Drogas. Comunidades terapéuticas sin control y usuarios que sufren la violación de todos sus derechos

En febrero de este año, un incendio en la granja de rehabilitación clandestina Resiliencia San Fernando le arrebató la vida a cuatro jóvenes que padecían un consumo problemático. Fueron internados compulsivamente sin recibir un tratamiento adecuado. Nicolás Ortiz de 24 años, Rodrigo Moreno y José Castaño de 22 años, además de Nicolás, perdieron la vida por falta de control estatal en estas comunidades.

Por estas muertes, el fiscal Germán Camafreitas, el Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina Resiliencia San Fernando de Pilar.

Están acusados, según informa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre. Hasta el momento de los hechos, los internados estaban sometidos a aislamiento extremo, castigos y sobremedicados todos con un mismo cóctel de psicofármacos. Además de todas estas aberraciones, el establecimiento no estaba habilitado.

Alan Emmanuel Cambra, director de la comunidad, ya estaba detenido. La CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional.

El periodista Pablo Galfre, autor de "La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación”, investiga sobre la relación de estas pseudo comunidades terapéuticas, que alojan compulsivamente a jóvenes pobres que padecen por sus consumos problemáticos. El único objetivo de estas comunidades es el lucro. Reciben subsidios del Estado, aportes de las familias, y carecen de un correcto enfoque terapéutico para abordar estos complejos problemas de salud.

Galfre relató en un artículo publicado en este medio, que el martes 22 de febrero, cuando se produjo el incendio en el centro Resiliencia San Fernando, “el edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios”.

Además, relata Galfre, que los jóvenes que fallecieron se encontraban sobremedicados y por esto ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante el incendio. Además de los cuatro jóvenes fallecidas, otras veintidós personas internadas en la comunidad sobrevivieron, pero “algunas de ellas quedaron con secuelas emotivas y psíquicas que agravaron su condición de salud mental”.

Pocos días después de lo ocurrido, el director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación. Con el avance de la investigación, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento. Están imputados por dieciséis hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.

Según informa la CPM, a pedido del fiscal y por orden del juez de garantías Nicolás Ceballos, fueron detenidos el codirector de la comunidad Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.

De acuerdo a la investigación, “las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, describe.

El fiscal también sostuvo que los imputados “conformaron una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias”.

El periodista Pablo Galfre, tras reunirse con familiares de las personas internadas en la comunidad, pudo conocer que las denuncias que éstas realizaron tanto ante el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, como a la Defensoría del Pueblo, no fueron escuchadas.

Desde el 2010, año en que se aprobó la ley de Salud Mental y Adicciones, ningún gobierno destinó el presupuesto necesario para su implementación. Por el contrario, se continuó desfinanciado al sector público, encontrándonos con escasos servicios de atención en salud mental, y casi nulos consultores externos especializados en adicciones.

Los distintos gobiernos no sólo no han destinado mayores presupuestos, sino que frente a las drogas continúan con la política de perseguir a los usuarios. El consumo de sustancias psicoactivas, a excepción del alcohol, continúa penalizado y se estigmatiza a las personas que padecen algún tipo de adicción, lo que desalienta a la búsqueda de un tratamiento.

En el artículo 4 de la Ley 26.657, se establece que las adicciones deben ser incorporadas al abanico de problemas de la salud mental. Estableció, recién en el 2010, que las adicciones deben ser interpretadas y atendidas desde un abordaje de salud mental. Hasta el momento solo primaban las respuestas punitivas, o se internaban compulsivamente para obligar a las personas que transitan por un consumo compulsivo, a la abstención absoluta, que una vez dados de alta volvían a recaer.

Esta ley, reglamentada recién en el año 2013, dispone en su artículo 11 la creación de “una red de servicios con base en la comunidad’’, que debe incluir servicios, dispositivos y prestaciones tales como centros de atención primaria de la salud, servicios de salud mental en los hospitales generales, sistemas de atención de la urgencia, centros psicosocial diurno y nocturno, dispositivos habitacionales y laborales con distintos niveles de apoyo, atención ambulatoria, sistemas de apoyo y atención domiciliaria, familiar y comunitaria en articulación con redes intersectoriales y sociales, para satisfacer las necesidades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, que favorezca la inclusión social. Sin embargo, desde el 2013 a la fecha las disposiciones que se plantean en el artículo 11 no se implementaron.

Lo que sí se implementa desde la década del 80-90, es la tercerización de los servicios de asistencia médica. Como se ve en este trágico hecho en la Resiliencia San Fernando de Pilar, se creó un gran negocio alrededor de estos “tratamientos”.

Las comunidades terapéuticas son financiadas por los Estados nacional, provinciales y municipales, sin prácticamente ningún tipo de control. Y muchas de ellas son regenteadas por la Iglesia católica y las iglesias evangélicas. Son lugares de encierros forzados, la abstinencia y la sobremedicación es el único recurso “terapéutico”.

Mientras que la ley de salud mental indica que el 10 % del presupuesto total de Salud debe ser destinado al área de salud mental -nunca alcanzó el 2 %-, tenemos que los presupuestos nacionales dirigidos a las políticas de drogas destina tan solo el 5 % en materia de prevención y tratamiento de las adicciones y el 95 % a la represión (reducción de la oferta).

Por los hechos ocurridos en la residencia ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, se necesita urgente investigar cuántas de estas comunidades operan en el país, conocer qué servicios brindan y sobre todo reclamar que tengan un control de usuarios, sus familias, y los profesionales de salud mental.

En tanto es fundamental avanzar en una política de legalización integral de las sustancias y consecuentemente de regulación de las mismas.