Gatillo fácil. Crimen de Lucas González: comienza el juicio contra 14 policías porteños

Este jueves comenzará el juicio oral y público contra 14 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por el crimen de Lucas González, el adolecente de 16 años que fue acribillado a balazos junto a tres amigos cuando salían de entrenar en las inferiores de Barracas Central la mañana del 17 de noviembre de 2021.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires, conformado por los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu Romero. Las once audiencias de debate se desarrollarán el 16 y el 28 de marzo, el 11 y el 20 de abril, el 2, el 9 y el 23 de mayo, el 6, el 15 y el 29 de junio y el 11 de julio.

Una banda descontrolada

Tres de los 14 efectivos que se sentarán en el banquillo son el oficial inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nieva, miembros de la Brigada 6 de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la fuerza porteña. Son quienes persiguieron y dispararon contra el Volkswagen Suran en el que Lucas y sus amigos volvían a Florencio Varela luego de entrenar en Barracas. Los policías viajaban de civil en un Nissan Tiida sin patente, como lo hacían siempre por el barrio (coimeando y amenazando al vecindario).

Isassi, López y Nieva fueron acusados por el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella de ser coautores de “homicidio agravado por alevosía, por placer, por odio racial, por premeditación y por ser miembros de una fuerza policial”. A su vez por homicidio en grado de tentativa de los tres amigos de Lucas que viajaban en el auto, agravados además por haber sido detenidos ilegalmente luego del ataque a tiros y por haber querido hacer pasar el crimen como un enfrentamiento (“falsedad ideológica”). Las penas estipuladas para ellos son de prisión perpetua.

Los otros once imputados serán juzgados por el delito de “encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas”. Se trata de otros policías, de diferentes rangos, que colaboraron para instalar la versión del enfrentamiento con una banda de jóvenes ladrones. Aunque, como se sabe, aquella mañana la única banda criminal fue la de los uniformados.

Junto a los tres homicidas se sentarán en el banquillo el comisario inspector Daniel Santana, los comisarios Rodolfo Ozán, Fabián Du Santos, Ramón Chocobar y Juan Romero; el subcomisario Roberto Inca, el principal Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Espinosa.

Sin la colaboración de todos ellos (y probablemente de funcionarios porteños que no fueron alcanzados por imputaciones) habría sido más difícil que, en las primeras horas de aquel viernes de noviembre, varias empresas periodísticas porteñas hubieran “levantado” como cierta la versión policial. Fue la denuncia de las familias de los pibes y la movilización de amigos, vecinos, organizaciones de derechos humanos y la izquierda la que pusieron las cosas en su lugar y a partir de lo cuál nadie dudó en catalogar el crimen como un nuevo caso de gatillo fácil.

No es un policía ni tres, es toda institución

Pese a los discursos de referentes políticos e intelectuales tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, que intentaron desde el principio circunscribir el crimen de Lucas al accionar de un grupo de “malos policías”; lo cierto es que el caso es parte de una larguísima lista de asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y armado de causas a mano de las fuerzas policiales, tanto federales como provinciales. En ese sentido, alcanza con analizar las reacciones de todos los ministros de Seguridad, como Marcelo D’Alesandro en CABA o Sergio Berni en PBA, frente a casos de este tipo para reconocer un mismo patrón. O una misma razón de Estado.

No hay que olvidar que, tal como sucede con regularidad cuando sube la espuma social del punitivismo y la mano dura, el crimen de Lucas fue contemporáneo de otros similares, como el Lautaro Rosé en Corrientes nueve días antes, el de Alejandro Martínez en una comisaría de San Clemente esa misma noche o el de Luciano Olivera en plena calle de Miramar 23 días después. O el de Daiana Abregú en otra comisaría bonaerense, de Laprida, el 5 de junio de 2022. Este viernes en Plaza de Mayo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dará su informe anual de muertes a manos del Estado, donde se podrá comprobar que, cuando de represión se trata, no hay grietas.

“Que no sea una muerte más en vano”

Ése es el pedido de Héctor “Peka” González, papá de Lucas y activo luchador por verdad y justicia para su hijo. Conocedor de que cuando las víctimas son los pibes de los barrios populares (la familia vive en Florencio Varela) y los victimarios son miembros del propio Estado, el hombre quiere que el juicio sea un jalón en la lucha contra la represión y la impunidad.

“Yo críe un buen chico, lo críe a Lucas con valores, con respeto y me lo quitaron, me lo arrebataron de las manos. Nos pudo haber pasado a cualquiera y tuve la desgracia de que me pase a mí. Pero ahora estamos en pie peleando por él. Espero que se pueda hacer justicia, tener una condena justa, porque a mi hijo me lo quemaron, me lo torturaron”, dijo González el año pasado ante miles de personas durante una asamblea abierta del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Fue el 12 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, cinco días antes del primer aniversario de la muerte de su hijo.

“A mi hijo me lo arrebataron, me lo quitaron. En todas las casas hay un Lucas, pido justicia por él y por todos los pibes”, sentenció el “Peka” con los ojos vidriosos pero con voz firme, mientras convocaba a la movilización frente a los Tribunales para cuando se cumpliera el año.

El juicio contra los 14 policías arranca este jueves 16 a las 9 horas en los Tribunales de Comodoro Py. La Izquierda Diario cubrirá las audiencias y difundirá cada acción o declaración de la familia de Lucas.