Ocurrió el pasado 10 de abril en la ciudad de Balcarce. Al joven le rechazaron el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia. La Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, había dicho que esta práctica de espionaje ilegal era para medir el “humor social”. Le abrieron una causa por el delito de intimidación pública.
Lunes 13 de abril de 2020 18:54
Minuto BALCARCE
Más de 10 millones de personas se habrían anotado para cobrar los 10 mil pesos que otorga la ANSES a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El gobierno que anunció que llegaría a 3,6 millones de familias fue ampliamente desbordado producto del hambre que crece cada día que pasa. Uno de ellos fue un joven de 21 años oriundo de Balcarce que tras enterarse que no reunía los “requisitos” para cobrarlo descargó su descontento en su cuenta personal de Twitter: “Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en píe lo del saqueo, no?”.
Según informaron los medios de dicha localidad: “El Área de Ciberpatrullaje de la SubDDI y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) monitorearon el Tuitt pudiendo dar con la publicación. Según informaron, no se descarta procesar judicialmente a aquellos que, siguiendo el hilo de Twitter, se mostraron a favor e incluso retwittearon el mensaje”. Debido a que el Twitt llegó a 800 seguidores de esta red social, la Fiscal Laura Molina resolvió la detención del jóven que fué imputado por el delito de intimidación pública prevista en el artículo 211 del Código Penal y que prevee una pena de hasta 6 años de prisión.
Decenas de referentes de la Izquierda y los Derechos Humanos denunciaron que esta práctica de espionaje ilegal había sido implementada por Patricia Bullrich bajo el gobierno de Macri y hoy se continúa. En una nota anterior de la Izquierda Diario los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Agustín Comas y Matías Aufieri, decían al respecto: “que una publicación en una red social pueda ser vista por decenas, cientos o miles de personas, no autoriza a una fuerza federal, sin orden judicial o sin autorización legal, para investigarla, menos guardar los datos, menos ficharla”. Y agregan que “la reunión de información es una de las dos actividades en que se divide el accionar de los espías, de los servicios de inteligencia. Está prohibida por la ley si no tiene lugar en el marco de una causa judicial, o sea, ordenada por un juez”.
Te puede interesar: Ciberpatrullaje: nuevos métodos, viejas prácticas ilegales
El hambre es un crimen
Desde que se inició el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio frente a la pendemia son miles las familias que han perdido sus ingresos. La mayoría trabajadores precarios a quiénes las patronales les dijeron que “vuelvan cuando esto termine”, trabajadores independientes que se ven imposibilitados de generar ingresos o por despidos y rebajas salariales, que si bien están prohibidas por decreto, abundan por estos días de empresarios millonarios que no quieren perder un peso. El Ministerio de Desarrollo Social informó que la demanda alimentaria creció hasta alcanzar los 11 millones de personas y el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 pesos, insuficiente si lo comparamos con los 60 mil pesos que cuesta la canasta familiar, no alcanza y no llega a todos los que lo solicitaron.
Esta realidad es a la que le hacen frente las y los docentes en los Comedores Escolares mientras denuncian que en la provincia gobernada por Kicillof no llega la cantidad de alimentos necesaria para enfrentar la emergencia.
Mientras crecen las colas en los comedores barriales, el presidente Alberto Fernández, aseguró: “Prefiero tener 10 por ciento más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina por coronavirus”. El mismo gobierno que tuvo que despedir a un funcionario por el pago de sobreprecios por la compra de alimentos por parte del estado. Es que mientras la pobreza y los despidos fueron los grandes ningunados en la última conferencia de prensa del presidente, los empresarios y especuladores no dudan en mandar a la miseria a millones de personas como lo demostró Techint con 1400 despidos o en el Frigrorífico Penta donde sus trabajadores fueron brutalmente reprimidos por reclamar por sus puestos de trabajo. El gobierno y los sindicatos están dispuestos a tolerar que los empresarios aumenten 10 puntos la pobreza en Argentina pero que nadie que esté pasando hambre publique en Twitter la palabra “saqueo”.
La Izquierda por su parte viene levantando una alternativa a la miseria. Son necesarias elementales medidas de auto preservación de los trabajadores. Sólo con poner un impuesto del 3% a aquellos que tienen una fortuna que supera los 1.000 millones de pesos, se podría garantizar un Salario de Cuarentena de $ 30.000 para todas y todos aquellos que tengan que cumplir el aislamiento obligatorio y no tengan una licencia laboral paga.
Te puede interesar: Imprescindibles medidas de autodefensa de la clase trabajadora
