Este martes se registró un incendio en un centro de detención migratorio ubicado en la frontera de México con Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a las víctimas, quienes se encontraban encerradas en condiciones de hacinamiento en medio de una oleada de criminalización encabezada por el gobierno local.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 28 de marzo de 2023 13:50
La madrugada de este martes, tras una redada antiinmigrante por las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte de México, los cuartos de detención del Instituto Nacional de Inmigración (INM) fueron el escenario de uno de los crímenes más brutales contra la población migrante en el país.
Gobierno mexicano culpa a las víctimas
Los testimonios apuntan a que los migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica se amotinaron pidiendo su libertad; versiones periodísticas señalan que amontonaron colchonetas, mochilas, ropa y demás y que bajo este escenario se desató un incendio que ha cobrado la vida de al menos 40 migrantes y otros tantos heridos, varios de gravedad. Medios internacionales señalan las malas condiciones y el hacinamiento en estos centros de detención como factores determinantes en este crimen.
Las autoridades mexicanas buscan presentar este hecho como una tragedia de la cual serían responsables los mismos migrantes. Esta narrativa ha sido encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde Palacio Nacional, en la capital del país, se refirió al siniestro y señaló las protestas migrantes como la causa del fatídico saldo.
Durante las últimas dos semanas, los migrantes — en particular los de origen venezolano— fueron objeto, no solo de una campaña mediática de criminalización, sino que esta ha sido acompañada de una persecución sistemática por el Instituto Nacional de Migración, para supuestamente “retirarlos de los cruceros”.
Los migrantes constantemente han rechazado ser recluidos en los albergues de municipio, en espera de poder cruzar a los Estados Unidos. Las condiciones de vulnerabilidad los ha expuesto a la criminalidad coludida a las fuerzas policiacas. Se sabe de casos de migrantes enrolados en la venta al menudeo de droga y en la prostitución, y bajo estos casos, la xenofobia se incrementa en la ciudad.
Criminalización y represión, la verdadera política migratoria
En noviembre del año pasado, un campamento de venezolanos en los márgenes del río Bravo —frontera natural entre México y Estados Unidos—, fue desalojado con violencia por las autoridades policiales al mando del alcalde Cruz Pérez Cuellar, alegando supuestos riesgos para los propios migrantes.
Las carpas improvisadas que funcionaban con refugio temporal fueron derribadas y algunos migrantes detenidos por resistirse al desalojo.
Si quieres saber más: Gobierno desaloja con violencia a migrantes venezolanos
El alcalde local, afiliado al partido oficial, MORENA, anunció el pasado lunes 13 de marzo que el gobierno municipal endurecería su postura contra las personas migrantes que se encuentran varadas en Juárez. Este hecho tuvo lugar luego de la manifestación de cientos de personas migrantes que intentaron cruzar el puente internacional Paso del Norte el pasado domingo.
Los migrantes, principalmente venezolanos, fueron engañados el domingo 12 marzo mediante mensajes difundidos en las redes que prometían que iban a dejar pasar a las familias con niñas y niños. Tras la frustración vinieron las protestas.
Si quieres saber más: Reprimen a migrantes que se manifiestan en el puente Santa Fe de Ciudad Juárez
Cínicamente, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, se aprovechó de este hecho brutal para hacer propaganda antimigratoria, y señaló que este incendio es un "recordatorio" de "los riesgos de la migración irregular".
Instrumentalización de las demandas del movimiento de mujeres
La denuncia de que había “algunas quejas” por la presencia de hombres que piden apoyo en las calles fue la antesala de una campaña mediática de criminalización, en donde se intentó posicionar a los migrantes como asaltantes y agresores de mujeres, las noticias de la prensa local hicieron en los últimos días particular énfasis en este asunto. El secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, había señalado que las mujeres que transitan solas son quienes “se sienten intimidadas por los migrantes “. Por lo anterior, el Secretario de Seguridad Pública anunció una campaña enfocada en los migrantes, en los actos de acoso sexual en el Centro de Ciudad Juárez.
Se informó que no se permitiría nuevas manifestaciones como la del 13 de marzo: “si las personas transgreden la ley, van a ser sancionados, aunque sean migrantes”.
¡Abajo las fronteras!
Este siniestro conforma una de las páginas más negras de la política antiinmigrantes del Estado Mexicano, que se viene agravando con una subordinación mayor a los intereses del imperialismo norteamericano de cara al aumento histórico del flujo migratorio que, según la Organización Internacional para las migraciones (OIM), aumentó 8% en territorio mexicano. Tan sólo en la frontera entre México y Estados Unidos en 2022 fueron detenidos 2,76 millones de migrantes.
A pesar de los discursos de México y de Estados Unidos a favor de los derechos humanos, la realidad es que mientras en México las fronteras se encuentran militarizadas y funcionan como centros de detención permanente, en Estados Unidos se aplican leyes como el Título 42, que permite la expulsión de migrantes con la excusa de la crisis sanitaria por covid-19. Las falsas promesas de regularización, así como la creciente criminalización y represión contra la población migrante, son un caldo de cultivo para estallidos de desesperación que constituyen la expresión más cruenta de la política antiinmigrante impulsada en la región.
