La cifra resulta preocupante, tomando en cuenta el cierre de locales, las miles de suspensiones laborales, y el comercio informal como una actividad central. Queda demostrado que la crisis la sigue pagando el pueblo trabajador, y no los grandes empresarios.
Miércoles 2 de septiembre de 2020
FOTO: Puranoticia
Para nadie es una novedad la compleja situación económica que se vive hoy en la región de Valparaíso, en que la pandemia del COVID19 y las medidas de los grandes empresarios y el gobierno han arrojado a miles de trabajadores formales como informales a la desocupación e inactividad.
En ese sentido resulta alarmante la última cifra registrada en la que se señala que un 13,8% de la población de la región se encontraría desempleada, aumentando la preocupación sobre el futuro de la zona.
Esto sin mencionar que una parte importante de los trabajadores y trabajadoras se encuentran con contratos suspendidos, en una región donde una buena parte de la economía gira en torno al comercio informal.
En lo que refiere a la situación sanitaria, se suma otro elemento que aumenta la gravedad de la situación, si es que consideramos que la cuarentena afecta de una manera mucho mayor a los sectores populares de la zona por las dificultades al acceso al sistema de salud o peores condiciones habitacionales para llevar adelante cuarentenas dignas. Esto porque se debe considerar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) señaló el 2019 que el número de campamentos en el región era de 181 en total, correspondiendo a 11.228 hogares.
Una situación sin duda compleja, tomando en cuenta que para quien tiene trabajo significa a su vez la posibilidad de contagiar a algunos de sus familiares, preocupando aún más en el caso de los mayores de edad, que son parte de la población de riesgo.
Agudización de la pobreza y precariedad en el Gran Valparaíso
La pobreza se siente en las calles, donde cada vez más personas son lanzadas a la cesantía, teniendo que arreglárselas para llegar a fin de mes, teniendo que exponerse incluso al contagio o las detenciones por parte de Carabineros, que al igual que en distintas regiones del país se envalentonan contra los transeúntes o contra quienes deben desarrollar algún tipo de trabajo informal para llevar sustento al hogar.
Si bien la solidaridad de trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas intenta subir la moral frente a la difícil situación, lo que es cierto es que los arriendos, cuentas, salud, alimento y educación apremian intensamente a las familias obreras, y el 10% comienza a irse frente a todas las necesidades y dificultades que impone una pandemia y una crisis económica de carácter histórico.
Quieren condenar al pueblo trabajador; ¡Que la crisis la paguen los grandes empresarios!
Está más que claro al servicio de quién se ha desplegado la agenda legislativa del último tiempo, para los grandes empresarios, como el gremio de camioneros que parece tener chipe libre en su reaccionario paro en el cual se ven escoltados por Carabineros.
El gobierno hoy quiere hacer la vista gorda con una hipócrita vuelta a la normalidad, y con la cocina del plebiscito en sus espaldas. Pero quien sigue padeciendo la crueldad de este sistema de explotación y miseria sigue siendo la clase trabajadora y sectores populares junto a sus familias.
Así, acostumbrado a entregar bonos y migajas para salir al paso, se aprovecha a su vez de la pasividad de las grandes centrales de trabajadores, y sindicatos como la CUT, que han mantenido una tregua constante, y sin desplegar la fuerza del gran malestar que vimos hace unas semanas con decenas de cacerolazos, y protestas, haciendo temblar al gobierno.
No podemos dejar que la crisis la pague el pueblo trabajador, es necesario pelear por el impuesto a las grandes fortunas, junto con la estatización de sectores estratégicos de la economía bajo control obrero y comunidades, como podría ser el caso del puerto en la ciudad de Valparaíso, para que las ganancias no se la lleven los magnates, sino que vayan en función de satisfacer las urgentes necesidades del pueblo trabajador.
