Edelap es producto de las privatizaciones de los 90. La electricidad bonaerense está en manos de un monopolio propiedad del empresario Rogelio Pagano, quien lleva años viviendo de los favores del Estado.
Daniel Satur @saturnetroc
Martes 25 de junio de 2019 11:57
Foto El Día
Decenas de miles de vecinas y vecinos de la región norte de La Plata llevan más de cien horas sin electricidad en sus hogares y comercios. Y la locura de mendigar grupos electrógenos, de perder alimentos en heladeras y de vivir a oscuras en medio del frío de junio no se compensa con las promesas oportunistas del intendente Julio Garro que ahora dice que va a “ir a fondo” contra la concesionaria Edelap. La campaña electoral también está cargada de mucho cinismo de funcionarios amigos de los CEO.
En medio de la angustia que puebla las casas de Villa Elisa, City Bell, Arturo Seguí y Villa Castells, parece que pocos medios regionales y nacionales quieren hablar de algo lógico: ¿quiénes son los responsables de semejante ataque a las condiciones de vida de la población? No quieren, evidentemente, meter el dedo en la llaga ni molestar a los poderosos.
Vale la pena recordar quiénes están detrás de esta estafa monumental, basada en obtener ganancias multimillonarias (con subsidios dadivosos y/o cobrando tarifas siderales) a cambio de dar un servicio decadente (y a veces directamente no darlo). Personajes que se han llevado de maravillas con todos los gobiernos que pasaron desde las privatizaciones noventistas y de quienes han obtenido infinidad de regalos.
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Pagano no paga
En marzo de 2017 la empresa Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (Desa) compró la platense Edelap. Así logró concentrar más de la mitad de la distribución de electricidad en la provincia de Buenos Aires, ya que también maneja Eden en el norte y centro bonaerense, Edea en la Costa Atlántica y Edes en el sur.
Desa es propiedad de Rogelio Pagano, un capitalista surgido del mercado financiero que ya alcanzó el grado de monopolista en el área de la distribución energética. Un estatus alcanzado a base de vulnerar (con la complicidad estatal) muchas de las regulaciones nacionales y provinciales vigentes desde la época de las privatizaciones.
El sociólogo e investigador de Flacso Federico Basualdo realizó un informe en 2018 en el que denuncia con datos, nombres y apellidos “la violación del marco regulatorio en el funcionamiento actual de la distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires”, ya que esas regulaciones en teoría promueven “la competencia y mercados competitivos” pero en la práctica no se aplican.
Durante los años previos a entrar al negocio energético, Pagano había trabajado al servicio de multinacionales como el Citibank, el Bank of America y Deutsche Morgan Grenfell, entre otras. A mediados de la década pasada, de la mano de Marcelo Mindlin (amigo de Mauricio Macri) y de Alejandro Macfarlane, llegó a ocupar la dirección del Grupo Dolphin, parte de Pampa Energía (uno de cuyos mayores inversores es el terrateniente inglés de la Patagonia Joe Lewis, también amigo de Macri).
Siendo director financiero de Edenor (Dolphin) se encargaría de motorizar varias operaciones de compra, recompra y fusión de empresas del sector. Según el informe de Flacso, primero se convirtió él mismo en dueño de Edesa, la distribuidora de energía de Salta, que se la compró a su jefe Mindlin por U$S 23 millones. Fue en 2012, tras armar la sociedad Power Infraestructure con el empresario venezolano Miguel Martínez Mendoza.
En 2013 le compró, también a Edenor la distribuidora Eden (del norte bonaerense) por U$S 80 millones. Así entraba en territorio provincial, con el aval tanto del Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y del gobernador Daniel Scioli.
Con chapa de “empresario energético”, Pagano decidió en 2014 romper la sociedad con el venezolano Martínez Mendoza y luego armó su propio “emprendimiento” Desarrolladora Energética Sociedad Anónima (DESA). Para 2016 ya le había comprado a su exsocio las acciones que este tenía en Edesa, Eden y Edes (esta última comprada de la misma manera que las anteriores). En total Martínez Mendoza le cobró a Pagano unos U$S 300 millones por toda la operación.
Finalmente a principios de 2017 Pagano le compró a su amigo Alejandro McFarlane (quien lo había hecho ingresar una década antes al negocio de las distribuidoras) las acciones que este tenía tanto en Edea (de la Costa Atlántica) y de Edelap. Es decir que ya lleva dos años y medios siendo el (ilegal) magnate de la energía eléctrica de la provincia. Todo un emprendedor, al decir del presidente.
Pagano nombró al frente de Edelap a Guillermo Coltrinari, ex CEO de la salteña Edesa con estrechos vínculos al gobernador Juan Manuel Urtubey.
En su estudio publicado por Flacso, Basualdo concluye que Pagano, Martínez Mendoza, MacFarlane y Mindlin pergeñaron de forma consciente las operaciones que llevaron años para convertir a DESA en un monopolio de la distribución eléctrica en toda la provincia de Buenos Aires.
Monopolio amigo de todos y todas
Eden, Edea, Edes y Edelap alcanzan al 58,8 % de los usuarios bonaerenses y al 65,2 % de la energía distribuida de la provincia de Buenos Aires.
Hasta los años 90 la distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires estaba en manos de la estatal Segba, que con las privatizaciones menemistas fue dividida en cuatro empresas generadoras y tres distribuidoras (Edesur, Edenor y Edelap). En el interior la vieja Eseba fue fragmentada en las posteriores Eden, Edea y Edes.
Según las normas surgidas de las privatizaciones, la llamada “desintegración horizontal” en unidades económicas diferenciadas tenía el objetivo de promover la “competencia por comparación” entre empresas de servicios. Esa actividad privada debía ser monitoreada y controlada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), que debía “prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o de abuso de posición dominante”.
A más de dos décadas de ese proceso privatizador, lo que era en cierta medida un “monopolio estatal” de la distribución de energía (manejado de forma fraudulenta y negligente por el Estado que llevó a esas empresas a la decadencia), se fue transforman sin prisa pero sin pausa en un verdadero monopolio privado que llena los bolsillos de un puñado de usureros y mantiene en la misma decadencia un servicio que debería ser derecho básico de la población, alejado de todo fin de lucro.
Ese proceso, aunque ahora se escuchen voces “progresistas” pataleando frente a los apagones y las largas jornadas sin luz, contó con la complicidad de todos los gobiernos que siguieron al de Menem, como los de De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Y en la provincia de Buenos Aires los cómplices también tienen nombres y apellidos: Duhalde, Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal. Pero ninguno de todos ellos se haca cargo.
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Solo la izquierda plantea una solución racional y efectiva a esta crisis que ningún gobierno capitalista está dispuesto a resolver. Cada vez se hace más urgente la estatización total del sistema de generación y distribución de la electricidad (y del resto de la industria energética) sacándola de las garras empresarias.
Y para no volver a la vieja e ineficiente Segba, esa estatización deberá dar paso a la administración de la producción en manos de técnicos y operarios de esas empresas junto a especialistas de las universidades e institutos científicos estatales y comités de usuarios populares. Con tarifas accesibles para la población trabajadora y garantizando el suministro de ese servicio elemental a todos los habitante del país, tengan o no recursos para pagarlo.
Lo demás es puro cuento, para encubrir a los que siempre se la llevan en pala.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).