De 1540 aspirantes a la carrera de Medicina, solamente 95 aprobaron el examen de ingreso, con lo cual quedó afuera casi el 94% de los inscriptos. Las autoridades dispusieron nuevamente un examen eliminatorio, pese a la modificación de la Ley de Educación Superior aprobada en el Senado de la Nación.
Viernes 26 de febrero de 2016
El pasado martes se dio a conocer la lista de ingresantes a primer año de Medicina. De 1540 inscriptos sólo 95 aprobaron los exámenes de ingreso, a pesar que dichos exámenes son ilegales a partir de las modificaciones a Ley de Educación Superior que sancionó el Senado a fines del año pasado. El artículo 50, que dejaba librado a la decisión de cada facultad el mecanismo de ingreso, se modificó para establecer que de ninguna manera podían tomarse exámenes eliminatorios o fijar cupos de ingresantes. Sin embargo, estas modificaciones no se reglamentaron, ni fueron tenidas en cuenta en el presupuesto nacional que aprobaron conjuntamente el PRO y el FPV para 2016.
Como sucede desde hace décadas, cientos de jóvenes que quieren acceder a la carrera de Medicina en la UNCuyo son limitados por los exámenes de ingreso, verdaderos filtros que son ajustados por las autoridades para mantener un cupo encubierto. Es de conocimiento popular que el ingreso a Medicina se caracteriza por dejar todos los años a cientos de ingresantes afuera de la Facultad. Luego de que en 2014 se quitara el cupo, ingresó un 20% menos de estudiantes que los años anteriores, dejando en evidencia que el “cupo” lo mantienen a través de los exámenes.
Este año hubo 25% más desaprobados que en el 2015, reafirmando que sin importar que actualmente sean ilegales los exámenes de ingreso eliminatorios, los siguen tomando y hacerlos más restrictivos aún. Para las autoridades universitarias parece que el colapso de la educación pública es responsabilidad de los jóvenes que desean estudiar, y que no tiene responsables políticos. El constante desfinanciamiento, combinado con la avanzada –permitida por los gobiernos- del lobby farmacéutico y de la medicina privada, establecen la verdadera escala de valores de la salud pública: quien puede pagar es quien tiene “el derecho a la vida y la salud”. Los intereses que defienden no son otros que los intereses empresarios de la educación, dueños de las universidades privadas y de los pre-universitarios privados, y el de mantener a Medicina como una carrera de elite, donde los hijos de los trabajadores no pueden ni soñar con ingresar. Para hacer un pre-universitario privado se necesitan al menos 20.400 pesos, ya que las cuotas mensuales son de 1.700 pesos durante 12 meses. La cuota de Medicina en una universidad privada ronda los 3000 pesos mensuales. Mientras tanto, crece la crisis del sistema de salud pública en Mendoza, donde faltan profesionales, insumos e infraestructura para atender las necesidades de la población y las condiciones de trabajo y atención son cada día más precarias.
Sin duda la modificación de la LES entusiasmó a miles de jóvenes que aspiraban ingresar a la facultad. Pero sólo depende de la organización de los estudiantes, docentes y no docentes hacer efectivo nuestro derecho. Hay que retomar las banderas del movimiento estudiantil combativo que en los ´70 fue vanguardia de la lucha por el ingreso irrestricto y el acceso de los trabajadores a la universidad, como en la misma Facultad de Ciencias Médicas. Como el movimiento estudiantil y de los trabajadores de la educación que en los ´90 enfrentaron las leyes educativas de Menem que el kirchnerismo mantuvo vigentes.
Esta situación tiene responsables políticos, que van desde el Gobierno Nacional a los funcionarios de las universidades, con la complicidad de las direcciones estudiantiles burocráticas como Franja Morada que dirige la Federación Universitaria de Cuyo o la Agrupación ANDES que dirige el CECiMe y que no se han molestado en tomar parte siquiera de la discusión. Es necesario que la FUC y los Centros de Estudiantes se pronuncien en contra de estos ataques y llamen a organizar un plan de acción en defensa de la educación pública, junto a los trabajadores que están enfrentando el ajuste, los despidos y la represión.
