CRIMENES SEXUALES EN LA ULTIMA DICTADURA. Condenan a cuatro genocidas por delito sexual, una sentencia inedita en Bahía Blanca y la región

La semana pasada el juez federal Walter Lopez Da Silva dictó la detención de cuatro militares pertenecientes a la compañía Combate My. Keller del Batallón de Comunicaciones 181 (Sargento Mayor Santiago Buratovich) durante la última dictadura, quienes fueron procesados por un caso de abuso sexual.
Se trata del ex jefe de sección, Enrique Stel (que hasta hace menos de un año seguía en funciones públicas); el ex oficial de Estado Mayor, ex ayudante del jefe de la Unidad y ex jefe de Sección, Raúl Esteban Andrés; el ex jefe del Grupo Artillería, Vicente Alfredo Flores; y el ex jefe de grupo, Eduardo Carlos Videla que ya estaban procesados junto con otros ocho imputados más pero sin disponer de prisión preventiva por lo que tuvo que intervenir la Unidad Fiscal.
La condena se enmarca en el juicio “Escuelita VII” EN Neuquén que juzga a 14 policías y militares retirados y al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 20 personas, entre abril y junio de 1976 donde están involucradas las fuerzas del Ejército, policía provincial, federal y Gendarmería.

Recién a 44 años del último golpe de Estado se juzga por primera vez como delito autónomo el abuso sexual en la región y, a pesar de ser imputados por varios hechos similares, el tribunal consideró que sólo había pruebas para otorgar la pena a los acusados por uno de ellos, dictando sobreseimiento sobre el resto. Sin embargo, nuevamente intervendrá la Unidad Fiscal con un recurso de casación que revierta dicho fallo.

No fueron casos aislados, fue una práctica sistemática para disciplinar a las detenidas

Según el informe realizado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, las mujeres constituyeron el 33 % del total de los desaparecidos, mientras que un 10 % de ellas se encontraban embarazadas al momento de ser secuestrada, durante el último golpe cívico militar. Así militares, marinos, prefectos, gendarmes y policías tomaron los cuerpos femeninos como sus hijxs expropiadxs como “botines de guerra”.

La violencia sexual aplicada a las detenidas, formó parte de los vejámenes que se practicaron en los más de 600 centros clandestinos que funcionaron en todo el país, constituyendo un instrumento más para aleccionar al conjunto de la clase obrera.
Sin embargo, durante mucho tiempo estos crímenes no fueron juzgados por la justicia y no fue sino hasta 2010 en que se dictó el primer fallo que reconocía al abuso sexual como un tipo de tortura especifica aplicada sobre los cuerpos de las mujeres para disciplinar a aquellas que con su militancia cuestionaban el “mandato natural” de ser buenas madres y esposas. Cabe destacar que una de las primeras mujeres que denunció este tipo de crímenes fue Silvia Suppo, quien fuera asesinada meses después de esto.

Aun así, no siendo la primera vez que estos imputados son detenidos por crímenes de lesa humanidad, no solo se encontraban en libertad porque habían sido excarcelados en otros expedientes sino que además gozarán del beneficio de prisión domiciliaria por el Covid-19. Siendo el fiscal Ulpiano Martínez, uno de los jueces de Bahía Blanca que se negó a investigar delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército.

A pesar de que cientos de militares, civiles y eclesiásticos gocen de impunidad la lucha que mantuvieron durante décadas, víctimas, sobrevivientes, militantes y organismos de derechos humanos hizo posible condenas como esta. Sin embargo aún los juicios y castigos a los represores son a cuentagotas por eso seguimos exigiendo la apertura de todos los archivos que ningún gobierno desde el 83 hasta acá ha hecho y cárcel común para todos los responsables del golpe genocida.