Violencia Policial. “Con permiso del Estado, pacos y milicos mujeres han violado”

Desde la detención de Luis Fernando Camacho, los sectores de ultraderecha vienen denunciando los atropellos que comete la policía contra este. Recientemente se ha denunciado que habría sido instalada una cámara espía en su celda, misma en la que habría compartido, durante semanas, con Fátima Jordán (su esposa), quién presentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la cuidad de La Paz por acoso sexual y violencia psicológica, acusando al régimen penitenciario de haber instalado una cámara. Esto ha abierto una serie de denuncias contra el régimen penitenciario y la policía de parte de sectores afines a Camacho. Sin embargo, no hay que olvidar que fue Camacho quién durante sus años de gobernador, y sobre todo en el golpe de Estado, ha financiado a estas fuerzas represivas para que consoliden el golpe, repriman a los sectores populares y torturen a cientos de personas para solventar el relato impuesto desde estos sectores de “vándalos”.

En este marco, la denuncia de Jordán ha cobrado mucha visibilidad gracias a la cobertura por parte de los principales medios de la prensa opositora. La misma prensa que calló en mil idiomas frente a las torturas, detenciones ilegales y las masacres durante el golpe, pero que hoy denuncia a la misma policía y “justicia” que operó a su favor antes.

En medio de todo esto, María Galindo de Mujeres Creando, denunció que fue buscada para que se pronuncie sobre Jordán al tratarse de un caso de “acoso sexual y violencia psicológica”. Galindo planteó que quién quiera defender a Jordán está en su derecho y señaló algo por demás evidente: que Jordán tiene por demás abogados, es decir, dinero, para defenderse y que “cuando se trata de un niñito bien, de un niñito blanquito, de un niñito poderoso, todos los medios de comunicación alzan el grito al cielo”. Con esto tenemos acuerdo, sin embargo, hay algo que es necesario discutir y se trata de la naturaleza y el carácter de los aparatos del Estado burgués: su justicia y sus aparatos de represión (policía y FF.AA.).

En ese sentido, no guardamos ninguna “sororidad” con Fátima Jordán, esa palabra acuñada por el feminismo radical y compartida por varios feminismos que aboga a una solidaridad en tanto compartimos el mismo sexo y borrando por completo las profundas diferencias de clase que existen entre las mujeres, al igual que entre los hombres. Pero tampoco guardamos ninguna solidaridad con Jordán quien goza de comodidades a costa del sufrimiento que ha causado Camacho y todos los responsables políticos y económicos del golpe de Estado, que ha recaído con mayor fuerza sobre los hombros de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de pollera, campesinas, indígenas y de los sectores populares más precarizados. O en el caso del reciente paro cívico y agroindustrial que ha abierto una situación favorable para que se ejerza crímenes de tortura sexual como ser la violación múltiple en pleno paro o los diversos abusos ejercidos desde su organización paramilitar, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Todos estos hechos ocasionados por Camacho, con silencio y complicidad de Fátima.

Pero a la vez es necesario denunciar a las fuerzas represivas y la plena impunidad de la que estas gozan al cometer acoso y violencia sexual. Son numerosos los casos que hasta ahora no han sido resueltos, como lo ocurrido con María Fernanda Paucara, víctima de detención ilegal, violación y feminicidio en la EPI de Chasquipampa. La familia de María Fernanda desde octubre del 2021 sigue peregrinando por justicia. También recordamos que recientemente salió a la luz el caso del penal de Palmasola, de violación y proxenetismo, donde las mujeres eran llevadas del PC-2 (sector de mujeres) al PC-4 (sector de hombres). Es decir, las mujeres eran trasladadas por los policías de uno a otro sector para someterlas a una prostitución obligatoria a las detenidas. Estos casos, se suman a los ya mencionados de torturas y violencia sexual contra las mujeres en los centros penitenciarios y unidades policiales durante el golpe de Estado.

Todo esto sin considerar la constante revictimización que instituciones como la FELCV ejercen contra las víctimas de violencia machista. Una institución supuestamente capacitada para el manejo de estos casos pero que en los hechos muestra que su esencia como institución va más allá de las capacitaciones “de género” de esta. Las instituciones creadas para la represión y para garantizar el poder económico y político de las clases dominantes no se reforman.

No se trata entonces solo de elegir a quién defender de la violencia de los aparatos del Estado burgués, porque no son neutrales, están al servicio de las clases dominantes. Por eso mientras planteamos claramente que el “género nos une, pero la clase nos divide” no significa que no cuestionemos y busquemos en cada lucha, y en cada momento, cuestionar profundamente a los aparatos represivos del Estado y luchar no por buscar “sensibilizarlos” o para que “funcionen mejor” como muchas veces termina haciendo Galindo. No olvidemos la experiencia de María Galindo y Mujeres Creando, cuando llevó adelante un trabajo de “co-gestión”, para atender los casos de violencia machista, con Eva Copa en la Alcaldía Municipal de El Alto. Experiencia que, aunque fue breve, duró según declaró Galindo unos 5 meses, no deja de poner dudas o generar cierta confusión ante su autodenominado “anarquismo”. O, más recientemente, a través de sus radio documentales donde Galindo presiona para que las instituciones reaccionarias como la fiscalía, la justicia y la policía, por ejemplo, funcionen mejor, pero lo hace atacando a empleados sin distinguir al empleado subordinado de los cargos jerárquicos. Si bien esto le permitió ganar respeto por amplios sectores de la sociedad termina siendo una política pro-estatal pero que además acentúa el método del escrache alentando el punitivismo como salida para problemas estructurales profundos. Para las compañeras que nos organizamos y luchamos por construir, desde abajo, un gran movimiento de mujeres con independencia del Estado y sus instituciones, no se trata entonces de reformar o presionar para que estas instituciones reaccionarias funcionen mejor, sino que se trata de luchar hasta extinguirlos.

Por ello, es importante denunciar el rol de la policía, las fuerzas armadas y todo el sistema penitenciario que se constituyen en los garantes para mantener este sistema capitalista y patriarcal basado en la desigualdad y la explotación de la que lucran la familia de Luis Fernando Camacho y Fátima Jordán, y otras. Y por esto, es nefasta la política que viene sosteniendo el Movimiento al Socialismo (MAS) de fortalecimiento de estas instituciones golpistas, sin haber aprendido que luego de haberles lavado la cara por años, acabaron consolidando el golpe de Estado el 2019. Utilizan a estas instituciones para "ganar" a Camacho en el patriarcal y mercantilista sistema judicial que también ha evidenciado su rol durante el gobierno de Áñez particularmente, judicializando a sectores del MAS y con mayor fuerza a los sectores populares que se plantaban frente al golpe.

A esto se suma las preferencias que tiene Luis Fernando Camacho en el sistema penitenciario, otorgadas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que airosamente le da todo tipo de comodidades frente a la precariedad y hacinamiento del 165% (según reporta la prensa) en la que tienen que vivir los y las detenidas de los sectores obreros y populares. Es más, desde el inicio de su detención Camacho contó con acceso a médicos del IDIF, de la Defensoría y privados, es decir, tuvo más acceso a la salud no solo frente a las demás personas privadas de libertad, sino más acceso que el pueblo empobrecido que tiene que hacer fila en los centros de salud para conseguir fichas que les son programadas para el mismo día o incluso dentro de tres meses o ahorrar para poder acceder al elitista y mercantilista sistema de salud privada.

Por todo esto, lejos de pensar que se puede reformar la justicia o la policía, desde la Liga Obrera Revolucionaria y la Agrupación Pan y Rosas exigimos:

• Desfinanciamiento de las fuerzas represivas, que el presupuesto de estas instituciones se redirija para fortalecer el sistema de salud pública. Pero creemos que es importante ir más allá y por eso luchamos por la disolución de las mismas, porque ninguna reforma es posible a instituciones que han sido creadas para reprimirnos y que sistemáticamente violan los derechos humanos de los y las trabajadoras y los sectores empobrecidos.

• Porque no depositamos ni un gramo de confianza en las instituciones revictimizadoras del Estado, exigimos la conformación de comisiones de investigación independientes, compuestas por personas idóneas como las víctimas y familiares de violencia machista, organizaciones feministas y de las disidencias y diversidades sexuales y de género, y de derechos humanos. Comisiones independientes para que puedan llevar adelante las denuncias y que cuenten con financiamiento estatal y todo el acceso necesario a información, etc,, para que se pueda conseguir justicia. Esto solo va a poder ser impuesto por un gran movimiento de mujeres que desde las calles imponga estas medidas necesarias para avanzar en la lucha ¡contra toda forma de violencia patriarcal y capitalista!

• Exigimos justicia para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Ovejuyo. Lejos de bastar los 4 meses de prisión preventiva en la que se encuentra el golpista Fernando Camacho, exigimos una real investigación y sanción de todos los implicados y responsables, materiales e intelectuales, en el golpe de Estado y las masacres del 2019, dentro de los que se encuentra él y muchos otros. Pero a la vez, somos conscientes que la justicia solo la vamos a poder conseguir organizadas, organizados y en las calles, arrebatando esta demanda de estas instituciones golpistas y del MAS que constantemente negocia con esta demanda como moneda de cambio para mantener su gobernabilidad.