En el marco de los incendios que se vienen sucediendo en todo el país, el pasado miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto 6/2022 que declara la emergencia ígnea para todo el territorio argentino. Años de desfinanciamiento y una medida insuficiente.
Viernes 14 de enero de 2022
Durante todo 2021 y en lo que va del 2022 estamos viendo cómo se prende fuego el país: once provincias incendiadas (Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Corrientes). Se registraron más de 120 mil hectáreas quemadas, a raíz de lo cual se declaró la emergencia ígnea nacional. Se trata de una problemática directamente vinculada a las sequías que a su vez se ligan al cambio climático y las actividades extractivistas como el avance de la frontera agrícola, el monocultivo de pinos, y también al negocio inmobiliario. La devastación producida por los incendios además, se traduce en suelos yermos con peligro de derrumbes y deslizamientos.
🔴 Fires🔥 in northern #Argentina🇦🇷 near #Paraguay🇵🇾 11 January 2022 #Copernicus🇪🇺 #Sentinel-2🛰 #RemoteSensing #OpenData #scicomm https://t.co/54sn9QnbSH pic.twitter.com/GBpPj8jZT1
— Pierre Markuse (@Pierre_Markuse) January 13, 2022
El pasado 28 de diciembre por medio de la Resolución 484/21 se declaró por doce meses el estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional con el objetivo de “fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, rurales y de interfase (...) a efectos de prevenir y mitigar los daños ambientales, personales y patrimoniales que estos provocan”. En ese sentido, el decreto 6/2022 supone la “agilización y simplificación del trabajo conjunto y coordinado entre organismos nacionales, provinciales y locales competentes bajo las premisas de celeridad, economía, sencillez y eficacia”. El decreto se enmarca tanto en la Ley de Manejo del Fuego 26.815 sancionada en 2013 que prevé los presupuestos mínimos de protección ambiental en relación a la prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales por la cual se creó el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema.
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Más allá de la foto del ministro de ambiente y desarrollo sustentable, Juan Cabandié, en distintos lugares mostrándose preocupado y trabajando para apagar la emergencia, la realidad es que poco y nada se ha hecho para evitar las catástrofes que implican destrucción y muerte de territorio, fauna nativa, viviendas y enormes cantidades de emisiones de carbono a la atmósfera que agravan la situación de calentamiento en la región.
La Ley de Manejo del Fuego ha sido desfinanciada en estos últimos años, a la vez que han avanzado las quemas en el territorio. En este marco, el decreto parece más una lavada de cara del gobierno frente a la inacción y desfinanciamiento criminal que un aporte concreto a la raíz del problema, asociado a la matriz extractivista que el propio gobierno impulsa.
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