General Roca. Comenzó el juicio por el fusilamiento de Rafael Nahuel con un “mensaje” del Poder Judicial

Un centenar de testigos, muchas pericias y dos hipótesis para explicar la muerte de Rafael Nahuel: fusilamiento o legítima defensa. Con estas coordenadas arrancó este martes el juicio contra cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, que participaron el 25 de noviembre de 2017 del operativo criminal que terminó con la vida del joven de 22 años, en la lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, y dejó heridos a Johana Colhuan y Gonzalo Coña.

Las audiencias se realizarán los martes y miércoles en la sede de los Tribunales Federales de General Roca. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal de esa ciudad rionegrina, integrado por los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava. Se estima que declarará un centenar de testigos y se expondrán diversas pericias que sirvan para discernir cuál de las dos hipótesis del caso es la verdadera.

En principio, a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García el Poder Judicial los acusa del delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, siendo Cavia el autor y los otros partícipes necesarios. Así quedó escrito en el auto de elevación a juicio, firmado el 8 de diciembre de 2021 por la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvia Domínguez, a partir del requerimiento de la fiscal de instrucción Sylvia Little.

A la versión del enfrentamiento armado sostenido por la Fiscalía y las defensas de los acusados, se opone la versión de las querellas, integradas por la propia familia de Rafael Nahuel, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Tomando de forma integral las evidencias volcadas en el expediente FGR27423, las querellas acusan a los cinco albatros de “homicidio doblemente agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego y por haber sido cometido abusando de su función o cargo como miembro de una fuerza de seguridad”. También consideran a Cavia autor y al resto partícipes necesarios. Y además los acusan a todos de tentativa de homicidio agravado de Colhuan y Coña.

Roca y los mapuche

Ante todo hay que recordar dos datos: el asesinato de “Rafita” se produjo a unos treinta kilómetros de Bariloche; y en esa ciudad hay un juzgado federal en condiciones de asumir un juicio de estas características. Sin embargo, el Poder Judicial federal trasladó el debate a unos 520 kilómetros de donde se produjeron los hechos. Ironías de la vida, el juicio por el crimen de un joven mapuche se hace en una ciudad llamada General (Julio Argentino) Roca, impulsor de la masacre de ése y otros pueblos originarios.

A juzgar por las conductas que los jueces Silva, Bracco y Díaz Lacava adoptaron en la primera audiencia, queda claro que para la llamada “Justicia” el racismo, el desprecio a las poblaciones oprimidas y el servicio al régimen político y social opresor son condiciones asumidas sin mayores reparos.

Tito Nahuel, padre de Rafael, lo dijo claramente al hablar en las afueras de los Tribunales. Tras agradecer el acompañamiento de comunidades mapuche y organizaciones de derechos humanos y de izquierda que concentraron frente a la sede judicial, Tito dijo que “este juicio va a ser largo y por eso queremos que se haga en Bariloche, porque se nos hace muy difícil viajar. Mi señora anda medio enferma y tenemos que dejar a veces la casa sola. A mi hijo lo mataron en Bariloche, ¿por qué el juicio es acá? Nuestra familia vive toda allá y a Rafita lo mataron allá”.

Sobre la Avenida España 1690, además de diversas comunidades originarias se hicieron presentes para acompañar a la familia Nahuel el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, el PTS-Frente de Izquierda, el FOL, el FOL Coordinadora por el Cambio Social, la CCC y vecinas y vecinos solidarios.

Tanto en la etapa previa al inicio del juicio como en la primera audiencia los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino de la APDH y Mariano Przybylski de la Secretaría de Derechos Humanos le plantearon al Tribunal que, en rigor, es mucho más económico y expeditivo que los tres jueces viajen de Roca a Bariloche y no que lo hagan la familia de Nahuel, el centenar de testigos (casi todos de Bariloche) y demás personas involucradas en el proceso. Los jueces se niegan sistemáticamente.

Encima, originalmente las audiencias iban a ser cinco días a la semana, lo que permitía a la familia de Nahuel y a la comunidad viajar menos veces. Al quedar en sólo los martes y los miércoles, si quieren estar deberán viajar muchas más veces esos más de 500 kilómetros hasta que termine el juicio. El doctor Rubén Marigo, abogado de la familia Nahuel, definió esta actitud del Tribunal como una falta grave al debido “acceso a la justicia” de las víctimas. Hacerles las cosas tan difíciles no es la mejor manera de tentarlos a confiar en ese mismo Poder Judicial racista y criminalizador.

Por si fuera poco, también queda en claro el privilegio para los asesinos. El juicio tendrá una dinámica bimodal, con una sala física donde están el Tribunal, la Fiscalía (a cargo del fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz), las querellas, las abogadas de dos de los imputados y el público (entre ellos la familia de Rafita). Pero Cavia, Pintos, Obregón, García y Sosa están autorizados a seguir todo el debate por Zoom, como si aún se estuviera en pandemia y como si los prefectos tuvieran algún impedimento.

Tamaño privilegio de los homicidas (y el abogado de tres de ellos) no se justifica en lo más mínimo. Las querellas y la Fiscalía pidieron (antes del juicio y cuando arrancó) que los acusados estuvieran presentes tal como el resto de las partes. Pero el Tribunal, una y otra vez, se niega.

En un mensaje claro a los jueces, Graciela Salvo, la mamá de Nahuel, dijo desde la vereda del Juzgado: “Queremos que los asesinos de mi hijo den la cara, tendrían que estar acá. Ellos destruyeron una familia y ahora se esconden. Ellos, que tienen tanta plata para hacer lo que quieran, no se hacen presentes. Nosotros tenemos que viajar desde Bariloche, sin tener los medios necesarios. Quiero justicia por Rafita y que los albatros asesinos den la cara. Nosotros sí damos la cara”.

Fusilamiento versus enfrentamiento

El doctor Mariano Przybylski es director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. Participa en el juicio como querellante. Consultado por La Izquierda Diario sobre la divergencia en la calificación de los cargos con la Fiscalía, el abogado dijo que “hay elementos suficientes como para llegar a una condena por homicidio calificado, que es lo que creemos que sucedió”.

Al detallar en qué pruebas se basa para acusar de esa manera, Przybliski recordó que “se detectaron 130 vainas servidas de plomo en el terreno, o sea 130 disparos con intención de matar, porque son armas letales, al grupo de personas que se encontraban en el territorio. Creemos que los cinco imputados tuvieron la intención de matar. Uno le acertó a Rafael Nahuel, otros que no pudieron identificarse hirieron a otros dos miembros de la comunidad. Es como la imagen de un pelotón de fusilamiento. Los cinco son coautores y responsables”.

Descartando la versión del supuesto “enfrentamiento” con la que batallarán las defensas, las querellas están convencidas de que los prefectos, ninguna orden judicial que los avale, iniciaron una persecución en un predio donde no debían ingresar. Si se hubieran quedado en los puestos que el juez Gustavo Villanueva les había asignado para custodiar el terreno, nunca se habrían encontrado con los jóvenes. Pero decidieron ir a buscarlos. Cuando tiraron una granada de estruendo los miembros de la comunidad se fueron. Y los siguieron. Perseguir y matar fue una decisión.

Las defensas de los prefectos buscarán convencer al Tribunal de que sus clientes fueron víctimas de un enfrentamiento y ellos sólo cumplieron con su deber de responder a un ataque ilegítimo de una quincena de forajidos. Aseguran que los jóvenes estaban armados, lo que no se pudo comprobar pese a que las defensas y la Fiscalía se apoyan en pericias según las cuales Rafael, Fausto Jones Huala y Lautaro González tenían partículas químicas en sus manos que podrían ser producto de deflagraciones de armas de fuego.

Desde las querellas afirman que esos restos fueron transferidos por los mismos prefectos al momento de tomar contacto con los jóvenes, cargando a Nahuel a la ambulancia y esposando y deteniendo a Jones Huala y González. El argumento es más que verosímil. Si entre cinco uniformados dispararon al menos 130 veces (a razón de 26 cada uno) indefectiblemente sus manos tenían partículas de sobra para contaminar a cualquiera.

“Dicen que mi hijo y los otros chicos estaban armados. Yo lo conocí bien a mi hijo y él nunca estuvo armado. Sus únicas armas eran el machete, el hacha y la motosierra para cortar leña”, dice Tito con serenidad ancestral pero también con firmeza.

Crimen de Estado

Nahuel murió por una hemorragia que le hizo perder muchísima sangre (aproximadamente cuatro litros), tras recibir una bala que entró por la cadera izquierda y se alojó debajo de la axila derecha, destrozando varios órganos en el trayecto. Johana Colhuan y Gonzalo Coña resultaron heridos en diferentes partes de sus cuerpos. Podrían haber muerto más jóvenes mapuche.

¿De qué legítima defensa se habla, cuando no sólo no hubo prefectos heridos sino que tampoco se hallaron proyectiles ni armas que no fueran los de la fuerza federal que en ese momento conducía Patricia Bullrich?

Cuando Cavia, el prefecto cuya arma fue la que disparó la bala asesina, entregó las cajas de municiones que se le asignaron para el operativo, no había faltantes. Ésa y otras maniobras tuvieron la clara intención de camuflar evidencias en función del relato del enfrentamiento.

Entre las pruebas más importantes con las que se llegó al juicio se destacan las actas de procedimiento del Grupo Albatros, pericias realizadas en el lugar de los hechos, la autopsia de Nahuel, informes balísticos y médicos y los testimonios de Fausto Jones Huala y Lautaro González.

No es para nada descabellado catalogar la muerte de Rafita como un crimen de Estado. Pocos días antes del comienzo del juicio, Lautaro González, miembro de la comunidad mapuche Kurrache y uno de los jóvenes atacados por Prefectura aquel 25 de noviembre, fue sobreseído en una causa que se le había abierto tras los hechos. Según información difundida por La Gremial de Abogadas y Abogados, se declaró prescripta la acción penal contra González, lo que permitirá que se presente como testigo en el juicio. Un testigo clave.

González y Jones Huala, que habían acudido al lugar en solidaridad con la comunidad Lafken Winkul Mapu, fueron quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel del cerro en el que se habían refugiado. Mientras Nahuel era cargado en una ambulancia, ambos jóvenes fueron encarcelados.

Los liberaron poco después, pero una apelación de la Fiscalía de Bariloche ante la Cámara de Casación motivó que se dictara nuevamente sus detenciones. Se los acusaba de ser “un grupo sublevado en armas”. Por recomendación de su defensa, González se mantuvo prófugo.

“Cada vez que intentamos poner a Lautaro a derecho bajo la condición que lo excarcelaran la Fiscalía de Bariloche extorsionaba con que firme un juicio abreviado reconociendo que el 25 de noviembre hubo enfrentamiento con armas entre las fuerzas de seguridad y ellos, pero Lautaro prefirió seguir prófugo antes de reconocer una situación que no había sucedido, por eso no queremos dejar de resaltar la actitud digna que tuvo, lo que le significó vivir casi cinco años en clandestinidad en condiciones difíciles”, dijeron desde La Gremial de Abogadas y Abogados.

Al enterarse que este 15 de agosto comenzaría el juicio por Rafael, Lautaro decidió presentarse ante el Poder Judicial con la intención de poder dar testimonio en el proceso, sabiendo de la posibilidad real de terminar encarcelado. “Para La Gremial no es fácil acompañar la entrega de un compañero, pero entendimos su postura y así fue presentado a derecho. Apenas hicimos la presentación, el Juzgado de Bariloche declaró la prescripción de la acción penal de oficio y fue sobreseído”.

Rafita Nahuel murió por un balazo de Prefectura. Un balazo de 130 que cinco efectivos descargaron en pocos minutos contra una comunidad mapuche que reclama una porción de territorio que les fuera arrebatado por el Estado y que hoy figura bajo la órbita de Parque Nacionales. Es el mismo territorio sobre el que el actual Gobierno nacional, a pedido del mismo Poder Judicial racista y criminalizador, hizo otro brutal operativo en octubre de 2022 en el que hubo violaciones a derechos humanos y un desalojo irrespetuoso del derecho originario al reclamo de tierras ancestrales.

El Estado sigue persiguiendo, de una y mil formas, a las comunidades mapuche. Y cuando mata a sus miembros, siempre busca desviar la verdad y justificar su accionar represivo. Gobierne quien gobierne. El crimen de Nahuel fue cometido horas antes de que, en el pueblo bonaerense de 25 de Mayo, el cuerpo de Santiago Maldonado fuera sepultado tras haber estado 78 días desaparecido en Chubut. Crímenes de Estado, qué duda cabe.

Artículo realizado en base a informe de Ulises Candia, corresponsal en General Roca