Continúan las investigaciones del caso Lozoya, sus nexos con empresarios mexicanos y el uso de prebendas de la constructora Odebrecht.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 5 de agosto de 2020
El caso del exdirector de PEMEX en la administración de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, continúa a pesar de que Lozoya siga su caso en libertad y con la condición de testigo protegido a cambio de proporcionar información de sus allegados. Las constantes alusiones del presidente López Obrador al tema apuntan a que será utilizado como bandera del régimen de la 4T como principal barco de batalla para agitar en las próximas elecciones intermedias como ejemplo del combate a la corrupción con el que AMLO llegó a la presidencia.
Las investigaciones ahora apuntan al empresario hidalguense Juan Carlos Tapia Vargas, quien era director superintendente de la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país y que obtuvo, a partir de 2012 con la presidencia de Peña Nieto, facilidades para que, por medio de dinero de Odebrecht y contratos con PEMEX (avalados por Lozoya), pudiera rescatar su propia empresa, Citapia.
Con el mismo modus operandi es que Lozoya rescató por medio de compras al grupo Fertinal por unos 255 millones de dólares. Dicha maniobra también fue en beneficio de Salinas Pliego, pues las deudas de Fertinal estaban con Banco Azteca, por lo que ahora sería la paraestatal la que contrajera la deuda con el dueño de Grupo Salinas.
Sin embargo, uno de los elementos que preocupan a quienes siguen el caso es la relación que tendrán con el priísta las instituciones de impartición de justicia, empezando por la propia Fiscalía General de la República.
Fiscalía... ¿eficiente?
Como señala el semanario Proceso, "las especialistas en la lucha contra la corrupción, Edna Jaime y Rosa María Cruz Lesbros, manifiestan, en sendas entrevistas, sus dudas sobre la capacidad de la FGR para procesar a Emilio Lozoya de manera autónoma y apegada a derecho".
La situación, en cierto sentido, desnuda lo que puede ser el verdadero rol que juega esta institución, a la vez que recuerda el episodio que llevó a la tumba a su antecesora: el caso Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos cuando se encontraban realizando un boteo en la ciudad de Iguala, siendo secuestrados por la policía local y desaparecidos por órdenes del edil perredista José Luis Abarca, para posteriormente responsabilizar al cártel Guerreros Unidos.
Durante esa coyuntura, se reveló que el Ejército había estado cerca y monitoreando la situación, permitiendo la desaparición de los normalistas, a la vez que un celular de los jóvenes se comprobó que había caído en manos de las Fuerzas Armadas.
Dicha asociación en los tres niveles de gobierno disparó un movimiento fuerte contra el gobierno de Peña Nieto bajo el grito de #FueElEstado, a la vez que la entonces Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, realizaba "investigaciones" cuyo propósito, como lo señalan los padres de los normalistas y los equipos independientes como el EAAF y el GIEI, en realidad era obstaculizar y ocultar pruebas para mantener en la impunidad a los responsables.
Ante este descontento y prometiendo revitalizar el régimen, López Obrador impulsó la desaparición de la PGR y su conversión en Fiscalía, movida que fue celebrada por Organizaciones de la Sociedad Civil bajo la consigna #FiscalíaQueSirva.
El caso Lozoya permite ver que efectivamente el verdadero papel que juega la FGR, igual que su antecesora, es en realidad la continuidad de la impunidad y permitir que quienes se enriquecen a costa del Estado y los impuestos de los trabajadores que alimentan el erario público sigan en libertad, comprobando que son inocentes en lugar de —como se supone que opera la justicia liberal burguesa— recabar pruebas para determinar la culpabilidad del acusado (comprobar la inocencia sería el papel de la defensa y no del fiscal).
En ese sentido, desde La Izquierda Diario México subrayamos que el movimiento de masas y los trabajadores no deben depositar confianza en las instituciones corruptas del régimen ni permitir que sus "extensiones" presuntamente democráticas, como las Organizaciones de la Sociedad Civil, oxigenen sus tentáculos.
Precisamente el caso de Ayotzinapa no terminó en la renuncia de Peña Nieto porque las burocracias sindicales presionaron confiar en organismos golpistas como la OEA por medio de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo la exigencia de que el Estado "hiciera su trabajo", cuando era claro que su verdadero trabajo, como lo demuestran décadas de desapariciones, masacres y espionajes, es atacar a los sectores vulnerables de la población.
La justicia de los ricos y poderosos sólo busca proteger a los suyos mientras los trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes son sistemáticamente acosados, hostigados, criminalizados y asesinados por el régimen. Mientras Lozoya camina libre, ambientalistas como Homero Gómez, así como cientos de mujeres, sufren la violencia cómplice que el Estado se rehúsa a eliminar.
