Fue el comandante de Institutos Militares, entre los años 1976 y 1978. Ex jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la última dictadura, tuvo a su cargo los centros clandestinos "El Campito" y "Las Casitas", además del Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados. Condenado por los vuelos de la muerte, por la desaparición de trabajadores en la fábrica Ford, por su participación en el Plan Cóndor, por la apropiación de menores, por el asesinato de Floreal Avellaneda de 15 años. En sus declaraciones siempre se jactó de "cumplir con la doctrina". A pesar de contar con más de un docena de condenas a perpetua, murió impune.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Domingo 26 de mayo 12:28
Fue uno de las últimos jerarcas del Ejército que manejó la vida y la muerte en Campo de Mayo durante la última dictadura, que quedaba con vida. El pasado viernes Santiago Omar Riveros, murió impunemente en su casa, a los 100 años.
Riveros fue el comandante de Institutos Militares, entre los años 1976 y 1978. Tuvo a su cargo los centros clandestinos "El Campito" y "Las Casitas", además del Hospital Militar y la Prisión Militar de Encausados. Se estima que por Campo de Mayo pasaron alrededor de 6 mil personas, incluidas mujeres embarazadas. Entre 1981 y 1983 fue embajador en Uruguay.
Beneficiado por la leyes de Obediencia Debida y Punto final, luego de su derogación, Riveros fue sentado en el banquillo. Cargó con una veintena de condenas por crímenes de lesa humanidad, de los cuales 13 eran cadenas perpetuas.
En el año 2000 fue condenado en Italia en el primer juicio que se realizó contra represores argentinos en dicho país. En 2009, fue condenado por el crimen del joven Floreal Avellaneda, de tan solo 15 años, cuyos restos fueron encontrados en la costa uruguaya.
Posteriormente, en lo que se conoció como la mega causa Campo de Mayo y sus distintos tramos, Riveros recibió múltiples condenas. En 2012 fue condenado por robo de bebés junto con Jorge Rafel Videla y Bignone. En 2014 por apropiación de menores. En 2016 en el marco del juicio por el Plan Cóndor, recibió 25 años de prisión. En 2018 fue sentenciado por los crímenes contra trabajadores de la fábrica Ford, en una causa que tuvo en el banquillo a directivos de la automotriz. Volvió a ser condenado en 2022. Sumó su decimotercera condena a perpetua a fines de 2023 por el secuestro, las torturas y asesinato de Mario Hernández.
Poco tiempo pasó en cárcel común. Los vericuetos judiciales que, en la mayoría de los casos, soplan a favor de los genocidas, hicieron que el centenario represor muera fuera de las rejas.
Ningún gobierno, desde Alfonsín hasta la actualidad, abrió los archivos de la dictadura. Y si se abrieran se conocería el destino de los 30.000 desaparecidos y quiénes fueron los genocidas a cargo de esos crímenes, los cuales muchos de ellos no hubiesen muerto impunes.
A casi cinco décadas de producidos los crímenes y en un contexto de creciente negacionismo, seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Porque FUE GENOCIDIO, SON 30 MIL.
