condenados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro.
Las penas fueron contra Pedro Müller (en aquel momento de 85 años) y Héctor Francisco Sibilla, que al momento de la sentencia tenía 90. Müller era gerente de Manufactura y Sibilla jefe de Seguridad de la planta ubicada en General Pacheco. También fue condenado en esa oportunidad el exmilitar Santiago Omar Riveros. Recién en septiembre del año pasado, Casación confirmó las condenas.
Müller fue condenado a diez años de prisión por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos cargos en diversos hechos Sibilia fue condenado a doce años de prisión. Riveros condenado a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados. Vale recordar que Riveros fue director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, donde también funcionó una maternidad clandestina.
Durante el desarrollo del juicio declararon decenas de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, trabajadores de otras fábricas de la zona, familiares, ex jefes de la automotriz, entre otros. Tanto en los testimonios como mediante otras pruebas, quedó demostrado cómo la empresa Ford y otras tantas, fueron parte activa y fundamental de la maquinaria genocida, llegando al colmo de montar centros clandestinos dentro de sus instalaciones, como en el caso del "Quincho", donde los obreros de Ford fueron torturados por más de doce horas antes de ser trasladados a distintas dependencias, donde estuvieron secuestrados en la mayoría de los casos por más de un año.
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En su testimonio Carlos Propato, otro de los obreros sobrevivientes, detalló cómo el 25 de marzo de 1976, un día después del golpe, hubo una reunión con Guillermo Galarraga (exgerente de personal de Ford, procesado en esta causa pero fallecido antes del juicio gracias a los "tiempos de la justicia") quien les dijo a los delegados que se habían acabado los “tiempos gremiales”. En esa misma reunión Galarraga les hizo un “chiste” a sus interlocutores: “mándenle saludos a Camps”, en referencia a quien sería uno de los máximos responsables del genocidio en la Provincia de Buenos Aires desde la jefatura de la Policía provincial. Los delegados no sabían aún el significado de aquel “chiste”, que era en realidad una sentencia de la empresa que condenaba a los 24 obreros.
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La condena fue un enorme logro producto de la lucha incansable de los que lograron sobrevivir, sus familiares, trabajadores de otras fábricas y establecimientos, organismos de derechos humanos, entre otros. Pero la "justicia" les garantizó a los responsables la impunidad durante 42 años y cuando finalmente tuvo que condenarlos, siguieron libres al no estar firmes las penas. Este amparo estatal hacia los genocidas, tiene consecuencias en todo sentido y bien concretas, como que lamentablemente algunos de los trabajadores de Ford hayan fallecido sin ver en cárcel común a sus verdugos, como es el caso de Pedro Troiani.
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Durante el último tiempo la podredumbre de la casta judicial volvió a salir a la luz, con jueces, fiscales y otros funcionarios implicados en todo tipo de maniobras y hechos escandalosos. Pero lo cierto, es que todos los gobiernos desde 1983 a esta parte, han mantenido no sólo intactos sus privilegios, sino que han hecho la vista gorda respecto a todos los que permanecen en funciones desde la dictadura.
No se puede dejar de mencionar el rol que jugaron los dirigentes del SMATA, que entregaron a los trabajadores en este y tantos otros casos. Como declaró Pedro Troiani en el juicio, la conducción del Smata meses antes del golpe, los llamó a un plenario de delegados en la Federación de Box. Allí el secretario general José Rodríguez (el legendario burócrata que manejó el sindicato entre 1973 y 2009, cuando murió) les dijo que se venía el golpe, que él iba a amoldarse y que los cuadros medios iban a ir presos. “¡Si eso no fue una amenaza! Todos los trabajadores de distintas fábricas del Smata sufrimos esa amenaza”, exclamó el exobrero ante el Tribunal.
Hay que recordar que Rodríguez, colaborador directo del los genocidas, suele ser homenajeado por la conducción del Smata, desde 2011 en manos del kirchnerista Ricardo Pignanelli, quien cínicamente, cada tanto, hace discursitos contra la dictadura.
A cuatro años de la sentencia del caso Ford, la lucha contra la impunidad es una necesidad no sólo para lograr el juicio y castigo de todos los responsables, sino también para las nuevas generaciones.
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