Para el especialista del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, al colocar a Arribas y Majdalani como jefes de la inteligencia Macri reafirma el “modelo de oscuridad y arbitrariedad”.
Sábado 13 de agosto de 2016
Foto: Osvaldo Ripoll/La Gaceta
La muerte del fiscal Alberto Nisman hizo que la injerencia de los servicios de inteligencia en la política y la justicia quedase a la vista de todos, al menos durante el tiempo que duró la implosión. Los cambios estéticos de Cristina Fernández durante 2015 no modificaron nada en el tablero. Algunos de los pocos y tardíos avances, como fue que la ex Dirección de Observaciones Judiciales pase a la órbita de la Procuración y la visibilización de una parte de la caja y la estructura orgánica, hoy están en el centro del tironeo con el Poder Ejecutivo que, como se vio la semana pasada, tiene todas las de ganar.
Como si fuera parte de una fábula, Mauricio Macri situó a la cabeza de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al intermediario de la AFA Nº02-005- (de acuerdo con la circular FIFA 1519) Gustavo Arribas. Ante el tratamiento de su pliego -junto con el de la también cuestionada Silvia Majdalani-, Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que agrupa a numerosas organizaciones civiles, impugnó ambas candidaturas.
El eje de los cuestionamientos es la decidida postura de que la transparencia -de la caja y la estructura orgánica de la AFI, por caso- sólo sea un acto de fe en los funcionarios, la falta de antecedentes y “la resistencia a permitir el control de idoneidad”. La respuesta fue el cierre de filas entre el oficialismo y el PJ.
Sin embargo, un elemento parece haber logrado desprenderse de las controversias, quedando como en un limbo: la relación entre inteligencia y la justicia federal. Uno de los principales especialistas, Alberto Binder, integrante del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, historizó el vínculo, se refirió a las consecuencias y revisó lo hecho por el gobierno nacional hasta ahora.
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¿Se puede historizar la relación entre los servicios y los jueces?
Sumado a la crisis de las capacidades de investigación de la propia Policía Federal. De esa manera los jueces comienzan a delegar las investigaciones en los agentes de inteligencia y éstos se acostumbran a participar en actividades operativas como si fuera una policía.
A partir de esa dinámica comienza a crecer la expansión de los servicios de inteligencia para finalidades políticas o de administración del delito a través de cuasi informantes o agentes de campo, a la vez que se va construyendo de a poco una gran caja de favores mutuos y tráfico de influencia que fue manipulada por la dirigencia política, por la justicia federal y por los propios dirigentes de los servicios de inteligencia.
¿Cuáles son las principales consecuencias?
¿Qué caso considera como emblemático?
¿Hubo cambios de fondo a partir del cambio de Gobierno?
En ese sentido, las propuestas del nuevo gobierno han sido una ratificación del modelo anterior, que se debe abandonar y que causa una profunda distorsión de toda la justicia federal, a la vez que empuja a los servicios de inteligencia hacia modelos operativos muy negativos para el país. Lastimosamente el Senado no parece dispuesto a realizar un control sobre los nombramientos, pese a que ese fue unos de los avances de las reformas del último año.
Sólo en ocasiones los gobiernos se animaron a meterse de lleno con la estructura de inteligencia, antes tuvieron que sobrevenir crisis indisimulables. Con la cúpula de la AFI atravesada por la cercanía política sin el resguardo de la idoneidad profesional, el macrismo se dispone a proyectar la remake de los ciclos anteriores.
