Los actos encabezados por Lula este 8 de enero, a un año del intento golpista en Brasilia por seguidores de Bolsonaro, buscaron fortalecer a las instituciones que estuvieron detrás del ascenso del bolsonarismo y del golpe institucional previo, y garantizar una amnistía para quienes formaron parte de esas acciones del 8 de enero de 2023.
Martes 9 de enero 00:26
Este lunes 8 de enero, los tres poderes del Estado brasileño convocaron un acto institucional titulado "Democracia Inquebrantable" para conmemorar el aniversario de las acciones golpistas del bolsonarismo que tomó el palacio del Planalto (sede del gobierno) luego de perder las elecciones presidenciales de 2022. Se esperaban unos 500 invitados, entre ministros, gobernadores, parlamentarios, miembros del poder judicial e incluso el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, que fue invitado de honor.
El nombre del acto se cambió tras los cuestionamientos de algunos parlamentarios, ya que anteriormente el gobierno de Lula-Alckmin lo había llamado "Democracia restaurada". Fue un guiño al Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) que viene realizando una campaña en torno a este lema "Democracia Inquebrantable" para limpiar su imagen de institución que orquestó el golpe institucional en 2016 contra Dilma Rousseff, entonces presidenta por el Partido de los Trabalhadores (PT) de Lula y que dió como resultado directo la presidencia de Michel Temer, que era vicepresidente. Pero en el largo plazo el golpe llevó a los militares y a Bolsonaro al centro de la escena política.
Se trata de una disputa entre los actores del régimen político brasileño sobre quién capitalizará el enorme rechazo a las acciones del 8J (8 de enero por sus siglas en portugués). Como lo expresan nuevas encuestas, incluso el 85% de los votantes de Bolsonaro está en desacuerdo con lo que sucedió. Una nueva confirmación de que las acciones golpistas del 8J estuvieron por fuera de la correlación de fuerzas y aislaron a la extrema derecha más radical del país, abriendo la situación política que permitió que el Supremo Tribunal Federal (STF) declare “inelegibile” a Bolsonaro y que no existiera ninguna resistencia.
Pero incluso ante el rotundo rechazo a las acciones del 8J, el gobierno y todo el régimen político promovió una verdadera amnistía para los principales responsables. Siguiendo la tradición estructural del régimen político brasileño de impunidad de los militares por sus crímenes, ha vuelto a garantizar la impunidad de los principales responsables militares, burgueses y políticos del 8 de enero y de todas las demás acciones golpistas, como los acampes que se dieron antes de las elecciones y las intervenciones durante las mismas.
El gobierno federal y el PT hablan como si estuvieran "reconstruyendo la democracia" en Brasil, pero siguen ocurriendo brutales matanzas, tal como ocurrió con Bolsonaro y los gobiernos anteriores del PT. Por ejemplo el estado de Bahía (gobernado por el PT desde 2007) tiene uno de los mayores niveles de mortalidad policial del mundo, y la Policía Militar ha sido fervientemente defendida por el actual gobernador del PT Jerônimo Rodrigues. O la aprobación de la nueva ley orgánica de la policía militar, conjuntamente entre el gobierno del PT y los bolsonaristas, que fue denunciada por los defensores de los derechos humanos como "peor que el decreto de la dictadura", y que "politiza las corporaciones, reduce el control externo y potencia el estado policial".
Tampoco se puede hablar de "democracia" en un país donde los indígenas son masacrados bajo el amparo del llamado Marco Temporal y otra serie de ataques, con el gobierno federal conciliando y pactando con la derecha que avanza contra los derechos más básicos de estos sectores.
Los actos del 8 de enero de 2024 son una tapadera de esta amnistía a los golpistas, donde sólo algunos "peces pequeños" (con cierta proyección mediática y en las redes) han sido utilizados como "chivos expiatorios" para ocultar la amnistía de los máximos responsables.
Como parte de este pacto, vemos surgir todos los días acusaciones de concesiones a los militares, como la de que el gobierno de Lula actúa para "sabotear" las propuestas de enmienda constitucional (PEC) que disgustan a la cúpula militar como la que que pretendía limitar la actividad de los militares en política. Aún más recientemente, se informó de que Lula archivó personalmente el proyecto de ley para poner fin a las pensiones de los hijos de militares con el fin de evitar fricciones en vísperas del 8J. Para la mayoría de la población, trabajar es una necesidad, pero si se es hijo de un coronel o de un general, incluso de infames torturadores como el ex coronel Ustra, se puede vivir sin trabajar. Renata y Patrícia Silva Brilhante Ustra, hijas del militar, reciben pensiones desde que este falleció en 2015. El Estado brasileño paga más de $10.000 reales (unos 2.100 dólares) por mes a las hijas de un torturador confeso.
Sin ninguna delimitación de estos actos gubernamentales el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que organizan las principales centrales sindicales y movimientos sociales, convocaron acciones para el 8 de enero de 2024 con el eje político "Brasil se une en defensa de la Democracia".
Esto después de que estas direcciones se negaran a convocar cualquier acción seria contra el golpe institucional de 2016 y los múltiples ataques económicos que acompañaron esta ofensiva, así como cualquier acción real y en las calles para luchar contra la extrema derecha y garantizar que no haya amnistía para los golpistas del 8J y los crímenes de Bolsonaro y los militares.
Al asumir esta política, las direcciones del movimiento de masas se ubican como parte del gran acuerdo con el que Lula logró ganar las elecciones en 2022. Su objetivo: estabilizar el régimen político degradado y mantener la obra económica devastadora para las masas que viene desde Lava Jato y el golpe institucional.
Las acciones convocadas para el 8 de enero no fueron progresistas, porque buscaban fortalecer y legitimar el régimen burgués, el gobierno federal, las tendencias bonapartistas y el pacto de amnistía para los golpistas que articulan los "demócratas" de las instituciones del régimen.
El autoritarismo del poder judicial ya se está volviendo de nuevo contra la izquierda
Desde el Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) y Esquerda Diario siempre hemos luchado por una posición de la izquierda independiente del régimen político, que desenmascare y combata el bonapartismo judicial, analizando cómo forma parte de una política del imperialismo norteamericano para alimentar el bonapartismo de toga ante las crisis orgánicas en varios países.
Justo después del 8 de enero, advertimos que "la tutela militar sobre las elecciones de 2022, ante el cuestionamiento de Bolsonaro a las urnas electrónicas, fue refrendada en acuerdo con el Tribunal Superior Electoral de Alexandre de Moraes, figura que (...) se ha convertido en un gran árbitro de la nación, con poderes para cancelar redes sociales, castigar y encarcelar libremente". Las medidas autoritarias que el ex juez Sérgio Moro, impulsor del llamado Lava Jato utilizaron para la detención arbitraria de Lula y para el golpe institucional se utilizan ahora contra la extrema derecha.
Pero cada una de estas medidas se volverá contra los trabajadores, los movimientos sociales y la izquierda. Si ahora se legitima el poder de actuar así, aunque en este momento sea contra la extrema derecha ¿por qué imaginar que estos enemigos de la clase obrera no utilizarán estos métodos contra nuestra lucha? (...) toda la izquierda institucional, como el PSOL, que forma parte del apoyo a este gobierno y a las medidas de Alexandre de Moraes, está reforzando estos mecanismos."
Y en el mismo editorial del 7 de septiembre, señalábamos que: "El TSE votó a favor de la inelegibilidad de Bolsonaro y el STF está castigando a algunos de los promotores del 8 de enero, utilizando también mecanismos bonapartistas (autoritarios) que fueron legalizados en la ofensiva golpista institucional. Sin embargo, los que ahora castigan a Bolsonaro son los que años atrás fueron los agentes del golpe institucional y del encarcelamiento de Lula, por lo que no podemos confiar en el poder judicial para ninguna "lucha contra la extrema derecha"."
La reciente detención de cuatro militantes de la Unidad Popular en São Paulo por el acto contra la privatización de la empresa de distribución de agua del estado, estuvo seguida de una ofensiva de la extrema derecha diciendo que era el "8J de la izquierda". Esta es una demostración contundente de este problema y de la necesidad urgente de que la izquierda adopte una política independiente del régimen político, abandonando definitivamente esta línea de situar a la justicia y a los actores del régimen político como sujetos de la lucha contra la extrema derecha.
La izquierda tiene que dejar de servir de punto de apoyo al régimen político que quiere condenar cualquier tipo de acción popular de resistencia. Insistimos en que esta postura por parte de la izquierda alimenta este tipo de medidas represivas contra los trabajadores, el pueblo pobre y oprimido y la izquierda. Este tipo de política no es nada nuevo por parte del PT, que acusó de "terroristas" a los que se levantaron en junio de 2013 y acusa a esos jóvenes de ser el "huevo de la serpiente". Mas recientemente retomó estos absurdos contra el movimiento estudiantil de la Universidad de San Pablo que se levantó en defensa de la educación pública acusandolos de "bolsonaristas".
Por una política independiente del régimen político para combatir a la extrema derecha y luchar por las reivindicaciones de los trabajadores y sectores oprimidos.
Desde el 8J del año pasado, destacamos que compartimos todo el odio a la extrema derecha y todo el repudio a las acciones golpistas y decimos que solo la movilización independiente de la clase trabajadora, junto a las mujeres, negros, indígenas y LGBT, puede garantizar que los responsables por la catástrofe de la extrema derecha en el país no sean amnistiados. Luchar contra esta amnistía y contra todo el legado de la extrema derecha y de la dictadura militar requiere romper con el pacto de impunidad del actual régimen para los líderes militares y policiales, que han allanado el camino a Bolsonaro desde el golpe institucional de 2016. Para que no haya amnistía contra la extrema derecha, debemos atacar también las reformas económicas que impuso la burguesía, que se alineó con Bolsonaro en 2018 para garantizar la Reforma Previsional, la continuidad del Techo de Gasto y la profundización de los recortes y ataques, la tercerización irrestricta y la precarización del trabajo también con la Reforma Laboral, así como la Reforma de la Enseñanza Media.
También queremos reiterar lo que dijimos el 15 de enero del año pasado, que sigue siendo válido si la izquierda realmente quiere luchar contra la extrema derecha y la impunidad de los golpistas: "Necesitamos movilizarnos para imponer una investigación independiente sobre los responsables de las acciones de la extrema derecha en el país, con los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos dirigiendo las investigaciones, con el Estado proporcionando las condiciones y los recursos para que esta comisión trabaje y tenga acceso a los archivos de la investigación. Para ello, es necesario romper todo secreto sobre Bolsonaro, pero también sobre las altas instituciones políticas, el poder judicial y las Fuerzas Armadas y la policía (...) Esta investigación debe culminar en jurados populares. Juicio y castigo a todos los militares y policías involucrados en el régimen de Bolsonaro y vinculados a los crímenes de la dictadura militar: es la única forma de atacar la impunidad de las fuerzas militares y policiales, rompiendo el pacto que la sostiene con las instituciones de ese régimen. Además, es necesario abolir todos los privilegios materiales de los militares de alto rango (pensiones vitalicias, altos salarios, etc.): abolir los tribunales militares superiores e imponer el juicio por jurado popular. Esto está íntimamente ligado a la abolición de la Ley de Amnistía, la apertura de los archivos de la dictadura y el juicio y castigo a todos los responsables, civiles y militares, de crímenes de Estado durante el régimen militar. Todas las grandes empresas vinculadas a Bolsonaro, que financiaron sus acciones, necesitan ser expropiadas y nacionalizadas bajo control de los trabajadores, comenzando por el agronegocio. Por lo tanto, es necesario avanzar en un programa que reúna a los trabajadores urbanos y rurales para enfrentar el poder de los grandes terratenientes, con la expropiación del latifundio y la división de la tierra para todos los que dicen trabajar en el campo, incluyendo la demarcación de las tierras indígenas."
Las demandas de los trabajadores y el pueblo pobre sólo pueden ser atendidas con el desarrollo de la lucha de clases y la lucha por la independencia de clase, lo que implica la construcción de una política independiente del gobierno y del régimen político, y la exigencia a las direcciones mayoritarias del movimiento de masas de que rompan con su subordinación y parálisis y asuman un verdadero plan de lucha por las verdaderas demandas de la clase obrera y los sectores oprimidos, demandas que no se expresarán en las acciones de hoy.
