Jujuy. Caso Matías Puca: Crónica de la impunidad del régimen político jujeño

El joven maimareño Benjamín Matías Puca, de 18 años de edad, falleció en la Capital jujeña en septiembre pasado, tras ser atropellado por un automóvil en inmediaciones de la Av. Fascio el 17 de septiembre en horas de la madrugada, cuando se encontraba participando de las actividades de la “Fiesta Nacional de los Estudiantes” que se realiza en la “Ciudad Cultural” ubicada en el barrio Alto Padilla.

Pese al reclamo de la familia de Puca al suceder el trágico hecho, las autoridades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes decidieron mantener los festejos. Los familiares denunciaron a este medio que lo único que recibieron de las autoridades del Ente Autárquico a cargo de esta fiesta fue un pack de gaseosas y sandwiches cuando aún Matías Puca se encontraba internado. Su titular entonces, Marcelo Ponce, renunció a fines de octubre, y su cargo fue ocupado por otro integrante de la influyente familia Meyer, en este caso el jóven Martín, hermano del ministro de Seguridad.

Tras meses de encubrimiento, según trascendidos de la fiscalía, por la denuncia de una casa de repuestos sale a la luz que el automóvil que atropelló a Puca pertenecería a la familia del ex Secretario de Salud del Gobierno, Pablo Perovic, y que en la noche del accidente era el hijo del mismo quien se encontraba en el auto de los hechos acompañado por el hijo del ministro de Seguridad, Ekel Meyer, y un tercer joven también hijo de un funcionario radical.

Por estos motivos, el 29 de diciembre el fiscal de investigación penal N° 4 Aldo Hernán Lozano resolvió un allanamiento en el consultorio privado del Dr. Pablo Perovic imputado por encubrimiento en el asesinato de Matías Puca. Al momento de esta resolución judicial, Perovic se encontraba en condición de ex funcionario, habiendo ocupado altos cargos como presidente del Instituto del Seguro de Jujuy y ex Secretario de Salud de la provincia.

A su vez, la llegada intensa al poder de esta familia se da en el ámbito de la Justicia donde la esposa de Perovic, Claudia Carolina Elías, ocupa el cargo de Secretaria de la Cámara de Apelaciones y de Control.

Llamativamente Perovic esgrimió motivos personales al momento de presentar su renuncia como funcionario. “Lo decidí hace un tiempo, después de una evaluación y se lo dije al ministro. Es una decisión personal y familiar, no hay ningún pedido de ninguna autoridad provincial”, declaró ante un medio local. La misma fue presentada a fines de octubre, a poco más de un mes de sucedido el accidente que terminó con la vida del joven Puca. Se desconoce si el hecho de la renuncia del ex funcionario consta en la investigación de la fiscalía. Un dato nada menor dentro de la trama de encubrimiento que se investiga.

Por otra parte, el fiscal general Sergio Lello Sánchez tras afirmar que se investiga a Pablo Perovic por supuesto encubrimiento, introdujo la “duda” al afirmar que no han podido aún identificar la patente del auto (Chevrolet Agile) que muestran las cámaras y que están a la espera de nuevos informes con tecnología avanzada que permita acceder a esta información clave en la causa. Resulta más que sospechoso que a casi 4 meses del hecho aún el Fiscal Lello Sánchez esté a la espera de los informes sobre las cámaras y las filmaciones, más aún, cuando el mismo gobierno tomó deuda por 23 millones de dólares para instalar un sistema de cámaras de última generación provenientes de la empresa coreana ZTE.

Un plan de impunidad

Cada día que pasa queda más en evidencia toda una trama de encubrimiento e impunidad que devela nuevamente la doble vara de la Justicia jujeña, rápida para inventar causas y encarcelar a trabajadores y luchadores sociales, pero “ciega” como condición para garantizar la impunidad del régimen político y los dueños de la Provincia.

Desde el primer momento, el caso estuvo cubierto por un manto de sospechas e impunidad. El accidente que le costó la vida al joven tuvo lugar en inmediaciones del predio RIM 20 del Ejército, una zona repleta de cámaras, sin embargo nunca aparecieron las imágenes de las mismas.

Días después del trágico suceso, casualmente hubo un robo al Centro de Monitoreo de Tránsito y Transporte, sin que nunca se esclarezca el caso.

Durante meses, el reclamo desesperado de la familia del joven no recibió más que burdas maniobras de encubrimiento como respuesta. Primero intentaron inculpar a un taxista, luego a otro automovilista, en fin personas que circularon por el lugar, pero nada tenían que ver con el hecho. Fracasadas esas operaciones, la única respuesta fue que no se podía identificar al propietario del auto que se veía en imágenes de cámaras privadas.

La difusión de la imputación de Perovic despertó una gran conmoción y cuestionamiento social, pues pone en evidencia la impunidad de la que gozan los integrantes del régimen político, que contrasta fuertemente con el trato que reciben los trabajadores que luchan por sus puestos de trabajo, como los del Ingenio La Esperanza, arrestados ilegalmente en un penal luego de una brutal represión, con la persecución y criminalización policial que sufre la juventud de los barrios populares y los trabajadores como recientemente fueron reprimidos y detenidos los cooperativistas en Monterrico.

Mientras tanto, Pablo Perovic, tras una semana de conocerse su imputación por encubrimiento, se presentó con toda tranquilidad a la fiscalía para ser notificado y declaró “no tener nada que ver con los hechos”. Por su parte, el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, guardó silencio y su hijo se presentó en forma “espontánea” (a casi cuatro meses del accidente) ante la fiscala a aportar pruebas de su “inocencia”.

Quienes cuentan con llegada directa y están al mando del aparato de Estado que da más que motivos para entorpecer las investigaciones y lograr un manto de impunidad, tienen la facilidad de declarar y volver a sus casas o directamente no ser llamados como el caso del ministro de Seguridad. Por el contrario, estos últimos días redoblaron el avasallamiento de las libertades democráticas dictando la prisión de militantes del Partido Obrero como César Arakaki y Dimas Ponce por haber participado de la manifestación contra reforma previsional el 18D, o esta semana la Justicia dictaminó la prórroga de la prisión preventiva de Milagro Sala por un año más, tras montar un show de allanamientos y hasta excavaciones para justificar ante las cámaras una decisión floja de papeles.

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales, quien hace gala de la “transparencia” no hizo ni siquiera un Tweet o exigencia al ministro de Seguridad a que de explicaciones sobre el caso de Puca, menos aún un mensaje de apoyo a la familia del joven atropellado. La situación es muy delicada para el gobierno, por eso, prefieren el silencio.

Enfrentar a los poderosos

Muchos se preguntan lo que comienza a ser obvio en la población, ¿Qué hubiera sucedido si quien estaba al volante hubiera sido Matías Puca? Seguramente Puca hubiera sido detenido y a esta altura tendría una causa avanzada.

Pero la Justicia reconoce su pertenencia de clase y de color. El hecho de pertenecer a las familias de la Jujuy blanca y poderosa es sinónimo de impunidad. Lo vimos en la actitud del renunciado Matías Rivera, ex director provincial de juventud, que fue imputado por agredir a policías luego de chocar con su auto.

Esta realidad que se hace cada día más palpable e insoportable, alimenta la bronca del pueblo trabajador con un régimen político que se cree capaz de hacer lo que quiera con la vidas de las mayorías, un régimen de empresarios y funcionarios que desprecian a los descendientes de originarios a quienes consideran como “ciudadanos” de segunda. Sin embargo, la Jujuy obrera, colla y guaraní, cada día que pasa se empieza a dar cuenta que no hubo ningún cambio y que a los poderosos se los puede enfrentar.