Argentina entró en default técnico este viernes 22 de mayo debido a que el Gobierno decidió no pagar U$S 503 millones de intereses correspondientes a un bono denominado Global. ¿A cuánto equivale ese dinero? Al pago mensual del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 3,5 millones de personas. Hasta que llegó este viernes, Alberto Fernández sí había decidido pagar entre U$S 4.000 y U$S 5.000 millones a los especuladores, diez veces más que el impago del Global: el equivalente a 35 millones de IFE está ahora en las cuentas bancarias de los miserables, solo por los vencimientos de los primeros meses del año. La deuda muestra a toda hora ese tipo de disyuntivas: atender la necesidad de millones que no tienen nada o arrodillarse ante los que les sobra todo.

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Para los lobos de Wall Street (llamados así en alusión a la película de Martin Scorsese donde el desenfrenado corredor de bolsa Jordan Belfort lleva una vida de lujos y excesos) la cesación de pagos es apenas una “anécdota”, como la definió Martín Guzmán. Para el ministro de Economía se trata de un capítulo más en un tira y afloje con BlackRock, Fidelity, Templeton, Ashmore, Pimco y otros fondos de inversión que manejan recursos gigantescos. Solo BlackRock gestiona un volumen de dinero que supera en casi veinte veces la generación de riqueza anual de la economía argentina. Recientemente, la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos puso en manos de BlackRock la gestión de millonarios recursos para administrar el salvataje de empresas en la tormenta económica del coronavirus. Según relata Magdalena Rua en el portal “El Cohete a la Luna”, por su propia cuenta, este fondo tiene participación accionaria en un tercio de las 205 empresas más grandes del planeta. En nuestro país, posee acciones de Pampa Energía, Globant, YPF, Grupo Galicia, Telecom y otras compañías. No es un dato menor: tiene incidencia en los núcleos estratégicos del aparato productivo.

El default rige a partir del viernes a las 18 horas de Buenos Aires o 17 horas de Nueva York. Es que, para el tramo de la deuda que ahora se está negociando (bajo ley extranjera), que es el de mayor importancia, la hora y todas las condiciones las impone el norte: allí las calificadoras de riesgo deciden si el país hace las cosas bien o mal, allí la Securities and Exchange Commission (SEC) regula las emisiones de bonos argentinos, allí nuestro país deposita los dólares para que bancos yanquis paguen a los bonistas y allí los jueces se preparan ante eventuales juicios.

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¿Por qué es así? Entre muchas cuestiones, porque en gran parte de las emisiones de deuda en moneda extranjera los gobiernos argentinos aceptan la prórroga de jurisdicción: esto significa que frente a cualquier litigio se concede que quien dirima sea un juez de Nueva York o, eventualmente, de Londres. En febrero de este año, el Congreso le dio el aval a Guzmán para que establezca la prórroga de jurisdicción en la oferta en curso para reestructurar la deuda. Lo mismo hicieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna con el canje 2005, lo cual habilitó al fallecido juez neoyorquino, Thomas Griesa, para trabar los fondos argentinos en 2014. La prórroga de jurisdicción es un requisito que ponen los fondos especulativos, una práctica que se extendió durante el neoliberalismo y que Argentina incorporó en su legislación a partir de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la última dictadura genocida. Hay abogados que la consideran inconstitucional. Se trata lisa y llanamente de una cesión de soberanía. No cabe duda: la deuda es un mecanismo de dominación de los centros financieros imperialistas sobre las economías dependientes y atrasadas, como la de estas pampas.

Cuando en 2014 Griesa condujo al país a la enésima crisis de deuda, Axel Kicillof trajinó nervioso las calles neoyorquinas: ofrecía 300 % de ganancias a los buitres. Como en el canje de Néstor, les decía. Los buitres prefirieron esperar un gobierno más dócil. En otro andarivel, la situación social era tensa. La economía llevaba meses de recesión. La multinacional estadounidense Donnelley abandonó el país con una quiebra fraudulenta: la mañana del 12 de agosto dejó un cartelito en la puerta de su imprenta de Garín con un número de teléfono para que los trabajadores reclamen su indemnización. La maniobra de Donnelley fue denunciada no solo por los trabajadores. En un acto público en Casa Rosada, Cristina Fernández afirmó que Donnelley había sido transferida desde NML (el fondo buitre propiedad Paul Singer, el beneficiario del fallo de Griesa) a BlackRock. La conclusión era contundente: señaló que quieren una “situación de zozobra en un país al que quieren ver de rodillas”. Y anunció que el Gobierno iba a denunciar a la empresa por “alteración del orden económico y financiero”, utilizando por primera vez la Ley Antiterrorista.

En aquél 2014, un tiempo después de esta denuncia, se supo que BlackRock, además, poseía acciones de YPF, una empresa con mayoría accionaria estatal ¿No estaba informada Cristina que los terroristas eran socios de YPF? Parece que no. En la última semana, en el tiempo actual, ahora en 2020, abundan las crónicas periodísticas que indican que la negociación de Guzmán tiene perspectivas de destrabarse gracias a la gestión de Miguel Galuccio, ex CEO de YPF durante el gobierno de Cristina. ¿Qué pasó? La expresidenta le habría encomendado una gestión ante Laurence “Larry” Fink, el magnate dueño de BlackRock, para acercar posiciones.

El 31 de julio es la fecha en que los bonistas podrían tener más posibilidades de establecer una acción colectiva contra el país en los juzgados de Nueva York: es que en ese momento entraría en default un segundo bono, el Discount, emitido en el canje de 2005. Si no se precipita un acuerdo antes, el juego de póker de Alberto Fernández y Martín Guzmán con los lobos de Wall Street seguirá al menos hasta ese momento. Pero, a decir verdad, las cartas están marcadas.

Mucha información para llenarse de guita

Finalmente, con Mauricio Macri en el poder, los buitres consiguieron lo que quisieron. En marzo de 2016, la Cámara de Diputados aprobó una ley para habilitar el pago. Esa ley contó con los votos del macrismo, Sergio Massa, Diego Bossio –elegido diputado en las listas del Frente para la Victoria–, el GEN de Margarita Stolbizer, los “socialistas” santafecinos y al Movimiento Popular Neuquino (MPN). En la otra Cámara, 54 senadores votaron a favor de los buitres: no solo los macristas, que eran minoría, no solo los del Frente Renovador de “ventajita” Massa, que eran poquitos, sino también más de la mitad de la bancada del Frente para la Victoria, que en diputados había votado en contra, pero que en senadores aportaron la mayoría. Macri lo hizo, casi todos lo votaron.

En un contexto mundial ya por entonces caracterizado por tasas de interés cercanas a cero o negativas, luego de quince años de litigio los fondos buitre obtuvieron, dependiendo el momento en el que habían adquirido los bonos a precios de remate, más de 1000 % de rentabilidad o un exorbitante 38 % anual. Los datos los ofrece el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un artículo de hace tres años titulado “Reestructuración de deuda soberana en una arquitectura financiera-legal con huecos” [1]. Las tasas que obtuvieron los buitres dejarían pasmado a Shylock, el usurero de la obra teatral El Mercader de Venecia, que exigía a Antonio, su deudor, una libra de su propia carne si no pagaba.

Para Macri constituyó “un hito importante, el cierre de una etapa”. Para ser precisos, se reabría otra: la del megaendeudamiento; la de la “bicicleta financiera”. En abril de 2016, para cancelar la deuda con los buitres, se realizó una de las más grandes colocaciones de bonos en moneda extranjera de la historia para un país emergente (dependiente, con rasgos semicoloniales, según los marxistas). La gestión de esa colocación estuvo en manos de Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS. Los dos primeros bancos habían sido los jefes de Alfonso Prat Gay y Luis Caputo. O, visto de otra forma, estos eran sus exempleados. Pero en ese entonces, dirigían el Ministerio de Hacienda. Los bancos estaban de los dos lados del mostrador.

Todo el endeudamiento macrista es una estafa. El ejemplo más notable es la emisión de un bono a 100 años, que fue realizada por el “Messi” (perdón Lio) de las finanzas, Luis Caputo, de manera secreta y en beneficio de bancos internacionales (los sospechosos de siempre) y de un fondo de inversión del que él había sido el gestor: Noctua. En una de las pocas reuniones que tuvo la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, en abril de 2018, Axel Kicillof cuestionó a Caputo: “usted tiene mucha información confidencial, mucha información clasificada, mucha información central, para llenarse de guita”, lanzó el entonces diputado nacional.

La política de endeudarnos hasta que duela se derrumbó por esos días debido a las turbulencias internacionales y a que los especuladores exigían más ajuste: a pesar de los despidos de miles de estatales, los tarifazos, el robo a los jubilados con el cambio en la movilidad jubilatoria votado, represión mediante, en un Congreso militarizado en diciembre de 2017, el capital financiero quería más sangre. A fines de abril de 2018, J.P. Morgan decide retirar un volumen importante de recursos del país. Significó una salida abrupta que desató una corrida cambiaria, un rebrote inflacionario y la caída del salario real. Otra vez quedaban en evidencia los lazos entre deuda, ajuste y condiciones de vida, como en el hecho de Donnelley en Garín.

Macri corrió a los brazos del FMI, que otorgó su mayor préstamo de la historia, sin atender un detalle: el acuerdo no pasó por el Congreso. No solo eso: el Fondo autorizó desde abril de 2019 al Banco Central a financiar la fuga de capitales, algo que prohíbe sus propios estatutos.

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Ahora el Gobierno de Alberto Fernández está en medio de una compleja negociación de deuda sin establecer una investigación de lo actuado por el macrismo. Aun cuando días atrás el Banco Central comprobó que la mayor parte del endeudamiento macrista financió la fuga de capitales, no se tomó ninguna vía de acción para reparar esa situación. Ni siquiera se dieron a conocer los nombres de las 10 mil personas y empresas que realizaron la mitad de toda esa fuga. Solo a partir de información develada por Horacio Verbitsky se supo que el Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza figuran en el listado de vaciadores del país. No hay que ser Sherlock Holmes para asegurar que la mayor parte de esos dólares terminaron en paraísos fiscales, las guaridas donde ocultan sus patrimonios para evitar pagar impuestos.

Los dueños de la Argentina tienen fugados U$S 400 mil millones en el exterior: es el equivalente a lo que produce el país durante un año. El equivalente a un PBI. Si esos recursos no se hubieran fugado, sin caer en la simplificación de soluciones mágicas, no es exagerado decir que la realidad sería distinta. El circuito de endeudamiento y fuga es una constante desde la última dictadura. Es una marca característica de la asociación entre la burguesía local y el capital extranjero. El atraso productivo, la escasez de inversiones, la “restricción externa” (es decir, la falta de dólares para sostener el crecimiento), el débil desarrollo de las fuerzas productivas, no emergen de la naturaleza, sino de una clase social parasitaria.

Una historia oscura

La utilización del mecanismo del endeudamiento para ejercer el dominio sobre estas pampas no es, obvio, ninguna novedad: reconoce su origen en el primer empréstito de Baring Brothers a Bernardino Rivadavia en 1824. No obstante, es claro que durante la dictadura, pega un salto de cantidad y calidad: dio inicio a una etapa más agresiva del capital financiero internacional y al despliegue de las políticas neoliberales. Los países latinoamericanos experimentaron un incremento exponencial de su endeudamiento, una política impuesta por los centros imperialistas frente a la ausencia de salida rentable para capitales acumulados. La deuda también se acrecentó por la nacionalización de deudas privadas. Los últimos años de la dictadura, Domingo Cavallo, entonces al frente del Banco Central, nacionalizó deudas de Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford y los Macri, entre otras nobles familias. Si se tira del hilo, esa deuda la sigue pagando hasta hoy el pueblo trabajador. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó en un fallo 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. El Congreso nunca trató ese fallo, pero sí votó, como se mencionó, pagar a los fondos buitres lo que decía un fallo de un juez de Nueva York.

La deuda se recicló en diferentes etapas hasta el día de hoy. El Gobierno de Raúl Alfonsín terminó de convalidar la nacionalización de deudas privadas, bajo la impronta de José Luis Machinea, que como Cavallo volvería a ser funcionario con Fernando de la Rúa. En los ‘80 y ’90, primero con el Plan Baker y luego con el Plan Brady (ambos nombres de titulares del Tesoro de los Estados Unidos para que no queden dudas de quién manda), las renegociaciones de la deuda facilitaron las políticas neoliberales y el despojo de las empresas de servicios públicos a través de privatizaciones a “precios cuidados”. El “blindaje” a cargo de Machinea en el 2000 y el “megacanje” de Domingo Cavallo de 2001 están sospechados de fraudes con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados (los de siempre). En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” de Cavallo (para que no queden dudas de una “conducta intachable” fue votado por el peronismo en el Senado) se evaporó prácticamente todo en la fuga de capitales. Existen investigaciones que indican que, en los últimos meses con De la Rúa al mando del Titanic, el 80 % de la fuga fue organizada por el Citibank, Bank Boston, Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA. Mientras vaciaban el país, al pequeño ahorrista lo encerraron en el “corralito”.

El canje de 2005 es caracterizado por Claudio Lozano, actual funcionario del Banco Nación, como el megacanje de Kirchner - Duhalde - Lavagna - Prat Gay (quien hasta 2004 fue presidente del Banco Central). El mismo Lozano señala que es un canje inconstitucional e ilegal. Es que cada reestructuración de deuda convalidó la estafa previa. En 2005, lo que se buscaba era reestablecer el pago de los compromisos asumidos con el “blindaje” y el “megacanje”, que habían sido defaulteados en 2001, con todo el régimen político capitalista aplaudiendo de pie la decisión de Adolfo Rodríguez Saá en el Congreso de la Nación.

Desconocimiento soberano

Sobran los motivos para establecer un desconocimiento soberano (no pago) de la deuda odiosa ¿Por qué es una deuda odiosa? Porque fue contraída contra los intereses del pueblo trabajador. La prueba más evidente es el incremento de la pobreza en el largo plazo: menos del 5 % de los hogares era pobre en 1975; en el segundo semestre de 2019, casi el 26 %. Macri puso en funcionamiento la “máquina de la pobreza”, pero todos los gobiernos desde la dictadura a esta parte son corresponsables. No solo eso. Siempre, pero en particular en el último ciclo de endeudamiento, los fondos especulativos actúan bajo plena conciencia que en las altas tasas de interés que perciben gracias al afamado “riesgo país” está implícita la posibilidad de una cesación de pagos. Justamente, ese es el “riesgo país” que asumen. Además, las altas tasas de interés contribuyen a generar el ahogo de las cuentas públicas: en 2019, el 20 % del presupuesto fue destinado a los servicios de deuda. La contrapartida fue el ajuste fiscal. A los bonos que emitía Caputo se los llama delivery porque en varias ocasiones contrajo deuda a pedido de los fondos de inversión: repitiendo el esquema de la dictadura, en algunas colocaciones se endeudó al país por necesidad de los centros financieros de canalizar excedentes de capital sin posibilidad de realizar en otros lugares del mundo ganancias equivalentes a las que obtenían en Argentina.

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández se apresta a pagar sin investigar la estafa de Cambiemos. Un desconocimiento soberano, como plantea la izquierda, no es lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001 o el que puede ampliarse en los próximos meses si las negociaciones se van de cauce. El default es una medida a la que recurren los estados capitalistas cuando se quedan sin recursos. No comprende una acción soberana, sino la expresión de una quiebra económica y social: la crisis del 2001 condujo a niveles históricos de pobreza y desocupación.

Un default en los términos capitalistas es una aventura porque constituye una medida aislada y circunstancial, que solo ocurre cuando como en 2001 los gobiernos hacen hasta lo imposible por pagar con el hambre y la sed del pueblo trabajador. Es una aventura porque se libra a los capitalistas para hacer lo que quieran, como hacen ahora fondos de inversión y grandes empresarios, que vacían al país fugando capitales con operaciones como el “contado con liqui” o con el “dólar bolsa”, que el Gobierno no logra detener debido a las tibias medidas que toma. O, como hacen las multinacionales agroexportadoras (que comercian soja, maíz, trigo y otros productos agropecuarios al mundo) y los grandes productores sojeros, que retienen las ventas al exterior para limitar el ingreso de dólares al país, presionar a que suba su cotización y, luego, facturar más. Se sabe que cuando aumenta el dólar, aumenta la inflación y el poder de compra del salario se derrumba. Lejos de la aventura de un default, un desconocimiento soberano, impulsado mediante la movilización popular, debe ser acompañado con medidas que impidan la fuga de capitales y eviten el caos económico ¿Cuáles son esas medidas? Entre otras, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. También la expulsión del FMI del país.

Una salida de fondo

El sistema bancario privado es una asociación ilícita: roban con los intereses que cobran en las tarjetas de crédito y préstamos personales; con los créditos UVA tienen con la soga al cuello a miles de deudores hipotecarios. Privilegian hacer ganancias prestándole al Estado (Tesoro y Banco Central) y sus rendimientos se multiplican a la par del descalabro económico. En 2019, mientras se hundía la economía y aumentaba la pobreza, los bancos privados vieron incrementar 160 % sus beneficios. En la actualidad, incluso boicotean (con la complicidad del Banco Central) la política oficial que busca canalizar créditos baratos a las empresas para contrarrestar los efectos del coronavirus. A la vez que existe un “cepo” de U$S 200 para la compra de divisas del pequeño ahorrista, los grandes pulpos financieros (bancos, fondos de inversión, grandes empresas) son los que especulan, se llevan los dólares al exterior y hacen subir la cotización. No es nuevo en la historia que los bancos comprenden una asociación ilícita. En 1989 con el Plan Bonex o en 2001 con el “corralito” confiscaron, en complicidad con los gobiernos de Carlos Menem y De la Rúa, a los pequeños ahorristas.

Como se mencionó, está comprobado que HSBC, J.P. Morgan, BBVA, Citibank, Banco Galicia y otros bancos organizaron la fuga de capitales de los empresarios más ricos del país a paraísos fiscales. En el caso de J.P. Morgan y del HSBC fueron exempleados que develaron la “banca paralela” que tienen esos bancos para evadir impuestos y fugar capitales, no solo de Argentina, sino en todo el mundo. Pero eso no importa. El HSBC fue premiado por el Gobierno: Guzmán lo eligió, junto al Bank of America, como agente colocador en la reestructuración de deuda en curso. Van a ganar generosas comisiones si se cierra un acuerdo. La expropiación de los bancos privados y la conformación de una banca pública única, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para preservar el ahorro nacional, canalizar recursos a la actividad económica, otorgar créditos hipotecarios y personales baratos, asistir al pequeño comerciante y productor fundido por la crisis. Pero también para cortar de raíz con la especulación y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

La nacionalización del comercio exterior también es una necesidad imperiosa, en un país donde se privatizaron hasta los puertos y los agroexportadores “monopolizan” los dólares que la economía necesita para atender necesidades sociales. Lo mismo rige para los servicios públicos: no pueden seguir siendo un negocio. Deben ser un derecho elemental de toda la población. Entre los ganadores de la era macrista se encuentran Marcelo Mindlin de Pampa Energía (la compañía donde BlackRock es accionista) y Nicolás Caputo, dueños de Edenor y Edesur. Ambos son amigos del expresidente Macri. Las privatizaciones de las empresas públicas son una herencia noventista que en lo esencial no es cuestionada por el régimen político capitalista. Es necesaria la creación de una empresa pública única que gestione todo el sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte y distribución a los usuarios, que sea administrada por los propios trabajadores y que sea controlada por usuarios populares. El oficialismo habla desde el inicio de la cuarentena acerca de un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Pero el proyecto no aparece. El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad presentó el único proyecto a las grandes fortunas que existe hoy en el Congreso. Ahora es cuando se tiene que imponer un impuesto a los ricos. Lo contrario, es dejar que los miserables se salgan con las suyas.

La izquierda realiza un planteo de conjunto para cortar la dependencia del capital financiero internacional, atacar los intereses de los capitalistas, terminar con la decadencia nacional y reorganizar la economía, mediante la planificación democrática de trabajadoras y trabajadores, para orientar todos los recursos al desarrollo y la atención de las necesidades sociales más urgentes. Es un programa que solo puede ser conquistado mediante la transferencia del poder a la clase trabajadora.

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