Después de décadas de negociación y contra muchos pronósticos, el viernes la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo que promete tener efectos duraderos en las condiciones de dependencia del Cono Sur respecto de las potencias mundiales, proyectando un nuevo avance de la UE para terciar en un terreno en el que cada vez compiten más agresivamente EE. UU. y China. Las firmas imperialistas de la UE y el “agropower” local se frotan las manos. De concretarse el acuerdo plantea un nuevo salto en la semicolonización de la región que promete potenciar el atraso y la dependencia.
Hasta la tarde del viernes, parecía que se trataba de un exceso de optimismo, tal como había ocurrido hace un año y medio atrás, cuando desde numerosos despachos oficiales el gobierno de Macri hizo difundir que podría rubricarse en Buenos Aires el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Todo sugería que había amplias dosis de voluntarismo en los trascendidos de que esta vez se alcanzaría un resultado exitoso. Pero contra todos esos pronósticos, el viernes 28 de junio, a 24 años de iniciadas las primeras tratativas para un acuerdo comercial, los representantes de ambos bloques finalmente estamparon la firma en lo que es el documento preliminar que certifica la conformidad de ambas partes.
Se trata de los trazos gruesos, que destrabaron lo que eran hasta el momento las resistencias más agudas en ambos lados de la mesa. Centralmente, por el lado de la UE, el entuerto pasaba hasta ahora por la falta de disposición de los países que más subsidian la producción agrícola (con Francia a la cabeza) a abrir sus mercados y limitar los beneficios para sus productores. Francia también incluyó, desde la llegada de Bolsonaro, la cuestión de la política ambiental, por la afirmación realizada por el mandatario de que Brasil podría abandonar los Acuerdos de París contra la emergencia climática. Pero finalmente, ante la presión de Alemania, y la necesidad de diferenciarse de Donald Trump y sus políticas de “guerra comercial”, el presidente francés Emmanuel Macron terminó inclinándose a favor de avanzar. Por el lado del bloque sudamericano, si bien hubo −y todavía se manifiestan− numerosas resistencias de sectores manufactureros, una de las principales objeciones que hizo naufragar los intentos de rubricar el acuerdo en los últimos años (especialmente por parte de Itamaraty, la cancillería de Brasil) venía siendo que las concesiones de la UE en materia agrícola −especialmente para la carne−, resultaban insuficientes. Esos escollos quedaron finalmente superados, al menos en la instancia de este acuerdo inicial.
Lo que sabemos sobre lo que se firmó
Según dieron a conocer el viernes las cancillerías, la UE aceptó liberalizar (es decir sacar aranceles y cuotas que traban el ingreso) casi el 100 % de su comercio en lo referente a bienes industriales. Esto ocurrirá de manera inmediata para el 80 % de las importaciones de productos industriales provenientes del Mercosur, y gradualmente para el restante 5 % en un plazo de 5 años. El Mercosur eliminará aranceles para el 90 % de sus productos industriales, con plazos de hasta 15 años para avanzar en “sectores sensibles”. El acuerdo favorece el comercio intraindustrial al reducir los aranceles para la importación de maquinarias y componentes. Pero las mismas industrias que se benefician con esto, como es el caso del sector automotriz que produce en la Argentina con 70 % de piezas importadas, deberán afrontar mayor competencia de autos provenientes de la UE (que actualmente tienen arancel de 35 %). El saldo seguramente será ampliamente negativo para las terminales de la región que producen con costos mucho más elevados.
En materia agrícola, que comprende el 63 % de las exportaciones de la Argentina a la UE, el acuerdo compromete a los países europeos a liberalizar el 99 % de sus importaciones, lo que no en todos los casos significa aranceles cero. Para el 81,7 % de los bienes importados la UE eliminará los aranceles. En tanto, para el 17,7 % restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas. Se excluyen algo más de 100 productos.
La carne es uno de los productos donde la liberalización es parcial. La Cuota Hilton (29.500 toneladas para la Argentina) se mantendrá en el mismo volumen, pero los aranceles bajarán del 20 al 0 %. A los precios actuales vigentes en los mercados europeos, se calcula que esto generaría ingresos adicionales por alrededor de USD 70 millones para los frigoríficos que exportan desde la Argentina (igual volumen exportado a mayor precio). A esto se agrega una nueva cuota adicional de 99.000 toneladas de importación de res con hueso para todo el Mercosur (a ser distribuida entre los países del bloque), de las cuales el 55 % debe ser enfriada y el 45 % debe ser congelada (de menor valor y calidad). Esta cuota nueva tendría un arancel de 7,5 %.
Otra cuestión importante del acuerdo es que mejorará la posición de las firmas de la UE para participar en las licitaciones públicas, facilitando que hagan pesar sus ventajas de escala económica y financiera. El texto difundido por el gobierno argentino advierte que los beneficios del “compre nacional” no se extenderán a firmas extranjeras. La gacetilla difundida por la UE señala que el acuerdo “abrirá nuevas oportunidades de negocios en el Mercosur para compañías que contraten con el gobierno”. También señala importantes oportunidades para “los proveedores de servicios en la tecnología de la información, telecomuniaciones y transporte”.
Si bien el gobierno señala que el acuerdo “no cambia las reglas del juego” en materia de propiedad intelectual, algo que ya señalan los europeos es que los países del Mercosur “implementarán garantías legales para proteger contra la imitación 357 productos europeos de alta calidad de alimentos y bebidas reconocidos como indicaciones geográficas (IG), como Tiroler Speck (Austria), Fromage de Herve (Bélgica), Münchener Bier (Alemania), Comté (Francia), Prosciutto di Parma (Italia), Polska Wódka (Polonia), Queijo S. Jorge (Portugal), Tokaji (Hungría) o Jabugo (España)”.
El tratado está todavía en el plano de las intenciones. Además de la ardua elaboración de la letra chica, que estará asediada por numerosos lobbies sectoriales, el acuerdo requerirá la aprobación parlamentaria en todos los países de ambos bloques. El plazo mínimo esperable de dicho trámite son dos años, pero lo más realista lo eleva a cinco. El acuerdo también podría morir en el intento de alcanzar su aprobación.
Por el momento, se puede afirmar las partes alcanzaron un umbral que hasta ahora no habían logrado, en un camino que todavía tiene varios obstáculos más por delante.
Ahora o nunca
El acuerdo aparece como una excepción, en un mundo en el que la tónica la da Donald Trump con sus “guerras comerciales” y su discurso proteccionista. Aunque el mismo EE. UU. suscribió con México y Canadá un acuerdo comercial, que revisó al vigente desde 1994 reafirmando los términos del libre comercio (sin que esto signifique que Trump deje de amenazar a México con imponer aranceles como amenaza para trabar el ingreso de inmigrantes desde ese país).
Un sentido de urgencia empujó a todos los participantes a dejar de lado los motivos para seguir congelando las discusiones. La actual Comisión Europea (CE) −que es el gobierno de la UE− está próxima a terminar su mandato, y podría ser reemplazada por otra menos inclinada a impulsar acuerdos comerciales, como resultado del avance de las fuerzas soberanistas de derecha en muchos países de la UE.
En la competencia internacional, la UE, con Alemania a la cabeza, necesitaba con urgencia ganar terreno en América Latina, donde las maniobras de pinzas entre un EE. UU. celoso de cuidar su patio trasero y una agresiva política de China para presentarse como contrapeso y alternativa al imperialismo yanqui en materia comercial y de integración financiera, la vienen dejando cada vez más relegada. Estos intereses podían verse frustrados si una nueva CE torpedeaba lo que habían alcanzado hasta ahora en materia de acercar posiciones con los negociadores del Mercosur.
En Brasil y la Argentina, por otra parte, se dio esta vez una confluencia de posturas que dos años atrás no existía. Durante el gobierno de Macri, que desde antes de ganar en 2015 había hecho de “volver al mundo” una bandera, la política exterior apuntó en todo momento a alcanzar un acuerdo a como de lugar. Pero, hasta la asunción de Bolsonaro, había más reparos por el lado de Brasil. Con Paulo Guedes, “chicago boy” que encabeza el ministerio de Economía de Brasil, el camino quedó despejado. A esto se sumó la urgencia del mandatario de Brasil de mostrar algún éxito, en medio de un nuevo deterioro de la economía, la incapacidad para avanzar en cualquier agenda sustantiva en casi seis meses de gobierno y la seguidilla de escándalos que lo envuelven a él y su familia.
Bolsonaro y Macri, dos presidentes que vienen sobreactuando su alineamiento con Trump, lo que entre otras cosas permitió al presidente argentino obtener del FMI un préstamo que casi duplica lo que correspondería al país por su cuota en el organismo, se permitieron sin embargo desairar al mandatario norteamericano en esta ocasión. La UE dirige este acuerdo claramente contra la política norteamericana que es discursivamente cada vez más proteccionista, aunque en los hechos avanzó mucho menos en revisar la apertura comercial.
Deseosos de ampliar los mercados agrícolas, los líderes del Mercosur estrechan sus lazos con Europa. Parafraseando a Juan Gabriel Tokatlian, podríamos decir que esto apunta a configurar en la región una “triple dependencia”, equilibrando de manera inestable (e insostenible en el tiempo) los intereses de EE. UU., China y la UE en la región y con los grupos burgueses de los países del Mercosur sacando alguna ventaja en garronear las migajas de la rapiña imperial.
Entusiastas y detractores
En el plano empresario, el avance en un pacto comercial despertó entusiasmos y objeciones a ambos lados del Atlántico. Pekka Pesonen, secretario general de la entidad que representa a los granjeros de la UE, reclamó en Twitter que “¡La Comisión Europea saliente firmó un tratado que va a incentivar el doble estándar en la política comercial y agrandar la brecha entre lo que se exige a los agricultores europeos y lo que se tolera a los productores del Mercosur!”. Pero más allá de estas objeciones, lo cierto es que, como señaló Matías Longoni, periodista especializado en el tema agrícola, la UE cedió más en los productos que no produce, como la soja, merluza, frutales, que contarán con arancel cero e ingreso sin barreras, y en cambio mantuvo la cautela en las mercancías que sí produce. En estos últimos, aunque se amplía la posibilidad de ingreso de importaciones desde el Mercosur, se aplica el sistema de cuotas, en el que “ingresan los productos que quiere defender la UE justamente porque ella los produce. Con las cuotas, entonces, mantiene bajo control la competencia con los alimentos del Mercosur ya sea con sus propios productores o con algunos productos de sus ex colonias, como el azúcar”.
Al lado de estos reclamos, numerosas firmas industriales, empezando por los grandes colosos alemanes, se frotan las manos ante la perspectiva de una ganancia de competitividad que se mide en números contundentes: a nivel agregado, la promesa es una reducción de arancelaria de USD 4.500 millones de dólares al año. Esta era una “muralla” económica que limitaba la competitividad de los capitales europeos en el Cono Sur, protegiendo a los capitales industriales radicados para la producción en alguno de los países miembros (en muchos casos las mismas multinacionales europeas que ahora reciben mayores ventajas). El tratado colocará a los capitales de la UE en posición ventajosa respecto de muchas firmas de EE. UU., China o Japón para venderle a un tentador mercado de 293 millones de personas.
Por acá, los mayores entusiasmos han estado en el agrobussiness, como resulta obvio. Pero en Brasil el acuerdo fue también saludado por la Confederación Nacional de la Industria, que engloba a los principales manufactureros del país. En la Argentina, la recepción de la UIA fue cautelosa, guardando las definiciones hasta tener más detalles sobre la letra chica, aunque ya antes su actual titular Miguel Acevedo se había pronunciado contra la apertura comercial impulsada por Macri.
La riqueza de las naciones
Desde Adam Smith en adelante, la economía política identificó incremento del comercio con aumento del bienestar, con lo cual la eliminación de trabas para el intercambio solo podría ser evaluada positivamente desde esta perspectiva. David Ricardo (en paralelo a Robert Torrens) le agregó a esto el postulado de las “ventajas comparativas”, que básicamente señala que la apertura comercial se guía por principios que hacen que cada país se especialice en exportar al mundo lo que “hace mejor”, y que esto resulta beneficioso para todos los participantes. La economía neoclásica, que hoy es la que domina en las universidades, llevó al extremo a este planteo de las ventajas comparativas, que redefine a partir de la “abundancia” relativa en la dotación de factores (insumos) que haría conveniente a cada país especializarse en el bien para cuya producción tiene mayor dotación. Sobre esta base defiende un comercio sin barreras, que permitiría que cada país se especialice en vender aquello que puede producir de manera comparativamente menos costosa, sin importar si son autos, computadoras, drones, manzanas o porotos de soja. Estas reglas serían la base para llegar al mejor de los mundos, es decir la asignación más eficiente de recursos en todo el planeta. Esta teoría mainstream enfoca la cuestión desde la mirada de los consumidores, supuestamente beneficiados por la mejora de la oferta, a precios lo más baratos posibles, que resultaría de esta operación de las ventajas comparativas.
Como teoría, la de las ventajas comparativas fue refutada hace rato. Hoy es simplemente un artilugio ideológico. En el comercio entre los países, tal como ocurre dentro de cada país, lo que domina son las ventajas absolutas: el capital más productivo (el que tiene menos costos) desplaza al que lo es menos. Los países del Mercosur tienen, tomados de conjunto, menos de un tercio de la productividad que tiene la economía norteamericana. En la UE hay países que igualan o superan la productividad de EE. UU. (como Alemania o Francia en algunos sectores), y otros que están más atrás pero sobrepasan con creces la de los países del Cono Sur. Por eso, si bien en ambos bloques el acuerdo produce ganadores y perdedores entre la clase capitalista, en la sumatoria global el balance se inclina con mucho a favor del capital europeo, donde están las abrumadoras ventajas de productividad. Esta amenaza sobre los capitales radicados en Brasil y la Argentina, se puede traducir en cientos de miles (o millones) de empleos. Como afirma Anwar Shaikh en una entrevista que realizamos en este semanario
La integración se prometió sobre la base de que sería buena para los países. Pero la integración no es buena para los países, lo es para las ganancias. Entonces la discrepancia entre lo que es bueno para los países y lo que es bueno para las ganancias es una fuente de desintegración. Los capitalistas no están revelándose contra la integración, son los trabajadores y las clases medias que dicen “miren lo que pasó con nuestros empleos y condiciones de trabajo”, y se rebelan contra ello. Y en mi opinión tienen razón en afirmar que “libre comercio” no es buen comercio o que integración no significa buenos trabajos.
Aunque muchos empresarios del Mercosur saldrán beneficiados por la ampliación del comercio, lejos de ser una vía para superar el atraso y la dependencia, promete potenciarlo. “El sentido de la idea de ‘libre comercio’ y los efectos que va a tener el acuerdo sobre los países del Mercosur son, en todos los escenarios, perjudiciales no solo para el conjunto de las clases trabajadoras sino incluso para varios de los estratos empresariales”, afirma Francisco Cantamutto, estudioso de los acuerdos comerciales del país a quien le preguntamos por su evaluación del acuerdo para esta nota.
Como anticipa (con entusiasmo) el periodista Diego Cabot desde La Nación, aumentar la productividad o extinguirse es la opción para muchos sectores (sobre todo industriales) en los países del Mercosur, siendo lo segundo mucho más fácil de alcanzarse que lo primero, como vimos en los años ‘90 cuando la apertura económica contribuyó a la destrucción de buena parte del aparato productivo (cuestión que analizamos con cierto detalle en el libro Salir del Fondo). Cabot anticipa que esto “obligará” a avanzar en las “reformas pendientes”, como la laboral. La apertura económica es otra arma apuntada contra los derechos duramente conquistados por la clase trabajadora.
“It’s a wonderful world” (un mundo maravilloso)
Pero la firma del acuerdo Macri la empujó no pensando en sus efectos a largo plazo sino mirando los próximos 30 días, como afirmó el periodista Alejandro Bercovich en su columna en BAE. Nos dice Cantamutto:
Dos gobiernos desesperados por mostrar algún resultado como son la Argentina de Cambiemos y el Brasil de Jair Bolsonaro apuraron los tantos cediendo en todos los términos para poder cerrar el acuerdo entre la UE y el Mercosur sin ningún tipo de visión estratégica sino poniendo la ideología por delante incluso de los intereses de corto plazo… Es un intento de demostración del interés por el libre comercio… Ese efecto, en el marco de las crisis políticas internas que están viviendo, es la clave para entender este apuro por cerrar el acuerdo por parte de los dos grandes países del Mercosur
Macri le habla al ciudadano-consumidor, al que pretende tentar con el horizonte de productos más baratos del resto del mundo. Que, en el caso de la minoría que pueda comprarlos, ya no sea necesario irse a Chile o Miami para comprar más barato, sino que puedan disfrutarse acá mismo las ventajas de la reducción impositiva, es la módica promesa de futuro que pretende dejar el gobierno de los CEO al cabo de cuatro años de gobierno. Sin “lluvia de inversiones”, ordenamiento macreconómico (sino todo lo contrario) y con la hipoteca de la deuda pesando como en las peores épocas, será este uno de los pocos saldos positivos que podrá mostrar. La interpelación que pretende hacer es de dudoso éxito, considerando que se palpa aquí y ahora una pérdida del salario promedio que alcanza el 20 % desde que asumió Macri. A lo que se agrega la destrucción de empleos que promete potenciar.
Al acuerdo iniciado el viernes le queda un largo trámite por delante. Entre otras amenazas no menores, está la del cambio de signo político en la Argentina en diciembre de este año. A priori podríamos pensar que eso podría amenazar la aprobación del acuerdo. Pero si algo mostró el ciclo “posneoliberal” de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández es que, a pesar de utilizaciones discursivas de la cuestión de la soberanía, fueron muy reticentes a la hora de tomar cualquier decisión que afectara negativamente aquellas cuestiones consideradas estratégicas para la “gobernanza” del capital multinacional (lo cual explica por qué no hubo “cambio estructural” de la economía, reindustrialización, ni nada por el estilo). Este tratado comercial entra en esa categoría. Como observa Cantamutto respecto de los avances que produjeron los gobiernos neoliberales en la región durante los años ‘90 sobre todo, “los gobiernos progresistas no los desmontaron, por temor a los efectos que pudieran producir. Con lo cual esta medida cortoplacista por cerrar un acuerdo va a tener efectos muy pesados sobre nuestros país de aquí en adelante”. De imponerse la oposición, evalúa que es “poco probable que desande este camino”. Si así fuera, el nuevo salto de la inserción dependiente de la Argentina para beneficio del “agropower” llegó para quedarse, marcando un paso más hacia la Argentina “competitiva” en la que solo entran 20 millones de personas con la que siempre soñó el gobierno de los CEO.
Desde el punto de vista del pueblo trabajador, es fundamental rechazar este tratado comercial que profundizará la dependencia, y movilizarse contra él. Pero no se trata de contraponerle a esta avanzada de liberalización comercial una política de “defensa del mercado interno” con algunas medidas proteccionistas, impotentes como se vio durante los gobiernos kirchneristas en un mundo capitalista cada vez más integrado y cuando no hay proyecto burgués, desde Macri hasta la fórmula Fernández-Fernández pasando por Lavagna-Urtubey, que se proponga cuestionar el lugar central del “agropower” y las multinacionales en la economía nacional. Lo que se impone es pelear por un ordenamiento económico de otra clase: desarrollar una alternativa independiente de la clase trabajadora que cuestione la dominación imperialista y de los grandes empresarios locales sobre los medios de producción estratégicos para satisfacer las necesidades de las grandes mayorías nacionales.
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