Hace un par de semanas fue publicado en el medio independiente The Clinic una investigación sobre los acuerdos militares entre Estados Unidos y Chile, los cuales estarían funcionando al margen de la ley o, en otros casos, completamente por fuera.
Lunes 19 de agosto de 2019 09:35
Estados Unidos, las maniobras militares y las neocolonias
Para nadie le es desconocida la importancia de las maniobras militares conjuntas, las cuales permiten la acción coordinada de distintos ejércitos "con fines comunes". Sin embargo, al darle una vuelta de tuerca nos encontramos con los fines políticos comunes entre la principal potencia mundial y los países periféricos: el de dar una señal de apoyo mutuo entre la potencia -EEUU reconoce un gobierno que apoya sus intereses- y el satélite -el gobierno local de turno reconoce su sumisión ante los intereses norteamericanos. Una lógica que si es llevada hasta el final, nada tiene de distinto del comportamiento de gángster donde una parte brinda su protección a cambio de beneficios económicos e influencia en la zona.
En medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China por la hegemonía económico militar mundial, es que la potencia norteamericana ha profundizado sus lazos con Chile en el terreno militar.
Estados Unidos y Chile, una relación históricamente tóxica
Tampoco es sorpresa para nadie las trágicas consecuencias que ha tenido en la historia de nuestro país las alianzas militares con EEUU. No es necesario recordar aquí el entrenamiento estadounidense que recibieron los torturadores durante la dictadura o la enorme influencia que tuvo la CIA en la planificación y ejecución del Golpe de Estado de 1973 que instaló dicha dictadura.
Sin embargo, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet -recibió formación militar en EEUU- se firmaron dos acuerdos: el de 2007 sobre intercambio de información de Investigación y Desarrollo, luego el de 2008 sobre el intercambio de Científicos e Ingenieros.
¿Cuál sería entonces el paso siguiente? Exacto, la investigación y desarrollo conjunto de armamento. Tratado firmado entre ambos países en 2016 durante el segundo gobierno de Bachelet. Sin embargo, dicho tratado no ha sido ratificado por el Congreso, siendo discutido únicamente en las comisiones de RREE y de Defensa de la Cámara de Diputados.
El Gobierno presiona al límite de la ley
Como consigna la investigación realizada por The Clinic desde agosto del año pasado, el Gobierno viene presionando -aunque sin éxito- por la aprobación del tratado. Lo primero que resalta a la luz es que dicha presión se ha realizado sin facilitar ningún tipo de documento que permita analizar las consecuencias del acuerdo. Por ejemplo ¿Cuánto le costará al Estado chileno el desarrollo de armamento? ¿De dónde saldrá esa parte del presupuesto luego de la derogación de la Ley Reservada del Cobre? o también ¿En qué parte del territorio serán probado dicho armamento en desarrollo? ¿Cuáles sería su impacto ambiental?
Lo más crítico es el hecho que se estarían realizando ya en este momento proyectos de desarrollo armamentístico -¡incluso antes de que sea aprobado el tratado!- con el apoyo de universidades y entidades privadas. Como por ejemplo el "mejoramiento" de la dotación de tanques o el desarrollo de drones controlados por voz (que contaría con el apoyo de la Universidad de Chile y el financiamiento del Departamento de Defensa de EEUU).
Estos, y otros ejemplos más, muestran la verdadera cara del gobierno de Sebastián Piñera: un agente del imperialismo norteamericano que para defender sus ganancias y su influencia en la región (basta recordar el papelón veraniego con su viaje a Colombia para visitar a Juan Guaidó, apoyando el intento de Golpe de Estado en Venezuela) está dispuesto a pasar por el lado de las leyes e incluso funcionar por fuera del ya limitado "Estado de Derecho", actuando bajo un acuerdo no ratificado.
