Este viernes el organismo de derechos humanos anunció una nueva recuperación de identidad. Se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Es nieto de la recordada Nélida Navajas, fallecida en 2012, y sobrino de Mario Santucho. Cristina sigue desaparecida. Julio estuvo presente en la conferencia de prensa de este viernes.
Viernes 28 de julio de 2023 13:38
Foto Abuelas de Plaza de Mayo
Este viernes las Abuelas de Plaza de Mayo informaron que se acaba de producir una nueva restitución de identidad de una persona nacida en cautiverio. Otro hijo de una de las mujeres secuestradas por genocidas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Se trata de un hombre nacido en 1977 en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield. Es hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho. Nélida Navajas, madre de Cristina, fue una referente de Abuelas y falleció en 2012 sin poder conocer a su nieto. Por el momento se decidió mantener en reserva el nombre del nieto 133 y el de sus apropiadores.
En la conferencia de prensa realizada en la ex ESMA, anunciaron que el hombre cuya identidad acaba de restituirse “hoy se encontrará con su papá, sus hermanos, su hermana y una familia enorme atravesada por el terrorismo de Estado y por una historia de lucha”
Según se dijo durante el anuncio, esta restitución “es resultado de una sociedad que, tras cuarenta años de democracia, sigue exigiendo saber qué pasó con las y los desaparecidos y con los cientos de bebés, niñas y niños apropiados; y apostando a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos”.
Cristina Navajas nació en 1949 en la Ciudad de Buenos Aires. Fue maestra. Conoció a Julio, el menor de diez hermanos, y juntos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ella militó en Avellaneda y al momento de su secuestro era docente. Julio es teólogo y estuvo cerca de ser cura. En 1971 se casaron y tuvieron a Camilo y a Miguel.
En junio de 2021 Miguel Santucho declaró por primera vez en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Fue en la causa en la que se investiga parte de los crímenes cometidos en los pozos de Banfield, Quilmes y Lanús. Allí relató la persecución que padeció su familia, la lucha de su abuela Nélida por encontrar a su hermano.
El 13 de julio de 1976 Cristina fue secuestrada por una patota de genocidas en un departamento de la familia Santucho. Estaba embarazada de un tercer hijo. También lo estaba su compañera de militancia Alicia Dambra, secuestrada junto a ella y cuyo hijo sigue siendo buscado. Manuela Santucho, cuñada de Cristina, también fue secuestrada aquel día. Julio Santucho estaba en ese momento en Argelia cumpliendo tareas militantes.
Las tres mujeres pasaron por la sede de Coordinación Federal de la PFA, luego pasaron por los Centros Clandestinos de Detención Automotores Orletti (bajo manejo de la SIDE), Proto-Banco y Pozo de Banfield (en poder de la Policía Bonaerense). Según el testimonio de la recordada Adriana Calvo, Cristina estuvo en este último CCD entre diciembre de 1976 y abril de 1977.
En la conferencia de prensa de este viernes estuvieron, además de la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto, el mismo Julio Santucho y uno de sus hijos.
Bienvenido #Nieto133. Con una alegría inmensa recibimos a un nuevo nieto. Gracias a la lucha colectiva de las y los sobrevivientes como Adriana Calvo y tantos otrxs, las madres las abuelas podemos seguir recuperando hermanos y saber nuestra historia. GRACIAS #30mil PRESENTES👇🏻 pic.twitter.com/SjFmx2lUWw
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) July 28, 2023
Vale recordar que aún restan recuperar alrededor de 400 nietas y nietos que siguen con su identidad y su historia ocultadas. Desde hace años, la recuperación de esas identidades se produce principalmente por la búsqueda personal de las personas que dudan de sus identidades construidas en base a la mentira y deciden contactarse con Abuelas para realizar el cotejo de su ADN con las muestras que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos (un número que no completa la totalidad de personas apropiadas).
Es decir que la recuperación de esas identidades no se realiza por una acción decidida del Estado (y quienes lo conducen desde 1983) para develar el destino de cientos de niñas y niños arrancados de sus familias por parte de los genocidas y sus cómplices civiles, judiciales e institucionales. De allí que la exigencia de sobrevivientes y organismos de derechos humanos (mayoritariamente independientes del Estado) de apertura de todos los archivos de la dictadura, desde los que están guardados en despachos y oficinas oficiales, hasta los de las empresas que colaboraron con el genociodio y los de la Iglesia católica, sigue tan vigente como desde hace décadas.