A 30 años de las privatizaciones. Crisis energética: ¿cómo revertir el costo de una pesada herencia neoliberal?

Las internas en la coalición de Gobierno motivaron distintos tipos de análisis entre opositores y oficialistas. Pero el domingo pasado el periodista Alfredo Zaiat, en su artículo publicado en Página12, aborda la cuestión desde un punto de vista que es interesante retomar.

En su nota, Zaiat asegura: “La interna expuesta entre un ministro y un subsecretario por la definición de un aumento de tarifas de luz, del monto de subsidios y de la demora en la segmentación de usuarios deja en evidencia, aunque se pretenda eludirla, la cuestión central: el sistema de concesión del servicio básico y esencial de electricidad en manos privadas es ineficiente y costoso para el fisco, la población y la estabilidad económica". Y luego agrega: “El régimen de servicios públicos privatizados, tal como está diseñado, ya demostró que no sirve. Esto queda en evidencia con casi 30 años de vigencia de un sistema que fracasó en cada una de las promesas de la privatización”.

Sin dudas, estas afirmaciones son verdaderas y la evidencia es el pésimo y costoso servicio de distribución eléctrica. Y es por eso que ante esta situación se plantea la “oportunidad de avanzar en un nuevo paradigma”. ¿Pero en cuál?

Los costos de una pesada herencia

Tras abordar el problema, Zaiat afirma que “con voluntarismo político y con varias medidas estructurales consistentes, los tres gobiernos kirchneristas 2002-2015 buscaron atender esos frentes. Lo mismo trata de hacer el actual de Alberto Fernández”. Y define que “el objetivo de cada uno de estos ciclos políticos es minimizar los costos derivados de esas pesadas herencias”

Pero es importante hacer un punto y revisar cuáles fueron esas medidas que menciona el periodista en su artículo, y también analizar las que no.

Festival de subsidios y ganancias aseguradas

Durante los años del kirchnerismo las empresas administradoras de los servicios se beneficiaron de un festival de subsidios escandaloso. Para tomar dimensión, sólo entre 2007 y 2015 se pagaron 86.000 millones de dólares en subsidios energéticos.

Pero a pesar de los miles de millones de dólares que fueron a parar hacia ese sector estratégico, no hubo inversiones para garantizar un mejor abastecimiento de un servicio que debería ser público y gratuito. Por el contrario, el abastecimiento energético del país sigue siendo insuficiente.

Durante esos años, la entonces presidenta Cristina Fernández defendió eufóricamente estos subsidios regalados a las empresas privadas. “Siempre digo que los subsidios son sueldos indirectos”, aseguró en el año 2012 e incluso durante el macrismo, como senadora, volvió a repetir esa afirmación en debates por el presupuesto. ¿Pero esto es realmente así?

Por empezar, los subsidios implican una enorme transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios para aumentar las ganancias de los capitalistas. Es una parte importante de la riqueza social producida que esos empresarios se terminan apropiando, en detrimento de que esos recursos lleguen a los sectores más explotados.

Estos subsidios ocuparon cada vez mayor peso en los gastos públicos, con recursos que se obtuvieron de la recaudación impositiva. Mientras tanto, las arcas públicas se sostuvieron (y se sostienen) con un sistema impositivo totalmente regresivo. Por sólo citar un ejemplo, solo basta recordar la oposición del kirchnerismo a la eliminación del impuesto al salario (mal llamado “impuesto a las ganancias”).

La fiesta de subsidios no sólo fue carísima, sino que hoy es el pueblo quien paga de su bolsillo el reajuste tarifario. A diferencia de eso, las ganancias capitalistas siempre se mantienen intactas.

Retrotraer los tarifazos (que durante el macrismo implicaron aumentos de más del 3000 %) y revisar los cuadros tarifarios es una tarea de primer orden. Pero sin cuestionar la raíz del sistema eléctrico actual, es solo maquillaje para sostener el modelo privatizador que garantiza jugosas ganancias a las empresas y que luego vuelven son retribuidas con millonarios aportes de estos empresarios a las campañas electorales de los partidos políticos que alternan los gobiernos de turno de la clase dominante.

El sistema eléctrico: una precarización profundizada desde el neoliberalismo

En el año 1992, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) contaba con una plantilla cercana a los 23.000 trabajadores. De ellos, 22.000 eran afiliados al sindicato de Luz y Fuerza, y su ámbito de aplicación comprendía a Capital y Gran Buenos Aires.

A SEGBA la descuartizaron en ocho unidades de comercio:

• 3 distribuidoras: Edenor/Edesur/Edelap,
• 5 generadoras: Central Puerto/Costanera/Dique/Dock Sud, Pedro de Mendoza.

Para el proceso de privatizaciones se impuso una serie de despidos masivos encubiertos o disfrazados de “retiros voluntarios”. Los resultados de estas políticas están a la vista: en 1989 SEGBA contaba con unos 22.809 empleados y hacia 1998, para una red eléctrica que se expandía, había tan solo unos 6.837 entre Edesur, Edenor y Edelap.

Para el periodo de 1992 a diciembre del 2003, en Edenor pasaron de 7000 a 2391 empleados. Mientras tanto, en ese mismo período Edesur pasó de 7541 a 2258 empleados de planta permanente.

Una foto del deterioro de la calidad del servicio se ve reflejada en que antes del proceso de privatización del servicio había un trabajador cada 100 usuarios y hacia junio del 2000, ya con el régimen privatizador consolidado y una red eléctrica en expansión, había un trabajador cada 723 usuarios en Edesur y uno cada 788 usuarios en Edenor.

Las implicancias del modelo energético actual y la profundización de la tercerización

Menem consolidó el proceso iniciado por la dictadura (1976-1983). Desreguló la economía, abrió los mercados y privatizó las empresas públicas, acompañando la avanzada del capital sobre el trabajo. Los sucesores de Menem no rompieron con este mecanismo de expoliación del servicio eléctrico, sino que en muchos casos se agravó consolidando el modelo privatizador vía subsidios (kirchnerismo) o con tarifazos (Macri). Estos procesos lograron establecer la pobreza energética; un nuevo rebenque del régimen con el que azota al pueblo laborioso el capitalismo.

La energía es un eslabón fundamental del desarrollo de las comunidades y de la población en su conjunto. Por lo tanto, se convierte en un sector fundamental para el desarrollo productivo, pero las privatizaciones solo favorecieron fenomenalmente el lucro capitalista en el sector. Las grandes multinacionales aprovecharon estas políticas e implementaron esta estrategia, que luego replicaron empresas nacionales y compañías de menor envergadura. Rápidamente el impacto se vio reflejado en la fragmentación de los trabajadores, golpeando sobre los derechos laborales.

En la subcontratación, la empresa tercerizada obtiene una ganancia/lucro de la empresa matriz (Edenor/Edesur) como contraprestación. Esa ganancia es expoliada al trabajador que, de no existir la contratación indirecta o subcontratación, debería percibir para sí esos márgenes de ganancia o ser puesto en el fortalecimiento de la calidad del servicio. Así, la empresa maximiza sus ganancias a costa de los trabajadores.

El investigador José Tribuzio, en su trabajo “Contratación externa de la actividad empresaria” lo resumió así: “La diferencia entre el canon que la empresa matriz abona a su contratista, outsource, es la porción de salario que el trabajador deja de percibir aun cuando su aporte al proceso productivo no difiere del que agregaría de encontrarse vinculado a la primera a través de una relación de trabajo directa; vale decir, una doble exacción de la plusvalía”

El virus de la tercerización se enmascara en el aumento de la productividad y el pragmatismo operacional, pero en realidad es una forma de flexibilización laboral, que afecta directamente los convenios, flexibiliza el tiempo de trabajo y el salario, precarizando el trabajo de conjunto.

El impacto en la vida de los trabajadores y en el servicio eléctrico

Los efectos inmediatos de esto es la reducción de la cantidad de trabajadores formales y permanentes, se transfieren responsabilidades y cargas legales, se les flexibilizan las jornadas y las tareas, se establecen contratos precarios, informales o en negro. El beneficio es solo para los empresarios.

Este entramado perverso favorece la división entre los trabajadores de planta permanente y los tercerizados. Las condiciones de trabajo para estos últimos son peores y esto nivela para abajo las condiciones laborales de la plantilla permanente. Los contratistas sufren salarios más bajos, flexibilización de la jornada y de las tareas (multifunción), inestabilidad laboral, falta de capacitación, mayor déficit en cuanto a seguridad e higiene, escasa o nula representación gremial.

Estas implicancias, a su vez generan fricciones y subjetividades diferentes entre subcontratados y personal permanente. Las diferencias entre trabajadores promueven la competencia entre colectivos obreros, se dificulta la posibilidad de identificar intereses comunes y organizarse para pelear por ellos, promoviendo así el microcorporativismo entre trabajadores.

La complicidad de la dirigencia sindical

Un ejemplo de la fragmentación que genera microcorporativismos y alimenta este divisionismo entre trabajadores es la incorporación de la UOCRA y el sindicato de Comercio dentro del ámbito de aplicación gremial de Luz y Fuerza, con contratos muy por debajo de las convenciones laborales de los afiliados a ese sindicato. Esto no hace más que debilitar las posibilidades de organización y dispersar la fuerza de los trabajadores, siendo un beneficio para la patronal y un fortalecimiento de las burocracias sindicales.

Vale recordar que los sindicatos acompañaron el proceso de privatizaciones de los servicios públicos y de las políticas neoliberales de la época. El sindicato de Luz y Fuerza capital federal pasó de tener en el año 1989 unos 19582 afiliados activos a 4050 afiliados activos en el 2003. Este modelo sindical proempresarial permitió la reducción de un 80% de la dotación de planta permanente y a cambio obtuvieron la posibilidad de crear pequeñas empresas contratistas con los despedidos del sector. Así se crearon unos 24 microemprendimientos y esas subsidiarias contuvieron a 290 trabajadores. Estos emprendimientos de la burocracia sindical tardaron unos dos años en desaparecer aproximadamente, algunas no superaron el proceso licitatorio y otras se fueron camuflando o se disolvieron en otras contratistas.

Terminar con la tercerización y cambiar la matriz del sistema energético

Entre el 2004 y el 2006 la disconformidad por la situación de precariedad que atravesaban los tercerizados culminó con una movilización hacia la empresa y a la puerta del sindicato. Esta lucha conquistó nuevas condiciones laborales mejorando la relación contractual vía un nuevo convenio abocado al tercerizado.

La dirigencia de Luz y Fuerza no pudo resistir y a desgano tuvo que aceptar afiliarlos, pero cobrándoles la cuota sindical y sin otorgarles derechos políticos: se les negaba la posibilidad de organizar sus propias delegaciones y votar sus conducciones.

Este avance tuvo su continuidad luego de que en el 2009 la patota sindical de Pedraza acabara con la vida de Mariano Ferreyra, el por entonces gobierno kirchnerista tuvo que retroceder en el avance sobre los trabajadores tercerizados y se dio un breve periodo de pase a planta permanente. En 2010 hubo nuevos procesos de organización de las bases, con huelgas y movilizaciones; esta vez se dieron marchas y cortes en el Ministerio de Trabajo, en las bases de los obradores, en la casa central de Edesur y a puertas del sindicato.

Se logró una recomposición mínima de pase a planta permanente y se reactivó la bolsa de trabajo sindical, pasando así de una de base de afiliados activos para julio de 2003 de 4050 a 8629 en enero de 2016. Aún queda muy lejana la recuperación del sector que atendía una red eléctrica con más de 20 mil trabajadores, pero lo que está claro es que las únicas conquistas para el sector vendrán de la mano de la organización y la lucha entre trabajadores efectivos y subcontratados.

De la mano con esta pelea, es necesario replantear el modelo del sistema energético que hay en el país, una herencia menemista sostenida por todos los gobiernos hasta la actualidad.

Una empresa única de energía, bajo la órbita estatal, gestionada por los trabajadores y con control de usuarios populares, es la única garantía para que el cuadro tarifario esté en sintonía con las necesidades del pueblo trabajador y al mismo tiempo con el sistema eléctrico y en armonía con el medio ambiente, aprovechando e impulsando las nuevas tecnologías. El desafío es enorme, pero solo los trabajadores junto a los usuarios populares pueden tutelar un servicio de calidad y romper con el régimen actual, servil a la renta de unos pocos.

La electricidad es un recurso estratégico de la sociedad y sobre todo un derecho inalienable, no puede estar al servicio del lucro de unos pocos.

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