Transición energética. Batakis: la ministra con “formación ambiental" para la profundización de la agenda extractivista

“La energía a nosotros nos puede dar una oportunidad enorme, porque Argentina tiene todas las condiciones para generar, por ejemplo, hidrógeno. También las de minería para ser el desarrollador de baterías de litio... Vaca muerta es una gran oportunidad, el gasoducto es una gran oportunidad…”. Las palabras son de Silvina Batakis, flamante ministra de Economía, en el oficialista C5N a poco de asumir en el cargo. Se trata de una reafirmación de principios de alineamiento con los ejes centrales de la matriz extractivista de este gobierno, basada en la mercantilización y depredación de los bienes comunes naturales de la mano del capital trasnacional para generar divisas para pagar la deuda con el FMI. En este caso, alrededor de la transición energética.

Lo llamativo es que horas antes nada más, algunas voces dentro del ambientalismo habían hecho públicas sus expectativas en que el trueque de Guzmán por Batakis, consensuado entre CFK y el presidente, redundara en cierto giro hacia una conciencia ambientalista en la cartera. Estas se apoyaban en el hecho de que la ministra realizó, entre otros, un posgrado en ambiente en Flacso, un máster en Economía Ambiental en la Universidad de York y se desempeña como docente de Economía Ambiental en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Pero estas expectativas fueron rápidamente desmentidas.

Megaminería y litio

Es que su trayectoria como funcionaria choca directamente con esas expectativas. Previamente a su designación, Batakis se desempeñó en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, desde donde impulsó la megaminería del litio. En octubre del año pasado participó del encuentro de la Mesa Interprovincial del Litio junto al por entonces secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel y los gobernadores de Jujuy Gerardo Morales, de Catamarca Ruben Jalil y de Salta, Gustavo Sáenz. En la misma se suscribió un tratado interprovincial para la creación de la Región Minera del Litio.

“El litio, en particular, es una oportunidad para mostrar la buena articulación entre las provincias y los ministerios, y también entre ellas y el Gobierno nacional, lo que permitirá aprovechar una oportunidad única, que es la exportación y desarrollo del valor agregado en todo lo relacionado con la cadena del litio, y que no solo otorgará beneficios a la región sino a todo el país”, señalaba Batakis en esa ocasión.

La minería de Litio, clave para la construcción de baterías, ocupa un lugar central en la transición energética “corporativa” o empresarial frente a la crisis climática global, una puesta en función de generar ganancias al capital mediante la extracción de plusvalía y la destrucción de la naturaleza. En el caso de litio, las técnicas desplegadas utilizan enormes de cantidades de agua y destruyen fuentes hídricas esenciales para la vida de las comunidades y ecosistemas andinos en el noroeste del país (que forma parte de “triángulo del litio” –junto a Chile y Bolivia–, que concentra el 53% de las reservas globales de ese mineral). Los humedales altoandinos, que tienen un rol clave para la vida en esos territorios, son grandes afectados por esta actividad.

Como señalan los especialistas Melisa Argento, Ariel Slipak y Florencia Puente [1], se trata de un “esquema ‘extractivo-predador-exportador’ de la naturaleza y los bienes comunes”, cuyos “anuncios permanentes de ascenso en la cadena de valor –como el que hizo la Ministra en el canal oficialista– ha estado supeditada a la legitimación de la actividad extractiva”. Las grandes beneficiarias son transnacionales como la autraliana Orocobre o Livent Corporation, que determinan cómo y qué se produce, lo que es garantizado a su vez por una legislación a medida. El concepto de “acumulación por desfosilización”, referenciado en el de acumulación por desposesión con el que el geógrafo marxista David Harvey para analizar la depredación capitalista en el neoliberalismo de la naturaleza, describe estos emprendimientos que promueve la Ministra.

Por supuesto, los gobernadores de la mesa de Batakis no dudan en utilizar la represión frente a las poblaciones que se movilizan, como se puede ver con Jalil en Catamarca o como intentó Arcioni en Chubut.

El litio necesita de un visión articulada y estratégica. La planificación para el desarrollo federal que nuestro ministro Wado de Pedro y el presidente han decidido encarar nos permitirá generar trabajo genuino en cada provinciahttps://t.co/NsyfiFi4C0

— Silvina Batakis (@sbatakis) June 5, 2021

El hidrógeno “verde”

La producción de hidrógeno es otro de los megaproyectos de transición corporativa en clave extractivista que impulsa el gobierno nacional junto a gobiernos provinciales a ambos lados de la grieta. Se trata de la producción de hidrógeno y amoníaco, vectores para el transporte de energía eólica, utilizando enormes cantidades de agua potable (que en el mejor de los casos potabilizará desde el mar descargando grandes concentraciones de sal en la costa de esa provincia) y de energía eólica producida, en principio, en un territorio de 650 mil hectáreas solo en Río Negro (el tamaño de El salvador, o 31 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires), que son cedidas por décadas a la empresa, más una franja en la provincia de Chubut donde Fortescue y otros capitales especulativos ya están comprando campos para instalar los molinos eólicos.

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Todo esto sin ningún tipo de estudio o planificación de impacto ambiental ni consulta informada con las comunidades afectadas, de la mano de la multinacional australiana Fortescue, cuya actividad principal es la megaminería de hierro. Nuevamente, exportación de agua y energía, destinadas a garantizar la transición energética no del país, sino de empresas multinacionales y recaudar dólares para el pago de la deuda al FMI. La energía eólica podría ser fuente de una transición energética "justa", generando nuevos puestos de trabajo y mejorando el acceso a la energía para los sectores populares, si estuviera en manos de sus trabajadores, desde abajo, lo opuesto a este tipo de transición corporativa.

Fracking en Vaca Muerta

La “gran oportunidad” que ve la ministra Batakis en Vaca Muerta implica la extracción de combustible fósil en un contexto de crisis climática histórica, generando más gases de efecto invernadero, mediante una técnica destructiva y contaminante como la fractura hidráulica o “fracking”, que va de la mano con un ataque constante a las condiciones de trabajo en el sector. Contaminación directa por desechos, sismos constantes, inequidad en el acceso a la energía, enormes subsidios y beneficios estatales para ganancias empresarias y dólares que se van en el pago de la deuda.

El gasoducto al que hace referencia, además de ser un gran negocio a medida para Techint, que opera su propia compañía de combustible fósil, apunta a la exportación de gas, presentado como un “combustible puente” para la transición energética, nuevamente para generar divisas para el pago de la deuda. Pero el “puente”, más allá del greenwashing, lleva a aumentar el calentamiento global, en tanto se trata centralmente de metano, que no solo es un combustible fósil cuya combustión genera dióxido de carbono, sino que liberado directamente a la atmósfera genera hasta 84% por ciento más efecto invernadero que el dióxido de carbono en las primeras dos décadas. (Por estas horas se conoció que Transportadora Gas del Norte reconoció la liberación directa de un millón de metros cúbicos de metano a la atmósfera, el equivalente al consumo de dióxido de carbono de 12 mil automóviles.)

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Humedales en la mira de la agroindustria

Pero en la entrevista con Sylvestre en C5N, la ministra deslizó una referencia aún más inquietante: “no lográbamos en la historia argentina que los gobernadores se pusieran de acuerdo para poder recuperar y ampliar la frontera productiva de esa zona para todo el país. Y la verdad que eso lo hemos logrado […] nuestra idea ahí es recuperar un millón de hectáreas aproximadamente para suelo agrícola y ganadero. Y eso es lo que yo decía antes: cuando uno logra incrementar la oferta, es uno de los elementos que hacen a que baje la presión inflacionaria.”

¿A qué se refería? Ni más ni menos al plan de transformar los bajos submeridionales, ubicados en Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, uno de los humedales de mayor importancia de nuestro país, que albergan una biodiversidad única, en territorios destinados a la agroindustria.

“Básicamente, lo que a priori analizamos es que se trata de una zona ideal para la actividad ganadera, aunque también agrícola, y con las obras finalizadas conferiremos un gran valor agregado a esta explotación primaria. Y esto no sólo es impulsar la obra pública para evitar inundaciones o sequías, sino también para perfilar la dirección de la región en un sentido productivo”, aseguraba en Abril Batakis al respecto, por entonces desde la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. ¿Estudios de impacto ambiental? ¿Planificación de las transformaciones? Ausentes. No extraña de un gobierno que sigue cajoneando la Ley de Humedales.

.@sbatakis me acaba de dar un golpe de realidad al decir "recuperar 1.000.000 de ha productivas" hablando de los Bajos Submeridionales, una de las regiones de mayor biodiversidad del país. Evidente que la dramática crisis ambiental no está en agenda. #LeyDeHumedalesYa

— Kini Roesler (@kinipolegus) July 5, 2022

Con lo dicho queda claro que el cambio de nombres, lejos de las ilusiones cifradas en la “formación ambiental”, no altera la matriz extractivista que viene impulsando este gobierno (y el anterior, y el anterior). Más bien estamos ante una profundización de la misma, para lo cual el tándem con su antiguo jefe político Scioli, ubicado en el lugar que supo ocupar Kulfas, no parece casual. El mantra de cumplir el acuerdo con el FMI y el ajuste fiscal como camino, descargando la crisis sobre las mayorías trabajadoras, es coherente con ver en el extractivismo una fuente de negocios y salvavidas político. Queda claro también que hablar de “formación ambiental” en sí mismo no significa una relación no mercantilizada: en este caso, más bien se trata de la especialización de una funcionaria en las oportunidades de negocios que ofrece el “capitalismo verde”, con las dosis de greenwashing requeridas para el caso.

Para enfrentar los planes extractivistas hay que profundizar el camino de lucha y resistencia ambiental, protagonizado por trabajadoras y trabajadores, la juventud, los pueblos originarios y la poblaciones de los territorios, y unirlo a la lucha también por el rechazo a los planes del FMI. La exigencia de anulación del acuerdo con ese organismo es el camino para enfrentar los planes extractivistas e imponer una relación no mercantilizada con la naturaleza y una transición planificada racionalmente, desde abajo, por las mayorías trabajadoras.

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