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Red Internacional
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Tucumán. ATEP y el FUDE acordaron un salario inicial que sigue por debajo de la línea de pobreza

El acuerdo paritario estipula un salario inicial de 600.000 a cobrar en octubre, cuando la Canasta Básica de pobreza ya estaba en 900.000 pesos en julio. La conducción de ATEP vuelve a violar el mandato de las asambleas zonales de delegados y festeja una paritaria hecha a la medida del plan de ajuste de Milei y Jaldo.

Sábado 7 de septiembre 13:29

Una vez más, el Frente de Unidad Docente Estatal (ATEP, APEMyS, AMET y UDT) firmó con el gobierno provincial un acuerdo paritario que deja al salario de la docencia por debajo de la Canasta Básica que delimita la pobreza. De acuerdo a lo que trascendió en los medios de comunicación y vía redes sociales (ya que los gremios no ha publicado las actas del acuerdo), el salario inicial de un cargo testigo pasaría de 500.000 a 550.000 pesos en agosto y a 600.000 pesos en septiembre. Recordemos que la Canasta Básica familiar del Indec que delimita la pobreza se ubicó entre 900.000 pesos para el mes de julio (en Tucumán esa canasta quedó valuada en 735.000 pesos).

Aunque desde los gremios se felicitan por el acuerdo y sostienen que se trata de un aumento del 32% (una cifra superior al 8,5% que firmaron los gremios estatales), lo que no dicen es que 17% sería en realidad blanqueo de sumas no remunerativas que ya estaban en el salario docente. El salario básico pasaría de 105.000 pesos a 121.000 en agosto y 138.600 en septiembre. La mayor parte del salario docente sigue compuesto por cifras no remunerativas y con varios ítems que impactan solamente sobre el primer cargo. Toda esa ingeniería apunta a achatar la pirámide salarial licuando el salario docente.

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Este acuerdo viola nuevamente el mandato de las asambleas zonales de delegados de ATEP, que votaron un salario inicial de 700.000 a 900.000 pesos. Estas asambleas están cada vez más vaciadas de participación por la práctica de la conducción gremial que finalmente maniobra desde un Congreso, también cada vez más vaciado, para imponer acuerdos salariales a la medida del plan de ajuste de Jaldo y Milei. Este ajuste incluye no solamente la licuación del salario docente, sino también el cierre o vaciamiento de programas educativos (FORMAR, ESI, Terminalidad Educativa) y despidos en el Ministerio de Educación y el deterioro cada vez más pronunciado en las escuelas. Ese ajuste ya se podía prever en el Presupuesto provincial para este año, que estipulaba un ajuste en términos reales del 33% y con mayor impacto en la Educación.

Este acuerdo se presentó como un acuerdo amoldado a "tiempos difíciles" que corren. Pero lo que jamás se pone en cuenstión es cómo se utilizan los recursos de la provincia: hoy las empresas de transporte reciben cerca de 3000 millones de pesos por mes, esto equivale a una suma fija de 100.000 pesos por mes para cada uno de los 30.000 docentes. Tampoco se habla de las exenciones impositivas para las patronales del citrus, que exportan un promedio de 500 millones de dólares al año y que si se le aplicara el ingreso bruto de apenas el 3% podrían tributar el equivalente a una suma fija anual de 550.000 pesos para cada docente de la provincia, solo por poner algunos ejemplos. Nada de esto es puesto bajo la lupa de las burocracias sindicales, disciplinadas al peronismo provincial que hoy colabora con el programa de ajuste y reversión de derechos laborales y democráticos elementales.

A Milei se le cayó la careta, ya ni habla de "la casta": la base de su programa de ajuste son los jubilados y los trabajadores, que estamos viendo cómo avanzan los tarifazos y la caída de nuestros salarios provocando una enorme transferencia de ingresos hacia los bolsillos de grandes empresarios y especuladores financieros.

Frente a una burocracia sindical que se corta las manos antes de llamar a un paro y plan de lucha para defender a la Educación pública, necesitamos recuperar la organización desde las bases y en cada escuela, reargupando a los sectores combativos. En las próximas semanas el gobierno de Milei intentará conseguir la sanción de la ley de esencialidad educativa que prohibe el derecho a huelga en la docencia, imponiendo guardias obligatorias de hasta el 50% de la plantilla docente en caso de medidas de fuerza. Ya consiguieron media sanción en diputados, sin que la conducción de CTERA y los gremios provinciales hicieran nada para impedirlo. El día que se trate en el Senado los sindicatos docentes tienen que llamar al paro y la movilización, tenemos que ser miles en todas las calles del país para frenarlo.