Grave. Comunidades indígenas denuncian que el gobierno de Kicillof las vulnera y discrimina

Hace un par de meses Nehuén Sosa, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), organismo dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia provincial, convocó a las comunidades originarias del territorio bonaerense a participar el sábado 26 de marzo de una asamblea para elegir representantes del pueblo mapuche tehuelche en el Consejo Indígena de Buenos Aires (CIBA). A su vez solicitó colaboración y acordaron designar a través del voto a representantes para el Consejo de Participación Indígena (CPI) dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Tanto el CPI como el CIBA son espacios de participación que reúnen a representantes de los pueblos originarios con representantes de los gobiernos nacional y provincial, respectivamente, a fin de discutir todas las problemáticas y necesidades de las comunidades y pueblos indígenas de todo el país. Al menos eso deberían hacer, tal como lo reconocen las constituciones nacional y provincial y como lo obliga la ley. Pero, a juzgar por lo que manifiestan las propias comunidades, una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que el Estado hace y deja de hacer.

El encuentro se realizó el sábado pasado en las instalaciones del hotel “10 de Junio” del sindicato docente Suteba, ubicado en Avenida 13 N° 1176 de La Plata. En el moderno edificio construido hace unos años por Roberto Baradel, frente al Ministerio de Educación provincial, el Gobierno alojó a representantes de 23 comunidades de toda la provincia. Muchas otras faltaron por falta de atención y gestión para sus traslados.

“De las que pudieron llegar iban a ser 24, pero Antú, el representante de la comunidad Pampa Patagonia Centinela del Mar de Miramar, no pudo asistir por un acto de discriminación donde la Subsecretaría de Derechos Humanos fue partícipe de la violación de la Ley de Identidad de Género”, dice Víctor Hugo González Catriel en diálogo con La Izquierda Diario.

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Catriel es representante de la comunidad Peñi Mapu de Olavarría. Junto a Olga Curipan, referente de la comunidad Ruka Kimun de Bahía Blanca (quien el año pasado sufrió en su casa un atentado perpetrado por una banda de ultraderecha), son representantes del CPI Mapuche Buenos Aires y miembros de la Organización del Parlamento Mapuche Tehuelche de la Provincia de Buenos Aires, una organización indígena que aglutina, según sus propios registros, a más del 95 % de las comunidades y miembros de pueblos indígenas afincadas en 130 de los 135 distritos bonaerenses. Ambos, en la reunión del sábado fueron reelectos como representantes en el CPI, reafirmando su representatividad.

Tras finalizar la asamblea, reunidas en el mismo hotel donde se alojaban, las y los representantes de las comunidades realizaron un acta que le fue entregada en mano a los funcionarios del CPAI y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En ese documento exigieron al Gobierno de Axel Kicillof, especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak, que se dignen a respetar y cumplir lo que estipula el Decreto 3631/07 que regula los métodos y el funcionamiento del Consejo Indígena de Buenos Aires.

En el acta se detalla, por un lado, una lista de variados ejemplos donde se demuestra la violación de la ley por parte de la gestión del Frente de Todos. Por caso, apuntan contra el Ministerio de Salud, que nunca estuvo ni está presente asistiendo a las comunidades que tienen gran cantidad de enfermos y muertos por covid. Las comunidades afirman que ese ministerio, a través de Isabel Araujo (una desconocida por todas las comunidades) envió apenas "unos barbijos miserables", lo cuál es tomado como una burla a quienes han perdido a sus seres queridos que nunca fueron asistidos.

Por otro lado, en el acta las y los representantes de las comunidades mencionan el acto de discriminación del joven trans Antú y la consiguiente violación por parte del Gobierno de la Ley de Identidad de Género.

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El caso de Antú

Como se dijo, el traslado y la estadía en el hotel de Suteba de las y los representantes indígenas estuvo a cargo del CPAI conducido por Nehuén Sosa. Las comunidades que participaron apuntan a él y su equipo por varias irregularidades que debieron padecer, falta de respuestas, traslados, vulneración y manoseo de sus identidades. La más grave es la situación que le tocó atravesar a Antú, quien no logró viajar y, con ello, su comunidad Pampa Patagonia Centinela del Mar de Miramar se quedó sin representación en la asamblea.

“Al hermano le mandaron mal el pasaje, violando las pautas básicas de reconocimiento que marca la Ley de Identidad de Género. Cuando él fue a la boletería de la empresa de transporte le dijeron que, como los datos que figuraban en el pasaje no se correspondían con los de su documento, no podían dárselo. Antú se comunicó con la gente del CPAI, pero nunca le solucionaron el problema. ¡Y están para eso! Intentaron echarle la culpa a la empresa por los datos equivocados. Nosotros no sabemos de quién fue la culpa, pero una vez que hicimos el reclamo desde el gobierno no resolvieron nada y el hermano se quedó sin poder viajar”, denuncian Catriel y Curipan.

Ambos referentes agregan que "lo más incomprensible es que se trata del organismo que se supone defiende los derechos humanos y tiene como bandera la defensa de la identidad de género. Un despropósito por donde se lo mire”.

La Organización del Parlamento Mapuche Tehuelche asegura que los funcionarios sabían desde hace meses que Antú tenía retenido su pasaje en la boletería de la empresa (cuyo nombre por el momento se mantiene en reserva), ya que la asamblea se iba a realizar originalmente en diciembre pero se suspendió. Sin embargo, la Subsecretaría de Derechos Humanos ni siquiera puso a disposición un auto de los muchos que transitan la provincia llevando y trayendo funcionarios, dejando en evidencia el desinterés por la comunidad Pampa Patagonia Centinela del Mar de Miramar.

“Creemos que se trata de un claro acto de discriminación de un organismo que, paradójicamente, depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, reflexiona Catriel.

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El pasado sábado, una vez que terminaron las asambleas para elegir representantes, las comunidades le entregaron a Nehuén Sosa el acta con sus reclamos y la denuncia por discriminación a Antú.

“Le planteamos todas las situaciones irregulares que vimos y, muy especialmente, sobre lo que hicieron con Antú. Pero no se hicieron cargo de nada, es más se ofendieron porque Catriel expresó su malestar destacando la incapacidad que tienen, ya que no dan respuestas, se preguntó por qué el subsecretario de Derechos Humanos (Matías “El Gitano” Moreno) no estaba presente y Sosa expresó que no vino porque no quiso y él si quería tampoco se hacía presente. Una falta total de respeto a nosotros y a la función que deben cumplir”, dice Curipan.

Catriel afirma que hoy “Antú está muy dolido y afectado por todo esto. Incluso le propusimos que viajara por otros medios, pero no quiso ante semejante trato de parte del Estado provincial. Es algo aberrante. Y preocupa mucho que encima no se hagan cargo”. De hecho afirma que otra de las funcionaria les expresó que “el ministro Alak no tenía ni idea que existieran pueblos indígenas en la provincia, dando a entender que al titular de la cartera provincial de Justicia y Derechos Humanos no le importa nada las poblaciones indígenas”.

Ilegalidades

La Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743 establece en su artículo 12 pautas de “trato digno” para con las personas que hayan decidido cambiar su identidad: “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados”.

Y agrega que “cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a”.

Eso es lo que no hizo la empresa de transporte y lo que el Gobierno provincial se negó a resolver, sancionando si fuera necesario a la compañía. Por el contrario, Antú no sólo no pudo viajar sino que aún pesa en él un fuerte sentimiento de discriminación e injusticia.

Desde la Organización del Parlamento Mapuche Tehuelche de la Provincia de Buenos Aires confirmaron a este diario que esperarán unos días a ver si el ministro Alak, el subsecretario Moreno o el mismo Sosa se dignan a darles una explicación convincente y justificada de todas las irregularidades cometidas en dos años de gestión y, muy especialmente, a que tomen las medidas necesarias para revertir los daños causados a Antú por la discriminación que sufrió. De no recibir respuestas satisfactorias, ya se están preparando denuncias penales así como presentaciones ante diversos organismos, empezando por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que conduce Magdalena Odarda.

Aunque de éste último no esperan demasiado, ya que también denuncian al INAI por actos de corrupción y otras maniobras irregulares alrededor de la restitución de restos de ancestros de los pueblos originarios que aún se conservan en museos públicos y privados del país y del extranjero. Eso será contado en detalle en una próxima nota.