FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. Bullrich y Aguad buscan en Estados Unidos un socio de peso para la “nueva doctrina”

El proyecto del Gobierno nacional, que anticipó el ministro Aguad, prevé ampliar la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) para lograr que las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) sirvan “de apoyo logístico” a las fuerzas de seguridad para enfrentar, según Cambiemos, amenazas como el narcotráfico y el terrorismo.

Para implementar este plan temerario el Ministerio de Defensa proyecta la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones, con los que equiparán a las FDR. “Es hora de que las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales de la Argentina como ocurre en cualquier lugar del mundo”, enfatizó el Ministerio de Defensa.

Con estas medidas el Gobierno ampliará la actual Fuerza de Despliegue Rápido que hoy funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército y se extenderá a la Armada y la Fuerza Aérea.

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Ante las advertencias de que estas medidas podrían violar las leyes de Seguridad y Defensa (que establecen la prohibición de que las FF.AA. intervengan en la seguridad interna), desde el Gobierno justificaron su política diciendo que desde la gestión de Raúl Alfonsín la Fuerza Aérea colabora con la provisión y controles de radares en aeropuertos y fronteras. Y agregaron que una de las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas serán las de cuidar “recursos del medio ambiente”, que ya vienen realizando desde la gestión de la exministra de Defensa Nilda Garré. El 14 de enero de 2016 el Gobierno prorrogó el decreto firmado años antes por Cristina Fernández de Kirchner que establece el “Operativo Escudo Norte” para controlar las fronteras a través de las Fuerzas Armadas.

Estas medidas dan comienzo a una restructuración más severa que se ajusta con el plan de Macri y Bullrich sobre la “nueva doctrina” en materia de “seguridad”. Una de las expresiones de esa nueva doctrina e avalar e impulsar el gatillo fácil a manos de la Policía, práctica que en Argentina ya se cobra la vida de un joven cada 23 horas (los casos más emblemáticos de los últimos tiempos fueron el del joven mapuche Rafael Nahuel a manos de la Prefectura y el de Pablo Kukoc a manos del policía de Avellaneda Luis Chocobar).

Pero buscan más que eso. Por eso ahora procuran cerrar acuerdos con los gendarmes del mundo: Estados Unidos.

La agencia Securite

Para poner en marcha esta política los ministros de Seguridad y Defensa viajaron al país del norte para reunirse con representantes del FBI, la DEA y el Comando Sur.

El viaje a Estados Unidos tiene por objeto avanzar con el gobierno de Donald Trump en acuerdos para profundizar las llamadas luchas contra el narcotráfico y contra el terrorismo, la capacitación en defensa y los operativos para la cumbre del G20 en Buenos Aires.

Patricia Bullrich ya comenzó la gira y en los próximos días se encontrará con Aguad en Miami. La promotora de la nueva doctrina tuvo una serie de reuniones en el Departamento de Estado que tuvieron como eje principal potenciar la cooperación con Estados Unidos en esos dos frentes clave de la agenda bilateral: combatir el terrorismo y el narcotráfico.

Sobre esta reunión el secretario de Seguridad, Gerardo Milman, quien acompaña a Bullrich en su misión a Washington, dijo al portal Infobae que las autoridades estadounidense “expresaron su satisfacción con los preparativos que está desarrollando la Argentina y el impulso que le está dando el país a la agenda de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.

No le faltan motivos para estar contentos a los funcionarios del país que más invierte en armamentos, después de todas las señales prácticas que está dando el gobierno de Cambiemos, centralmente en el sur del país contra la comunidad mapuche.

Según Milman, los nuevos planes que se proponen exigen intensificar el intercambio de información con Estados Unidos, en particular con relación a la zona de la triple frontera, sobre la que Washington ha expresado preocupaciones en el pasado.

En esa zona ya los militares argentinos intervienen, a través del plan Escudo Norte, implementado por el Gobierno de Cristina Kirchner, lo que en su momento generó repudio de organismos de derechos humanos independientes.

Para seguir robusteciendo la nueva doctrina que la ministra quiere implementar, este jueves se reunió con funcionarios de la temida academia del FBI, cerca de Washington. Allí, entre varios temas, se discutió el caso del policía Luis Chocobar.

Las autoridades de la agencia, que se habrán puesto de pie para aplaudir la actitud del presidente Macri y su ministra, dijeron que en Estados Unidos equiparan un arma blanca con una de fuego y que la opinión del agente en el momento es “determinante”.

Antes de viajar, Bullrich había anticipado que uno de los temas que trataría con funcionarios del Gobierno de Trump es el “protocolo Tueller”, que es un ejercicio de autodefensa contra alguien que usa arma blanca. Dio lugar a este protocolo el caso del sargento Dennis Tueller, de la policía de Utah, que determinaba que un atacante con un cuchillo puede cubrir una distancia de 6,4 metros en 1,5 segundos y en ese lapso el policía debe evaluar el riesgo de que lo hiera o hiera a terceros. Este ejercicio figura también en el manual de defensa policial argentino.

Milman, en diálogo con Clarín, también se refirió a esta reunión y destacó las “prósperas” políticas que lleva adelante el Gobierno de los Estados Unidos. Sobre el caso Chocobar dijo que “en EE.UU. rara vez un caso así (como el de Chocobar) llega a la Justicia. Es el propio FBI el que hace el proceso. Y si corresponde se los eleva a los fiscales, incluso así sucede en las policías estatales”. Y agregó que “acá lo que se mide es la opinión del oficial en el momento, y su consideración sobre si en ese momento hay un riesgo inminente. Eso es determinante”.

Queda claro que la ministra Bullrich se nutre de estas políticas de “avanzada”. Ya había adelantado que en casos donde están involucradas las fuerzas de seguridad se debe partir de la presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba.

Sobre el accionar de Chocobar, Milman dijo: “Si no se pudiera tirar por la espalda a alguien que corre con un arma alcanzaría que cualquier criminal se pusiera de espaldas para que nada pudiera pasarle”.

La delegación también se reunió con autoridades de la DEA y continuará con encuentros con funcionarios de Homeland Security (seguridad interior). Luego viajarán para Miami, donde se encontrarán con el ministro de Defensa Oscar Aguad, para visitar en Key West la sede del Comando Sur. Allí tratarán fundamentalmente la seguridad en la cumbre del G20 que albergará Argentina en noviembre.

“Nuevas amenazas”, viejas mentiras

Como se decía en otra nota de este sitio, Richard Nixon concibió el neologismo “narcoterrorismo” para inventar un enemigo. Declarar la guerra contra las drogas les permitió sellar la militarización de esta política dentro y fuera de los Estados Unidos.

Desde entonces, a mediados de la década de los 70, las políticas contra las drogas ilícitas tomó otra densidad: la seguridad nacional. Desde 1878 las fuerzas armadas de los Estados Unidos tenían prohibido por ley actuar dentro del país en actividades de orden público. Pero bajo la teoría de la seguridad nacional y de las nuevas amenazas públicas, durante el gobierno de Ronald Reagan se autorizó la participación indirecta de las fuerzas armadas en combate antidrogas.

En abril de 1986 Reagan firmó un decreto presidencial que declaraba a las drogas ilícitas una amenaza letal en la seguridad de los Estados Unidos y amplió el rol de los militares en la lucha contra las drogas. A partir de allí Estados Unidos comenzó su intervención militar en países de Latinoamérica.

Esto mismo quiere replicar el gobierno de Cambiemos en la Argentina. Ese es el objetivo de utilizar como discurso las amenazas del narcotráfico, militarizar la sociedad.

Todos los días se puede ver en la cuenta de Twitter del Ministro de Seguridad y de la propia titular de la cartera, la cantidad de decomisos que realizan las distintas fuerzas de seguridad, en particular la Gendarmería, para mostrar el empeño del Gobierno en la lucha contra este “flagelo”. Sin embargo, después de más de dos años de gobierno, no han presentado hasta la fecha ningún informe que dé cuenta sobre cuál es la penetración de las supuestas bandas de narcotráfico en el país. Es más, los pocos informes son por demás contradictorios, sino mentirosos.

En la primera apertura de sesiones ordinarias del Congreso, presidida por Macri, este citó un informe de Naciones Unidas que decía que Argentina es el tercer proveedor mundial de cocaína. Posteriormente la ministra Bullrich dijo que “Argentina es punto de salida para Europa. Estamos en alerta amarilla”.

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Sin embargo, el informe de Naciones Unidas del 2016 no incluyó a la Argentina entre los países más complicados en estas problemáticas.

La ministra y el presidente usan sus propios “informes” para avalar sus cruzadas sobre políticas de “seguridad”. Una de las primeras medidas de la gestión cambiemista fue la de impulsar una ley de derribo de aviones bajo el pretexto del avance del narcotráfico.

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Después de estas alertas amarillas, a mediados del año pasado la ministra aseguró que el narcotráfico en el país retrocedió cualitativamente: “las bandas narco ya no son negocio en la Argentina”, dijo. La administración Cambiemos había logrado, con poco esfuerzo, sin detener a los capos de la droga, derrotar a las bandas criminales que organizan el tráfico ilegal de sustancias psicoactivas.

Un logró que no se ha visto en otro país del mundo. De tercer proveedor mundial de cocaína, Argentina “dejó de ser un negocio” para estas bandas criminales.

Más allá de las mentiras del presidente y la ministra, la política de guerra contra las drogas que promueve un mundo sin sustancias, no solo es irrealizable, sino un fracaso estrepitoso mundial que llevó, en las últimas cuatro décadas, al avance de cárteles narcotraficantes (integrados por delincuentes comunes, junto a políticos, jueces, empresarios y fuerzas policiales).

Por todo esto es que no queda dudas que la agenda de Seguridad y Defensa del Gobierno tiene como único objetivo militarizar el país para amedrentar a los que salen a enfrentar el ajuste y los despidos del Gobierno y disciplinar a la “población sobrante”, como llamaba Marx a los desocupados permanentes.