Viernes 25 de septiembre de 2015
La escandalosa absolución del empresario Juan Ignacio Suris y los otros 10 imputados en la causa que investigaba el negocio del narcotráfico, en un entramado mafioso que involucra a funcionarios del Estado, policías y empresarios, devela una vez más, el carácter de clase del poder judicial, y es síntoma del movimiento a derecha que se opera en el conjunto de la institucionalidad burguesa.
Juan Suris, empresario prestamista bahiense, fue apresado el 13 de enero del 2014 en el barrio porteño de Recoleta cuando se hallaba en el departamento de su novia, la modelo Mónica Farro. Acusado de ser el jefe de una banda narco, fue absuelto de este delito junto con otras diez personas procesadas. Además de este “gran“ negocio ilegal, tiene otras causas como vender dólares falsos, ponchado de autos de alta gama, realizar facturaciones truchas, vender combustible robado y lavado de dinero, entre algunas de las más destacadas. Pero sólo la causa sobre narcotráfico llegó a juicio, y la bronca popular se viralizó cuando se dio a conocer la absolución.
La investigación se inició en el año 2012 por el juez Santiago Ulpiano Martínez, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca y a partir de escuchas telefónicas -más de 2.000 horas- se intervinieron ocho teléfonos celulares, lo que permitió descubrir el accionar de la banda narco. Suris negó ser el líder de una organización delictiva, denunció al personal policial que lo investigó y dijo que la policía le "armó" la causa en el marco de su declaración ante el juez. Las pruebas fuertes contra Suris fueron las escuchas, de las cuales muchas misteriosamente desaparecieron. De las mismas se desprende que hacía negocios en todo el país, vendiendo camisetas "blancas"-cocaína- y camisetas "verdes"-marihuana-, comercio que le deparaba cuentas bancarias de cerca de 14 millones.
En estas escuchas hablan sobre políticos de varias provincias como Gabriel Alperovich, el hijo del gobernador de Tucumán, Francisco Zamora, hijo del ex gobernador de Santiago del Estero y actual Senador Nacional Gerardo Zamora, llegando a involucrar hasta al mismo Julio De Vido, quien tuvo que declarar que no conocía a Juan Suris. Además implicaban a cuatro efectivos bonaerenses que tuvieron altos cargos en Bahía Blancas: Alberto González, Subcomisario De Villa Rosas; Oficial Alberto Dadero de la comisaría 2°; el oficial José Galarza, de la comisaría 4° y Javier Urbano, Jefe de la DDI. Estos fueron suspendidos por asuntos internos de la Policía por orden del ministro de seguridad, Granados.
Este caso también desató una guerra en el poder judicial bahiense porque entre las escuchas y las declaraciones de Suris quedaron involucrados importantes empresarios amigos del gobierno como Lázaro Baéz. Suris declaró cómo funcionaba su negocio y afirmó que existen “movimientos de sobrefacturación, como algunas empresas del sur relacionadas con el Gobierno, municipios de esa zona y con empresarios particulares; en la zona de Santa Cruz, con empresas relacionadas con el Gobierno Nacional y provincial”(…) “El titular de cada empresa me extendía un cheque de la misma a la orden de una de mis empresas, la cual era la que supuestamente le había realizado el trabajo u obra que nunca existió, luego el valor era endosado por mi empresa, cobrado en su totalidad según el monto de la factura negociada, y mi empresa se quedaba con un porcentaje previamente negociado, que oscilaba entre el 15 y el 30% del IVA”.
Estas evidencias motivaron inmediatamente el desplazamiento de los jueces que intervenían en la causa, para garantizar la impunidad del oficialismo. El juez Martinez, que había dispuesto una serie de allanamientos a empresas sospechadas de haber aportado a Báez facturas irregulares, en una causa por presunta asociación ilícita y evasión fiscal, fue desplazado por Alejo Ramos Padilla, un día después que el
Congreso aprobara la ley de Subrogancias. Esta ley plantea que el juez subrogante debe residir en la ciudad en la cual ejerce su función. Padilla vive casualmente en Dolores ( a 600 Km ), además que es miembro de una agrupación K, Justicia Legítima. Desde esta agrupación manifestaron que la asunción de Ramos Padilla
iba a “liberar” las trabas que existían en los juicios por lesa humanidad, puntualmente contra el empresario de medios Vicente Massot.
Pero finalmente terminó liberando de culpas a una banda de mafiosos que si eran condenados, ponían en offside una cadena donde quedaban implicados altos mandos de la bonaerense, funcionarios del Estado y empresarios del círculo de amistad del gobierno.
