Lunes 22 de enero de 2018 15:02
El 24 de enero, el Tribunal Regional Federal 4, con jurisdicción en la región sur y sede en Porto Alegre, va a juzgar a Lula en segunda instancia y definir el escenario de las elecciones presidenciales -previstas para el 7 de octubre de 2018- y el futuro del expresidente de Brasil. El procesamiento de Lula es arbitrario, porque sus fundamentos jurídicos son incomparablemente más débiles que los que pesan sobre prácticamente todos los candidatos del golpismo. Tampoco es casual que corra en tiempo récord, justamente porque tiene el descarado objetivo político de impedir su candidatura presidencial. Si la ley de “ficha limpia” -que impide la postulación de candidatos que hayan sido destituidos u condenados por algún órgano colegiado- fuese aplicada de esta forma a todos los candidatos, no quedaría ninguno, lo que muestra que sirve como instrumento del arbitrio del poder judicial. No aceptamos que tres funcionarios judiciales decidan por los trabajadores y el pueblo a quiénes pueden votar o no, incluyendo a Lula.
Denunciamos que el intento de condenarlo el 24 de enero es una escalada en el autoritarismo del Estado, continuidad del golpe institucional que secuestró el derecho al voto de decenas de millones de personas al destituir a Dilma. Será un ataque directo al derecho del pueblo a elegir a quién votar, prueba de la degradación de esa democracia de los ricos, y un segundo paso en la construcción de una verdadera dictadura de la toga, en la que jueces y fiscales que no fueron votados por nadie tiran a presidentes y definen los rumbos de las elecciones.
Ese creciente autoritarismo judicial y el cercenamiento de los derechos democráticos por un régimen político cada vez más restrictivo tiene efectos reaccionarios sobre la población, y en primer lugar sobre los trabajadores. Procesos armados sobre declaraciones de testigos con prisiones preventivas arbitrarias, filtración de pruebas y testimonios, filtración de escuchas telefónicas, y ahora la condena arbitraria de un expresidente será también un precedente para fortalecer aun más esos expedientes –que ya nos son usuales en los morros y favelas contra la población negra- contra los trabajadores, el pueblo pobre y la izquierda, que no cuentan con la protección de la popularidad de Lula, en una llamada democracia que mantiene presas a casi 300.000 personas sin condena, en su mayoría negras.
Esas medidas son un medio para un fin: fortalecer la intervención del poder judicial en la política y legitimar al régimen para atacar nuestros derechos y aplicar las reformas antipopulares que atacan las condiciones de vida del pueblo y solo engordan más la fortuna de empresarios y políticos corruptos, cuyos símbolos son las reformas implementadas por el gobierno de Temer. Vale recordar que fue el poder judicial golpista el que hizo campaña por la reforma laboral que hizo retroceder los derechos de los trabajadores al siglo XIX.
A la vez que combatimos todos los ataques antidemocráticos de la burguesía, incluso cuando son contra Lula, no apoyamos políticamente su candidatura y luchamos para convencer a los trabajadores de que Lula y el PT no son alternativa a los golpistas que ayudaron a fortalecer y son también responsables por la actual situación.
Gobernaron en alianza con la derecha, banqueros, empresarios y latifundistas. Ayudaron a fortalecer las posiciones de los sectores más conservadores y antipopulares, utilizaron el mismo arma de los gobiernos burgueses –la corrupción- para mantener a su base parlamentaria y aplicar medidas que favorecieron a las élites como la reforma previsional en 2013 o la ley antiterrorista que permite la intervención de las fuerzas armadas contra los movimientos sociales. Para tratar de evitar el golpe institucional, el camino del PT fue aumentar las concesiones a la derecha y avanzar en descargar la crisis económica sobre los trabajadores para recuperar la confianza de los empresarios. Ahora una vez más siguen el mismo camino, y para viabilizar la candidatura de Lula declararon que perdonarán a los golpistas, y que como dijo la presidenta del PT Gleisi Hoffman, los empresarios no se tienen que preocupar por un nuevo gobierno de Lula, que incluso haría su propia versión (supuestamente “light”) de la reforma previsional de Temer, mientras la CUT y la CTB desorganizan la lucha contra la actual reforma previsional de Temer, como hicieron con la reforma laboral.
Para combatir las medidas antidemocráticas hay que fortalecer nuestra autoorganización desde las bases, para exigir e imponer a los sindicatos de la CUT y la CTB una amplia movilización, que dejen de boicotear la lucha contra la reforma previsional y por la revocación de la reforma laboral, y de buscar solo transformar esas derrotas y la persecución a Lula en campaña electoral, construyendo una huelga general que ligue la lucha contra las reformas con la lucha por el derecho democrático del pueblo a decidir en quién votar. En esta lucha, para que tengamos realmente el derecho a decidir, que esta democracia degradada ya demostró no garantizar, señalamos la necesidad de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana impuesta por la lucha, que instituya jueces y jurados elegidos y revocables por el pueblo y que cobren lo mismo que una docente (que a su vez debería ganar como mínimo el valor de la canasta básica calculada por el Dieese) y que anule las reformas y privatizaciones del gobierno de Temer, y que solo así podría realmente comenzar a atacar la corrupción y enfrentar seriamente los ataques de la derecha golpista.
Una Constituyente en la que podamos pelear por una posición anticapitalista, que barra a esa casta corrupta del poder – haciendo que todo político sea revocable y cobre como una docente- y revise toda la estructura económica de Brasil (incluso sus acuerdos internacionales) poniendo los recursos del país al servicio de los trabajadores y del pueblo pobre, estatizando sin indemnización y bajo control de los trabajadores a las grandes empresas involucradas en corrupción, como Odebrecht y JBS. La situación de Brasil muestra que solo chocando contra el conjunto del sistema político burgués los trabajadores y el pueblo pobre podrán conquistar plena libertad para elegir a sus representantes y decidir sobre los rumbos del país.
Es con esos objetivos que el MRT batalla en Brasil por la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores, una fuerza material anticapitalista que supere la estrategia de conciliación de clases del PT y se enfrente verdaderamente contra la derecha y los empresarios.
