BOSQUE NATIVO. Comunidad Ka’a Kupe de Misiones logró el freno judicial a los desmontes en su territorio

En mayo de este año la tekoa Ka’a Kupe, comunidad mbya de Ruiz de Montoya en Misiones, debió presentar un amparo ante la Justicia para frenar desmontes de la empresa forestal Carba Saciia que el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables había autorizado en sus territorios a través de la ejecución del Plan de Manejo Sustentable Lote 7B, en Colonia Seguin, municipio de Campo Grande. Las buenas noticias llegaron este lunes 26, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia falló a su favor y, en un hecho histórico, suspendió el desmonte de cientos de hectáreas de árboles nativos de la selva misionera.

El conflicto tiene lugar en las cinco mil hectáreas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desde 2016 a la comunidad Ka’a Kupe en Campo Grande, pero hay más involucradas.

La pelea de Ka’a Kupe para salvaguardar sus territorios y los bienes naturales es incansable. En diciembre de 2019 habían presentado un recurso administrativo contra la autorización que el ministro Juan Manuel Díaz había dado a días de dejar su cargo. Pese a amenazas, en febrero de este año habían logrado frenar las nada sustentables motosierras y topadoras de Carba sobre el área protegida, pero luego se impuso la cuarentena, tras la cual los desmontes de bosques nativos siguieron con total impunidad bajo el mote de “esenciales”. Ahora la Justicia provincial dispone “como medida cautelar la suspensión de los efectos de la Resolución Nº 411/19 hasta que se resuelvan los recursos administrativos interpuestos”.

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La abogada Roxana Rivas, parte del equipo de Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y su filial local Emipa, representa a la comunidad Ka’a Kupe desde 2016 en su lucha territorial, pero también interviene en causas vinculadas a derechos humanos, justicia y género. En diálogo con La Izquierda Diario, Rivas explicó que la intención de la comunidad con el amparo era “ganar tiempo” y “detener la ejecución del acto” para que siguieran en trámite recursos administrativos que les permitan seguir discutiendo en otras instancias la recuperación del territorio. El recurso contra la Resolución 411/19 nunca llegó al sucesor de Díaz, Mario Vialey, porque se había “traspapelado” con el cambio de autoridades.

A falta de titularización de sus tierras ancestrales, dentro del territorio indígena reconocido en Misiones conviven varias propiedades privadas. Carba, que tiene presencia en otros rubros extractivos, es propietaria dominial, pero bajo ningún aspecto, según explica Rivas, puede “disponer de ese lugar sin la consulta o la intervención de las comunidades”.

“Lo que la comunidad de Ka’a Kupe quiere, como otras tantas, es que la empresa le devuelva el territorio, ya sea a través de acuerdo con el Estado o particulares”, apunta Rivas. “El fallo es favorable porque lo que estamos consiguiendo es que se detenga la ejecución hasta que se resuelva el recurso administrativo” ante Ecología contra la autorización para desmontar y talar en el Lote B de Colonia Seguin. La abogada de la comunidad espera así ganar unos dos años de tiempo para pelear por los derechos de los mbyas mientras la autorización de desmonte esté suspendida.

La letrada es categórica: “Las comunidades están dispuestas a pelear por su territorio. No para una convivencia pacífica, sino por recuperarlas para ellos, que es lo que se logró en algunos otros lados de la provincia”. Para Rivas, además, “la empresa no tiene otra alternativa más que cumplir”.

El fallo sostiene que debe respetarse la “particular cosmovisión” y la cultura de los pueblos originarios, ya que “de lo contrario podrían consentirse eventuales violaciones a derechos fundamentales” por las cuales el Estado podría ser llevado a tribunales internacionales.

El amparo de la comunidad mbya contra el Ministerio de Ecología de Misiones había solicitado el “cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas de bosque nativo, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones administrativas otorgadas” por la cartera durante la gestión de Díaz. La tekoa Ka’a Kupe también exigía la prohibición de nuevas autorizaciones para tala y desmonte, “imponiendo a los demandados el deber de recomponer el ambiente y, de resultar ello imposible, se fije una indemnización sustitutiva a favor de las comunidades indígenas afectadas”.

Para la Justicia de Misiones, corresponde al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables informar dentro de los treinta días hábiles sobre la resolución del expediente iniciado por la tekoa Ka’a Kupe contra la autorización a Carba para su actividad destructiva sobre territorios indígenas sin el conocimiento previo, libre e informado de las comunidades en decisiones que afecten sus territorios e incluso las obliguen a desplazarse, algo establecido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además deberá velar por el efectivo cumplimiento de la suspensión del Plan de Manejo Sostenible por parte de la empresa forestal.

El fallo incorpora la necesidad de “dilucidar si ha mediado vulneración o no de derechos humanos de las comunidades indígenas de rango constitucional y convencional”, específicamente el artículo 75 inciso 17 de la Constitución, los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la citada declaración de la ONU, en lo que hace al “derecho a la consulta y participación de tales comunidades en la toma de decisiones susceptibles de afectar sus derechos, de involucramiento en la gestión de los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, de la protección y preservación del medio ambiente en el territorio que habitan”.

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Para la apoderada legal de las comunidades, uno de los principales escollos a sortear es el desconocimiento existente entre los magistrados provinciales en materia de derechos indígenas consagrados a nivel nacional e internacional. Rivas no descarta que, como ya ocurrió en Chaco con el reclamo contra los desmontes, el Estado y la empresa forestal, cada uno por su lado, apelen el fallo.

El ministerio a cargo de Mario Vialey deberá responder ante el reclamo de la comunidad. Semanas atrás, en una entrevista con Argentina Forestal, Vialey había defendido la legalidad del plan que involucra a Carba. Para el equipo legal que representa a las comunidades la actual gestión “retrocedió diez años en la solución de conflictos” y “está demostrando que su direccionamiento político es buscar dividir a las comunidades y para lograrlo no tiene reparos en incumplir con los deberes de funcionario público”.