GOBIERNO RAJOY. Acaba un capítulo de la crisis del régimen... y se abre el siguiente

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Este jueves Mariano Rajoy anunciaba la composición del nuevo ejecutivo. La lista de ministros venía marcada por la palabra continuidad. Salen algunos de los más “quemados”, como Fernández Díaz de Interior, pero se mantiene el núcleo duro del equipo anterior, con Sáenz de Santamaría al frente -y asumiendo la relación con las autonomías-, la suma de Cospedal -premiada por su gestión del partido ante el huracán Gurtel y Púnica- y sobre todo el tándem de la política económica, con Montoro en Hacienda y Luis de Guindos en Economía y asumiendo la cartera del “caído” Soria, Industria.

Su programa también empieza a conocerse. ¿Alguna novedad? Ninguna. Los principales “deberes” del nuevo gobierno ya han sido dictados por Bruselas desde hace meses. Más de 10.000 millones de recorte en los próximos dos años -todo lo recortado en educación y sanidad la pasada legislatura- y profundizar la senda de “reformas estructurales”, esencialmente tres: pensiones, laboral y financiación autonómica. Este es el ajuste que viene, el de un gobierno muy duro, ofensivo y con ansias recentralizadoras.

Rajoy ya ha anunciado que tratará de sacarlo adelante con el mayor acuerdo político y social posible. Para meter tijera en las pensiones, cuyo fondo de reserva se agotará en un año, convocará el Pacto de Toledo. Para abordar el ajuste presupuestario y la reforma laboral a partidos y sindicatos. Para la financiación a las Comunidades Autónomas, aunque Catalunya ya ha anunciado que no participará. Es decir, el nuevo gobierno del PP será también un gobierno débil, necesitado del apoyo de sus dos socios de la “triple alianza” -PSOE y Cs- y la burocracia sindical de CCOO y UGT, que dicho sea de paso ya han salido a declarar que atenderán los llamamientos al diálogo.

Pero sobre todo, el nuevo gobierno nace como un ejecutivo deslegitimado. Elegido tras el “golpe de mano” en el PSOE, que ha sacado a la luz para millones como funciona esta democracia para ricos, a dictado del IBEX35 y sus grupos mediáticos. Nacido para aplicar un programa de ajuste que por supuesto no venía en los programas electorales ni del PP, ni de Cs, ni del PSOE. Las decenas de miles de personas que rodearon el Congreso el sábado de la investidura son la mejor constatación de este sentimiento, que lo es de millones.

El panorama de conjunto permite afirmar que el fin de los más de 300 días de gobierno en funciones solo cierra un capítulo de la crisis del Régimen del 78... para abrir otro aún más inestable y potencialmente más explosivo. Queda atrás un largo paréntesis abierto tras las elecciones europeas de 2014 y la emergencia de Podemos, en el que la combinación del rol de la burocracia sindical y las ilusiones en el “cambio” gradual y electoral calmaron “la calle”, y se abrió la posibilidad de algún tipo de restauración del Régimen del 78 por medio de un nuevo consenso entre los “nuevo” y parte de lo “viejo”, el PSOE, que intentara incluso un desvío dentro de la Constitución para la cuestión catalana.

Hoy, esta posibilidad, la de que se abra una Transición 2.0, se aleja momentaneamente. Haciendo un símil histórico con la Transición 1.0, se impone la línea del búnker: inmovilismo, defensa senil del modelo bipartidista que sigue desangrándose por el flanco izquierdo y carrera hacia adelante contra el proceso catalán. Una hoja de ruta sin mayor rumbo que el pragmatismo de atender las necesidades urgentes de la agenda económica del IBEX35. Que la Corona se haya querido preservar de toda esta opereta, quedando Felipe VI muy lejos del rol de director de orquesta que su padre jugó tras la muerte de su mentor, Franco, es una muestra de que los Borbones son conscientes de que esa carta quizá tengan que jugarla más adelante.

Es que los “costes” de la resolución de la crisis de investidura han sido muy altos para el régimen político. Nada menos que abrir la vía para la pasokización de la pata izquierda del Régimen y con la posibilidad real de desaparecer, por muerte electoral o ruptura con el PSC, en Catalunya . Pero los meses siguientes van a exigir a los miembros de la “triple alianza” decisiones que seguramente harán reverdecer aquello de “que no nos representan”. La crisis de representación abierta en 2011 puede reabrirse con mucha mayor intensidad. Sin el concurso de Cs y el PSOE, y en buena medida de la burocracia sindical -que aunque sea por omisión lleva en esa ubicación desde 2013- los “deberes” esenciales del nuevo gobierno no podrán salir adelante.

Es por tanto muy posible que la nueva tanda de ataques, venida de un gobierno percibido como ilegítimo por muchos, reabra un proceso de movilizaciones sociales. El nuevo gobierno y sus socios intentarán medir el ritmo y la intensidad de los ataques, pero incluso estos factores dependerán también de factores ajenos a ellos, como la misma evolución de la economía -con signos de nuevo relantecimiento- o la crisis de la UE, por nombrar solo los dos más cercanos.

Paralelamente la otra gran “patata caliente” de la crisis de régimen, la cuestión catalana, sigue sin viso de encontrar cierre, y es más, reabir la discusión de la financiación autonómica -una necesidad de un Estado en modo ajuste, pero muy poco oportuna políticamente- puede justamente reavivarla mucho más.

El nuevo escenario reabre la discusión sobre cual deberá ser el rol del nuevo reformismo en adelante. Podemos -tanto “errejonistas”, como “pablistas” y hasta los autodenominados “anticapitalistas”- apostaron a una hipótesis que se ha demostrado errada: alcanzando un peso mediático e institucional suficiente, un sector del Régimen del 78 -el PSOE- se avendría a pactar con ellos un “gobierno del cambio” para echar al PP.

Pero ¿Porqué los grandes capitalistas y el establishment, a los que viene sirviendo con total pleitesía el PSOE las últimas 4 décadas, iban a tener que aceptar a un “outsider” mucho menos fiables que los “chicos de siempre” y los “nuevos” de Cs? Solo con diputados y discurso no era suficiente para sentar a la mesa al nuevo reformismo. A diferencia de la Transición 1.0, Podemos en comparación con el PCE -al que finalmente Suárez invitó al convite- no cuenta con una inserción orgánica en la clase obrera ni la enorme capacidad de movilizar, y desmovilizar, potentes fuerzas sociales de Carrillo y los suyos.

El debate abierto en Podemos se centra justamente en esto ¿Como conseguir, en las siguientes elecciones, un peso institucional y un respaldo social esta vez suficiente para que deban ser admitidos a la mesa? Como explica Josefina Martínez en este artículo, se dibujan dos líneas tácticas diferentes. Una más institucional encabezada por Errejón, y la de Pablo Iglesias, aliado con Anticapitalistas, que da un giro discursivo a izquierda y habla de retomar la movilización.

Sin embargo, el mismo Iglesias reconocía recientemente en una entrevista en el diario.es, que en caso de haber logrado formar gobierno el programa sería bien asimilable al de un gobierno socialdemócrata europeo respetuoso con los compromisos internacionales. Es decir algo muy parecido a lo que vemos en los llamados ayuntamientos del cambio o, peor aún, en Grecia, con su partido homólogo Syriza.

Por lo tanto el zig a izquierda de los “pablistas” se parece más a una repetición, como siempre en la historia como una “farsa”, de como entendía la movilización el PCE en los 70. Un grifo que se abre o se cierra como moneda de cambio para lograr ser aceptados en la refundación del Estado capitalista español. Y digo como “farsa”, porque Podemos no tiene ni la voluntad ni la inserción orgánica para poder impulsar y controlar una décima parte de lo que hacía Carrillo y sus cuadros a mediados de los 70.

La nueva situación que abre la investidura de “gran coalición” plantea a los trabajadores, la juventud, los sectores populares y las organizaciones de la izquierda anticapitalista, el reto de retomar la movilización social contra el ajuste que viene. Para ello la tarea de acabar con la burocracia sindical tiene más vigencia que nunca, pues han venido actuando como el principal bombero social y evitando que la clase trabajadora salga a escena y sume derrota tras derrota.

Pero a su vez es imprescindible construir una alternativa política de clase e independiente, con un programa anticapitalista y de ruptura con el régimen político. Poner en pie una alternativa así es imprescindible para oponerse a cualquier intento de que la movilización social sea el “entremes” de una futura mesa de refundación del régimen político con los comensales que se han quedado afuera. Por el contrario, es necesario exigir al nuevo reformismo, y en especial al sector que se quiere presentar como su ala izquierda, que pongan sus posiciones institucionales al servicio de la movilización de los trabajadores y los sectores populares, para frenar los ataques del gobierno de la gran coalición y para luchar por abrir procesos constituyentes que impugnen el Régimen del 78, esta democracia del IBEX35 y permitan resolver los grandes problemas sociales y las demandas democráticas postergadas, como el derecho de autodeterminación de las nacionalidades o el fin de la Corona.