Después de una audiencia “clave”, la Cámara confirmó las condenas de los funcionarios públicos y de los miembros de la banda Callejeros.
Lunes 21 de septiembre de 2015
Varios meses de misterio tuvieron que pasar para que finalmente los integrantes de la Cámara de Casación Penal de la sala IV a cargo de Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Pedro David decidieran el futuro de los condenados por la tragedia evitable más grande en la historia Argentina.
Repasemos un poco la situación de los condenados al momento de la última audiencia:
El cantante Patricio "Pato" Fontanet estaba condenado a siete años de prisión; el exbaterista Eduardo Vázquez, a seis años (aunque está condenado a prisión perpetua por el homicidio de su esposa Wanda Taddei, a quien prendió fuego); y el resto de los exCallejeros, a cinco años: Cristian Torrejón, Maximiliano Djerfi, Elio Delgado y Juan Alberto Carbone – este último se encuentra en Italia gracias al beneficio de ejercer su derecho constitucional al trabajo autorizado por el Juez López Lecube fijándole al músico la obligación de presentarse ‘’dentro de las 48 horas hábiles de su regreso’’ –.
El exmanager de la banda Diego Argañaraz había sido condenado a cinco años de prisión pero el lunes 8 de septiembre de este año fue excarcelado luego de haber cumplido las dos terceras partes de su condena, mientras que al ex escenógrafo Daniel Cardell le habían dado tres años en suspenso.
Raúl Villareal, encargado de seguridad del boliche, fue condenado a seis años de prisión, y el exsubcomisario Carlos Díaz a ocho, aunque esta última también está firme y no había sido revisada por la Casación en la última audiencia.
Los tres exfuncionarios del Gobierno porteño del área de control condenados son Ana María Fernández, tres años y seis meses; Gustavo Torres, tres años y nueve meses; y Fabiana Fizsbin, cuatro años.
Luego de la excarcelación de Argañaraz, al exsubcomisario de la Policía Federal de la comisaría séptima, Carlos Díaz, quien era encargado de controlar la zona donde estaba el boliche esa noche y fue el que recibió la coima de Chabán, se le decretó la prisión domiciliaria a causa de una importante ceguera.
Anteriormente, durante la última audiencia, el fiscal general Raúl Pleé remarcó que "pudieron evitar la masacre de Cromañón" pero sostuvo que "por codicia no lo hicieron" y manifestó que la noche de la tragedia "había más de 4.000 personas en un lugar habilitado para 1.032".
El abogado Patricio Poplansky, quien representa a un grupo de querellantes, coincidió con el fiscal al pedir que se confirmen las sentencias porque "todos sabían que esto podía ocurrir, pero ninguno actuó".
En Agosto de 2014 la Corte Suprema había considerado que debía aplicarse el criterio del “doble conforme” porque en una sentencia habían sido absueltos y en otra condenados, y ordenó la revisión, que es lo que hizo hoy la Sala IV de Casación.
En definitiva; los camaristas rechazaron todos los recursos de los condenados por lo que las sentencias finalmente se confirmaron.
El fallo de la Cámara se dio a conocer sólo a través de la página web del Centro de Información Judicial.
Un régimen que liquida la vida
La tragedia de Cromañón sacó a la luz una red de protección estatal y política sobre los intereses capitalistas en la industria de la noche, de los recitales, de las cosas que a nosotros nos conmueven. Funcionarios ampararon y todavía amparan miles de habilitaciones de boliches en la mayor precariedad.
Para los empresarios, menores costos. Para los trabajadores y jóvenes, un sistema soberbio permanente, que terminó estallando ese 30 de diciembre del 2004. Para los funcionarios, la noche del 30 sólo va a ser un incómodo recuerdo.
Pero Cromañón reaparece todos los días, en la cara del hospital desfinanciado, en la cara de la escuela pública sin matrícula, en la cara del vecino golpeado por los desequilibrios diarios. Deberemos luchar por un gobierno que ponga los recursos a favor de los trabajadores, hay que cortar de una vez este régimen de liquidación de la vida. Hoy se hace bajo las banderas del PRO, pero hace 11 años era bajo la bandera del Frente Grande y Fuerza Porteña, los sellos políticos con los que ganó Aníbal Ibarra en 2000 y 2003.
