La Cámara Federal confirmó la condena e inhabilitación por “defraudación” en obras públicas. Las arbitrariedades de fiscales y jueces macristas (con apoyo mediático), decidiendo quién puede ser o no candidato, desnudan la persecución política de una casta mantenida por todos los gobiernos. La causa irá a la Corte Suprema.
Miércoles 13 de noviembre 11:35
Foto @CFKArgentina
Tal como estaba anunciado desde hacía semanas, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de “defraudación” en la adjudicación de obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez de Santa Cruz.
La sentencia, derivada del polémico juicio conocido como “Vialidad” , fue dictada tras la revisión de la condena inicial emitida en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y ratifica la inhabilitación especial de Fernández para ejercer cargos públicos. La expresidenta, sin embargo, ya anunció que llevará la apelación ante la Corte Suprema, buscando que el máximo tribunal revise esta decisión.
La resolución de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, sostiene la decisión inicial del TOF 2 que, en diciembre del 2022, declaró culpable a Fernández de Kirchner por direccionar contratos de obra pública en beneficio de Báez.
Cabe destacar que, aunque la expresidenta fue absuelta por la acusación de “asociación ilícita”, el fallo de Casación, con dos votos contra uno, revalida la condena por defraudación por direccionamiento hacia el empresario en la distribución de contratos en su provincia de origen, Santa Cruz.
A partir de la sentencia de los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu en primera instancia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como los fiscales Diego Luciani y Mario Villar llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de la sentencia. Mientras la defensa de Fernández planteó que debía ser absuelta de todos los delitos, los fiscales pidieron que también sea condenada por el delito de asociación ilícita y se eleve la condena a 12 años de prisión.
La sentencia
En principio la Cámara rechazó algunos recursos interpuestos por las defensas y por la Fiscalía de Cámara al tiempo que no hizo lugar a planteos de nulidad del proceso (ver video completo abajo).
Luego el juez Hornos leyó caso por caso. “Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión” e “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” por considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Por el mismo delito fueron condenados Lázaro Báez (seis años), José López (seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos), Mauricio Collareda (cuatro más inhabilitación perpetua), Raúl Daruich (tres años y seis meses e inhabilitación perpetua), Raúl Pavesi (cuatro años y medio e inhabilitación perpetua), Nelson Periotti (seis años e inhabilitación perpetua), José Santibáñez (cuatro años e inhabilitación perpetua) y Juan Carlos Villafañe (cinco años e inhabilitación perpetua).
A la vez resolvieron por mayoría absolver a CFK, Báez, López y Periotti por los delitos de “asociación ilícita” y a Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro por todos los hechos de los que fueron acusados originalmente en la causa. A todo eso se suma “el decomiso de los efectos del delito”, calculados en una “suma actualizada de $ 84.835.227.378,04”, que “deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos cuando esta sentencia adquiera firmeza”.
El fallo condenatorio de @CFKArgentina es muy grave, por lo anunciado y previsible de la condena, por las manipulaciones que sufrió la causa y porque los jueces se reservan la facultad de decidir quién puede ser candidato/a. En los próximos días quieren legalizar esa…
— Myriam Bregman (@myriambregman) November 13, 2024
Arbitrariedad judicial
El juicio Vialidad puso en discusión las enormes irregularidades en la administración y licitaciones de la obra pública, algo que ocurre en todos los gobiernos capitalistas, sin excepción. No obstante, en el proceso fueron manifiestas las arbitrariedades de los fiscales y jueces federales, con lazos cercanos al macrismo que, junto a grandes medios de comunicación, buscan utilizar la acusación de corrupción como forma de persecución política o medios para la proscripción, como sucedió mucho más abiertamente en Brasil con Lula da Silva.
Esto es evidente cuando se analiza la cantidad de causas y la enorme publicidad que tienen, contra exfuncionarios del kirchnerismo, en comparación con las causas por corrupción y espionaje por el exgobierno macrista, que son rápidamente cerradas sin determinar responsables. El caso de la absolución por parte de la Cámara hacia Julio de Vido lo grafica: condenan a su jefa política y a su subordinado López, pero a él no.
Además, hay que destacar que la utilización de la figura de “asociación ilícita” es usualmente utilizada por jueces y fiscales para perseguir y atacar a las organizaciones sociales, a sectores de trabajadores y, en general, a luchadores obreros y populares y a los opositores.
Sin embargo, la decisión de Casación no significa que la sentencia esté “firme”, por lo que Fernández de Kirchner no debería quedar detenida ni inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema decida sobre su caso. Sólo luego de que la Corte revise, algo para lo cual no tiene plazo, se considerará que la sentencia está firme y se debería hacer cumplir la pena.
Eventualmente, podría ser prisión domiciliaria para Cristina Kirchner, por ser mayor de 70 años, e incluso si volviera a ser electa para un cargo legislativo podría tener fueros que impidan la detención a priori y debería ser desaforada por el Congreso.
Por otro lado, en el Congreso está en debate el proyecto de ley de “ficha limpia”, impulsado por el PRO, que de prosperar y ser ley, impediría que la expresidenta sea candidata.
Antes de conocerse la sentencia de Casación, Cristina Kirchner publicó una carta abierta titulada Los Copitos de Comodoro Py, retomando sus denuncias de parcialidad judicial y persecución política. Además, anunció que estará el próximo domingo en un acto en Santiago del Estero, con motivo del Día de la Militancia Peronista, donde es de esperar que se refiera a su situación judicial.
Un tema del que sí puede hablar, a diferencia de cualquier otro tema. Se evidenció durante todo el año la ausencia de un programa económico alternativo al gobierno de Milei, de proyectos políticos que vuelvan a “enamorar”, de candidatos que entusiasmen y, especialmente, sin la intención de enfrentar el ajuste económico, los despidos, los ataques a los derechos laborales y populares (salud, vivienda, educación).
Entonces, mejor volver a denunciar la proscripción. En su carta, con un salto retórico sin precedentes, la expresidenta llega a compararse con Donald Trump, presentándolo como un líder que desafía el status quo de manera crítica. Incluso llega a colocar al electo presidente estadounidense en la misma categoría de víctima de persecución judicial que, por ejemplo, Evo Morales o Lula. Pero Trump construyó su carrera política a partir de ser un gran e influyente magnate del país imperialista y sostiene un discurso violento, xenófobo, racista y machista, corriendo cada vez más a la derecha los márgenes de lo tolerable.
Desde que quienes dictan la condena (judicial, política y mediática) hay una clara utilización política de este juicio contra Fernández de Kirchner. Pero también la hay desde el peronismo, que atraviesa una profunda crisis luego del fracaso estrepitoso del gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, en los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto Fernández nunca hubo un verdadero desafío a la casta judicial. Apenas batallas discursivas.
A esa casta nunca se les tocaron los sueldos privilegiados, los cargos de por vida y la rosca para poner jueces amigos o convenientes. Incluso en la actualidad persisten los trascendidos y rumores de intentos de negociación entre el gobierno mileísta y el peronismo para avanzar con designaciones en la Corte Suprema.
Cristina Kirchner, denunciando la proscripción judicial, el lawfare desde Comodoro Py, además de recomponer su desgastado rol como referente, también busca ordenar detrás suyo la interna del PJ. Pero es una pobre defensa cuando, detrás de eso, el peronismo no ofrece alternativa a los profundos padecimientos de los sectores populares.
