Con la excusa de que no tiene puestos de trabajo, la Empresa del Oeste S.A no cumple con una sentencia de la Corte Suprema bonaerense que le ordena reinstalar a un colectivero despedido por organizarse contra las dirigencias sindicales tradicionales. La persecución gremial y la búsqueda de ganancias son los motores de una empresa que no cumple con la Justicia.
Sábado 1ro de abril de 2023
Los chóferes de colectivos de la Empresa del Oeste S.A se bajaron de sus unidades este viernes, no para comprar alguna gaseosa para seguir su viaje o fumar un cigarrillo antes de empezar un nuevo recorrido, sino para reclamarle a este servicio de transporte público que “deje de poner palos en la rueda” a quienes se organizan y luchan por los derechos laborales.
Acompañados por colectiveros de otras líneas, los trabajadores marcharon por las principales calles de Morón para exigir que Empresa del Oeste S.A (EDO S.A) cumpla con el fallo de la Justicia que ordena la reinstalación de Cristian Ávalos, un chófer despedido por activismo sindical. La protesta se realizó luego de una audiencia en los tribunales de esta ciudad donde el sector empresario negó su reincorporación.
Los trabajadores no van a parar hasta que el chófer vuelva a conducir un “bondi”. Cuentan con el apoyo de obreros de industrias como Lustramax, Madygraf, Volkswagen, Jabón Federal, así como también docentes de la agrupación Marrón, y estudiantes terciarios y universitarios. Las concejalías del PTS en el FITU de Moreno, José C. Paz, Merlo y La Matanza también están con ellos.
Van a pedir la ejecución de una multa a EDO S.A por incumplir la sentencia judicial, pero también quieren impulsar un comité de solidaridad con organizaciones políticas y sociales para exigir a la Justicia que obligue a la empresa a reinstalarlo y al cuerpo de delegados que realice medidas para lograr este fin.
Crónica de una persecución
Cristian Ávalos trabajó por 20 años en esta empresa de colectivos que, con sus dieciocho líneas, une la zona norte con la oeste. Entre el 2010 y el 2016 fue elegido delegado tres veces consecutivas. Aunque perdió las elecciones de ese año para continuar representando a sus compañeros, continuó siendo un referente sindical.
En pleno macrismo, la empresa comienza una política de discriminación gremial. El 29 de agosto de 2017 despidió a Gabriel Pazos, su compañero de lista. En mayo de 2018, Ávalos decidió ser candidato para las elecciones del cuerpo de delegados que se iban a realizar en junio de ese año. A partir de allí la patronal comienza una campaña de intimidación y persecución al enterarse de que iba a postularse desde la oposición a la conducción oficialista del gremio.
El 10 de mayo le niegan ingresar a su lugar de trabajo. El jefe de personal y el presidente de la empresa le anuncian que iba ser despedido por haber sido delegado y por querer ocupar de nuevo este lugar, así como también por aparecer nombrado en un diario de izquierda. El chófer rechazó este despido y no acepta arreglar una indemnización. El grupo empresario contraatacó despidiéndolo cuatro días después, argumentando reestructuración de personal. El despido es notificado como sin causa, avalado por el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Con el asesoramiento legal de Agustín Comas, abogado del CeProDh (Centro de Profesional por los Derechos Humanos) y el apoyo de la agrupación Bordó de choferes y transportes en el MAC, Ávalos decidió dar la pelea para declarar nulo su despido, solicitando la aplicación de la ley 23551 porque constituyó un el acto discriminatorio motivado por su actividad gremial. También exigió la reparación del daño material por los salarios caídos hasta la reincorporación, y el daño moral por comportamiento discriminatorio y antisindical, con el descuento de la indemnización percibida por antigüedad
Su lucha permitió que en septiembre de 2020 el Tribunal de Trabajo n° 5 de Morón dispusiera la nulidad del despido por considerar que éste obedeció a motivos discriminatorios, ya que estaba organizando una lista opositora para las elecciones de delegados y no pudo presentarse porque, cuando se realizaron éstas, él ya se encontraba despedido.
Este medio accedió a la sentencia en la cual se expresa que el argumento de despido por reestructuración es falso. Confirma que, durante los años 2016 y 2018, solo hubo una disminución del número de trabajadores en la empresa. Pasaron de 750 a 806, y luego se bajó a 650. “De la prueba oral recibida en la audiencia de la vista de la causa, surge que había muchos despidos y presiones para que los trabajadores renuncien y la pericia contable informa 148 renuncias y 89 nuevas incorporaciones. No se acreditó en autos la venta de la empresa, ni la variación del número de unidades de transporte (colectivos), ni la disminución de líneas ni de los diferentes recorridos”, menciona el fallo.
En diciembre de 2022, la Suprema Corte bonaerense volvió a confirmar la resolución del Tribunal de Morón, y la resolución quedó firme en febrero, por lo que la empresa deberá reincorporar al trabajador despedido.
“¿No hay trabajo ni plata?”
El principal argumento de Empresa del Oeste S.A para no incorporar al despedido es que no tendría tareas para brindarle, pero empleados de este servicio remarcaron que se encuentra en búsqueda de personal. Tampoco puede tenerse en cuenta argumentos de índole económica. Según datos del Sistema Integrado de Transporte Automotor, la empresa ha recibido un gran financiamiento a través de los subsidios y compensaciones, a la vez que han obtenido grandes ganancias en el último tiempo.
En septiembre del 2022 recibieron de parte del Ministerio de Transporte la suma de 300.131.936,95 pesos en subsidios. Al otro mes fue de 245.247.155,77. Si dividimos las 255 unidades de colectivo habilitadas que componen la flota de la empresa con la última cifra, podemos deducir que a cada coche le corresponderá 961.753,552 de pesos.
En el caso de las ganancias de EDO S.A, si se suman los 16.148.893,29 de pesos en materia de boletos con tarifa social, 11.140.122,09 en forma de boleto integrado (combinación entre distintos servicios de transporte pagando menos), 2.545.359,64 en boletos estudiantiles y 55.563.953,09 como recaudación sin IVA, nos dará que los ingresos de la empresa en ese mes fueron de 85.398.328,10 de pesos.
Todo sea por acumular más ganancias
El detrás de escena del despido y la negación a la reincorporación por parte de la propietaria de las líneas 244, 303, 320, 302, 390, 461, 462, 463 y 464 reside en el interés de las cámaras del transporte en aumentar sus ganancias a costa de dos vías: extorsión al Estado en materia de subsidios y el debilitamiento de las organización sindical.
Lejos de concebirlo como un servicio esencial para el pueblo y en el marco de los conflictos entre el gobierno y el sector por los montos presupuestarios destinados, la agrupación de Trabajadores del Transporte en el Movimiento de Agrupaciones Clasistas plantea que los monopolios ven al transporte público como un medio para el lucro. Sostiene que el sistema de subsidios es un “negocio redondo con ganancias millonarias” para los empresarios del sector. No solo les permite cubrir salarios y costos de mantenimiento y de combustible, sino también recaudar millones de pesos a través del pago de boletos con la RED SUBE, especialmente gracias a los tarifazos aprobados por el gobierno nacional (como el que comenzó este sábado).
Esas ganancias no se traducen en mejores condiciones laborales y salariales, como tampoco en un servicio cómodo y sin demoras para los 10 millones de usuarios que viajan diariamente en el AMBA. “El 80% de las unidades de Empresa del Oeste tiene más de 10 años de antigüedad”, enfatizó Manuel “Lolo” Veiga, chófer de EDO, en una nota publicada en noviembre del año pasado sobre la falta de inversión en mantenimiento en esta línea. “Le bajan subsidios millonarios y no invierten en los colectivos. No cuidan la integridad física de los choferes y de los pasajeros”, exclamó en la misma otro empleado.
Esta situación no es cuestionada por las dirigencias tradicionales del sindicato de chóferes (UTA). Por esta razón y con la complicidad de las conducciones tradicionales, las empresas intentan barrer con el activismo opositor y así poder sacar más provecho avasallando derechos laborales. En esa sintonía, se encuentra la negativa a la reinstalación de Ávalos, así como también el plan sistemático de despidos con causas armadas, aprietes y suspensiones arbitrarias que denuncia el cuerpo de delegados y los trabajadores de las Líneas 540 y 553, pertenecientes a Grupo Autobuses.