Hoy se conmemora un nuevo aniversario del atentando a la AMIA, donde murieron 85 personas en 1994. Ayer hubo un acto frente a la sede del barrio de Once, organizado por la mutual judía y la DAIA. Ningún miembro del gobierno se hizo presente, por temor a los abucheos.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 18 de julio de 2015
Este nuevo aniversario está cruzado por la campaña electoral y porque en enero la muerte del fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman, le produjo al gobierno un cimbronazo político que provocó una guerra de servicios.
Recordemos que Antonio "Jaime" Stiusso, quien gozara durante 10 años de la confianza y la “venia” del Gobierno Nacional, cuando éste cambió su posición con respecto a Irán -adelantándose al giro de Obama cual alumno que quiere superar al maestro, para lograr su “bendición”-, pasó a ser el enemigo público número uno y que por esos meses, el verano que ya parece tan lejano, la oposición de derecha, junto al “partido Judicial” arremetían incluso en las calles con la marcha reaccionaria del 18F.
El gobierno logró capear esa crisis basándose en que la acusación de Nisman a CFK, al Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timmerman y otros reconocidos kirchneristas sobre el encubrimiento a iraníes como autores del atentado, no tenía mucho sustento y en los tribunales no pudo prosperar.
En el acto de ayer el dirigente de la AMIA Ariel Cohen Sabban volvió a plantear la culpabilidad de los iraníes y del Hezbollah, acusación que fuera sustentada por Nisman. La misma línea sostenida anteriormente por el gobierno de Estados Unidos antes del giro que emprendió hacia un acuerdo con Irán, sobre su uranio enriquecido. Acuerdo funcional a la relativa debilidad en la que se encuentra la administración Obama debido a sus emprendimientos bélicos en Irak y Afganistan del que no salió muy airoso, de la guerra comercial con China y de la necesidad de lograr estabilidad en Medio Oriente, con un Israel disfuncional para esos planes.
Pero también hay que recordar que esa acusación fue “dictada” a quien fuera el fiscal de la causa, por agentes de la CIA y el Mossad (servicio de inteligencia del Estado terrorista de Israel)
En consonancia con esa posición de acusar sin pruebas a Irán, Cohen Sabban volvió a plantear duras críticas a la firma del Memorando de Entendimiento que firmara Cristina y el entonces gobierno de Irán, allá por 2013, que fue presentado por el gobierno nacional como un aporte para salir del pantano en el que se encontraba la investigación. En rigor de verdad el Memorando fue un nuevo aporte a la impunidad sobre el Estado argentino, porque lo volvía a correr de foco.
Los directivos de la AMIA, la DAIA y la oposición de derecha, nada dicen de la responsabilidad del Estado en este brutal crimen y en eso tienen un punto de encuentro con el kirchnerismo.
Todos los gobiernos, desde ese fatídico julio del 94 hasta ahora, se han empeñado en poner un manto de impunidad sobre la conexión local y en consecuencia del Estado argentino. Aún cuando Néstor Kirchner demagógicamente planteó en el 2005 dicha responsabilidad.
El juicio que se viene
El 6 de agosto comienza el juicio que el gobierno pretende mostrar como el juicio a la conexión local del atentado. Pero como bien denuncia APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), “no se trata sino de un juicio por irregularidades y delitos cometidos por Beraja (titular de la AMIA en aquel entonces), Menem, Galeano, Anzorreguy, contra la causa AMIA durante su instrucción”. Lo que es muy distinto. “Así se explica por qué la plana mayor de los Poderes Ejecutivo, Judicial y de las fuerzas de inteligencia y seguridad de entonces será juzgada por delitos individuales y no como parte de un plan de encubrimiento articulado bajo el amparo y la estructura del aparato del Estado”, continúa APEMIA.
Por la memoria de los 85 asesinados en la masacre de la mutual judía, ante esta política para encubrir al Estado, es necesario seguir exigiéndole al gobierno la apertura de todos los archivos de los organismos de los servicios de inteligencia y poner en pie una comisión investigadora independiente conformada por familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos independientes del Estado y partidos de izquierda que nada tienen que ver con los partidos del régimen, con plenas libertades para investigar. Estas dos cuestiones se vuelven elementales para quebrar la impunidad, lograr arribar a la verdad y obtener justicia para las víctimas.
