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Red Internacional
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Urbanismo. Crisis habitacional y pandemia: 420.000 familias bonaerenses en riesgo

En la Ciudad de Buenos Aires ya hay 4126 casos positivos y 34 fallecidos, el 46 % en barrios precarios. En la Provincia los índices no dejan de crecer. Estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP registran esta situación y alertan sobre la necesidad de una salida de fondo al problema de la vivienda.

Miércoles 3 de junio de 2020 12:41

Alberto Fernández el 20 de Marzo, decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todo el país, en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus. Sin embargo, no planteó ninguna medida de emergencia para las familias que viven en las 3,5 millones de viviendas con problemas habitacionales que se encuentran en los 4228 barrios informales a lo largo y ancho de Argentina. En ellos sólo el 6,19% tiene acceso seguro a la red de agua y solo el 29,31% cuenta con acceso formal a la red eléctrica. Mientras en el país hay 2 millones de viviendas ociosas.

En lo que va del 2020 se ha destinado 50 veces más plata a la deuda pública que a vivienda y urbanismo.

Los problemas estructurales que los barrios precarios arrastran desde hace años: hacinamiento, pobreza extrema y problemas de acceso a servicios básicos, los convierte en zonas de alto riesgo para el contagio.

Ante este panorama, el 14 de Mayo presidencia lanzó el Programa Argentina Construye. Este plantea créditos para la construcción de 5.500 viviendas para sectores “populares” y sectores “medios”, además de 248.150 más para ser refaccionada o ampliadas, los cuales se sumarían a las 30.000 viviendas que ya se estarían ejecutando. Estos números, al lado de las 3.500.000 de viviendas con déficit habitacional, son totalmente insuficientes además de no dar una salida de emergencia para las familias que se encuentran en riesgo por la propagación del Covid-19. Es decir, haría falta construir y refaccionar 3.216.350 viviendas.

Ya estamos viendo el impacto del virus en las poblaciones vulnerables en los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, el ingreso del Covid-19 dejó, hasta el día en que Alberto Fernández lanzó el programa, 972 casos confirmados y 9 fallecidos, siendo el Barrio Rodolfo Ricciardelli (Villa 1-11-14 del Bajo Flores) y Carlos Mugica (Villa 31 de Retiro) los más afectados.

En este marco, luego de que vecinos del lugar denunciaran durante 12 días la falta de agua, se confirmó el 17 de Mayo el crimen social de Ramona Medina, referente del barrio que venía denunciando las condiciones de precariedad, y que falleció víctima del abandono estatal.

Ni el gobierno de la Ciudad a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, ni la empresa estatal Agua y Saneamientos (AYSA) dirigida por Malena Galmarini, que responde a nación, se hicieron cargo de la acuciante falta de acceso al agua.

A día de hoy, la curva de contagios en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo y ya hay 4126 casos positivos y 34 fallecidos.

Situación en la provincia de Buenos Aires

Solo en la provincia de Buenos Aires se concentran 1585 villas y asentamientos donde viven 420.000 familias trabajadoras.

Ejemplo de esto es la localidad de Quilmes, donde el 25% de la población vive en villas y asentamientos. Del total de los casos positivos, el 40% reside en estos lugares. El caso más problemático es el de Villa Azul que al confirmarse 53 casos positivos, y teniendo problemas en el acceso al agua potable para higienizarse, la respuesta por parte de Mayra Mendoza en el municipio y Sergio Berni desde el ministerio de seguridad, fue aislar y militarizar el barrio.

Gran La Plata

Registramos que en el partido de La Plata, hay 240 villas y asentamientos donde viven 190.000 habitantes de los 866.000 de la población total. Es decir, el 22% de la población vive en condiciones de enorme precariedad y hacinamiento.

De esos barrios sólo el 40% tiene acceso a la red de agua, el 30% a la red eléctrica y el 10% acceso seguro a la red cloacal.

A su vez la cantidad de viviendas en el partido hasta el 2010 eran 259.352, de las cuales 49.276 serían ociosas, es decir, el 19% del total.

Otro caso alarmante es del barrio José Luis Cabezas de Berisso y Ensenada. Allí habitan unas 400 familias, quienes en su mayoría viven de trabajos precarios, informales o son desocupados, donde se detectaron 5 casos.

Recién después de pasados los 72 días de aislamiento obligatorio y la detección de estos casos, el intendente Mario Secco de Ensenada y Fabián Cagliardi de Berisso se acercaron. Pero, aun así, los vecinos no han recibido ayuda alimentaria por parte del Estado y denuncian que no hubo desinfección del barrio y resulta indispensable el saneamiento de los canales y los pastizales ya que la contaminación y las aguas servidas son focos de contagio para el Covid-19 y de dengue.

Alertamos que frente a estas condiciones de habitabilidad a la que se ve empujado el pueblo trabajador por la desidia estatal, se vuelven zonas de alto riesgo de contagio y transmisión del virus.

El Covid-19 en los asentamientos informales

El crimen social de Ramona Medina puso en evidencia una situación de abandono estatal no solo en la Villa 31 sino en todos los asentamiento informales, siendo los más perjudicados por la aparición y el avance del virus.
¡Justicia por Ramona!

Cuando la curva de contagio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires había aumentando exponencialmente, Alberto Fernández dijo: “está reaccionando bien la Ciudad”. Pero la cantidad de casos siguió aumentando y en la última conferencia de prensa que se realizó para comunicar la situación del Covid-19 en el país, tanto Alberto Fernández como Larreta mencionaron que sabían que el virus iba a afectar tarde o temprano a las poblaciones más vulnerables.

Pero como bien dijo Christian Castillo, ex candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, “Si Alberto y Larreta tanto sabían que el virus iba a llegar a los barrios populares, ¿por qué en 50 días nada hicieron para garantizar que allí no falte algo tan elemental como el agua?”.

En la Provincia, a partir de la detección de casos positivos de Covid-19 en Villa Azul, también cobró gran repercusión. La respuesta del Estado fue instalar 900 efectivos policiales y del ejército en la puerta del barrio mientras solamente se realizaban 301 test, sin garantizar ninguna de las necesidades urgentes para evitar el contagio.

La Izquierda Diario se contactó con una vecina que decía “que vengan para acá para poder hacernos una entrevista es imposible, tenemos dos vallas. Y tampoco nos dejan acercarnos para hablar con los medios”. Los vecinos de allí denuncian que no tienen agua ni insumos básicos de higiene.

La situación del Covid-19 no solo pone en evidencia los problemas estructurales que aquejan a las familias en los barrios sino que también deja a las claras que aún en medio de una pandemia mundial, para los gobiernos no es prioridad la vida y el bienestar de las familias trabajadoras y el pueblo pobre.
Por el contrario la respuesta es el crecimiento exponencial de la curva de contagios en los barrios, como sucede en CABA, o reforzar una línea represiva con vallas y el ejército en los barrios.

Una salida real a un problema estructural

Es de extrema urgencia pensar medidas de emergencia para las miles de familias que viven en los barrios más precarios, comenzando por poner a disposición las 49.276 viviendas ociosas e inmuebles de la Iglesia que sólo están para aumentar las ganancias especulativas sobre la renta urbana y también los hoteles que en épocas de cuarentena se encuentran vacíos para ponerlos a disposición de:

  •  Personas en situación de calle.
  •  Familias en vivienda precaria sin acceso a servicios básicos o en condiciones de hacinamiento.
  •  Víctimas de violencia de género.

    Además, es indispensable:

  •  Aumentar el presupuesto destinado a Vivienda y Urbanismo para generar un plan de viviendas y equipamiento en terrenos fiscales que cuenten con servicios básicos y accesibilidad.
  •  Salarios de cuarentena de $30.000 para quienes sufrieron despidos, suspensiones, rebajas salariales o estén desocupados.
  •  Testeos masivos para identificar los casos positivos y tener un seguimiento real del virus. Desinfección integral en los barrios.

    Para resolver la crisis habitacional de las 3,5 millones de familias en el país, debe realizarse un plan de obras públicas que garantice condiciones de habitabilidad dignas. Este plan de urbanización debe realizarse con las y los trabajadores de la construcción y los servicios y sus sindicatos a la cabeza en conjunto con los habitantes, usuarios y profesionales de las universidades públicas.

    Esto podría garantizarse con un impuesto progresivo a las grandes fortunas. El Frente de Todos hizo demagogia diciendo que iba a presentar un proyecto en este sentido pero el único proyecto que efectivamente se llevó al Congreso fue el que presentó Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda. Ante esta situación, el oficialismo se negó a tratarlo.

    Si lo que está en juego es la vida de millones, también es fundamental el desconocimiento soberano y no pago de la deuda pública que, como se muestra en un gráfico anterior, es 50 veces mayor al presupuesto ejecutado en Vivienda y Urbanismo y no ha beneficiado desde ningún punto de vista a las y los trabajadores sino que ha sido destinada en su gran mayoría a la fuga de capitales.

    Ningún gobierno resolvió este problema estructural que se viene profundizando con el neoliberalismo e incluso ante la pandemia actual siguen priorizando la ganancia de las inmobiliarias y constructoras. Es por eso que para conquistar una salida de fondo no podemos confiar en este Estado capitalista sino que es fundamental la unidad y movilización independiente de les trabajadores, precarizados y desocupados junto al movimiento de mujeres, organizaciones sociales y habitantes de los barrios.

    ¿Cómo es posible que quienes construimos las ciudades y somos esenciales para su funcionamiento no tengamos derecho a vivir en condiciones mínimas de habitabilidad?

    Contra la irracionalidad del capitalismo de tener casas sin gente y gente sin casas, luchamos por acceso a un hábitat digno.

    “Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus necesidades, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido comunitario".

    Desde la juventud del PTS, La Izquierda Diario y, estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP nos proponemos denunciar y difundir la situación que pasan las familias en los barrios y apostamos a potenciar la organización, para exigir las medidas necesarias por derechos tan elementales.

    Si querés denunciar la situación en tu barrio comunicate con nosotros 221 6826827

    Anexo metodológico

    Para realizar este informe, registramos datos de:
    Observatorio socioeconómico-Ucalp, Registro Público de Villas y Asentamientos Bonaerense, Registro Nacional de Barrios Populares, Censo 2010