Historia. Argentina, 1985: ¿quién fue Julio César Strassera?

La precuela del Juicio a las Juntas Militares

La transición a las democracias de la década del 80 fue un proceso amplio que abarcó al conjunto del continente. En nuestro país, moldeado por la lucha de los organismos de Derechos Humanos, la crisis por la capitulación militar en la guerra de Malvinas y el clima antidictatorial de amplios sectores sociales, implicó la adopción del gobierno de Alfonsín -e incluso de un sector de la Justicia que había colaborado con el régimen anterior-, de una serie de medidas como el Juicio a las Juntas como parte de una política de conjunto para legitimar el nuevo régimen. La excepcionalidad Argentina la impuso este movimiento. La película omite a este protagonista donde los héroes son el fiscal y su equipo.

¿Quién fue Strassera y cómo llegó a ocupar el cargo de fiscal general en el Juicio a las Juntas?

El fiscal Julio Strassera ganó notoriedad con el Juicio a las Juntas en 1985. Falleció el 27 de febrero de 2015. Ese día la opinión pública lo canonizó como el “héroe de la democracia”.

Raúl Alfonsín, quien como presidente de la Nación era también el jefe de fiscales, nombró a Strassera para que presentara las pruebas contra las tres primeras Juntas Militares, excluyendo a la cuarta y última presidida por Reynaldo Bignone. A su vez, este proceso judicial excluyó a todos los responsables civiles y miembros de la Triple A y de las fuerzas de seguridad que participaron del genocidio de clase.

El fiscal presentó su acusación bajo la llamada Teoría de los dos demonios, que construyó la Conadep, organismo creado por Alfonsín. Esta teoría, que en Argentina 1985 se menciona con claridad, igualaba, entre otros aspectos, el accionar de las organizaciones guerrilleras con el aparato estatal dominado por los militares. Reduciendo el genocidio a una guerra entre bandos.

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Del juicio a la Juntas

El 9 de diciembre de 1985, el Juicio a los excomandantes llegaba a su fin con la lectura de la sentencia, en la que Rafael Videla y Eduardo Massera fueron condenados a prisión perpetua. El resto de los procesados recibieron penas menores y algunos fueron absueltos.

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El fallo dejó en evidencia que el verdadero propósito del Poder Judicial no era enviar a los genocidas a la cárcel, sino dar signos de recomposición institucional, limpiar su propia imagen y la de las Fuerzas Armadas, y dar los primeros pasos hacia el “Punto final”. Al día de hoy justifican su decisión de salvar a la inmensa mayoría de los genocidas por el todavía latente peligro del Partido Militar, cuando en realidad realizaron el juicio porque temían que la movilización popular saldara cuentas con todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

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Fiscal en dictadura y en democracia

Durante la dictadura, Strassera juró por las actas del Proceso que los miembros de la Junta Militar suscribieron en el edificio Libertador el día 24 de marzo de 1976. En esos años fue responsable de archivar las causas abiertas para investigar el asesinato de cinco curas palotinos.

Sobrevivientes y familiares de víctimas de los delitos de lesa humanidad lo acusaban de haber rechazado varios pedidos de hábeas corpus entre 1976 y 1981 -año en que fue nombrado juez de sentencia- y de haberse negado al pedido del exgobernador de Santa Cruz Jorge Cepernic, quien solicitaba la inconstitucionalidad de su detención, en plena dictadura.

Fue Strassera quien en 1977, como fiscal, le tomó declaración a Lidia Papaleo, esposa del dueño de Papel Prensa David Graiver -perseguido por los militares por su vinculación con la organización Montoneros-.

En el Pacto de Olivos firmado entre Alfonsín y Menem, a fines del ‘93, Strassera fue como candidato de la UCR en lista a convencional constituyente por la Ciudad de Buenos Aires. En el 2003, Strassera se afilió al partido fundado por Leandro Alem, luego del sangriento final de la Alianza y del gobierno de Fernando De La Rúa. En el 2006 fue el abogado defensor de Aníbal Ibarra en el juicio político que terminó con su Gobierno luego de la tragedia de Cromañón.

Derechos humanos

Cuando el gobierno de Cristina Kirchner, en plena disputa con el grupo Clarín, reflotó las denuncias por haberse apropiado de papel prensa durante la dictadura, el exfiscal Strassera expresó que “no existían pruebas” de que Lidia Papaleo De Graiver hubiera sido obligada, en 1976, a firmar la entrega de las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. La “corpo” lo entrevistó cada vez que necesitó de sus servicios para horadar al gobierno kirchnerista.

Cuando Mauricio Macri cuestionó a la presidenta Kirchner sobre el tema del manejo oficial de los derechos humanos y prometía, de llegar a la presidencia, terminar con “el curro de los derechos humanos”, el exfiscal salió apresurado a celebrar sus dichos y sostuvo: "Aplaudo lo que dijo Macri, porque dijo la verdad. Es el curro de los derechos humanos”.

Pero lo más terrible de sus declaraciones fue cuando sostuvo, luego de la anulación de las leyes de impunidad que permitieron condenar a los militares, que “hoy en la Argentina no hay groseras violaciones de derechos humanos, salvo con los militares que tienen presos. Los derechos humanos, a mi juicio, son aún para los violadores de los derechos humanos. Y resulta que un homicida violador, con 70 años de edad va a su casa y un militar con 90 años, con una enfermedad terminal, tiene que estar detenido en la cárcel. Me parece una barbaridad”.

Y en esta guerra de acusaciones, entre el kirchnerismo y el fiscal, cada uno dejó traslucir parte de la verdad. Sobre el gobierno de Cristina Kirchner, Strassera sostuvo que “el partido hoy gobernante avalaba la ley de autoamnistía, se negó a formar parte de la CONADEP, jamás se preocuparon por los Derechos Humanos. Nunca. Jamás. Ni Néstor Kirchner, ni su mujer. Y ahora vieron el negocio y ¿ahora están desesperados por los Derechos Humanos? Me parece de una hipocresía gigantesca”.

Argentina, 1985

La película, que, como decíamos, pone en primera plana a los desaparecidos y algunos de los testimonios más emblemáticos como el de Adriana Calvo, centra su mirada en el rol que juega Julio Strassera y el equipo de jóvenes que colaboran con él y el fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo.

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El film de Santiago Mitrede Santiago y el co-guionista Mariano Llinás está construido desde esta perspectiva, los héroes individuales. Contextualiza, para dar carnadura a esos personajes, el poder que todavía conservaban los militares al momento del juicio, lo que les permitía amenazar a testigos, a los fiscales y jueces que integraban el Tribunal. Omite, sin embargo, que el movimiento democrático logró la excepcionalidad argentina. Los organismos de Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, los sobrevivientes, estaban rodeados de un amplio apoyo popular que, movilizados, enfrentaban ese terror que retrata la película y exigian conocer el destino de los desaparecidos y de los bebés apropiados en cautiverio, así como juicio y castigo a los genocidas.

El movimiento democrático

El Juicio a las Juntas, la anulación de las leyes de impunidad, así como los juicios de lesa humanidad, se conquistaron con la lucha. Ningún gobierno nos regaló el derecho a juzgar y condenar a los genocidas. Ni radicales ni peronistas, ni el gobierno de los Kirchner.

Esta lucha se inició en los años de la dictadura, que, encabezado por las valientes madres y familiares de víctimas, comenzó a denunciar la violación a los derechos humanos. La clase obrera también fue parte de la lucha y abonó a horadar el poder de facto. Resistió a la dictadura desde 1977 y en marzo de 1982, una enorme movilización convocada por la CGT irrumpe en Plaza de Mayo. Los manifestantes coreaban “se va a acabar la dictadura militar”.

Ni las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos, resignaron a toda una generación en continuar exigiendo justicia.

Esta lucha persistente es la que logró que el 21 de agosto de 2003 fueran anuladas las leyes de impunidad. De nuevo, no fue un gobierno quien otorgó este derecho. Fue la lucha implacable, que se transmitió de generación en generación, que logró, 27 años después del golpe, que Argentina se convirtiera en el único país -víctima del Plan Cóndor- en llevar a juicio a partes de los genocidas. Incluso, a finde de los años 90 -cuando se descubren en Paraguay los “Archivos del terror”-, en el país se realizaron los Juicios de la Verdad donde se investigó esta acción coordinada por Estados Unidos en la región desde 1975.

No permitir que se olvide el ejemplo emblemático de Argentina, por el rol que jugó el amplio movimiento contra la dictadura que reclama hasta hoy juicio y castigo a los genocidas, es poner a disposición esta historia para que persista esta lucha contra la impunidad.