Sesiones extraordinarias. Chubut: la legislatura tratará proyectos para profundizar el saqueo y la flexibilidad laboral

El lunes 22 y el vierenes 26 de enero sesionará la legislatura provincia para tratr los proyectos que de Emergencia Sanitaria; Profesionalidad Docente; Transparencia en la Licitación de la Obra Pública; Reformas Legislativas: a la Ley I N° 481 (reforma Petrominera) y la modificación de la ley XVII N° 102 (marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera); Solicitud de Juicio Político y Pliegos de Petrominera.

En esta nota vamos a abordar los proyectos que intentan modificar la Ley I N° 481 (reforma Petrominera) y la ley XVII N° 102 (marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera).

El gobierno de Ignacio Torres quiere avanzar en tener super poderes para cobrar menos regalías al distribuir las áreas petroleras y decidir el poder ejecutivo, sin pasar por la Legislatura, toda similitud con los superpoderes que pretende imponer Milei con la Ley Omnibus, no es pura coincidencia. El objetivo, que aduce el gobierno, es a corto plazo reactivar la producción petrolera.

Como señala el periodista Marcelo García “Las operadoras ya han sido beneficiadas en el pasado con leyes y extensiones de concesiones hasta por 40 años, especialmente en la primera época de Mario Das Neves, pero los niveles productivos siguen declinando y siempre parece terminar siendo el Estado quien debe resignar ingresos frente a las grandes compañías privadas”.

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Ignacio Torres quiere que la legislatura en las sesiones del 22 y 26 de enero le vote el Proyecto 9/2024 que busca sortear el tratamiento legislativo de las nuevas concesiones petroleras para que el poder de entregar las concesiones quede exclusivamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Y el segundo proyecto introduce nuevos ítems para esas concesiones que adjudique de manera directa el Ejecutivo. En el Proyecto 10/24 se plantea la eliminación de la obligatoriedad de asociarse por parte de las nuevas operadoras con Petrominera Sociedad del Estado y que los períodos de vencimiento comenzarán a operar en los próximos 3 años, además de contemplar lo que sería la reversión de áreas de YPF en Chubut.

Como señala García “La otra modificación de importancia se vincula a la reducción o eximición del pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos que fue incluido en el proceso de renegociaciones iniciado por Mario Das Neves y que estipulaba un pago extraordinario que rondaba entre el 3 y 4% extra de regalías petroleras, las que luego eran coparticipadas con los principales Municipios productores. En verdad elimina el piso del 3% de canon adicional dejando librada la posibilidad de no cobrarlo o achicarlo entre el 0 y el 4%, habilitando la posibilidad de condonación por parte del propio gobierno aduciendo que "El Poder Ejecutivo podrá eximir del pago del Bono de Compensación de los Hidrocarburos para el Desarrollo Sustentable, teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos, en aquellas áreas hidrocarburíferas que por sus características lo justifiquen".

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Claves de una nueva apuesta al saqueo extractivista

El objetivo central del proyecto es fomentar el aumento en la producción de petróleo, permitiendo saldos exportables para generar divisas. Desde el vamos, según se desprende del propio discurso oficial, lo que ordena la política energética no son las necesidades de la población o la “transición energética” de la que hablaron últimamente, sino conseguir dólares para pagar la deuda externa.

Como vemos, los dos proyectos profundizan la lógica de saqueo y grandes beneficios a las petroleras, que solo reproducen la primarización de la economía de la provincia, basada en la extracción y venta de petróleo, resignando incluso ya las ya magras regalías que percibe por la explotación del petróleo. Esta profundización del extractivismo tiene el objetivo, como viene sucediendo desde hace décadas, de pagar la deuda externa y maximizar las ganancias de las petroleras.

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Terminar con el saqueo e iniciar una transición desde abajo

Si se corriera el lucro de la ecuación, se tornaría completamente irracional seguir apostando a la explotación del petróleo. Drenaje de recursos del Estado en forma de subsidios, dólares que así como entran se van del país, destrucción del ambiente y un resultado energético que posiblemente llegue a satisfacer antes el mandato exportador que el acceso a la energía para todas las familias del pueblo trabajador que en pleno siglo XXI no tienen la posibilidad, siquiera, de una calefacción segura.

La estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios, sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo, diversificando y desfosilizando la matriz. Esa estatización debería abarcar no solo a las petroleras sino, por ejemplo, a las represas hidroeléctricas, rescindiendo las concesiones a empresas privadas entre las cuales hay grandes multinacionales.

Como señala Esteban Martine "Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento por medio del no pago de la deuda externa y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Esto permitiría evaluar la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación (como la hidroeléctrica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, o la biomasa), aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el consumo de bienes naturales (como el litio) necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación".

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De esa manera se podría reducir el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética.
Hay que terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias. En este terreno, las gestiones obreras como Madygraf y FASINPAT (ex - Zanon), están un paso adelante, y diseñaron planes que combinan el conocimiento de los propios trabajadores y trabajadoras con profesionales solidarios. El control obrero en las industrias, permitiría no solo mejorar la eficiencia energética sino también problematizar qué y para qué se produce.

Una transición energética de estas características, debe ser parte de una transición más general hacia la gestión y planificación del conjunto de la economía por parte de un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, en perspectiva de la lucha por una sociedad socialista, basada no en la explotación y la búsqueda de ganancias por un puñado de capitalistas, sino en la satisfacción de las necesidades sociales y una relación racional y sostenible con el ambiente.

Los proyectos 9/2024 y 10/24