La administración de Biden pidió al Congreso que impusiera de manera antidemocrática un contrato a los trabajadores ferroviarios de todo el país y evitar una huelga ferroviaria a nivel nacional. El acuerdo ya fue aprobado por la Cámara de diputados con el apoyo unánime de los demócratas. Esta última maniobra de un “presidente de los trabajadores” demuestra que no existe tal cosa: el Estado actúa a favor de los patrones para proteger sus ganancias.
Jueves 1ro de diciembre de 2022 12:59
Este lunes, el gobierno de Biden señaló al Congreso que debía intervenir para frenar el proceso de ratificación de la huelga e imponer a los trabajadores un contrato, con la intención de evitar una huelga nacional que afecte el transporte de mercancías en diciembre.
Con las compañías ferroviarias y otros titanes del capital suplicando en la prensa y quejándose a puertas cerradas por la pérdida de ganancias y la catástrofe económica, los políticos en el Capitolio quieren actuar rápidamente con el fin de evitar lo que sería la muestra de fuerza nacional más importante, llevada a cabo por sólo un sector de trabajadores en muchos años.
Apenas 30 minutos después del anuncio de Biden, la demócrata Nancy Pelosi prometió que la Cámara de Representantes se apresuraría a votar esta semana un proyecto de ley para obligar a los sindicatos a aceptar un contrato negociado por la administración Biden y que el Senado votaría el proyecto poco después.
El miércoles, la Cámara aprobó abrumadoramente este proyecto, que significa una terrible entrega de los derechos de los trabajadores ferroviarios: solo ocho demócratas votaron en contra de los dos proyectos de ley que conforman el acuerdo. El acuerdo inicial no ofrecía días por enfermedad para los trabajadores. El segundo incluyó siete días, que el Progressive Caucus (en referencia al sector de izquierda en el Partido Demócrata.NdeR) elogia como un logro a pesar de que los trabajadores ferroviarios exigen 14 días de licencia por enfermedad. Con una sola excepción, el resto del “Escuadrón” progresista (sector de izquierda en el Partido Demócrata conformado por Rashida Tlaib, Ilhan Omar, entre otras diputadas NdeR) votó a favor del acuerdo inicial, a pesar de sus mensajes de que era malo para los trabajadores. Todo este sector votó sí a la resolución que incluía siete días de enfermedad, votando unánimemente por un proyecto de ley que aún no satisfacía la demanda total de los trabajadores.
Esta maniobra de Biden es una traición masiva a los más de 115.000 trabajadores ferroviarios que llevan meses organizándose para luchar contra la patronal y conseguir sus reivindicaciones. Los demócratas, a pesar de todas sus posturas como representantes de los oprimidos y explotados, han demostrado una vez más que no tienen interés en luchar por los trabajadores. Demuestra que Biden, autoproclamado "orgulloso presidente de los trabajadores”, no es más que un leal súbdito del capital a costa de las condiciones de vida de los trabajadores.
Los trabajadores y trabajadoras de las empresas llevan más de tres años luchando por una mejora salarial y un plan de salud, pero centralmente por una licencia por enfermedad paga y por cambios en los horarios y la plantilla para que los trabajadores no se vean obligados a trabajar en horarios extenuantes. En la actualidad, los trabajadores no reciben días pagos por enfermedad, y muchos no tienen tiempo para pasar con la familia o para descansar y cuidarse. Estas políticas tienen consecuencias mortales para las personas que trabajan cada día en el ferrocarril. En junio, un maquinista de 51 años murió de un ataque al corazón en un tren tras retrasar una cita con el médico. Sin embargo, como la concesión de tiempo libre remunerado a los trabajadores amenaza con mermar sus beneficios, las empresas ferroviarias se han negado a avanzar en estas y otras reivindicaciones. En respuesta, los trabajadores han rechazado reiteradamente varios acuerdos perjudiciales, y se han preparado para llevar adelante jornadas de huelga.
Con la maniobra de Biden, no fue la primera vez que el gobierno interfiere en las negociaciones del contrato de los trabajadores ferroviarios. Actúan bajo el poder que les da una disposición anti obrera, la Ley Laboral Ferroviaria de 1926. De esta forma, el gobierno se ha entrometido en las negociaciones contractuales durante años. Cuando un paro del sistema ferroviario a nivel nacional se convirtió en una posibilidad, el gobierno entró en acción. Biden formó la Junta Presidencial de Emergencia (PEB) para realizar un seguimiento de las negociaciones y ayudar a llegar un acuerdo. El secretario de Trabajo, Marty Walsh, se reunió con la patronal y los trabajadores en la mesa de negociaciones colectivas para tratar de avanzar en acuerdos y evitar el peor de los escenarios: una huelga nacional ferroviaria que afectaría el transporte de mercancías y potencialmente a cientos de miles de negocios.
El acuerdo tentativo que ahora es probable que el Congreso haga cumplir fue negociado por la administración de Biden en septiembre. Ofrece ciertas concesiones a los trabajadores que los patrones inicialmente no estaban dispuestos a presentar, pero no aborda las demandas centrales de los trabajadores. Por ejemplo, les otorga solo un día por enfermedad al año, cuando los trabajadores exigen quince.
Si bien ocho de los doce sindicatos involucrados en las negociaciones acordaron aceptar el contrato, cuatro sindicatos, que colectivamente representan al 55 por ciento de los trabajadores ferroviarios, lo rechazaron. Con el período de reflexión obligatorio programado para finalizar en menos de dos semanas, los trabajadores están listos para llevar adelante la huelga a partir del 9 de diciembre. Los sindicatos involucrados en la negociación colectiva acordaron que si el contrato no es ratificado por unanimidad por los doce sindicatos, llevarán adelante una medida de fuerza de forma conjunta. Esta determinación a luchar es una señal alentadora: es la razón por la cual la administración de Biden y el Congreso, tanto demócratas como republicanos, ahora están moviendo cielo y tierra para imponer un contrato.
Justo antes del anuncio de Biden para impulsar un acuerdo, recibió una carta de una coalición de más de 400 empresas instando al gobierno a interceder en su nombre. Biden, que como vemos, su simpatía por los trabajadores no es tal, y con una reticencia hipócrita a “anular los procedimientos de ratificación”, actúa obedientemente para preservar las ganancias corporativas y apuntalar una economía frágil. Por su parte, los jefes de los demócratas y republicanos se están alineando al apoyar la medida y actuar juntos para asegurarse de que las negociaciones del ferrocarril favorezcan a los patrones.
A su vez, un puñado de republicanos está tratando de reforzar su posición junto a los ferroviarios- al denunciar el decreto de Biden como un ataque a los trabajadores, pero no apoyan las demandas que los trabajadores realmente están haciendo. A pesar de su retórica antisistema, el Partido Republicano es firmemente antisindical, como deja claro su historial. De hecho, los líderes republicanos están trabajando arduamente junto con los demócratas para evitar la huelga. Otros republicanos han señalado en los últimos meses que votarían en contra de imponer el acuerdo tentativo actual para poder negociar uno que sea más favorable para las compañías ferroviarias. Muchos de los 129 republicanos que votaron en contra del proyecto de ley en la Cámara lo hicieron por esta misma razón.
Por su parte, varios demócratas progresistas, incluidos Alexandria Ocasio Cortéz (AOC) y Jamaal Bowman, se pronunciaron en contra del llamado de Biden para imponer el contrato tal como está, señalando el hecho de que el acuerdo no cumple con las demandas de los trabajadores. Bernie Sanders dijo que el trato no va lo suficientemente lejos. Ha pedido al Congreso que se asegure de que se agreguen disposiciones para abordar las preocupaciones sobre los días por enfermedad y la dotación de personal.
Sin embargo, cuando llegó el momento de la votación en la Cámara, AOC y Bowman votaron para aprobar el proyecto de ley, junto con muchos otros miembros del Escuadrón. Una vez más, las y los demócratas progresistas y a cara lavada, han demostrado ser lobos con piel de cordero. Pueden envolverse en una retórica progresista, algunos incluso se llaman a sí mismos socialistas, pero simplemente traicionaron a la clase trabajadora y socavaron activamente la lucha de clases. Incluso con las disposiciones adicionales para los días por enfermedad, votaron para subvertir el derecho democrático de los trabajadores a decidir los términos de su contrato; y para empeorar las cosas, votaron por un contrato que va en contra de las demandas de los trabajadores.
La pregunta no es si el Congreso debería luchar por disposiciones ligeramente mejores en un contrato aprobado por el estado. Fundamentalmente, no debería depender del Congreso dictar lo que se incluye en un contrato y si los trabajadores pueden hacer huelga o no. Permitir que el Congreso reemplace los derechos democráticos de los trabajadores a ratificar sus contratos, pisotea las protecciones básicas que los trabajadores han ganado a lo largo de décadas de lucha. A pesar de su posicionamiento a favor de los trabajadores, incluso las y los demócratas progresistas se alinearon detrás del resto de su partido y se organizaron contra los trabajadores para evitar una huelga a toda costa.
Lo que sucedió esta semana es una prueba más de que el poder de los trabajadores no se está construyendo en los pasillos del Congreso. De hecho, allí se está desmantelando categóricamente el poder obrero. Esta última traición a los trabajadores es una muestra más de la enorme evidencia que condena a que el movimiento obrero se tenga que encadenar a un partido de los patrones, no es solo un callejón sin salida, sino uno que conduce a la derrota de los esfuerzos de los trabajadores. No hay forma de justificar la estrategia de organizaciones como los Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés NdeR), que convencen a sus miembros y simpatizantes de gastar tiempo, dinero y energía política para lograr que los “socialistas demócratas” sean elegidos para el Congreso.
Aún no se ha cumplido un mes desde que “sacaran el voto” a favor de los progresistas en las elecciones intermedias, y ya han vendido al movimiento obrero. AOC, Bowman, Ilhan Omar y el resto del equipo votaron para romper una huelga.
Para los políticos capitalistas, evitar la huelga no tiene que ver con el costo que un paro del ferrocarril tendría para las familias trabajadoras. No se trata de las empresas que deban frenar su actividad y dejen a los trabajadores sin trabajo. No se trata de inflación. Estas son solo mentiras destinadas a poner a la opinión pública en contra de los trabajadores ferroviarios y su determinación de ganar mejores condiciones. Lo que realmente le preocupa a Biden, al Congreso y a las patronales de los Estados Unidos son los miles de millones en ganancias capitalistas que se perderían si los trabajadores ferroviarios retuvieran su trabajo, así como el ejemplo que una huelga nacional daría al resto de la clase trabajadora.
El Congreso está actuando con una velocidad inusual para hacer cumplir el contrato de Biden a más de cien mil trabajadores e intentar sofocar una huelga. Este es un ataque inequívoco a los derechos de los trabajadores. Va en contra de todas las exigencia por las que los trabajadores han estado luchando durante los últimos tres años. Y aunque es un ejemplo particularmente atroz de legislación antiobrera, la Ley de Trabajo Ferroviario no es la única de su tipo. Los trabajadores de todo el país se enfrentan a cláusulas similares de no huelga y leyes antihuelga que se interponen en el camino de la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo.
Las y los trabajadores no pueden depositar más ilusiones de que Biden es un “presidente de los trabajadores” o que el Partido Demócrata lucha por el interés de la clase obrera. Está claro que este sistema está construido para proteger las ganancias del imperialismo estadounidense, no para garantizar mejores condiciones para los trabajadores.
Sin embargo, el poder permanece con los trabajadores ferroviarios. No necesitan el permiso del Congreso para hacer huelga. Su éxito radica en su continua determinación para luchar y continuar firmes frente a las maniobras de un gobierno que trabaja para los patrones. Esto significa romper con la lógica de que el Partido Demócrata y las instituciones del Estado norteamericano pueden ser un vehículo para luchar por mejores condiciones, lógica que se sostiene en los más altos niveles de la dirección sindical. Para ganar los días de enfermedad necesarios y una mejor dotación de personal, para ganar salarios dignos y atención médica de calidad, estos trabajadores no pueden hacerse ilusiones, ya que confiar en los políticos capitalistas es otra cosa que una alianza con sus enemigos.
Esta nota fue publicada originalmente en el sitio Left Voice , parte de la Red Internacional de La Izquierda Diario.
Traducción: Gloria Grinberg
