Tribuna Abierta. Cambios en el gobierno: salen los CEO, entra el FMI

Si la victoria de Cambiemos en 2015 fue saludada por casi todos los representantes de la gran burguesía argentina (finanzas, industria, campo, comercio, servicio), muchos señalábamos que, además de los desafíos que podía plantear la resistencia social al regreso de políticas neoliberales, había que ver si el gobierno lograría arbitrar entre las distintas fracciones del empresariado de manera de “dejar a todos contentos”. La deriva de los últimos meses, incluyendo el acuerdo con el FMI, ha dinamitado definitivamente esta posibilidad.

Buena parte de la burguesía industrial, sobre todo los pequeños y medianos empresarios afectados por las importaciones, la suba de muchos costos de producción (especialmente las tarifas) y la contracción del mercado interno, ya venía planteando sus reclamos ante la delicada situación sectorial.

Esta tendencia se ha profundizado en los últimos meses sumando nuevos reclamos de grandes empresarios o sus representantes corporativos como la UIA. Algo similar puede señalarse del sector comercial, con una situación cada vez más compleja que está afectando incluso a grandes cadenas supermercadistas y shoppings centers (tal como lo revela el cierre de locales -Carrefour, Walmart- y la continua caída en las ventas registrada por el INDEC).

El último elemento que se agregó a esta creciente división en el seno del poder económico son las diferencias que aparecieron las fracciones de clase que habían actuado como principal sostén del gobierno. Nos estamos refiriendo a la burguesía agroexportadora y al capital financiero, los principales beneficiarios de las medidas tomadas tras la asunción de Macri a fines de 2015. Aunque no afectan significativamente su situación dada la magnitud de la reciente devaluación y tenderán a diluirse en el tiempo, la reimposición de retenciones a las exportaciones ha sido resistida por las corporaciones agropecuarias. Dicha medida responde a las necesidades fiscales del gobierno a partir de la firma del acuerdo con el FMI.

Pero las exigencias del organismo no terminaron allí. La última “imposición” por parte del FMI fue la salida de Caputo del Banco Central. Ello no se debió principalmente a los resultados de su pésima gestión (tasa de interés al 60%, incremento del tipo de cambio superior al 40% y la pérdida de 15 mil millones de dólares de las reservas) como al fraccionamiento del capital financiero y los distintos intereses en su interior.

Si bien las fronteras entre una y otra fracción son porosas, el ex presidente del Banco Central representaba mayormente los intereses de los inversores institucionales, es decir, del capital especulativo que busca realizar grandes ganancias en el corto plazo a partir de diferentes instrumentos financieros en distintas partes del mundo. Junto a la compra y venta de derivados de distinto tipo, la principal operatoria de este tipo de capital es la especulación con las distintas monedas nacionales, el “carry trade” (diferencial de tasas teniendo en cuenta los riesgos de depreciación).

Con el intento por tratar de estabilizar el tipo de cambio a partir de la vuelta de las intervenciones directas del BCRA en el mercado cambiario, Caputo buscó darle cierta certeza a los inversores externos de manera de poder regenerar el circuito de valorización financiera que había sido alterado con los anuncios de diciembre de 2017 (relajación de las metas de inflación y reducción de la tasa de interés). Circuito que, vale destacar, había sido desarticulado con la corrida cambiaria que se inició en mayo de este año.

Los acreedores al poder

Pero el FMI, a través de la dupla Dujovne-Sandleris, se encargó de dejar en claro que los dólares que ingresen al país tendrán como prioridad el pago de la deuda y sólo en segunda instancia podrán ser destinados a premiar las inversiones especulativas. El cambio en la política monetaria a partir de la asunción de Sandleris va en ese sentido. La emisión monetaria cero, en un contexto inflacionario, reducirá la circulación monetaria y encarecerá el crédito, profundizando la recesión.

Las “bandas” sobre las que se dejará flotar el dólar no sólo son muy amplias sino que además se van a ir modificando mes a mes. Aun así, nada garantiza que puedan ser sostenidas. La autorización del FMI al Banco Central a vender hasta 150 millones de dólares de las reservas en caso que el valor de la divisa supere el techo impuesto suena a una pequeña concesión política al gobierno para tratar de atraer algunas inversiones financieras de corto plazo, pero nada que se le parezca a la “fiesta” de 2016 y 2017. Una intervención en el mercado cambiario tan limitada es absolutamente insuficiente para parar una corrida.

El Fondo representa a la fracción del capital financiero que corresponde al capital de préstamo. En este sentido, vela por los intereses del conjunto de los acreedores, aunque siempre prioriza dentro de estos el repago de los créditos, sobre todo, claro está, los otorgados por el propio organismo multilateral.

Para ello, antes que garantizar ganancias fáciles para el capital especulativo a través de estabilizar el tipo de cambio, la prioridad del FMI es la reducción del déficit fiscal y el de cuenta corriente. De esta manera busca que haya recursos –en dólares- para poder pagar los intereses de la deuda externa. Ese es el programa que impuso en Grecia y que generó, entre otras cuestiones, una contracción del 45% del PIB entre 2008 y 2016, una fuerte caída de salarios (sobre todo del sector público) y de las jubilaciones, un notable aumento del desempleo (por encima del 20%) y la emigración de más de medio millón de griegos al exterior (sobre una población de 11 millones).

¿La odisea de 2001 o la odisea de Ulises?

El hecho de que el gobierno de Macri se haya ido replegando cada vez más sobre la fracción del capital financiero que representa los intereses del capital de préstamo no implica que el resto de las fracciones capitalistas le hayan retirado completamente su apoyo. Para estos siempre es preferible soportar algunas pérdidas parciales que el retorno de un gobierno “populista” o, peor aún, una salida más radicalizada.

El gobierno no solo deberá lidiar con un incremento en la conflictividad social derivada del inexorable deterioro en las condiciones de vida de la clase trabajadora que genera el ajuste en curso, sino que también deberá hacer frente a crecientes cuestionamientos de buena parte de los sectores dominantes. Algo similar le pasó al gobierno de De La Rua, el cual fue quedando cada vez más aislado hasta que el FMI, su último aliado, terminó soltándole la mano.

La reacción popular que terminó con su gobierno no logró imponer un programa propio alternativo al de las fracciones del capital productivo, pero al menos logró bloquear la propuesta del capital financiero de profundizar el ajuste por la vía deflacionaria. En Grecia las luchas sociales, a pesar de lograr un cambio político, no pudieron torcerle el brazo al FMI. Esperemos que la tragedia griega no se repita en estas pampas como farsa.