Lesa Humanidad. Arrancó el juicio por la causa Feced III

Tras una larga espera, finalmente comenzó el juicio por la causa Feced III.

La jornada empezó ayer a las 9.30 en Tribunales Federales de Rosario, ubicado en Bv. Oroño al 900. Allí se aglutinaron diversas organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos que se acercaron para demostrar su apoyo a testigos y querellantes de la causa.

Los tres intentos fallidos de arranque se dieron el 16 de marzo y el 8 de junio del año pasado, y el 13 de marzo del corriente año. Los supuestos motivos de las suspensiones estaban relacionados al traslado de uno de los jueces integrantes del tribunal o a la no asistencia de uno de ellos, debido a que se tenía que presentar en otro juicio en San Nicolás. Ambas partes eran notificadas sobre la marcha con tan solo 48 horas de anticipación al juicio.

Tales postergaciones trajo amargas consecuencias para las víctimas y aquellos que las acompañan: el juicio ya no puede contar con la presencia del sacerdote imputado Eugenio Zitelli, partícipe y cómplice de los homicidios perpetuados por los represores, dado que falleció la semana pasada, logrando así evitar que la historia lo condenara penalmente. El rol que jugó el cura ante los métodos de tortura fue bendecir perversamente a las propias víctimas en el Servicio de Informaciones.

Por otro lado, Norma Ríos, referente nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), declaró para La Izquierda Diario que este juicio se diferencia de los demás, ya que "por primera vez habrá 80 víctimas nuevas". Además, señaló que, en este juicio en particular, "la APDH se hizo cargo de 130 víctimas que no tenían representación".

Gabriela Durruty, abogada integrante de la querella de APDH en la megacausa Feced III, hizo referencia a que la demora en el inicio de la misma "está redundado en garantizar cada vez más impunidad". Durruty espera a que las audiencias se aceleren, pues "los imputados son mayores, las causas se dilatan y eso llevará a que fallezcan impunes también". En el juicio también actúa como querellante la Asociación HIJOS Rosario.

Por su parte, Celina Tidoni, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), afirmó que: "Ante un nuevo juicio insistimos con la necesidad de que se abran los archivos. No podemos permitir que la muerte natural de los genocidas los deje impunes. Durante todos estos años se ha juzgado a un puñado de genocidas y seguimos buscando a los niños apropiados." Y agregó: "En un contexto en el que quieren volver a la ’Teoría de los dos demonios’, con un gobierno que se benefició con los negocios en la dictadura, tenemos que redoblar la apuesta exigiendo que todos los responsables sean juzgados: los militares, pero también los civiles, como la causa del Villazo que sigue sin ser elevada a juicio, donde están implicados los empresarios de Acindar."

Represores versus víctimas

La causa Feced III cuenta exactamente con 13 imputados. Ellos son: Alcides Ibarra, Carlos Ulpiano Altamirano, Daniel González, Eduardo Dougour, Ernesto Vallejo, Héctor Gianola, José Carlos Antonio Scortechini, José Rubén Lofiego, Julio Fermoselle, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Ramón Rito Vergara y Ramón Telmo.

Los genocidas incriminados están siendo acusados por delitos de privación ilegal de la libertad con agravantes; tormentos agravados; abusos sexuales agravados (en este caso hay un solo acusado y es Marcote por dos víctimas); homicidios agravados (20 víctimas) y asociación ilícita en el caso de aquellos que no fueron juzgados con anterioridad por dicho delito.

Cabe destacar que no todos los imputados están siendo juzgados por homicidio, pero es imposible pensar que se podía estar ajeno a estos acontecimientos. El sólo hecho de ser cómplices y colaboradores de semejantes atrocidades tendría que ser motivo de sobra para juzgarlos como homicidas.

El número de víctimas de estos genocidas es alarmante. La causa cuenta con 143 personas que estuvieron detenidas y en cautiverio en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el centro clandestino de detención y tormentos más grande de toda la provincia en la última dictadura en Argentina.

Por otra parte, el juicio cuenta con 322 testigos, todos ellos sobrevivientes y familiares, además de especialistas.

Amenazas a miembros de organizaciones

El miércoles de la semana pasada organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos realizaron una denuncia por amenazas, intimidaciones y hostigamientos. Miembros del Espacio Juicio y Castigo indicaron que, más allá de las dificultades y trabas para el inicio de este juicio, no se dejarán intimidar por las amenazas sufridas en los últimos tiempos.

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El fiscal que investiga las amenazas, Gustavo Ponce Asahad, reveló que ya fueron identificadas 15 personas y que se procederá a la detención de las mismas.

En las amenazas intimidatorias se podían ver mensajes como: "Están todos secuestrados", "Prepárense para ser raptados" o "Disfruten sus últimas horas libres", todas ellas provenientes de grupos de WhatsApp que se autodenominaban "El Nuevo Videla", "Muerte a las denunciantes", "Zitelli Vive", "Muerte a Milagro Sala", el "Tucu vive" o "Fiscales hijos de puta".